Colaboraciones

Quinta columnismo sindical

Por Guillermo López.

 

SINATEL, órgano oficial del SNT, número 17, 24 de julio de 1942.

(respetamos en su totalidad el texto original).

 

Así, la norma del actual Comité Ejecutivo de respetar las actuaciones de sus antecesores en la dirección de la agrupación, por esta razón durante los 19 meses de su gestión jamás hizo ninguno de sus miembros comentario alguno de censura acerca de la labor desarrollada por el antiguo Comité afrontando la responsabilidad ciento por ciento, dedicó todo su periodo a pugnar por el mejoramiento del conglomerado.

Al dar a la publicidad el presente artículo ha sido menester tocar y mencionar algunos momentos de la administración sindical anterior, al hacerlo declaro categóricamente que no es con el afán de asentar una crítica sino únicamente como puntos de referencia, ajeno al momento de lastimar susceptibilidades y guardando desde luego la línea de respeto que ha sido uno de los postulados de nuestra declaración de principios fomentados por el Comité, para normar nuestra actuación.

Labor difícil para un comité de nuestro sindicato llagar al final de su gestión con el beneplácito de sus representados, pues la experiencia nos ha enseñado que faltando unos cuantos meses para el término del periodo de actuación, el ambiente empieza a acallarse al calor de la pugna electoral y salen a flote intrigas nocivas de ambiciones personales que entorpecen la labor de los dirigentes y la marcha de los asuntos con perjuicio de la colectividad, el conglomerado desorientado en ese momento por la sorpresa de los agitadores que hacen labor de zapa empiezan a manifestar su descontento y el deseo de que cuanto antes sean renovados sus representantes, aun cuando éstos hayan tenido una buena actuación.

Así hemos visto terminar a todos los Comités Ejecutivos desde el año de 1935 víctimas de la ingratitud de quienes los nombraron para guiar los destinos de la agrupación, el estado de animo de la masa hostil de suyo llega a prolongarse hasta los primeros meses de actuación del nuevo Comité dificultando la marcha de los asuntos encomendados a su cuidado, en muchas ocasiones esa actitud ha puesto en peligro la unidad que es nuestra arma defensiva.

Así estaba precisamente el ambiente al finalizar el año de 1939 en el cual debido a que fue un año de contratación hubo necesidad de prolongar el periodo de los representantes hasta marzo de 1940. En esa fecha tomó posesión el Comité Ejecutivo por nueve meses solamente, su actuación adoleció de mayores efectos, no precisamente por la falta de acoplamiento y firmeza de parte de sus componentes como se ha dicho, sino como consecuencia de ese ambiente creado por el quinta columnismo sindical de siempre que ha decido el malestar, impaciencia de todos y cada uno de los agremiados de prolongarse la contratación de 1939, esa misma situación persistió hasta 1941, que hizo crisis con la huelga del mes de agosto, es necesario señalar pues con firmeza el peligro que entrañan para la estabilidad de nuestro sindicato el mantener y propagar situaciones de esa naturaleza, el actual Comité no ha escapado a pesar de pasar por esa situación, en efecto nuestra lucha es la lucha de un conglomerado organizado para obtener mejor retribución en nuestro trabajo, de acuerdo con los beneficios que a cambio de él reciben los accionistas de la empresa, lo que por razón natural mantienen su lucha en sentido contrario, obtener trabajo más eficiente, con mayor rendimiento a más bajo costo.

Es por esto que siempre he pensado y pienso que esos dos intereses opuestos jamás podrían convivir de común acuerdo, marchando de brazo y por la calle.

Nuestra condición nos coloca en una situación inferior cuya desventaja subsanamos mediante la unión y la disciplina a nuestro sindicato y la parte vulnerable de esa nuestra fuerza es el relajamiento de esa unidad y de esa disciplina. Esto se obtiene de muy fácil manera, desprestigiando a los directivos en vez de orientarlos y apoyarlos, cuando se persiguen objetivos personales se maniobran cargadamente en beneficio del lado opuesto. Es natural que cuando se emiten orientaciones sanas, bien intencionadas y los dirigentes no las quieren atender se ensorbecen alejándose del contexto de sus representantes, estos le retiran la confianza, pero aún en estos casos es peligroso mantenerse indiferente, pues van de por medio las conquistas adquiridas en las luchas, es preferible obrar drásticamente y arrancar el mal de raíz cambiando Comité.

El interés opuesto, la empresa, le conviene pues mantener la situación de descontento de indiferencia, descontento, etc., de la masa hacia su dirigente porque entonces podrá violar impunemente el Contrato Colectivo de Trabajo ya que cualquier reclamación no podrá ser atendida debidamente por carecer del apoyo necesario. La situación de descontento que rodea al Comité Ejecutivo de 1939 al finalizar su gestión, se prolongó hasta 1940, durante este año sucedieron acontecimientos que culminaron con la consignación del secretario general de ese ambiente caldeado y a la postura que adoptamos quienes integramos el actual Comité, salimos electos para llevar las riendas del sindicato.

Al tomar posesión de nuestros puestos la situación sindical interna era un tanto más grave que cuando en cuanto al calor del ambiente se formaron fracciones contrarias que pusieron en juego ciertas maniobras con el fin de hacer fracasar las buenas intenciones y la buena fe que animaban para desempeñar lo mejor posible el cargo que nos había sido conferido.

En medio de la pesantes transcurrieron los tres primeros meses de nuestra actuación, los representantes patronales, compenetrados de esta situación, en que nos encontrábamos y no obstante nuestro empeño para tratar de solucionar los asuntos que se nos encomendaban, no nos atendieron, el vicepresidente y gerente general de la Empresa, no nos fue presentado al hacerse el cambio del Comité como había sido costumbre, sino que tuvimos oportunidad de conocerlo cuando las relaciones obrero-patronales estaban en el último grado de tirantez, es decir unos cuantos días antes de que estallara la huelga de agosto, en ese estado de cosas, por parte del ambiente formado por los camaradas que no vieron con buenos ojos nuestro nombramiento como dirigentes y que lejos de orientarnos, nos desprestigiaban haciendo juego a los intereses de la empresa y por otros representantes de ésta, que al tratarles cualquier asunto por importante que fuera nos contestaban con evasivas.

Terminada la primera mitad del año de 1941, que la situación era verdaderamente peligrosa para la organización e insostenible para nosotros, por lo que resolvimos que de no contar con el apoyo unánime del conglomerado era preferible dejar la dirección en otras manos, para exponer nuestra situación convocamos a una reunión para informar a los camaradas más destacados sin distinción de bandos y a nuestro llamado todos acudieron y no pocos expresaban que ahí mismo el Comité presentara su dimisión, lo cual no podía ser posible, por tratarse de una junta informal en la cual íbamos a exponer con claridad y sin tapujos de ninguna especie y con toda sinceridad la situación en que nos encontrábamos, haciéndoles ver el peligro en que estaba colocado el sindicato.

Debido a esta pugna sorda que se venía sosteniendo, después de una amplia exposición, aclaraciones y discusiones, aquel grupo respondió decididamente al Comité Ejecutivo y esta actitud repercutió en la seguida del resto del personal de la matriz.

Liquidadas las banderillas de grupo y los egoísmos personales emprendimos con más firmeza las reclamaciones ante la empresa por un sinnúmero de violaciones al contrato colectivo que no habían sido atendidas, muchas de estas ni siquiera oídas por la parte patronal, pero esta no contó, sin embargo, contando con la anuencia de los trabajadores, estábamos dispuestos a tomar medidas drásticas, así se lo hicimos saber por escrito, al exigirle la reparación del daño moral originado a la agrupación por el decrepito representante comercial de Saltillo al amenazar pistola en mano, a nuestro secretario general de aquella sucursal.

No obstante nuestra manifiesta firmeza de recurrir a toda la fuerza sindical, las violaciones siguieron a la orden del día y nuestras reclamaciones la empresa se mostró insolente al separar indebidamente del servicio al delegado sindical del Departamento de Contraloría dizque porque fue a amenazar a la empresa. Fue esa la chispa que encendió los ánimos, pocos días después, nuestra enseña rojinegra ondeaba en nuestro viejo solar de la calzada de la Teja y cubría las puertas de los edificios de la negociación, anunciando que nuestro sindicato, unido estrictamente entre sí y con el resto del movimiento obrero organizado del país se rebelaba una vez más contra quienes trataban de pisotear nuestros sagrados derechos.

En estos momentos quizá, sea más necesario impedir por todos los medios posibles que los elementos que se han significado por sembrar divisiones y desorientaciones en nuestras filas, lleven a cabo sus maniobras cuyos resultados no puedan medir, la clase obrera de toda la nación ha firmado un pacto de honor ante el Presidente de la República y que en sus postulados existe la promesa de no provocar conflictos de ninguna especie, por eso es que debemos de cuidar la intromisión de lo que pudiera llamarse el quinto columnismo sindical que lleva como fin principal desorientar al conglomerado y despertar inquietudes para poner en peligro la estabilidad del sindicato, conviene pues que no se crie en lo sucesivo ese ambiente de que se le dé a los Comités entrantes para no entorpecer su labor, que los que sean los malos dirigentes a quienes hemos dado nuestro voto para que guíen los destinos de la agrupación y en todo tiempo demos nuestro respaldo absoluto en bien de los intereses colectivos.

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Teléfonos de México: A Poder de la Nación

Ya no más un botín de contratistas y especuladores.

Cuadernos Obreros.

Edit. Solidaridad.

1ª edición, México 1970.

 

 

La historia de la telefonía mexicana, entendida ésta como un servicio público, se inició en el último tercio del siglo pasado. La primera concesión se otorgó en 1884 a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, subsidiaria de la Compañía Telefónica Continental, por solo 6 años. Muy probablemente por aquellos días no se tenía una idea muy clara acerca del vasto horizonte abierto por la evolución de las necesidades de comunicación al portentoso invento reciente (la patente databa apenas de 1876) del escocés Alexander Graham Bell. El hecho es que en 1890 la concesión tuvo que renovarse por 12 años más, y en 1903, visto el crecimiento incesante de la demanda, el gobierno de Porfirio Díaz prorrogó el plazo de expiración por 30 años, al tiempo que concesionaba el servicio a una nueva compañía, la Empresa de Teléfonos Ericsson, también por 30 años. En ambos casos se convino en que al término de las concesiones el gobierno podría optar por la adquisición, mediante compra, de las redes telefónicas, o bien por la ampliación del plazo a 30 años más, finalizados los cuales pasarían a poder de la nación los bienes de las empresas, en forma automática y sin costo alguno. Es en este punto (1903) donde hace su aparición la duplicidad de sistemas telefónicos que tan onerosa había de resultar para los usuarios telefónicos y que tantas dificultades de operación habrían de acarrear.

 

El servicio telefónico y la Revolución.

 

Pero cuando corría el periodo de la primera concesión, México se vio envuelto en la borrasca revolucionaria, y naturalmente se tambalearon los contratos con las compañías extranjeras. En 1915, Venustiano Carranza, investido de facultades extraordinarias, se incautó de las redes locales y de larga distancia. International Telephone & Telegraph que había adquirido las acciones de la Mexicana, demandó la devolución de sus bienes y solicitó otra prórroga de la concesión. Y en 1925-26 se suscribieron nuevos convenios y se declaró que el servicio telefónico era de utilidad pública; el nuevo término de concesionamiento se fijó en 50 años.

 

Surge el gran monopolio privado.

 

A medida que pasaba el tiempo, los problemas del servicio continuaban agudizándose, tanto por la incapacidad de las empresas para decidir poner en práctica una política de inversiones consecuente con el crecimiento de la demanda, como por la duplicidad de sistemas. El país ocupaba uno de los lugares más mediocres no sólo en la gráfica mundial de aparatos por habitante, sino incluso en la gráfica de América Latina. En 1936 empezaron a idearse nuevos procedimientos de enlace e intercomunicación (se pensó entonces en un complicado y costoso sistema de “convertidores” para establecer la comunicación entre Ericsson y mexicana), pero fue hasta 1948 cuando se dio el primer paso en firme hacia la consolidación: Teléfonos de México adquirió en ese año los derechos y obligaciones de la Ericsson, y dos años más tarde (1950), era suya también la Mexicana. Surge así el gran monopolio privado (opera más del 95 por ciento de las redes) cuyos precios, sin embargo, son fijados y controlados por el Estado; el capital social inicial fue fijado en 218 millones de pesos, pero poco a poco después tuvo que ampliarse en un 58 por ciento debido a la devaluación monetaria.

 

Fin de la concesión.

 

En junio de 1976 expirará la concesión del servicio local y de larga distancia –excepto en la ciudad de México-. Y la del servicio local en la ciudad de México expirara en junio de 1978. De acuerdo con los contratos, en esas fechas el Estado podrá comprar los bienes de la empresa –por haber quedado misteriosamente insubsistente la cláusula en que las primeras concesiones establecía la nacionalización automática y no onerosa de esos bienes-  o bien podrá renovarse la concesión; en el primer caso, deberá dar aviso con tres días de anticipación y se formará una comisión de peritos para determinar el valor del patrimonio social; el pago se hará al contado, en oro o en su equivalente en moneda de curso legal. Será, pues, el régimen de Luis Echeverría el llamado a resolver en definitiva sobre el porvenir de este importantísimo servicio público concesionado. He aquí porque es oportuno enjuiciar la actuación de los inversionistas privados como concesionarios y administradores.

 

Pésima gestión privada.

 

En una primera etapa, que se prolongó hasta después de la fusión de sistemas y capitales, la gestión privada se caracterizó no sólo por el raquítico índice de desarrollo de los servicios telefónicos, siempre a la saga de los requerimientos de un país en ascenso económico, sino también por traducirse fatalmente en un amplio conducto para una fuga de divisas cuya presión sobre la balanza de pagos era crecientemente peligrosa. Cuando las acciones comunes de Teléfonos de México pasaron a poder de mexicanos (principalmente del grupo Trouyet-Vallina-Suárez), no pudimos batir palmas por cuanto a un ritmo de aumento en los servicios acorde con las necesidades y proporcionados a los desusados “estímulos” recibidos, pero ciertamente se contuvo la fuga de divisas. (Al respecto, sin embargo, conviene señalar que esa fuga, aunque por supuesto en menor cuantía, cobró la forma de réditos pagados a proveedores y financieros del exterior en dólares americanos, eurodólares, marcos alemanes y francos belgas, franceses y suizos). Lo sorprendente de la nueva etapa fue que la empresa, que evidentemente debió haberse nacionalizado y no solo mexicanizado, se convirtió paso a paso en un gigantesco antro de especulación bursátil, en una verdadera cueva de tiburones de las finanzas al margen de la Bolsa de Valores. Esto sin contar con que la modalidad anónima de la sociedad haría siempre imposible afirmar sin riesgos que no hay allí accionistas extranjeros.

 

Agresiones a los trabajadores.

 

La consolidación misma se inauguró con una agresión a los trabajadores. Contrariando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se impuso como código interno para las relaciones obrero-patronales el contrato colectivo de más bajos niveles de salarios y prestaciones generales. Por otra parte, se intensificó la política de escamoteo de la materia de trabajo a los obreros sindicalizados, mediante la creación de empresas “independientes” –que en realidad eran propiedad de los mismos socios de Teléfonos- para atender el suministro de equipos y materiales nacionales, para encargarse de las instalaciones, etcétera. En este sentido, es típico caso de la empresa INDETEL. En virtud de esta maniobra, el número de trabajadores telefonistas, incluido el personal de confianza, era apenas de 15,368 al finalizar el año de 1968, debiendo ser de varios millares más. Con esto, la empresa ha conseguido debilitar numéricamente al sindicato respectivo, reducir su poder de negociación.

 

Protección estatal excesiva.

 

Pero todo eso, sin dejar de ser grave y muy característico del antiobrerismo rampante del régimen alemanista, está lejos de ser lo peor. Mencionaremos solo de paso que lo antisocial de la gestión privada se puso en evidencia en el momento de la consolidación, con los malabarismos bursátiles a que fueron sometidas las acciones de la empresa fusionada, malabarismos que repercutieron negativamente en la ya de suyo dudosa vitalidad del sistema telefónico. Es incuestionable que en este instante, sobre todo vistas las cosas en perspectiva, el Estado debió reivindicar, mediante un acto de soberanía, la facultad exclusiva de de proporcionar el servicio; no obstante, hizo exactamente lo contrario, muy en la línea de un desarrollismo económico que tenía varios años.

En efecto, el primero de abril de 1952, todavía bajo el inolvidable régimen de Miguel Alemán, entró en vigor la ley que creaba el Impuesto sobre ingresos por Servicios Telefónicos. La base gravable señalada para el efecto era el total de los ingresos obtenidos, sin deducción alguna. En cuanto a la tarifa, ésta era del 15 por ciento por servicio local, 10 por ciento por larga distancia y 15 por ciento por otros servicios distintos de los anteriores. A primera vista, habría parecido que está instituyéndose una nueva y justa carga tributaria para los flamantes dueños de la empresa. Nada más falso, sin embargo, porque la ley contenía también una estipulación completamente insólita: los rendimientos del nuevo impuesto serían en su totalidad al financiamiento de las empresas dedicadas al servicio telefónico. De esta manera, a partir de la creación de un impuesto transferible, se obligaba en realidad a los usuarios a pagar el mencionado financiamiento, puesto que el tributo habría de serles legal y puntualmente trasladado: entre tanto, el Estado renunciaba redondamente al manejo y utilización con fines sociales de muchos millones de pesos por el impuesto no recaudado, y se convertía en obligacionista de una empresa privada a cambio de un módico interés del 6 por ciento anual, rédito que aquella jamás habría conseguido en ningún mercado de capitales.

 

Irracionalidad del Estado, regocijo de concesionarios.

 

Desde entonces, quien haya observado con un mínimo de atención la relación Estado-concesionarios habrá ido sin duda de sorpresa en sorpresa.

Cuando Teléfonos de México hubo acumulado un pasivo considerable por concepto del Impuesto telefónico no enterado al fisco, el Estado pudo convertirse fácilmente en accionista mayoritario y asumir el control administrativo de la empresa, adelantándose así a la caducidad de las concesiones y adquiriendo la posibilidad de reorientar socialmente el servicio; pero lejos de eso, permitió que el adeudo se capitalizara, efectivamente (lo que ocurrió en 1963 y 1967, fincándose así una participación gubernamental de…¡mil millones de pesos!), pero no en acciones comunes, que son las que cuentan, sino en acciones preferentes, esto es, de voto y derechos limitados, con el curioso resultado –por llamarlo solo curioso- de que en vez del 6 por ciento que ya obtenía por los mismos fondos como obligacionista, recibiría en adelante sólo el 5 por ciento de dividendo fijo como accionista “preferente”. Mejor “conversión” no la habrían podido soñar Carlos Trouyet y compañía.

 

Un increíble convenio con Ruiz Cortines.

 

Y la prodigalidad por parte del Estado siguió a paso firme. El 6 de abril de 1954, el gobierno de Ruiz Cortines suscribió con la empresa concesionaria un convenio “para fomentar el desarrollo y mejoramiento del sistema telefónico”. Este documento, como el impuesto ya citado, es también único en su género, por cuanto supone el mayor respaldo financiero y de todo tipo que el Estado Mexicano haya concedido jamás a empresa privada alguna, sin recibir a cambio nada más que una aleatoria promesa de aumentar los servicios. Véase, si no. En virtud de que las “estimaciones elaboradas y el plano de obras” requerían una inversión de por lo menos 500 millones de pesos para ser ejercida a lo largo de los cinco años siguientes, el gobierno (que ya en 1951 había concedido, a través de Nacional Financiera, un préstamo todavía insoluto por 34 millones de pesos) se comprometía a auspiciar este financiamiento por medio de la emisión de acciones y bonos de usuarios, a más de echarse a cuestas otros compromisos como los siguientes:

Se ratificaba la obligación de “asegurar a la Compañía ingresos que produzcan una utilidad razonable” (10 por ciento).

Para corregir el “desequilibrio económico” de la empresa, que previamente la Secretaría de Comunicaciones había estimado en 14 millones de pesos, el gobierno debía entregar inmediatamente, mientras se aprobaban las nuevas tarifas, esa suma, sin rédito alguno, con una inusitada cláusula de “recuperación” que se comenta así misma; “…si durante los próximos cinco años (la empresa) tuviere utilidades netas que, después de pagar impuestos, hacer las  reservas autorizadas y repartir dividendos adecuados (¡), le dejen un excedente adicional, entregará al Gobierno Federal dicho excedente”. Ni tardos ni perezosos, Trouyet y compañía aumentaron esa suma a sus ingresos ordinarios y se la repartieron luego en forma de utilidades. Naturalmente, nunca consideraron “adecuados” los dividendos y por tanto jamás liquidaron el peregrino empréstito, que se transformó así en un subsidio encubierto; más todavía, con un incomparable cinismo, han consignado en los informes anuales del Concejo la observación al calce de que “en opinión de la Dirección, la devolución que se haga, si se hace, será de relativa poca importancia”.

El gobierno tomaría “las medidas necesarias para que todo nuevo suscriptor actual que pida cambio de domicilio de sus teléfonos, adquiera valores de la Compañía por una cantidad que se determinará posteriormente entre las partes y de la cual el 50 por ciento será precisamente de acciones de usuario y el otro 50 por ciento en obligaciones emitidas por la Compañía”.

El empréstito de 1951 por 34 millones, se amortizaría con el propio impuesto telefónico; es decir que “del mismo cuero salen las correas”.

Nacional Financiera prestaría 60 millones de pesos con un interés del 2 por ciento y a un plazo de 20 años, “pero cuya amortización se iniciará el sexto año siguiente al de la fecha en que se conceda”.

Por su parte, la empresa adquiría el compromiso de instalar cuando menos 25 mil nuevos servicios por año, de los cuales 15 mil debían corresponder al Distrito Federal, y esto “siempre y cuando sea posible colocar las emisiones de obligaciones y acciones de usuario que se emitirían anualmente”. Ni una palabra, como se ve, sobre la aportación de capitales propios de Trouyet y compañía. Entre 1954 y 1968, el número de aparatos telefónicos se incrementó, en promedio, a razón de 54,454 anuales, pero es preciso advertir que se desconoce el número de líneas o servicios realmente instalados, pues a cada uno de éstos pueden conectarse más de diez aparatos para ser operados por conmutador, de modo que no se sabe con certeza si la empresa ha cumplido o no con el compromiso pactado. En todo caso, en los primeros años del periodo citado estaba lejos de hacerlo. Pero independientemente de esto, sigue siendo muy superior a la oferta, además de que la calidad de los servicios se cuenta aún entre las más bajas de América Latina.

 

Nuevo negocio: las acciones de suscriptor.

 

Está claro que con semejante convenio el gobierno no solamente se comprometía intrépidamente a sí mismo, sino que embarcaba también en la aventura financiera a los inermes usuarios, que de grado o por fuerza debían convertirse en ahorradores obligados –esto además de estar ya cubriendo estoicamente el impuesto telefónico. En teoría, las acciones de suscriptor no son tan mal negocio; hasta ver los porcentajes de rendimientos netos que Teléfonos paga anualmente para convencerse de que en efecto son superiores a los que ofrecen en el mercado otros valores de renta fija (bonos financieros, cédulas hipotecarias, etcétera). La cuestión estriba en saber si todos los usuarios son ahorradores, si están dispuestos a hacer ese negocio, lo que suena a bufonada en un pueblo miserable como el nuestro. La mayor parte de los usuarios, así, se las arreglan como pueden para conseguir por unas horas el valor de las acciones, resignados a venderlas inmediatamente al 60 por ciento de su valor; saben ya que el costo real de un aparato telefónico es precisamente esa pérdida en los valores que les obligan a adquirir, además del sobrecargo por instalación, etcétera. ¿Y a quién vende el usuario sus valores? No tiene que esforzarse mucho para saberlo: el mismo amable empleado o empleada que se los entrega le señala una inocente ventanilla en la que Carlos Trouyet y compañía, trasmutados ahora en Banco Comercial Mexicano, le esperan con los brazos abiertos para comprárselos con un 40 por ciento de descuento. Hagamos un cálculo divertido. Supongamos que la empresa ha cumplido efectivamente con su obligación de instalar 25 mil aparatos anuales; y supongamos que los valores de suscriptor, nada más que por el simple cambio de manos, reportan al adquiriente una ganancia promedio de mil pesos; así, una sencilla operación aritmética (25,000 X 1,000) nos lleva a la conclusión de que Trouyet y compañía se embolsan, sólo por este concepto, 25 millones de pesos al año, conservadoramente estimados. He ahí la versión azteca del “capitalismo popular” con que se quiere engañar a los trabajadores.

 

Botín de contratistas y especuladores.

 

Entre 1950 y 1968, la inversión en planta telefónica (controles automáticos, aparatos y conmutadores, instalaciones exteriores para servicios local y de líneas y equipo para servicio de larga distancia, edificios y terrenos y otros equipos), paso de 338 millones de pesos a 5,995 millones, es decir, que aumentó en más de 12 veces. Pues bien, esa inversión ha sido financiada en más de un 60 por ciento con recursos del gobierno federal (empréstitos directos, capitalización de adeudos, subsidios, etcétera) y con la venta de acciones y obligaciones de usuario; y el resto de esa inversión se formó con recursos procedentes del exterior, pagaderos en divisas. Cabe preguntarse, entonces, ¿Qué han hecho en verdad Trouyet y compañía por el sistema telefónico nacional? Y la respuesta se cae de madura; nada, salvo convertirlo en un botín de contratistas y especuladores.

 

¡A poder de la Nación!

 

No obstante, el 26 de abril de 1961 tuvieron la frescura de solicitar oficialmente del gobierno federal una ampliación de la concesión por 50 años más. Es de justicia decir que hasta ahora las autoridades han pasado por alto semejante petición, no obstante que se la ha reforzado con todo tipo de presiones subterráneas. Evidentemente, la intención es nacionalizar el servicio al término de las concesiones. De todos modos, se hace necesaria una vigilancia extrema y permanente de todos los pasos que están dando ahora mismo los actuales dueños de la empresa, pues no será extraño que maniobraran en mil formas para aumentar artificialmente el valor de los bienes y desencadenaran de despedida, un saqueo y una especulación que dejara al sistema más desmembrado aún que hace veinte años.

Los compañeros telefonistas, por consiguiente, y toda la clase obrera del país, debíeran tener siempre presente que el servicio público de teléfonos sólo empezará a existir realmente cuando, arrancado al fin de manos de los particulares, pase a ser patrimonio verdadero del pueblo mexicano, del pueblo que ha financiado su edificación y desarrollo incluso más allá de sus fuerzas.

 

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El Fondo de Ahorro de los telefonistas.

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Entre las clausulas más importantes contenidas en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, es sin lugar a duda la que se refiere al Fondo de Ahorro. Esta cláusula establecida como consecuencia de la devolución de sus bienes, que habían estado requisados por el gobierno mexicano por diez años, a sus antiguos dueños, y a la compra de éstos por parte de la International Telephone and Telegraph propiedad de los hermanos Behn, el gobierno mexicano encabezado por Plutarco Elías Calles obligó a esta empresa a establecer un Contrato Colectivo de Trabajo, que en su momento y debido a las condiciones políticas y económicas que prevalecían en el país, estableció beneficios considerables para los trabajadores, por lo que en el primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Sindicato Nacional de Telefonistas, afiliado al Sindicato Mexicano de Electricistas, lograron establecer en el Contrato celebrado en 1926, la cláusula sobre el Fondo de Ahorro.

Aunque no tenemos información sobre el contenido de esta cláusula, podemos darnos una idea de cuáles fueron sus características, ya que en el primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Empresa de Teléfonos Ericsson y el Sindicato de Obreros y Empleados de dicho empresa, y después de varios paros y huelgas, en 1929 los telefonistas de la Ericsson lograron establecer también en su Contrato Colectivo el artículo sobre el Fondo de Ahorro.

En efecto, después de cinco días de huelga, los telefonistas de la Empresa de Teléfonos Ericsson lograron que la empresa aceptara el establecimiento en su Contrato Colectivo de Trabajo el Capítulo V, referente a “Salarios, Ahorro, Participación de Utilidades y Jubilaciones” que en su artículo 35 la empresa sueca se obligó a establecer un sistema de ahorro en beneficio de sus trabajadores, por lo que la empresa telefónica descontaría del salario de los telefonistas el 5% sobre el salario pagado por la empresa, pagando por este descuento y como premio “para estimular el hábito del ahorro”, el 20% sobre la cantidad ahorrada durante un año.

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Articulos

Vivir de la requisa

A petición de Oposición una trabajadora telefonista (del Centro de Trabajo San Juan, el más grande de Teléfonos de México) nos relató su vivencia de la huelga de abril de 1980.

“A unas horas de saber la decisión definitiva de la segunda votación respecto a la huelga, había un ambiente tenso, ya que en el Centro de Trabajo San Juan estaban concentrados los empleados de confianza y los esquiroles y la empresa había sido requisada horas antes del estallamiento.

“La huelga se decidió con todo y los esfuerzos del comité ejecutivo por detenerla, razón por la cual se crearon las condiciones favorables para el esquirolaje; gente seguidora del comité pensó que si no se salía quedaba bien con él; los empresistas se prestaron de buena gana para hacerlo y así darle un golpe a nuestro sindicato; también se dio el caso de gente necesitada que vio su tabla económica de salvación y gente desorientada que no encontró apoyo en sus amistades y decidió meterse ver qué pasaba.

“Pero de hecho nos encontrábamos entre la espada y la pared, entre dos fuegos ya que los democráticos jugamos el papel de punta de lanza del movimiento, pero al mismo tiempo somos el punto de apoyo para el engrandecimiento del comité, ya que si algo resulta mal los avanzados tienen la culpa y si algo resulta bien el comité es el único bueno.

“El esquirolaje y la requisa a fuerza a fuerza con granaderos y antes de tiempo, fue un golpe duro para nuestra organización, pero superable y colmado de valiosas experiencias, con las cuales podremos avanzar más. Lástima que el comité no comparta mi opinión, porque si nos permitiera asimilar y poner en práctica esa experiencia, seríamos en estos momentos autosuficientes para enfrentar un movimiento igual, saliendo más que victoriosos; seríamos el puntal de la democracia sindical, ejemplo vivo de la combatividad. Pero debo decir que el comité nunca nos ha permitido buscar la solidaridad de otros sindicatos hermanos, fuera de los dirigentes del SME y del Congreso del Trabajo, que prometen pero no cumplen.

“Dicho sea de paso, si bien esa experiencia nos golpeó fuerte, moral económica y espiritualmente, también nos hizo crecer en conciencia. Gracias a esto fue posible que las filas democráticas crecieran y que muchas de las gentes que conformamos el sindicato de telefonistas pusiéramos los pies en la tierra y cayera la venda que cubría nuestros ojos, de ahí que en ese momento dejó de tenerlas consigo el comité.

“Esa huelga, lejos de ser una derrota, constituyó un camino más claro hacia la democracia sindical, tantas veces buscada por la base telefonista”.

Articulos, Colaboraciones

No a la requisa en TELMEX…

Un primero de mayo de combate:

 

OPOSICIÓN, no. 378, domingo 26 de abril de 1981.

 

El gobierno uso nuevamente la amenaza de la requisa para mantener el tope salarial en Teléfonos de México.

Durante todo abril, el Estado, la empresa y sus ideólogos se han encargado de montar una campaña destinada a cercar la insurgencia sindical de los telefonistas. El truco es simple, la empresa difunde que está ofreciendo 29.7 por ciento, lo cual significa no “sujetarse a un tope, sino hacer el máximo esfuerzo económico”; en contrapartida propagan por todos los medios que ahora toca a los telefonistas tomar una decisión responsable.

Ante la opinión pública queda la imagen de que la empresa, a instancias del gobierno, está haciendo un muy loable esfuerzo y que los telefonistas deben abandonar su anarquía irresponsable (idea también propagada desde las huelgas pasadas) y aceptar el ofrecimiento.

Pero la realidad es otra: la bonanza económica de la empresa es impresionante y da holgadamente para satisfacer las demandas de los telefonistas. El ofrecimiento no es otra cosa que la imposición del tope salarial que para el sector paraestatal es el inflexible 29.7% (como lo demuestran las revisiones del SME y AHMSA). Los telefonistas no tienen nada de anarquícos, pero si mucho de combativos en el rescate de mejores condiciones laborales, para contrarrestar 14 años de charrismo entreguista que colaboró para que el auge económico y tecnológico de la empresa se basara en una mayor intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y en uno de los más bajos regímenes salariales del sector paraestatal.

UNA DIRECCIÓN DESORIENTADA.

El Comité Ejecutivo del STRM, lejos de preocuparse por dar respuesta a esa campaña, ha retomado la misma táctica de los últimos tres años; trabajar para impedir el estallamiento de la huelga desmovilizando a la base, acallando la oposición, aislando al sindicato del resto del movimiento sindical.

Esta táctica ha sido de lo más negativa para la organización, ya que la base ha optado por la huelga, pero sin haberse preparado las condiciones mínimas para garantizar el éxito, ya que el Comité se ha encargado previamente de archivar o minimizar los acuerdos de acciones tendientes a la preparación de la huelga. El

resultado es que han alcanzado algunas conquistas parciales, muy por debajo de las posibilidades y el sindicato ha salido cada vez menos fortalecido de las huelgas, al proliferar la desconfianza hacia la organización y darse la desvalorización de la huelga como arma de lucha.

Para esta revisión salarial el Comité, en su afán por detener la huelga, coartó la posibilidad de la discusión colectiva seria; rechazó, sin discutir, alternativas para presionar a la empresa a hacer concesiones complementarias al tope; y llegó al grado de defender el tope con base en un mañoso truco de mezclar varios rubros salariales (fondo de ahorro, infonavit), para dar la idea falsa de que el aumento realmente era de 44 por ciento.

Al cierre de esta edición se estaban llevando a cabo las votaciones para decidir si se acepta el ofrecimiento empresarial o estallaba la huelga. El escrutinio está bajo control absoluto y único del Comité.

Ante esta situación, e independientemente del estallido de la huelga, es vital que la oposición democrática redoble sus esfuerzos por pasar de una labor contestataria a una de forja de una alternativa democrática y clasista para el movimiento

del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana