Cuando los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, apoyados por el recién constituido Sindicato Mexicano de Electricistas, del cual formaban parte, decidieron declararse en huelga en enero de 1915, demandando aumento en sus salarios y reconocimiento de su organización sindical, encontraron fuerte resistencia por parte de la Compañía Telefónica actitud que obligó al SME a proponer a las autoridades, que en aquel momento estaban representadas por el Ejército Constitucionalista, dirigido por el General Álvaro Obregón y que ocupaba la Ciudad de México, la posible “Incautación” de los bienes de la empresa telefónica.

Después de 20 días de huelga, la Telefónica continuaba mostrándose intransigente para resolver el conflicto planteado por sus trabajadores, por lo que el SME se vio obligado a dirigirse al pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el “Dr. Atl”, delegado por Álvaro Obregón para resolver los asuntos de los trabajadores, y solicitar su intervención, ya que él había mostrado interés por resolver el conflicto planteado por los telefonistas. Por tal motivo, el 6 de febrero de 1915, se reunieron en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, los representantes del SME, de la Telefónica Mexicana, el “Dr. Atl” en representación del Ejército Constitucionalista, el Dr. Juan Venegas, encargado del gobierno de la ciudad y Presidente Municipal, junto con otros altos funcionarios del gobierno, con la intención de resolver el problema.
Sin embargo, la Telefónica Mexicana se negó rotundamente a reconocer al sindicato, por lo que la petición del SME, respecto a que los bienes de la Compañía fueran incautados por el gobierno, fue resuelta en favor de los trabajadores, cuando el “Dr. Atl” a nombre de la Revolución, decretó en las mismas oficinas de la Telefónica, la Incautación de sus bienes, poniendo en manos de los trabajadores su administración, facultándolos también a nombrar y remover al personal de la misma, por lo que de inmediato, el SME procedió a nombrar a los trabajadores Luis N. Morones como Administrador y a Rafael Castro como su ayudante. El nuevo gerente informó que al estar vacías las arcas de la Compañía no se concedió el aumento solicitado por los telefonistas, en cuanto al reconocimiento del sindicato, éste ya no fue necesario.
Poco más de un año la Telefónica Mexicana estuvo bajo la administración de los trabajadores, que según Morones había trabajado sin pérdidas, pero con la llegada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México, el gerente informó haber recibido la orden del “Primer Jefe”, de devolver los bienes de la Mexicana a sus antiguos dueños, por lo que de inmediato, los telefonistas solicitaron aumento de sus salarios.
La Compañía Telefónica se negó a aceptar la devolución ordenada por Carranza, pues de hacerlo tendría que enfrentar la solicitud de aumento salarial echa por los telefonistas, pero además exigió también, que el gobierno le pagara por los perjuicios que le había ocasionado la Incautación, solicitando que el pago se hiciera en “oro nacional” y no con los llamados “papeles de Veracruz, que por orden de Carranza circulaban por todo el país, con carácter obligatorio.
Esta exigencia obligó primero al gobierno de Carranza a mantener bajo su administración los bienes de la Telefónica Mexicana y después al gobierno de Obregón, quien en diferentes ocasiones ofreció a sus dueños la devolución de la Compañía, pero estos se negaron a recibirla a menos que les fueran pagados los perjuicios que le habían ocasionado la administración del gobierno
No fue sino hasta 1925, cuando después de un año de negociaciones con International Telephone and Telegraph Co., que el gobierno mexicano, encabezado ahora por Plutarco Elías Calles, cedió a las presiones del capital norteamericano, para que aceptara entregar a la Telefónica Mexicana a sus dueños, pagando los perjuicios que el gobierno le había ocasionado por 10 años de intervención. Es importante señalar que las condiciones impuestas por la ITT al gobierno mexicano, fueron las mismas que impusieron al gobierno español en 1924, encabezado por el dictador Primo de Rivera.
Los nuevos contratos para que la Telefónica Mexicana continuara operando en México por 50 años más, establecieron a exigencia de la ITT, que la incautación de sus bienes por parte del gobierno, solo podría hacerse “salvo los casos de guerra internacional, de alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la paz interior del país”, y así evitar la acción del gobierno como ya había sucedido en 1915.
Así nació la requisa. Nuevas reglamentaciones se establecieron en los años treinta, pero no fue sino hasta 1940 cuando como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial hizo que en ciertos círculos del gobierno se considerara la necesidad de disponer de un marco jurídico adecuado para el momento histórico. Justificándose la aplicación de la requisa “Por la importancia de garantizar plenamente el funcionamiento de las comunicaciones frente a posibles sabotajes provocados por agentes extranjeros”.
Así, el 9 de febrero de 1940, fue expedida la Ley de Vías Generales de Comunicación, que en su artículo 112 estableció que “En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público, o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios, dependencias, bienes muebles e inmuebles, y de disponer de todo aquello como lo juzgue conveniente.
El Gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviese al servicio de la vía de comunicación de que se trate, cuando lo considere necesario. En este caso, la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento”.
Cuando los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, decidieron otra vez declararse en huelga en 1944, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, provocaron que el gobierno de Ávila Camacho aplicara la requisa, pero con algunas variantes, ya que el motivo de la huelga fue la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.
La huelga estalló el 16 de marzo, pero la aplicación del decreto que requisaba los bienes de la Telefónica Mexicana se hizo hasta el 4 de abril, debido a la intransigencia mostrada por los dueños de la empresa telefónica, para resolver el conflicto.
Después de 18 días de haberse iniciado la huelga, el gobierno de Manuel Ávila Camacho ordenó la requisa de la Compañía Telefónica, nombrando al General Brigadier Ramón Cortés González como administrador de la requisa, facultándolo “Para convenir con los trabajadores, respecto a los términos para la reanudación del servicio”.
De inmediato se llegó a un arreglo entre el administrador Cortés González y el Sindicato Nacional de Telefonistas, quién obtuvo un aumento de 23.5% en los salarios de todos los trabajadores, el pago por parte de la Telefónica Mexicana de la cuota del Seguro Social, así como otras prestaciones, por lo que de inmediato los telefonistas se reincorporaron al trabajo.
Las condiciones establecidas en el nuevo Contrato Colectivo fueron muy benéficas para los telefonistas, ya que la Compañía Telefónica tuvo que someterse en forma obligatoria “Bajo la pena de permanecer indefinidamente sus bienes requisados si se obstina en rechazar las bases del arreglo”
El gobierno a través del administrador Cortés González, advirtió a la Telefónica Mexicana que de no someterse a los acuerdos celebrados entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Telefonistas, continuaría siendo administrada por las autoridades, por lo que “En caso de declarase en rebeldía la empresa para acatar las normas fijadas… Se tomarían por parte del Gobierno medidas más drásticas”.
Finalmente, la Telefónica Mexicana estuvo de acuerdo en respetar el contrato acordado entre el gobierno y el sindicato, por lo que el 1º. de agosto de 1944, la requisa fue levantada y los bienes de la Compañía Telefónica le fueron devueltos.
Para 1950, una vez más los telefonistas, pertenecientes ahora al recién instituido Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se declararon en huelga, cuando la nueva empresa de Teléfonos de México no respetó los acuerdos de agosto del mismo año, por lo que nuevamente ahora el gobierno de Miguel Alemán decidió aplicar una vez más la requisa, pero con modalidades diferentes a las de 1944.
En efecto, la requisa fue aplicada el 21 de septiembre de 1950, tan solo 6 horas después de haber estallado la huelga, obligando con esto a los telefonistas a regresar al trabajo, ya que el Administrador quedó facultado para utilizar al personal que estaba al servicio de la empresa, argumentando que la huelga constituía “Un peligro inminente para la economía nacional”, advirtiendo además, que la requisa continuaría hasta que el sindicato y la empresa, llegaran a un acuerdo.
José Fernández Alatorre (telefonista de la antigua Ericsson despedido por participar en el proceso electoral como opositor a la planilla oficial, encabezada por Jorge Ayala Ramírez en 1954), plantea en su tesis de licenciatura “La inconstitucionalidad de la aplicación de la requisa en las huelgas eléctrica y telefónica”, que la requisa “Como medida de expropiación no [podía] decretarse de manera temporal, sino que el propósito del legislador ha sido y es que tal medida se realice como un acto de Soberanía del Estado y en consecuencia una Empresa o un particular que explote una Vía General de Comunicación por medio de una concesión, sea desposeído mediante el acto de incautación, de todos sus bienes y derechos relativos a la Vía General de Comunicación de que se trata, mediante naturalmente, la indemnización correspondiente”, es decir, que al requisar el gobierno los bienes de las empresas telefónicas, debería asumir su administración en forma total y permanente para que de esta manera, pasaran a poder de la Nación.
Fernández Alatorre señala que en la aplicación de las requisas de 1944 y 1950, el gobierno omitió en los dos casos el siguiente párrafo “Pues al momento de aplicar la Requisa; la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento”.
De esta manera, la Requisa tomó un carácter político, ya que por un lado no se aplicaba correctamente y, por el otro, se impedía el libre ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores, acción que sería utilizada por los gobierno “emanados de la Revolución”.