OPOSICIÓN, domingo 26 de abril de 1981.

Jacinto López.

 

La gran mayoría de los trabajadores que se ven amenazados por la requisa (electricistas, ferrocarrileros, telefonistas, personal de aviación) pertenecen a empresas del sector paraestatal. Este hecho y la aberración legal que permite la requisa han dado lugar a que el gobierno no pueda armar un discurso coherente para justificar su política violadora de los derechos de los trabajadores. Veamos.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, refiriéndose a Teléfonos de México, insiste en que “hemos de recordar que es el gobierno federal el accionista mayoritario, lo que equivale a decir el pueblo de México” (inserción pagada en la prensa comercial del 4 de abril). Pero la requisa contra la huelga telefonista de abril de ´80, los funcionarios del gobierno insistían en que los esquiroles no lo eran, ya que habían trabajado para el gobierno y no para la empresa.

Así, resulta que las autoridades identifican, empresa y gobierno cuando les conviene y cuando no pretenden presentarlas como si fueran entes sin conexión alguna.

Para completar el cuadro de la demagogia incoherente, en cada ocasión en que se ha aplicado la requisa salen a relucir las frases grandilocuentes de que se actúa de acuerdo con los “intereses de la nación”, para “evitar daños a la economía del país”, pero lo que no logran incluir en “esa nación” los intereses de los trabajadores, ni en “ese país” la economía del pueblo trabajador.

El incoherente discurso gubernamental sólo busca tergiversar la verdadera orientación de la mayoría de las empresas paraestatales y de la requisa. Es con el sector paraestatal que el gobierno apuntala una política pro-monopolista y es con la requisa y con otros instrumentos como enfrenta la lucha de los trabajadores por derrotar esa política antipopular.

Por su parte, la burocracia sindical del Congreso del Trabajo declara reiteradamente que se luchará contra la requisa. Por lo pronto, se ha quedado al nivel de las palabras, y en caso de que pasen a los hechos ya han dejado entrever que no están por la derogación de la requisa sino solo por su reglamentación: Olivo Solís diputado y expresidente del Congreso del Trabajo, afirmó que “no queremos desarmar al Estado en caso de emergencia, pero si buscamos reglamentar la requisa y la incautación” (uno más uno 7 de abril). ¿Desarmarlo? ¿Frente a quién? ¡Frente a sus “aliados” los trabajadores?

Don Fidel, el defensor a ultranza de la política gubernamental, ha ido más lejos al acuñar y difundir la “brillante” idea de que el gobierno no tiene la intención, la voluntad de aplicar la requisa, pero como existe esa legislación y es un Estado de derecho, no le queda más remedio que “disciplinarse” y aplicarla (Por cierto, la ley establece que es a criterio del Ejecutivo su aplicación). Para este planteamiento ha sido ganada la dirección sindical del STRM: Hernández Juárez en los pasillos de la CTM, declaró a la prensa que “no alzaremos consigna contra el gobierno, porque lo único que hace cuando la aplica, es cumplir con los ordenamientos de la Ley Federal (sic) de Vías Generales de Comunicación” (uno más uno, 28 de mayo de 1980).

De lo que no hay duda es que las huelgas de los telefonistas han provocado que la cuestión de la requisa se convierta en u elemento de deslinde tajante: o se está con los trabajadores o con los intereses de los grandes monopolios. Lo cual, por un lado, pone en aprietos la “alianza” con el Estado impulsada por la burocracia sindical y por otro se convierte en un reto para las corrientes democráticas del sindicalismo mexicano y para las organizaciones políticas democráticas: lograr la derogación de la requisa.