El caso de la Colonia Guerrero; 1970-1976.

La ciudad moderna, producto de la creación colectiva, refleja en su estructura las etapas de la sociedad y sus contradicciones. En el modo de producción capitalista, el espacio urbano se convierte en mercancía, y el antagonismo entre su valor de uso y su valor de cambio golpea principalmente a los sectores más débiles. Es en este contexto donde surgen los movimientos sociales urbanos: acciones colectivas de amplios sectores de la población en defensa de su acceso al suelo, la vivienda y los servicios colectivos indispensables para la reproducción social de las clases dominadas. Estos movimientos enfrentan tanto a los propietarios privados de los medios de consumo como al Estado, que actúa como gestor colectivo del capital. Su desarrollo pasa por tres etapas: la autodefensa espontánea, la oposición organizada y permanente, y finalmente la construcción de una política propia orientada al control de los procesos de consumo y uso del espacio urbano.

La Colonia Guerrero se localiza al noroeste de la Ciudad de México, limitada por la Calzada Ricardo Flores Magón al norte, el Eje Lázaro Cárdenas al oriente, la Avenida Hidalgo al sur y la Avenida Insurgentes Norte al poniente. Ocupa aproximadamente 230 hectáreas y contaba en 1970 con 79,000 habitantes, con una densidad promedio de 450 por hectárea. Desde su fundación hace más de cien años ha sido zona habitacional de bajos ingresos, dominada por vecindades y edificios antiguos en malas condiciones físicas. La colonia se formó sobre terrenos del Colegio de San Fernando y del cementerio de San Andrés, y su origen está ligado a la inauguración en 1873 de la Estación del Ferrocarril Mexicano en Buenavista. Desde el principio fue creada para la clase obrera vinculada al ferrocarril, y durante el porfiriato quedó rodeada de talleres, patios de maniobra y estaciones de distintas compañías ferroviarias. La especulación inmobiliaria estuvo presente desde el inicio: un terreno que valía 2 centavos el metro cuadrado en 1872 llegó a cotizarse a 13.40 pesos en 1901, un aumento de 675 veces en treinta años.

A partir de los años treinta, la colonia funcionó como área de recepción de población inmigrante del interior del país. La solución habitacional se basó en vecindades sobre viejos edificios coloniales, con cuartos de servicios compartidos. El 10 de junio de 1942, el gobierno de Ávila Camacho decretó la congelación de rentas para frenar la especulación y abaratar la vivienda obrera. Esta medida, aunque protectora en principio, tuvo consecuencias no previstas: los propietarios se negaron sistemáticamente a dar mantenimiento a sus propiedades y comenzaron a sacar viviendas al mercado con aumentos sustanciales para proteger sus ganancias. Surgió además el fenómeno de los “traspasos”, que permitía a quien deseara una vivienda de renta congelada pagar sumas considerables por el derecho a habitarla.

La política urbana agravó aún más la situación. El “proyectazo” de 1950 de la Comisión de Planificación del D.F. pretendió transformar radicalmente la zona central, incluyendo la ampliación de varias calles de la colonia. La prolongación del Paseo de la Reforma afectó más de 143,000 metros cuadrados de suelo urbano y la construcción del Conjunto Habitacional “Presidente López Mateos” en 1962 desplazó los talleres de Ferrocarriles de Nonoalco, eliminando con ello fuentes de trabajo para muchos habitantes. Las obras viales, el aumento del valor del suelo, las rentas congeladas y el deterioro de las viviendas profundizaron el deterioro de la zona.

El Barrio de Los Ángeles, la parte más deteriorada de la colonia, tiene una superficie de 595,000 metros cuadrados y contaba en 1979 con 24,850 habitantes. En 1975 existían allí 159 vecindades con más de tres mil viviendas, y el 56% de la población vivía en vecindades, el 38% en edificios de departamentos y solo el 6% en casas propias. Únicamente el 22% de las viviendas tenía rentas congeladas. Los habitantes tenían en promedio 28 años de vivir en el barrio, lo que muestra un arraigo profundo que contrasta con las condiciones precarias de sus viviendas.

Frente a esta situación, los habitantes se organizaron. La Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales “Guerrero” fue el primer grupo con personalidad jurídica que presentó oficialmente un Plan Parcial de Mejoramiento Urbano ante las autoridades del D.F. El plan proponía mantener la congelación de rentas, expropiar vecindades en manos de latifundistas urbanos y construir vivienda nueva con apoyo de mecanismos como INFONAVIT y FOVISSSTE, además de rehabilitar edificios con estructuras rescatables. Como resultado concreto, la cooperativa logró construir un conjunto de 60 viviendas llamado “Cohuatlán”, aunque tuvo que renunciar a la propiedad cooperativa de los departamentos para acceder a los créditos del INFONAVIT. El plan en su conjunto no superó el interés superficial de algunos funcionarios del D.F., mientras el precio del suelo pasó de 700 a 5,000 pesos el metro cuadrado en seis años.

La agudización del problema llevó a la formación de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, que enfrentó a inmobiliarias como Lomelín, Artemisa y Copropietarios, Georgett Inmobiliarias, Mercado Nacional y el Banco de Comercio. Estas empresas aplicaban aumentos de renta de hasta 700%, obligaban a los inquilinos a firmar convenios en que renunciaban a sus derechos mínimos y se valían de la corrupción en los juzgados civiles para legalizar desalojos violentos. Los 43 juzgados civiles de la ciudad, según la Unión, estaban al servicio de los propietarios. La corrupción llegaba hasta los actuarios, quienes recibían regalías por ejecutar desalojos a satisfacción de los dueños.

La Unión de Vecinos se organizó de manera horizontal, con asambleas generales como órgano rector y un voto por inquilino. Su principal herramienta de lucha fue la movilización inmediata: bastaba el estallido de un cohete para que vecinos, amas de casa, herreros, zapateros y comerciantes salieran a la calle a impedir un desalojo. Gracias a esta forma de acción colectiva se evitaron más de 200 desalojos. La organización mantuvo vínculos con colonias como Martín Carrera, Morelos y Janitzio, y con la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Sus demandas formales incluyeron la reforma a la legislación inquilinaria federal, la regulación de aumentos de renta con base en el salario mínimo, el derecho de preferencia del inquilino en caso de venta, la derogación del juicio de terminación de contrato, la expropiación de lotes baldíos, la construcción de vivienda popular y la destitución de actuarios que abusaran de sus funciones.