STRM: un sindicato en peligro.
Octavio Rodríguez Araujo.
Uno más Uno, domingo 13 de junio de 1982.
Quedan aún algunos problemas pendientes en el conflicto de los trabajadores telefonistas, aparentemente la única alternativa para el STRM es su unidad interna. Se impone en su interior una tregua así como un recuento nominal, a fin de que el sindicato pueda enfrentarse unido, a la empresa.
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) está en peligro de ser debilitado, quebrado de algún modo y controlado, una vez más por el Estado y el capital privado. Peor es la situación después del error de Francisco Hernández Juárez al rescatar el local sindical en manos de la disidencia, gracias a los granaderos y a la policía preventiva del Distrito Federal, representante, ésta sí, del poder instituido gubernamental que nada tiene que ver con los conflictos internos de un sindicato.
La situación del sindicato es un hecho por lo que su división se refiere y a la secuela implicada en términos de debilitamiento. Es un hecho en el que algunos quieren encontrar culpables entre los mismos trabajadores presentando la lucha intersindical en blanco y negro, en buenos y malos: típico maniqueísmo lineal que elude la enorme complejidad de la lucha por la democracia obstaculizada neciamente por lo que parece ser, como una comprobación más, la famosa ley de hierro de las oligarquías de que hablara Michels a principios del siglo.
Tal maniqueísmo suele ser recurso de quienes quieren interpretar las luchas sociales en una sola pista con base en el supuesto de que el statu quo, garantizado por la dirigencia de un sindicato, o de un partido, si fuera el caso, es la mejor manera de enfrentar al enemigo de clase. Esta concepción, de onda y oculta raíz conservadora, es la que ha permitido por ejemplo que Fidel Velázquez y otros líderes charros se hayan mantenido al frente de miles de sindicatos desde hace varias décadas. Con el argumento de que la división de un sindicato facilita las ofensivas empresariales, tiende a justificarse al grupo dirigente, independientemente de que sea mayoritario o minoritario, maniobrero u honrado, democrático o antidemocrático. Si bien es cierto que la división de un sindicato favorece a la empresa, puesto que la organización de los trabajadores se debilita y con ello su capacidad para enfrentar las agresiones de la patronal, no menos cierto es que la unidad en abstracto o en torno a un líder y su camarilla con probados nexos con el gobierno y sus fuerzas represivas –parte de la patronal, por cierto-, muy poco favorece a los trabajadores, cuyos intereses jamás podrán ser los mismos que los de sus explotadores, por más que el país esté en crisis y la sucesión presidencial en puerta.
Negar que en seno de la disidencia hay ex esquiroles y provocadores filoempresariales que ahora sugieren una tercera opción –“ni con Hernández Juárez ni con Pedraza”-, sería una insensatez. Pero que existan tales especímenes – nada nuevo en cualquier movimiento social-, no significa que la parte contraria tenga la razón solo porque es la parte contraria y la dirigencia legal del STRM. Se pasa por alto, dicho sea de paso, que la legalidad adquirida se debe a un buen número de errores y de sutiles maniobras –aunque hayan sido sin querer-, y al reconocimiento del gobierno contra el cual, supuestamente, se está luchando como juez y parte que es en el conflicto del sindicato con la empresa (paraestatal).
La alternativa para el STRM es su unidad interna sin abandonar la legítima demanda de reinstalar a los 530 despedidos y de revisar otra vez los convenios escamoteados por la empresa. El problema de esta alternativa está en el método. Se impone una tregua entre las partes en conflicto del sindicato, con el objeto de defender la organización, pero los términos de dicha tregua deberán de ser discutidos y, eventualmente, dirimirlos mediante un referéndum nominal que determine realmente, como ocurrió precisamente en mayo de 1976 cuando Hernández Juárez derroto a Salustio Salgado, quién tiene la mayoría o, para decirlo en mejores términos, con quién está la mayoría.
Conviene recordar para fundamentar la proposición, que ante la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del 22 de abril de 1976 los trabajadores no estuvieron de acuerdo y pararon actividades, que a raíz de esto la Secretaría del Trabajo propuso recuento para dirimir la representación sindical y que el referéndum fue ganado por la gente de línea dura a la que pertenecía Hernández Juárez; que el 15 de julio de ese año Rosina Salinas Hurtado, con el apoyo de nueve secciones del sindicato, fue electa secretaria general por una asamblea nacional que fue convertida en la 4ª. Convención nacional extraordinaria y que Hernández Juárez, dirigente del Comité Democrático de Telefonistas califico el acto de farsa; que la empresa exigió al sindicato, para reconocerlo que se revocaran las expulsiones del grupo de Salustio, que manifestaran públicamente su no apoyo a la Tendencia Democrática (recién agredida por el ejército en las instalaciones de la CFE el 16 de julio), que depurara la línea dura del Sindicato y que se dejara de atacar a la empresa; que Hernández Juárez pidió (HJ) pidió el arbitraje del presidente Echeverría, quién reconoció a HJ como dirigente del STRM el 19 de julio; que HJ negó apoyo a Rafael Galván el 24 de julio; que fue poco a poco deshaciéndose de los miembros de la línea dura del CEN; que varios de los disidentes democráticos fueron suspendidos en sus derechos sindicales durante 1977 y 1978; que una vez logrado lo anterior consiguió que su periodo de dos años se ampliara a cuatro;; que se incluyó una cláusula transitoria en los estatutos del sindicato para que la planilla de HJ participara de nuevo en elecciones; que se introdujo el voto por secciones (luego de comprobarse que se controlaban principalmente las pequeñas), y que fueron reformados los estatutos para relegirse y para que el periodo del CEN fuera de cuatro años en lugar de dos, lo que permitiría a HJ estar en la secretaria general, cateris paribus, hasta 1984, por lo menos. Agréguese a lo anterior lo que todavía se recuerda por haber sido reciente: que contra la proposición de recuento, HJ citó a la 6ª. Convención Nacional Extraordinaria, en febrero del presente año, usando el mismo método de Rosina Salinas, que HJ calificara entonces como una farsa, en lugar de un referéndum como el que lo llevó a él a la dirección del STRM en 1976.
ANTESALA DE LA REQUISA.
Una de las más socorridas acusaciones contra los disidentes del STRM contra (sic) Hernández Juárez es que aquellos provocaron la requisa de Telmex en marzo de este año.
La requisa, como instrumento del Estado, se ha usado siempre contra los trabajadores cada vez que han querido hacer efectivo su derecho de huelga en empresas calificadas de servicio público. Las requisas de la empresa telefónica no se iniciaron con la gestión de HJ, sino desde marzo de 1944, según el relato de Raúl Trejo en la introducción de Tres huelgas de telefonistas, México, Cuadernos de unomásuno, 1980. En todos los casos, la empresa de Teléfonos fue requisada por movimientos de huelga ya iniciados o por paros de labores que significaran la suspensión del servicio. La única excepción, hasta donde sé, fue este año cuando, pese a las movilizaciones de los trabajadores, no hubo paros de los equipos. Digo que fue la única excepción porque en la huelga de 1978, que fuera calificada de paro por el secretario del Trabajo, sufrieron requisa cinco secciones en el sur de la ciudad de México y no la empresa en su totalidad.
Otra característica relacionada con las requisas, aunque debiera ser obvio, es que solo se han dado cuando el STRM ha estado en manos de dirigentes más o menos democráticos o, por lo menos no charros, ya que sólo en esa ocasiones ha habido huelgas o paros reales, aunque hayan sido de algunas horas o minutos. Incluso en 1977 hubo amenaza de requisa si estallaba la huelga en abril, lo cual, se argumentó, llevó al CEN del sindicato a suscribir el convenio con las condiciones de la empresa. Sin embargo, es pertinente recordar que el 12 de agosto de ese año se emplazó a huelga para el 23 del mismo mes, por violaciones al CCT, y el CEN del sindicato se desistió de la huelga porque “los telefonistas están conscientes de que se agravaría la situación nacional en caso de paralizar la red telefónica” (véase Instituto de Investigaciones Económicas, Movimiento Obrero 1970-1980 (cronología), 4 Tomos, México, UNAM, 1982 tomo 2, página 564).
Empero, conviene introducir algunos matices respecto de la correlación “requisa-dirección no charra” en el caso del STRM a partir de enero de 1979. El 5 de enero se conoció la noticia de que para el 25 del mismo mes habría huelgas si no se firmaba el convenio con 9 mil operadoras en demanda de 15 por ciento de aumento salarial. El 9 de enero HJ desmintió que se pudiera estallar la huelga y dijo que era falso que hubiera tal emplazamiento. Un movimiento se estaba gestando en el interior del STRM, a partir de las operadoras. El 2 de marzo hubo un emplazamiento a huelga para el 12 a las 22 horas. El día que tendría que estallar la huelga los telefonistas recibieron una propuesta del secretario del Trabajo, denominado “convenio verbal”, que establecía una prórroga de la huelga al 25 de abril a cambio de otorgar 45 millones de pesos para las operadoras (a cuenta de los 125 millones pactados), más la reinstalación de 18 de los 140 despedidos. HJ estuvo de acuerdo con la prórroga, pero los trabajadores no y estallaron la huelga a las 22 horas. El gobierno decretó la requisa y 14 minutos después intervino las instalaciones para reanudar el servicio en la madrugada del día 13. Las operadoras rechazaron el convenio verbal y lo exigieron por escrito, demanda que se satisfizo al día siguiente. Posteriormente estalló otra huelga (el 25 de abril) y la empresa fue requisada. El 2 de mayo la huelga fue levantada, después de 33 horas de que HJ se entrevistó con JLP, quién lo convenció de que aceptara la oferta de la empresa.
En la siguiente huelga, la del 25 de abril de 1980, la empresa fue requisada tres horas antes de que estallara la huelga. En eta ocasión se aceptó la oferta de la empresa tal cual. Muchos trabajadores llegaron a la conclusión que así las cosas, mejor sería cambiar las reglas del juego, ya que lo ocurrido en la práctica era la negación absoluta del derecho de huelga como arma de los trabajadores para la negociación de sus demandas. La disidencia contra HJ tomó más impulso.
Para restarle beligerancia a la disidencia, HJ implantó un sistema de asambleas por departamento en cada centro de trabajo, de tal manera que la disidencia, a menudo concentrada en algún departamento, quedara aislada e incapaz de influir en la votación de los demás. El mismo sistema fue seguido a escala nacional y se pudo controlar las convenciones y, por lo tanto, a los delegados. Podría decirse que la antesala del movimiento actual fue la 6ª. Convención nacional extraordinaria a mediados de febrero de 1982. En esta convención se acordó una tregua entre el STRM y la empresa y el gobierno para iniciarse el 3 de marzo. Los términos de la tregua, hasta donde los conozco, fueron: ni paros ni faltas colectivas, y 22 puntos que marcaban lo que sí se podía hacer, siempre y cuando hubiera coordinación del CEN. El punto de las faltas colectivas que promovió HJ como acuerdo de la convención tenía dedicatoria para Centrales Mantenimiento, ya que este departamento venía luchando por el apego a los convenios departamentales y, para el efecto, había estado haciendo faltas colectivas.
Después del acuerdo de la tregua, 05 (quejas) decidió llevar a cabo un retardo colectivo para el 8 de marzo, con la intención de presionar por una retabulación salarial dada la introducción de nuevos equipos electrónicos. Los retardos colectivos si podían realizarse ya que no estaban contemplados en las condiciones de la tregua pues no eran paros ni faltas colectivas.05 buscó el apoyo de Centrales Mantenimiento, que, previa asamblea, se unió para el retardo colectivo. Ambos acuerdos, según mi información, te tomaron en presencia de miembros del CEN. Hubo apoyo de otros departamentos como ingeniería proyectos, dibujo, registro de líneas, etcétera.
Hernández Juárez inició una campaña en contra principalmente de Centrales Mantenimiento y los acusó de querer romper la tregua. Los hechos posteriores desencadenarían propiamente la actual etapa del movimiento en el interior del sindicato y la requisa de la empresa. Veamos la historia con cierto detalle y con una óptica distinta de la que ha servido para explicar maniqueistamente los hechos.
TRABAJADORES, NO HALCONES.
Fue “el grupo de disidentes el que justificó la requisa y los despidos”, señaló Montero, ex secretario de trabajo del STRM, según cita Teresa Gurza (unomásuno, 31/V/82).
Como la anterior, hubo otras acusaciones de contenido igualmente falso, La primera imprecisión del CEN dirigido por Hernández Juárez fue decir que la tregua acordada con la empresa no permitía retardos (cuando en realidad lo que no permitía eran las faltas colectivas y los paros). La segunda fue afirmar que dichos retardos eran llevados solo por Centrales, y no también por 05, cuando que Centrales acordó el retardo para el 3 de marzo en apoyo de 05. La tercera falsedad consistió en cambiar de repente el término retardo por “paro” y continuar manejando este concepto en vez del primero, que era correcto.
El retardo colectivo se llevó a cabo el 3 de marzo. En la noche de ese día llegaron las primeras cartas de recisión (despidos) por parte de la empresa y, según mis informantes, HJ anunció que las acciones de la empresa no serían detenidas por el CEN del STRM ya que los trabajadores disidentes habían roto la tregua. Pero lo que verdaderamente ocurrió fue que la empresa rompió la tregua al despedir trabajadores que no habían hecho paros ni habían efectuado faltas colectivas. Como consecuencia del rompimiento de la tregua, los trabajadores con apoyo de muchos otros centros de trabajo, resolvieron, ahora sí, hacer un paro indefinido. Continuaron los despidos. HJ por su parte, declaró que lucharía por la reinstalación de los despedidos siempre y cuando fuera levantado el paro y que la disidencia se plegara a los acuerdos de la “mayoría”.
El día 5 de marzo ocurrieron dos hechos significativos: por un lado, se realizó in mitin frente al sindicato en el que se denunció la actitud de HJ. De ahí se decidió ir a la STPS a negociar sin la representación del CEN de HJ. Por otro lado, los telefonistas de los pisos 5 y 6 de San Juan bajaron al piso de operadoras a invitarlas a parar; las operadoras, a su vez, fueron presionadas por la gente de HJ para que no hicieran caso de la invitación. Ante las presiones, por una parte, y el tono de mitin, por la otra, cundió entre algunas compañeras lo que algunos denominaron histeria –que es mucho decir. De ahí se manejó que el grupo juarista que los de los pisos 5 y 6 habían bajado a golpear a las operadoras por ser, en su mayoría, en ese momento, partidarias de HJ. Además, se dijo que los disidentes eran manejados por la empresa y como “prueba” se hizo mención al hecho de que alguna de las operadoras que pararon habían sido esquirolas en la huelga de 1980, lo cual es cierto, pero ha sido una de las virtudes de HJ: unir en su contra a tirios y troyanos, con la característica que no debería sorprender a nadie, de que cada grupo antijuarista lucha y ha luchado por llevar agua a su molino –como ocurre en todo movimiento social y popular, incluyendo la revolución mexicana de 1910, para poner un ejemplo contundente.
El 9 de marzo si hubo golpes y empujones, pero ellos se debieron a que los disidentes fueron al edificio San Juan, donde estaba despachando HJ, a hablar con las compañeras de tráfico. Los del CEN quisieron impedir a la comisión de los disidentes que entrara al edificio. A raíz de ese enfrentamiento la empresa pidió a HJ que desalojara el local. El 10 de marzo HJ hace una gira en los centros de trabajo para impulsar que la Red Valle hiciera una marcha de camionetas para defender a las operadoras de San Juan. La consigna de los juaristas era llevar un listón verde para diferenciarse de los disidentes. Pero los disidentes no estaban en San Juan sino en Villalongín, en el local sindical, con brazaletes blancos y rojos (eran trabajadores y no halcones, como alguien dijera dos meses más tarde).
A las 12.45 del 10 de marzo, los juaristas exigieron a los disidentes que entregaran el local, después de haber rodeado el recinto. Hubo golpes que, según mis entrevistados, comenzaron precisamente por el lado derecho del local, por donde llegaba HJ. Desde la azotea algunos disidentes arrojaron pedazos de ladrillo y otros objetos que suelen acumularse en esos sitios. Esta respuesta obligó a los juaristas a detenerse, lo que brindó la oportunidad a los disidentes para contestar la agresión. En ese momento fue cuando llegaron los granaderos y, que qué casualidad, HJ les pidió que desalojaran a los disidentes de la sede del sindicato: solicitud que no aceptó el Director Operativo de la DGPT, Javier Orozco (véase crónica de M.A. Reyes, en unomásuno, 11/III/82). Hubo una película y fotos que en fecha reciente se han exhibido para “probar” que los agresores fueron los disidentes. Pero es el caso que el equipo de Mateo Lejarza, fotógrafo oficial del CEN de HJ y asesor de éste desde que tomó posesión en 1976 (también ex miembro del Ateneo Lázaro Cárdenas), fue el que tomó la película y las fotografías, editadas a su conveniencia (por algo este tipo de “pruebas” no son aceptadas en ningún juicio).
Después, el 11 de marzo, el gobierno requisó la empresa en virtud de “los lamentables acontecimientos ocurridos en los días recientes, derivados de la pugna intersindical, que ponen en peligro la prestación adecuada del servicio telefónico” (unomáuno 12/III/82). Dicha requisa golpeó al sindicato en su conjunto y dio pie a despidos masivos, a la suspensión de pagos y la agresión constante de los requisadores hacia los trabajadores.
Pero aun así, no fueron los trabajadores, ni de un lado ni de otro, los que provocaron la requisa, sino la empresa que rompió la tregua, hostigó a los trabajadores y se negó a revisar los convenios departamentales.
El Problema que queda pendiente es la situación del sindicato frente a la empresa. A esta le conviene un sindicato dividido, con pugnas internas. Por lo tanto a los trabajadores no les conviene un sindicato debilitado por su desunión, pero tampoco una unidad en abstracto, artificial. Urge una tregua en ambas partes al interior del STRM. Sí HJ de verás quiere la unidad y realmente representa los intereses de los trabajadores, habría de demostrarlo en los hechos, primero favoreciendo un recuento nominal, sin temor al desenlace y comprometiéndose con él; en segundo lugar, de resultar triunfador –como lo ha sostenido-. Tomar en sus manos la lucha por la reinstalación de todos los despedidos y de la defensa plena de las condiciones de trabajo de la empresa; y, en tercer término, revitalizar al STRM con los sindicatos independientes en apoyo y no con, o exclusivamente, el Congreso del Trabajo.