Al inicio de la década de los años cuarenta, la clase obrera organizada emergía del cardenismo como una fuerza social debilitada, como consecuencia de la presiones que ejercían los grupos conservadores tanto internos como externos, que alarmados por las demandas de los elementos radicales de los movimientos populares que se venían pronunciando a favor de la continuación de las transformaciones revolucionarías, que conducirían al país hasta el socialismo, hizo que la burguesía representada ya por el grupo dirigente del Partido de la Revolución Mexicana, se retirara a una posición moderada, actitud que permitió que el gobierno de Manuel Ávila Camacho abandonara a obreros y campesinos, facilitando no solo la desaparición de muchas de sus organizaciones, sino el sometimiento en otros casos, al control del Estado y del partido oficial.

La marcada tolerancia que el gobierno de Lázaro Cárdenas había mostrado hacia las luchas de los trabajadores, principalmente a través de la huelga, disminuyó en forma evidente cuando el gobierno encabezado por Ávila Camacho inició una campaña para conjurar el “peligro comunista”, por lo que hizo aprobar una serie de leyes contrarias a la Constitución y que afectaban principalmente a los trabajadores. Así, las reformas a la Ley Federal del Trabajo establecían que un trabajador podría ser despedido por el simple hecho de participar en huelgas “ilegales”, además, el procedimiento para declarar la legalidad de las huelgas se hizo más complicado en perjuicio de los trabajadores. (1)
A la marea de huelgas provocadas por la legislación antihuelguísta se sumó la división de los sindicatos promovida por el gobierno, al mismo tiempo que obligaba a los trabajadores a aceptar “sacrificios”, a través de la moderación de las demandas salariales, historia que se vendría repitiendo en todos los gobierno “emanados de la revolución”.
La sujeción de los sindicatos, como el caso de la Federación se Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, provocó que esta importante organización sindical no pudiera ingresar a uniones sindicales, privándoles también el derecho de realizar huelgas por solidaridad, además, el firme control de los sindicatos otrora más combativos, se vio enormemente favorecido por factores derivados de la Segunda Guerra Mundial ya que el gobierno justificó tales medidas, en razón de una política prioritaria dirigida principalmente al desarrollo capitalista del país.
En este contexto, el Sindicato Nacional de Telefonistas escenificó dos importantes movimientos que culminarían con la huelga, la primera en 1941 y la segunda en 1944, en donde por primera vez fue aplicada la requisa.
Así, durante la segunda mitad de 1941 los telefonistas se lanzaron a la huelga. En efecto, el jueves 21 de agosto, 1 800 trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana se declararon en huelga, esto a pesar de que la Secretaría del Trabajo hasta minutos antes de la hora fijada (12. 45) para el estallamiento, buscó la conciliación de las partes en pugna.
Dentro de las principales demandas de los telefonistas se encontraba la reinstalación del trabajador Roberto Figueroa, destitución del empleado de confianza Max Melh, además de designar una comisión mixta que se encargaría de discutir las violaciones que se hacían al Contrato Colectivo, así como el aumento de salarios, que los telefonistas consideraban justificado, debido a que la Telefónica Mexicana había aumentado sus ingresos, elevando las tarifas de sus suscriptores. (2)
Los representantes de la Compañía por su parte, pusieron como condición para que se realizaran las negociaciones, se levantara el emplazamiento a huelga, a pesar de que el sindicato había anunciado que de aceptarse la negociación, el estallamiento de la huelga se prorrogaría por 20 días, además, la Mexicana exigió al sindicato de que se desistiese de la solicitud de reinstalar a Roberto Figueroa, ya que en opinión de la Compañía, éste trabajador la había venido amenazando con paros y huelgas. (3)
En cuanto al aumento de los salarios, la Telefónica Mexicana opinaba que tal solicitud era injustificada ya que el Contrato Colectivo terminaba hasta marzo de 1942, por lo que hasta entonces se trataría este espinoso asunto.
La huelga fue secundada por las secciones de Monterrey, Guadalajara y Saltillo , donde además solicitaron la destitución del gerente de la Compañía , Sr. Mellado.
Estallada la huelga, de inmediato aparecieron las muestras de solidaridad hacia los telefonistas, entre quienes manifestaron su apoyo estuvieron los cinematografístas, maestros, tranviarios y trabajadores del gobierno. En el mitin que se realizó en la Junta de Conciliación, los telefonistas Guillermo López y Justino Ochoa, expusieron los motivos de la huelga, en donde señalaron la razón del despido de Roberto Figueroa, por lo que el SME, se solidarizó “ya que no debe sentarse el precedente, de que representantes sindicales sean separados de sus puestos por defender a sus compañeros”. (4)
Además, los telefonistas anunciaron que la solicitud de aumento de 35% en sus salarios, se debía a que la Compañía Telefónica había aumentado en 4 millones de pesos sus ingresos a costa del, público que utilizaba sus sistemas, por lo que la empresa competidora –Ericsson- para evitar conflictos con sus trabajadores había concedido un aumento de 40 centavos diarios a cada trabajador, esto a pesar de que las tarifas fueron elevadas en solo 20%, mientras que la Telefónica Mexicana lo había hecho en 35%. (5)
A las 14 horas del 23 de agosto. La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga de los telefonistas, argumentando que se había roto “el equilibrio de los factores de los factores de la producción, al aumentar las tarifas la empresa telefónica”, ya que, “no son las mismas condiciones económicas que prevalecían con anterioridad y tal hecho es notorio por tratarse de un servicio público del que las autoridades tienen conocimiento, por ser ellas, las autorizadas para facultar los aumentos”. (6)
La Junta se colocó abiertamente a favor de los telefonistas al reconocer que la separación de un representante sindical no era un hecho individual, por lo que era motivo de huelga, además de que afectaba la respetabilidad del sindicato ya que menoscababa su personalidad jurídica. Respecto a la petición de la separación de los empleados de confianza acusados por el sindicato de malos tratos, la Telefónica Mexicana se limitó a desmentir las acusaciones. (7)
La CTM intervino en el conflicto declarando que era su deber poner en conocimiento del pueblo de México y de los trabajadores en general, que la intención de los telefonistas no era crear conflictos con el gobierno y de no ocasionar perjuicios a los usuarios de la Telefónica Mexicana, por lo que había hecho todo lo que había estado a su alcance para que el emplazamiento hecho por los telefonistas sr resolviera en forma conciliatoria, por lo que la Telefónica , menospreciando a las autoridades, se puso intransigente tomando actitudes desafiantes y altaneras. (8)
Respecto al trabajador Roberto Figueroa, la CTM señaló que como había participado en las contrataciones colectivas de 1935, 37 y 39, se había distinguido por su participación combativa, por lo que desempeñando el puesto de Delegado del Departamento de Contraloría, reclamó pocos días antes de estallar la huelga, el pago de diferencias de salarios a favor de sus compañeros que habían sido retenidos en forma indebida, por lo que la Telefónica al negar la reclamación, hizo que Roberto Figueroa advirtiera que esa actitud podía dar lugar a un paro o una huelga. (9)
La actitud intransigente de la Telefónica Mexicana hizo que los telefonistas Bernardo Calzadas, Felipe García y Justino Ochoa denunciaran ante el Presidente de la República que el gerente general de la Compañía G. A. Ogilvie, venía siguiendo una política contraria a las relaciones obrero- patronales. Además, de que el señor “había permanecido en Rumania donde los patrones aplicaron procedimientos pro-nazis para desmoralizar al pueblo”. (10)
Ante la amenaza de que la huelga se prolongara debido a que las partes en pugna no llegaban a ningún acuerdo, el Lic. García Téllez, Secretario del Trabajo, los exhortó a tomar en cuenta los graves problemas que estaban ocasionando al país, por lo que les solicitó hicieran un esfuerzo para resolver el conflicto. (11)
Para debilitar la posición de la Telefónica, la Federación Nacional de la Industria Eléctrica anunció que todos sus agremiados emplazarían a las compañías eléctricas para estallar una huelga general en solidaridad con la huelga de los telefonistas.
La Secretaría del Trabajo en un intento por resolver el conflicto, sugirió tanto a la Telefónica como al Sindicato Nacional que el empleado Max Melh conservara su empleo y que se reinstalara a Roberto Figueroa para poner fin a la huelga, lo que no fue posible a pesar de que los telefonistas habían reducido su demanda de 35% al 17%, ya que la empresa sólo estaba dispuesta a conceder el 5%, por lo que la Telefónica solicitó un amparo contra la resolución de la Junta de Conciliación. (12)
Después de siete días de huelga, ésta se solucionó a las 22 horas del 29 de agosto. La Telefónica Mexicana aceptó reinstalar a Roberto Figueroa, por lo que el sindicato aceptó que el empleado Max Melh conservara su puesto, respecto al aumento, la Compañía Telefónica estuvo de acuerdo en otorgar a los telefonistas 15% de aumento a sus salarios.
Las clausulas principales del convenio fueron las siguientes:
“1.- los salarios quedaran aumentados en un 15% a partir de la fecha en que se reanude el servicio.
2.- Las partes convienen en proceder a la revisión del Contrato Colectivo en vigor, con arreglo a las siguientes bases; dicha revisión será general, excepción hecha de los salarios que quedaran aumentados y de las clausulas que contengan carga económica o que pudieran repercutir sobre la situación de la empresa. La revisión será extraoficial y deberá llevarse a cabo en un plazo de 30 días.
3.- El producto de la revisión a que se refiere el punto 2 entrará en vigor al llegar a algún acuerdo las partes sobre la totalidad se las clausulas sujetas a ellas o dictar su laudo la J. F. de C. y A.
4.-El trabajador Roberto Figueroa Mateos quedará reinstalado al reanudarse el servicio.
5.- Respecto a la petición relativa a la separación de los empleados Max Melh y Ramón Mellado Ramos, queda retirada por el sindicato.
6.- Para llevar a cabo las reclasificaciones de categorías de los trabajadores se formará una comisión extraoficial para su estudio.
7.- La empresa pagará los salarios caídos durante la huelga y la cantidad de 5 mil pesos por gastos del movimiento, y se retirarán las demandas presentadas contra varios trabajadores”. (13)

Notas.
1.- Semionov, S.I . “México durante el peródo de Ävila Camacho”.
En: Ensayos de Historia de México, Ediciones de Cultura Popular, México, 1976, p.119.
2.- Excélsior, 22 de agosto, 1941.
3.- Ibid.
4.- Excélsior, 24 de agosto, 1941.
5.- Excélsior, 23 de agosto, 1941.
6.- Excélsior, 24 de agosto, 1941.
7.-Ibid.
8.- Ibid..
9.- Ibid.
10.- 1bid.
11.- Excélsior, 27 de agosto, 1941.
12.- ibid.
13.- Excélsior, 30 de agosto, 1941.