Estado y movimiento obrero en México (1970-1976).

En términos generales, el inicio del sexenio de Luis Echeverría se dio en medio  de una profunda crisis política, producto de la forma en que el Estado mexicano reprimió el movimiento estudiantil-popular de 1968, hecho que obligó al nuevo gobierno a diseñar una nueva política de modernización para la vida económica, política y social del país a través de la “apertura democrática”, y para poder ampliar las bases de apoyo social del régimen, otorgó un papel preponderante a la política laboral y sobre todo a la política sindical.

Entre las principales fuerzas de apoyo con que contó el gobierno se encontró (como siempre), el movimiento obrero organizado en las diferentes centrales sindicales. De ahí, el interés que mostró para ampliar el consenso entre los trabajadores, aún a costa de enfrentamientos verbales con los patrones organizados en diversas asociaciones y con la burocracia sindical, que a penas a un mes de iniciado el periodo echeverreista, amenazó con pedir aumentos salariales fuera de las revisiones de los  contratos colectivos, iniciando así una política que se mantendría a lo largo del sexenio.

El primer paso que dio el gobierno, fue iniciar una política de dialogo y consulta entre los sectores involucrados en el conflicto, convirtiéndose el Estado en árbitro de los problemas sociales, para ello puso en marcha la Comisión Nacional Tripartita, organismo de consulta que se encargaría de agrupar a representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, con el propósito de estudiar y proponer soluciones a los problemas que aquejaban a los trabajadores y en menor escala a los empresarios. Sin embargo, la ausencia de una representatividad real por lo menos en el sector obrero, las conclusiones de la Comisión dio como resultado una copia fiel de los planteamientos gubernamentales, es decir, evitar enfrentamientos con los grupos empresariales.

A través de éste y otro tipo de organismos, el Estado trató de utilizar viejos “clichés” como la “conciliación de clases” a favor de la “unidad nacional”, política tendiente a armonizar los intereses de los trabajadores con los detentadores del gran capital.

De esta manera, el gobierno de Echeverría una política de concesiones a los trabajadores, encaminada a detener los brotes de descontento que como consecuencia de la inflación, empezó a movilizar a importantes sectores del movimiento obrero.

Dentro de ésta política, se crea el Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), heredero del Instituto Nacional de la Vivienda de los Trabajadores cuyo antecedente inmediato fue “El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y Vivienda Popular, a efecto de contribuir a la solución gradual del problema habitacional”.1

Sin embargo, la creación del INFONAVIT solo sirvió para relevar a los empresarios de la obligación de proporcionar casas habitación, cuando tuvieran más de cien trabajadores a su servicio, ya que con la medida adoptada por el gobierno de Echeverría los patrones solo proporcionarían el 5% del total del salario de los trabajadores al Fondo, obligando de esta manera a tratar de “captar el ahorro casi forzoso de manera que las viviendas sean pagadas con los descuentos de que son despojados los trabajadores”.2

Así, con las reformas promovidas por Luis Echeverría al Artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo; “regaló a los empresarios nada menos que 19 mil 400 millones de pesos, que es por lo menos 6 veces mayor de lo que significa la aportación del 5% que ahora hacen los patrones”.3

Otra de las contribuciones del gobierno, fue la creación del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y el fondo de la Vivienda para los miembros del Ejército, las Fuerzas Aérea y la Armada.

Al finalizar el sexenio echeverreista, el INFONAVIT contaba con 4 millones de trabajadores afiliados, correspondientes a232 mil empresas, Al término de la administración, habían sido asignados 135 mil créditos, se concluyeron 110 mil viviendas y se programaron 120 mil en 121 localidades del país.4

Por su parte, los ideólogos del gobierno señalaban que habían sido otorgados 58 mil depósitos de ahorro y estimaban que al finalizar el sexenio se habrían asignado 180 mil créditos, de los cuales el 82% beneficiaría a los trabajadores de menores ingresos.5 Sin embargo, “los cálculos electrónicos fallaron. El ambicioso plan anunciado por Echeverría al crearse esta nueva institución burocrática de construir 100 mil habitaciones anualmente fue un fracaso estrepitoso”.6

A raíz de estas reformas, surgieron instituciones como el Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (FONACOT), cuyos principales objetivos eran “defender el poder adquisitivo del salario, al mismo tiempo que estimular la producción y venta de artículos de consumo duradero, en particular la llamada “línea blanca” que atravesaba una crisis seria”, fungiendo como aval de los trabajadores para que pudieran convertirse en “sujetos de crédito” y poder adquirir dichos bienes.7

Surge así, la moderna tienda de raya, ya que los requisitos que necesitan los trabajadores para convertirse en “sujetos de crédito” son que tengan trabajo, planta y antigüedad, quedando el gobierno como aval en los “créditos” otorgados a los trabajadores. Los patrones por su parte, se cobran directamente de los salarios de los obreros, le pagan al FONACOT y éste a su vez le paga a las tiendas. En este proceso el trabajador se puede endeudar hasta por dos años y hasta por un total de su ingreso si gana 9000 peso al mes, reduciendo con esto el ingreso de los trabajadores, que en su afán de poseer “bienes de consumo duradero”, entregan a los empresarios gran parte de su salario.

Otro organismo creado con el propósito de proteger el salario, fue el Comité Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS), que ha iniciativa del Congreso del Trabajo se propuso, “…luchar contra la especulación y el acaparamiento de los bienes necesarios para los trabajadores, estudiar y proponer la adopción de medidas o la creación de instituciones que protejan el salario e incrementen la capacidad adquisitiva, organizar la colaboración entre los sindicatos obreros y las autoridades para la vigencia y cumplimiento de las disposiciones protectoras del salario, recabar la información necesaria de carácter económico y social para cumplir sus propios objetivos, además, orientar al consumidor para el mejor aprovechamiento del gasto familiar y prestar asesoría para la organización de centros de oferta y consumo en que se pacten descuentos a título de prestaciones obrero patronales”.8

A estas reformas, se sumaron otras más como el establecimiento de la jornada laboral de 40 horas para los burócratas, acción que fue utilizada por la CTM que a partir de éste momento demandó la semana laboral de 40 horas con el pago de 56 para todos sus agremiados, demanda que se utilizó para recobrar la confianza de los trabajadores y presionar al Estado y a los empresarios para obtener concesiones de ambas, sin embargo, al finalizar el sexenio, la demanda siguió vigente.

En octubre de 1974 el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional para la Participación de los trabajadores en las Utilidades de las Empresas, dictó una nueva resolución fijando en 8% la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

En enero de 1975 fue recibida por las Cámaras legislativas una iniciativa de ley para federalizar la legislación laboral de cinco industrias, tales como la fabricación y ensamble de automóviles, productos farmacéuticos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales y enlatado de alimentos. Este mismo año se creó el Comité Intersecretarial para vigilar el reparto de las utilidades, la Procuraduría de de la Defensa de los Trabajadores, el Concejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores y se continuó el estudio para crear el “Banco Obrero”, “vieja demanda de los trabajadores para captar los recursos de la propia clase obrera, de sus sindicatos y sus mutualidades en que participa; incrementará la variedad de operaciones financieras y crediticias en que participa; incrementará el empleo y contribuirá a mejorar el bienestar de las clases laborantes”.9 Demanda que sería hecha realidad por el gobierno de López Portillo.

Finalmente, se dio luz a la Ley Federal de Protección al Consumidor como medida para fortalecer el salario, es decir, a mantener el nivel de vida de los trabajadores. Esta ley se concretó con la creación de la Procuraduría  Federal del Consumidor. “Ambas iniciativas causaron furor al principio y asentimiento después, cuando los empresarios dominantes observaron que no les perjudicaba en nada y si les favorecía”.10

Por otro lado, la política salarial del sexenio estará marcada por el inicio de la crisis económica. Desesperados intentos por evitar la depresión determinaron que el gasto público fuera fuertemente deficitario y la inflación sería la marca que caracterizaría estos años, de tal manera que el Estado enfrentado a una crisis política, se vio obligado a promover a través de aumentos de emergencia, la recuperación de los salarios.

El inicio de la política salarial del gobierno, dio principio en septiembre de 1973 al concederse el primer aumento de emergencia equivalente al 18%. Las organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo y los empresarios acordaron un aumento del 20% para los salarios que no excedieran de 4500 pesos mensuales y un aumento general de 900 pesos para los que rebasaran esta suma, los trabajadores al servicio del Estado y los miembros de las Fuerzas Armadas recibieron aumentos que oscilaron entre el 12 y 15%. A su vez, la Comisión Nacional Bancaria acordó aumentos generales para todo el personal de esa institución.11

Tras un prolongado periodo de lucha social, se llegó a la conclusión de que era necesario atender la demanda general de aumentos de salarios de la misma forma que en 1973, por lo que se creó también la necesidad de crear mecanismos que no solo dieran forma a una política de salarios flexibles para reforzar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también de iniciar reformas  indispensables con el objeto de adaptar la legislación laboral vigente a las condiciones impuestas por el proceso inflacionario.

Este fenómeno obligó al Estado a tomar nuevas medidas, cambiando en septiembre de 1974 a un año el lapso para fijar los salarios mínimos y para las revisiones de los contratos colectivos de trabajo y de los contratos-ley en lo que respecta a los salarios.

En este mismo mes, la burocracia sindical y las organizaciones patronales acordaron aceptar la “recomendación” presidencial y decidieron aumentar en un 22% los salarios de los trabajadores que no rebasaran la cantidad de 5000 pesos mensuales y 1100 pesos para aquellos que fueran mayores a esa cantidad. Esto aumentos fueron ampliados a todos los burócratas, tomando un carácter obligatorio a partir de octubre del mismo año, al fijarse un nuevo salario mínimo y que regiría hasta 1975.

Sin embargo, al finalizar 1875, el salario mínimo general se incrementó nuevamente para 1976 en promedio de 21%. La devaluación de la moneda, disfrazada de “flotación”, trajo como consecuencia una notable disminución del salario de los trabajadores. De inmediato el Congreso del Trabajo se lanzó a solicitar un aumento del 65% en los salarios, demanda que se acompañó como otras veces, con amenazas de huelga general; “Unas semanas después y ante la imposibilidad de llegar a un arreglo obrero-patronal, el Presidente de la República, ´recomendo´´ a las partes en conflicto aceptar un aumento salarial del 23% con carácter de emergencia y retroactivo al 1º de septiembre”.12

El 14 de septiembre, la “recomendación” fue aceptada por la burocracia sindical, acordando aplazar sus respectivas pretensiones.  En octubre se produjo la segunda devaluación de la moneda mexicana, anulando por completo los efectos compensatorios del aumento salarial de emergencia.

En este contexto, la crisis económica, las necesidades políticas del Estado y el deterioro del sistema sindical corporativo en varias áreas, fueron elementos fundamentales para el surgimiento de la insurgencia obrera durante el periodo de 1970-76.

En efecto, la política laboral que el Estado implantó, no fue capaz de impedir el surgimiento y desarrollo de un importante movimiento obrero independiente, que a lo largo del sexenio acumuló experiencias esenciales para su fortalecimiento orgánico y político. La insurgencia obrera surgida en éste periodo se planteó alrededor de dos líneas fundamentales; la primera, por mejores condiciones salariales y de trabajo, acción que trajo como consecuencia la segunda, es decir, la lucha por la democratización de los sindicatos y la independencia sindical, respecto del sindicalismo oficial.

Los brotes obreros por la democratización de sus organizaciones sindicales, fueron representados por casi todos los sectores de la economía tales como los energéticos; industria de la Transformación; servicios; universidades; empleados bancarios; transportes y telecomunicaciones. Sin embargo, estos brotes no fueron similares en todos los sectores de asalariados, debido principalmente a las diferencias estructurales que en gran medida determinaron el curso de los acontecimientos políticos. Además, las diferencias existentes en cuanto al poder específico de la burocracia sindical que domina a cada sector, así como sus concepciones estratégicas y tácticas. Aunado todo esto a la respuesta que el gobierno les dio, ya que en algunas ocasiones decidió a su arbitrio la manera en que sería tratado un problema específico.

Los movimientos obreros más importantes se dieron en el sector energético con los electricistas agrupados en el STRM, Tendencia Democrática del SUTERM y MSR, quienes a lo largo del periodo echeverreista abanderaron las luchas por la democracia sindical, convirtiéndose en la alternativa más concreta para poder coordinar los diferentes movimientos que se dieron.

Fruto de estos esfuerzos serían la creación del Frente Nacional de Acción Popular (FNAP). Sin embargo, el Estado pronto reconoció la importancia de esta corriente, por lo que procedió a liquidarla constituyendo un fuerte golpe para el movimiento obrero insurgente.

Otro de los sectores que se presentó como una alternativa fue el Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF), convirtiéndose los trabajadores del riel en otro eje que permitió atraer numerosos sindicatos a la lucha por la democracia e independencia sindical, quien después de esforzada batalla por la recuperación de su sindicato y que no fue posible gracias al apoyo que el gobierno proporcionó a los “charros”, los principales dirigentes del MSF, plantearon nuevas acciones para resolver los problemas de los trabajadores, es decir, construir un nuevo partido político que planteara seriamente la lucha por el poder político. La nueva organización, el Partido Mexicano de los Trabajadores, dirigido por Demetrio Vallejo y Heberto Castillo, fue una de las más importantes aportaciones del movimiento obrero del periodo, dirigido principalmente hacia la clase obrera en general.13

Al amparo de estos sectores, se dieron una gran cantidad de luchas por la democracia y la independencia sindicales que cubrieron los sectores más importantes sectores de asalariados. El movimiento obrero insurgente logró debilitar áreas importantes para la burocracia sindical, tales como la metalúrgica, automotriz, electrónica, construcción, textil, alimenticia, vidriera, hulera, calzado, lapicera, tipográfica, químico-farmacéutica, etc.14

Otros sectores en que se produjeron importantes avances en las luchas obreras fueron entre los transportistas, en el sector servicios, las acciones insurgentes aparecieron entre los empleados bancarios y diferentes grupos de trabajadores al servicio del Estado, médicos, trabajadores de INIA, Tabamex, Infonavit, Conafrut, Lotería Nacional, trabajadores de la SCT, Metro, Tesorería del D.F., SNTE, UNAM, UAM,15 y finalmente, los telefonistas que en abril de 1976, obtuvieron una estruendosa victoria al arrebatar la dirección sindical del STRM a quienes por más de 14 años los habían sometido.

La empresa.

A partir de que el Estado asumió formalmente su posición como accionista mayoritario de Teléfonos de México, mediante la suscripción del 51 por ciento del capital social de la empresa, quedaron establecidas las bases indispensables para que la empresa telefónica más importante del país (las otras compañías que explotaban el servicio telefónico en México eran, la Compañía Telefónica Fronteriza S.A., en el Estado de Baja California y la Compañía Telefónica Nacional S.A. en el norte del Estado de Coahuila), prosiguiera sus trabajos con una prorroga por 10 años más de los contratos-concesión.

Así, a partir de la estatización de Teléfonos de México como empresa estatal mayoritaria, dio por resultado un raro ejemplo de empresa estatal, ya que sus ganancias crecieron en forma considerable manteniendo un acelerado proceso de expansión y modernización en toda su red de comunicaciones.

En efecto, en la reunión celebrada en marzo de 1976 y a la que se denominó “Economía Pública, Soberanía y Justicia Social”, el director de Teléfonos de México, Emilio Carrillo Gamboa, informó al Presidente de la República que habían transformado a la empresa privada más importante de México, en una empresa de participación estatal mayoritaria y que de importadores de equipos de telecomunicaciones habían pasado a ser prácticamente autosuficientes, convirtiéndose de esta manera, inclusive en exportadores de equipo.16

Informó que las realizaciones en materia de aparatos telefónicos instalados entre 1970 y 1975 había sido de 2 884 871 aparatos, logrando con esto una tasa media de crecimiento anual de 14.3%, muy superiores a los quinquenios de 1060-65 y de 1966 a1970, que habían alcanzado un promedio de 9.5% y 13% respectivamente.

En cuanto a la red de larga distancia, en 1970 había alcanzado 3 476 000 kilómetros de circuitos, para 1975 esta había aumentado a 8 118 955 en servicio, lográndose un crecimiento de 133.5%. Respecto a la automatización del servicio, en 1070 fue de 93.7% y para 1975 fue del 96.3%, este hecho no impidió el crecimiento de las líneas manuales que aumentaron de 68 733 a 72 293 utilizándose principalmente en áreas rurales.17

La expansión de la industria telefónica ascendió a 13 059.3 millones de pesos, esto es, 7 925.2 millones más de lo que invirtió en el quinquenio de 1965-70, estos recursos fueron obtenidos por la venta y suscripción de acciones por parte del gobierno que consistió en 2 004 millones de pesos, 2 40.7 millones de pesos más por la venta de acciones y obligaciones a los usuarios, 3 589.6 millones del uso de reservas internas de la empresa, principalmente por la depreciación y de 5 064 millones de pesos de recursos de terceros.18

Estos hechos demostraron que la productividad del trabajo en Teléfonos de México, ha sido sin duda una de las más altas del país, como lo revela el hecho de que se consiguió casi la total automatización del servicio local y de larga distancia (96.3 y 98%). Además, de 17 114 empleados y trabajadores que prestaban sus servicios en 1970, se requirieron 5 trabajadores por cada 100 llamadas, para 1975 de un total de 21 710 trabajadores, se necesitaron solo 3 trabajadores, lo que equivale a un aumento de 20.7%. En lo que se refiere a las llamadas de larga distancia nacionales e internacionales, para 1970 fue de 69.4 millones de llamadas, en 1975 esta cifra aumentó a 187.6 millones de conferencias.19

Sin embargo, en enero de 1976 el gobierno concedió un nuevo aumento en las tarifas de 10%, aumento que permitió elevar los ingresos a 5 128 millones de pesos, representando un incremento de 31.5% respecto  año anterior. La argumentación del gobierno fue que el aumento autorizado fue para hacer frente a los incrementos salariales.20

En realidad, este aumento en las tarifas sirvió principalmente para aumentar el fondo de inversiones de la empresa y aumentar las utilidades que en 1975 alcanzaron la cifra de 853. 6 millones de pesos, cifra que excedió en 30% a la del año anterior.

Por otro lado, el impuesto federal al servicio telefónico (60% sobre el servicio local y35% sobre el de larga distancia), fue cargado al usuario. Además, el 1.8% de impuesto sobre ingresos mercantiles fueron pagados por el “abonado”, por concepto de ingresos derivados de los rendimientos de las acciones. De esta manera, los usuarios pagan los impuestos de los verdaderos accionistas.

Nuevamente y con fecha coincidente con la celebración del centenario de la invención del teléfono, la empresa recibió por parte del gobierno federal, el título de concesión que sustituyó al que había estado en vigor desde 1926, permitiéndole a Teléfonos de México continuar operando otros 30 años más, pudiéndose prorrogar por otros 20. En este documento quedó establecida la posibilidad de nuevas aplicaciones al servicio, con el avance que la tecnología permitiera en el futuro. En este mismo año, fue instalado el teléfono 3 millones, colocándose México entre los primeros quince países más desarrollados en materia de telefonía.

De esta manera, el conjunto de factores que se aplicaron en el exitoso crecimiento de Teléfonos de México, consistió en una agresiva política de ingresos que permitió superar los egresos de manera muy considerable al estar sustentada la primera, en un sistema tarifario alto, en comparación al costo por llamada telefónica. Además, de un financiamiento abundante y barato apoyado en forma considerable por el Estado, así como aumentos sustanciales en la productividad del trabajo.

En cambio, los egresos y especialmente los que se refieren al incremento de los salarios, fueron contenidos. Siendo estos el principal motivo para que los trabajadores telefonistas se decidieran a recuperar la dirección de su sindicato, al aceptar el Comité Ejecutivo Nacional un aumento salarial del 15%, cuando los trabajadores habían solicitado el 30%.

Triunfo de la democracia sindical.

La política implantada por la dirección del STRM, permitió que con violación a los estatutos del sindicato, Salustio Salgado fuera nombrado en una Convención como secretario general, quién de inmediato reafirmara su alianza con el partido oficial al participar como diputado suplente por XVIII distrito electoral y seguir manteniendo bajo su control a los trabajadores telefonistas.

En 1974 fue colocado un eslabón más a la larga cadena de traiciones impuestas al gremio telefonista, al firmar el contrato colectivo de trabajo a espaldas de los trabajadores, quienes a pesar del descontento, no pudieron canalizarlo a formas más avanzadas de organización, quedando como ejemplo de que empezaban a crearse las condiciones para el nacimiento y desarrollo de la verdadera lucha que se avecinaba.

En agosto del mismo año, Salustio Salgado utilizando a los delegados departamentales y seccionales simpatizantes al Comité Ejecutivo, realizó nuevas modificaciones a los estatutos, ya que para reelegirse solicitó las firmas de los trabajadores, dejando la tarea de la recolección de las firmas a los delegados departamentales, la Convención fue tan rápida que el tímido movimiento de protesta que se produjo, fue sometido con eficacia.

Sin embargo, los telefonistas se empezaron a dar cuenta de que era posible arrancar tanto a la empresa como al sindicato conquistas importantes. La movilización se dio a nivel departamental, siendo el departamento de Centrales Mantenimiento quién empezó a quitarle la careta a los “charros”, que incapaces de resolver la revisión de su convenio, se vieron obligados a recurrir al arbitraje de la Secretaria del Trabajo.

Al mismo tiempo, 84 trabajadores del departamento de Centrales Construcción “castigados” en la sección de troncales, iniciaron la lucha por la creación de su propio departamento, que ante la negativa de la empresa y la indiferencia de la dirección del STRM, fueron forzados a realizar un paro de labores por más de una semana, dando como resultado la creación del departamento de Programación y Recepción de Equipo.

Este hecho pasaría desapercibido gracias a que la dirección sindical lo ocultó. Además, lo utilizaría para mediatizar la lucha que se daba en Centrales Mantenimiento y Centrales Construcción, pues afirmaban que los “paristas” habían depositado toda su confianza en la dirección encabezada por Salustio Salgado, confianza que había traído como resultado la creación del nuevo departamento, esta afirmación era a todas luces falsa.

La actitud decidida de los telefonistas del nuevo departamento de Programación, hizo posible que el de Centrales Construcción lograra la adecuación de su convenio, no sin antes luchar contra la dirección del STRM en una asamblea que duró más de 20 horas. En cuanto a Centrales Mantenimiento casi derrotados, reaccionaron también en forma decidida superando el aumento del 8% impuesto por la empresa y el Comité Ejecutivo, obteniendo en forma definitiva un aumento salarial del 12%.

La actitud entreguista de Salustio Salgado, lo había llevado a la presidencia del Congreso del Trabajo y en su interés de recobrar la confianza de los telefonistas, inició una campaña de propaganda en el sentido de devolver la práctica democrática al STRM, es decir, realización de asambleas departamentales que habían sido erradicadas por completo, respeto a los estatutos y la elección democrática de los representantes sindicales. Detrás de estas acciones se ocultaba la verdadera intención del “charro”, que era la de convertirse en diputado federal y afianzar aun más su control sobre los telefonistas mediante la demagogia y el engaño, menospreciando con esto, la capacidad de lucha de los telefonistas.

Al iniciarse el año de 1976 el clima de agitación generado por los movimientos obreros insurgentes siguió en aumento, cuando más de 4500 trabajadores mineros de la sección 67 del STMMSRM, estallaron un movimiento de huelga contra las violaciones al contrato colectivo de trabajo realizadas por la Fundidora de Monterrey. En Trailmobile, los trabajadores se declararon en huelga por el pago de salarios mínimos profesionales.

Los electricistas del antiguo STRM, convertidos en la Tendencia Democrática del SUTERM, realizaron el 31 de enero gran número de manifestaciones en diferentes ciudades del país, para contrarrestar la ofensiva de los “charros”, que apoyados por el gobierno provocaban la violencia agrediendo a los electricistas democráticos en la ciudad de San Luis Potosí.

La agitación alcanzó también a los movimientos populares siendo rápidamente reprimidos por la policía, cuando el Campamento 2 de Octubre fue invadido por las fuerzas del orden público, incluidos los “halcones” golpeando en forma despiadada a sus habitantes. Disparando inclusive contra los colonos. Las agresiones continuaron cuando en las colonias San Ángel, Francisco Villa y Granja Sanitaria en el Estado de Nuevo León, fueron reprimidas en forma brutal por policías y granaderos, dejando un saldo de 6 colonos muertos.

Como consecuencia de los despidos provocados por la crisis económica, éstos empezaron a adquirir un carácter masivo, cuando las maquiladoras del norte del país despidieron a más de 23 mil trabajadores. En Volkswagen la disminución de personal y los aumentos en la intensidad en el trabajo, crearon el descontento entre los obreros, hecho que obligó a los dirigentes sindicales a encabezar las reivindicaciones de los trabajadores.

En febrero la ofensiva contra los electricistas siguió en aumento, ya que mientras la Tendencia Democrática realizaba un mitin en el monumento a la Revolución, los “charros” del SUTERM apoyados por Porfirio Muñoz Ledo, Secretario del Trabajo y Previsión Social, realizaban otro en el zócalo capitalino. Poco después, la Comisión Federal de Electricidad para fortalecer a los “charros”, decidió reconocerlos como promotores de un aumento salarial.

En medio de este clima de agitación, los telefonistas al encontrarse en revisión de su contrato colectivo de trabajo, utilizando como táctica el rumor de que ya había sido firmado, decidieron el 21 de abril dirigirse al edificio sindical para exigir información respecto al avance de las negociaciones que se realizaban en la Secretaria del Trabajo.

La actitud que los dirigentes del STRM presentaban ante los telefonistas era principalmente despótica y de menosprecio, ya que cuando algún trabajador solicitaba entrevistarse con el secretario general (Salustio Salgado) primero eran observados por medio de un circuito cerrado, para conocer quienes solicitaban hablar con él y, cuando algún trabajador lograba ser recibido en la secretaría general, a su salida, se rociaba con desodorante la oficina, pues en opinión del secretario general, “los trabajadores olían mal”.

La actitud despótica y autoritaria, permitió que los dirigentes del STRM se negaran a proporcionar la información solicitada por los trabajadores, sin embargo, la llegada de un gran número de trabajadores al edificio sindical dio oportunidad para que los telefonistas pudieran observar en lo que los “charros” habían convertido el sindicato, “en un vulgar salón de fiestas en donde se bailó, se bebió, se jugó a la baraja y al dominó con nuestros derechos y el futuro de la organización”.22

Ante la presión y exigencia de los telefonistas, el secretario de relaciones y actas Juan José Meléndrez, prometió que la información solicitada sería entregada, pero siempre y cuando los trabajadores depusieran su actitud, lo que llevó a los telefonistas a formar comisiones de información y redactar un documento que debería aparecer al día siguiente, exigiendo de Salustio Salgado el cumplimiento de las demandas hechas para la revisión del contrato.

A la mañana siguiente, en los centros de trabajo existía la decisión de no tolerar más traiciones, por lo que al ser dado a conocer que el contrato había sido firmado a las 13 horas del 22 de abril, acordaron asistir al local sindical para exigir cuentas a los dirigentes sindicales.

Por su parte, la Asamblea General Nacional establecida para conocer y aprobar los términos del nuevo contrato colectivo, se declaraba en receso, informando el Comité Ejecutivo en una conferencia de prensa que el nuevo contrato aún no se había firmado, tratando de esta forma que los telefonistas descontentos cayeran en la trampa y evitar así reclamaciones posteriores.

Esta actitud permitió que los telefonistas descontentos, decidieran tomar las medidas necesarias ante semejante traición, no obstante que la asamblea formada por aduladores a sueldo se pronunció a favor de Salustio Salgado y la firma del contrato. La primera acción que llevaron a cabo los telefonistas descontentos fue evitar que los delegados se dirigieran a la Secretaría del Trabajo para ratificar la firma del contrato y posteriormente festejar la traición, impidiendo la salida de los autobuses que para tal fin, habían sido contratados.

Acto seguido, desorganizados y en forma espontanea, los telefonistas obligados por la policía decidieron tomar el edificio sindical.23 Pocas horas más tarde, las operadoras del 02 se declararon en paro de labores secundadas por las operadoras del 09, quienes de inmediato desconocieron a sus delegadas, a las que acusaron de “haber firmado el convenio a sus espaldas”.24

El servicio fue reanudado rápidamente por empleados de confianza, mientras las autoridades de la Secretaría del Trabajo iniciaban pláticas con representantes de las operadoras, para buscar un acuerdo y reanudar el servicio en forma total. Sin embargo, éstas eran presionadas por los representantes de la empresa y del sindicato, quienes bajo los efectos del alcohol, impedían la salida de las operadoras aún cuando su jornada de trabajo había terminado.

Ante la sorpresa de la dirección del sindicato, de la empresa y de las autoridades, el paro de labores iniciado por las operadoras empezó a extenderse, primero a toda la sección matriz y después a las secciones más importantes del sistema telefónico.

El director general de la empresa Emilio Carrillo Gamboa, se apresuró a declarar que el conflicto era de carácter intergremial, ya que el aumento del 15% otorgado a los telefonistas no afectaría el nivel de  las tarifas, por lo que un aumento mayor, necesariamente tendría repercusiones para el público.25 La empresa desesperada de que el paro de labores creciera rápidamente, empezó a maniobrar ofreciendo 1000 pesos por hora a quienes regresaran al trabajo, buscando debilitar la firmeza de los telefonistas.

En términos generales, el paro iniciado por las operadoras, fue para protestar por la forma en que había sido firmado el contrato colectivo entre la empresa y el sindicato. El contrato establecía un aumento d 15% para todos los trabajadores, éstos pedían el 35%, retabulación salarial para 12 600 trabajadores, que según los dirigentes del STRM incrementaría sus salarios entre el 30 y 39%, además, de los 89 millones de pesos que la empresa entregaría como participación de utilidades a los trabajadores.26

Mientras tanto, los telefonistas declararon que habían sido desconocidos los líderes sindicales; las autoridades, a través del del Secretario del Trabajo, Carlos Gálvez Betancourt, calificaron el paro como ilegal, amenazando con la intervención de personal especializado de diversas dependencias oficiales.

Los telefonistas instalados en Asamblea General Permanente y después de una desordenada sesión, daban muestras de iniciar una incipiente organización, acordando el nombramiento de una comisión que se entrevistaría con el Secretario del Trabajo, al mismo tiempo que nombraron comisiones, que estarían formadas por dos trabajadores de cada departamento para informar a los telefonistas de las secciones foráneas.

El Secretario del Trabajo no descansaba en señalar que el paro era ilegal, por lo que éste intervendría solo cuando los telefonistas decidieran regresar al trabajo. Los telefonistas por su parte, le informaron que el desconocimiento de los “charros” se había realizado porque el 15% de aumento fue firmado sin el consentimiento de la mayoría de los trabajadores telefonistas. Además, señalaban que las declaraciones hechas por Carrillo Gamboa –en relación a que el aumento del 15% repercutiría en un aumento de tarifas- eran “una artimaña empresarial” (ya que) “de acuerdo a las cifras oficiales, (Teléfonos de México) es la empresa que más utilidades obtuvo en 1975”.27

Salustio Salgado desesperado, recurrió al Congreso del Trabajo para denunciar que 18 integrantes del Comité Ejecutivo habían sido secuestrados por los paristas, incitando a las autoridades judiciales a que intervinieran. Al respecto, los telefonistas informaron que los dirigentes “secuestrados”, se habían encerrado en las oficinas sindicales bajo los efectos del alcohol, temiendo de ser objeto de represalias.

Los telefonistas evitando ser el centro de las calumnias características de los “charros y de la prensa oficial, señalaban que “su movimiento no es un paro de servicios, sino un paro de actividades, que no lesiona las vías generales de comunicación y que no tiene un carácter político”,28 por lo que no aceptarían infiltraciones de ninguna especie.

A pesar de las amenazas del Secretario del Trabajo, los telefonistas acordaron solicitar por segunda ocasión su intervención, esta vez para que fuera enviado un inspector para legalizar el desconocimiento de los dirigentes sindicales. La comisión nombrada por la Asamblea Permanente no fue recibida e incluso se le negó la entrada a la Secretaría del Trabajo. Ante tal actitud, los telefonistas amenazaron con no regresar al trabajo, hasta que no se diera oficialmente el desconocimiento de los antiguos dirigentes sindicales.

Salustio Salgado confiado por el apoyo que le proporcionaban el PRI y el Congreso del Trabajo cínicamente declaró, “si soy charro ¿y qué?.29 De inmediato el Congreso del Trabajo en sesión extraordinaria y a través de Fidel Velázquez declaró que el descontento surgido en el sindicato de telefonistas “obedece a motivos de orden político que han estado siendo cultivados por personas extrañas al sindicato con el deliberado propósito de distorsionar al sistema sindical mexicano”.30 Los elementos extraños al sindicato eran desde luego, los electricistas de la Tendencia Democrática y el STUNAM, quienes se habían declarado firmes opositores de la burocracia sindical.

Ante la negativa de las autoridades laborales de desconocer a los antiguos dirigentes de los telefonistas, los paristas acordaron la posibilidad de renunciar en masa, con el fin de presionar a la empresa y a las autoridades para que desconocieran al Comité que encabezaba Salustio Salgado, ya que la empresa se había declarada ajena al conflicto surgido en el STRM.

Sin embargo, la empresa solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República, al denunciar que un grupo de telefonistas habían realizado un paro de labores “con las consiguientes molestias al público y daños a la economía nacional”.31

Una vez más, las autoridades del Trabajo se declararon en contra del movimiento de los telefonistas al manifestar al manifestar que estos se encontraban fuera de la legalidad ya que “cualquier dificultad que se presente entre los trabajadores o entre patrones debe resolverse dentro de los causes legales”. Asumiendo una actitud conciliadora, las autoridades laborales declararon que el problema surgido en el STRM, lo deberían resolver los propios trabajadores, pues el Secretario del Trabajo no estaba de acuerdo con aplicar “la mano dura”, ni “la mano temblorosa”, porque en el caso de los telefonistas era necesario “tener la mano dura pero muy firme”.32

De no deponer su actitud, los telefonistas se estaban haciendo acreedores a la recisión de sus contratos de trabajo, el convenio firmado entre la empresa y el STRM, beneficiaba en gran medida los trabajadores, por lo que no se explicaba la intransigencia mostrada por los telefonistas disidentes, por lo que insistió en “hacer un llamado a los trabajadores telefonistas que han equivocado su actitud, para que la reconsideren”33.

Ni las amenazas, ni las peticiones hicieron que los telefonistas levantaran el paro, quienes después de reafirmar el desconocimiento del Comité Ejecutivo, acordaron integrarse en un nuevo sindicato que se denominaría ”Unión Nacional de Trabajadores Telefonistas”, encabezado por Francisco Hernández Juárez, quién en forma provisional dirigiría al nuevo sindicato, con el fin de ajustarse a los causes legales exigidos por las autoridades, demandar la revisión del contrato y obtener el desconocimiento oficial de Salustio Salgado.

La escasa organización y la oposición de las autoridades laborales para resolver el conflicto, hizo que los paristas recurrieran al Presidente Luis Echeverría, quién dio instrucciones al Subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios a ser el enlace con la Secretaria del Trabajo.

Mientras tanto, los paristas anunciaban que el paro se había extendido a 39 ciudades del país. El avance del movimiento y la caída de los “charros” en las secciones más importantes como Monterrey, Guadalajara y Puebla, obligaron a las autoridades laborales a dialogar con los paristas para encontrar una solución al conflicto. La Secretaría del Trabajo en un último intento por defender a Salustio, planteó la necesidad de realizar un  recuento entre los trabajadores, con la clara intención de dividir la opinión de los obreros, ofreciendo a los telefonistas tres opciones;

La continuidad del Comité Ejecutivo encabezado por Salustio Salgado, la entrega de la dirección sindical al Comité Democrático surgido del paro del 22 de abril o la realización de elecciones donde los telefonistas pondrían de manifiesto quién detentaría la titularidad sindical y por lo tanto, la del contrato colectivo.34 La trampa preparada por las autoridades no dio resultado, ya que la unidad mostrada por los paristas hacía previsible el triunfo del movimiento democrático.

El recuento se realizaría el 11 de mayo, con la firma de un convenio que lo garantizaba. Los telefonistas aceptaron regresar a sus labores, la empresa que se había mantenido ajena al conflicto intergremial aceptó “no imponer sanción alguna a los trabajadores que hayan suspendido sus labores en la empresa”  y como una muestra de querer ayudar a la solución del conflicto, aceptó “otorgar a los dos grupos en pugna, permisos con goce de salario a 46 trabajadores de cada grupo para que preparen el proceso electoral”.35

Con la confianza de obtener el triunfo en el referéndum gracias al apoyo proporcionado por las centrales oficiales y las autoridades laborales, Salustio Salgado respondió a las acusaciones hechas por los paristas respecto a la forma en que había llegado a la secretaría general del STRM, señalándolas como equivocadas, ya que la reelección “en los sindicatos mexicanos no existe por la voluntad de sus dirigentes, es una imposición de los trabajadores”, además agregaba que “si ser charro significaba conseguir un contrato para los trabajadores de 330 millones de pesos”, aceptaba el calificativo. En cuanto a la opinión de los paristas de que el fin de los charros, estaba cerca “a ellos les parecía que no”.36

En un último esfuerzo por desprestigiar al movimiento democrático que se daba en el STRM, los “charros” acusaban a Rafael Galván de estar detrás de éste. “La famosa izquierda, Galván siempre le ha tenido el ojo encima a los telefonistas”. Fidel Velázquez por su parte, acusaba a la Liga Comunista 23 de de Septiembre, al STUNAM y a la Tendencia Democrática del SUTERM de apoyar al movimiento de los telefonistas, “pues con la presencia de Antonio Gershenson dirigente de los nucleares, las infiltraciones… se evidenciaron”.37

La realización del referéndum obligó a los telefonistas a tomar en serio la organización, por lo que de inmediato empezaron a formarse comisiones con trabajos específicos, como prensa, finanzas, información, etc., además se nombraron nuevos delegados departamentales que se encargarían de establecer el contacto entre el Comité Democrático y los trabajadores, respecto a las secciones foráneas, se respetó su estructura organizativa señalada en los estatutos para el nombramiento de sus representantes.

Una de las conquistas obtenidas por el importante triunfo de los telefonistas a través del paro, fue que la votación se realizaría por medio del sufragio universal, con voto personal y secreto de casi 21 mil trabajadores de planta y 1500 eventuales, que por primera ocasión ejercerían sus derechos sindicales, inhabilitados por los Comités anteriores.

En un alarde de organización, el nuevo Comité Democrático, se propuso recorrer todas las secciones del sindicato para informar y convencer a los telefonistas de que su causa era justa y encontrar adeptos para la victoria final en el referéndum. Esta campaña se realizó gracias al apoyo financiero de los telefonistas, quienes proporcionaron más de 450 mil pesos para el sostén del movimiento, ya que en el convenio se había establecido que ninguno de los dos grupos podría hacer uso del local ni de las cuotas de los trabajadores.

El resultado del referéndum favoreció en forma abrumadora al Comité Democrático encabezado por Francisco Hernández Juárez por 14888 votos, que representaban el 86.36% de la votación, Salustio Salgado obtuvo únicamente 1813 votos, equivalentes al 18.52%, en cuanto a la realización de nuevas elecciones solo 549 trabajadores votaron en su favor. La votación hizo evidente el repudio que la mayoría de los telefonistas sentían contra la dirección sindical charra, por lo que la votación tuvo que ser suspendida por el Director de Inspección Federal del Trabajo.38

De esta manera, las pretensiones económicas que motivaron la paralización de las labores de los telefonistas, fueron superadas por el proyecto presentado por el Comité Democrático, es decir, la reforma de los estatutos, la democratización del sindicato, la independencia respecto a las centrales oficiales y la separación del STRM del Partido Revolucionario Institucional.

Sin embargo, la realización de este proyecto encontraría grandes dificultades para su realización, debido a que el Comité nombrado a raíz del paro, tendría un carácter provisional y el cual terminaría sus funciones en la ya cercana Convención o sería ratificado en el transcurso de la misma. La rapidez   y la desorganización en que fue electo dicho Comité, dio oportunidad a que se infiltraran en la dirección del sindicato diferentes corrientes políticas, así como gran número de oportunistas que utilizarían a la Convención en beneficio personal, haciendo a un lado el verdadero interés de los trabajadores, a cambio de posiciones políticas respecto del gobierno.

En efecto, desde el inicio del paro del 22 de abril, aparecieron documentos que mostraban la heterogeneidad en la posición política del movimiento democrático, por ejemplo, en un documento publicado por una de las corrientes de los telefonistas, un sector del Comité se pronunciaba por una posición independiente, al considerar que con la participación de la mayoría de los telefonistas, sería posible consolidar la democracia sindical y crear una estructura que permitiera la participación y movilización de todos los telefonistas. Además, consideraban que la organización de todos los trabajadores era la mejor garantía de la irreversible derrota del charrismo, señalando al Congreso del Trabajo como un mecanismo para “controlar a la clase obrera e impedir que los verdaderos trabajadores tomaran en sus manos las organizaciones sindicales”, por lo que no aceptarían la política que se caracterizaba por condenar a todos los movimientos que luchaban por imponer la democracia en sus sindicatos.39

En cuanto a las corrientes que se habían tardado un poco más en manifestarse, pronto hicieron su aparición, reformistas y derechistas se pronunciaban a favor del Congreso del Trabajo al señalar que la unidad del movimiento obrero era básica para el desarrollo del país. Esta unidad debería darla darse precisamente  a través de la poderosa central charra, ya que en opinión de Hernández Juárez, no veía “aún dentro de otras organizaciones, un movimiento obrero más organizado que el Congreso del Trabajo”.40 Aunque por otro lado acusaba al Congreso del Trabajo de ser cómplice de Salustio al permitir que éste implantara un clima de terror, amenazas y represión dentro del sindicato de telefonistas.

La nueva dirección sindical se propuso de inmediato realizar asambleas departamentales para conocer las necesidades concretas de cada centro de trabajo, además de fijarse nuevos objetivos como era la de lograr alianzas “ya no con la burocracia sindical, sino con la base social (para que), los trabajadores determinen las directrices generales inclusive del país”.41

La crisis de julio y la Primera Convención Democrática.

La victoria de los telefonistas puso de manifiesto el ascenso de la lucha obrera, ya que no se trataba de meros actos de inconformidad por la difícil situación económica que atravesaba el país y principalmente los trabajadores, sino de una tendencia concreta por devolver la democracia a los sindicatos, para convertirlos en verdaderos organismos de defensa de los intereses de los trabajadores. De esta manera, la movilización y el abandono de la apatía, mostraba a los telefonistas que era posible romper con el sometimiento que habían mantenido los antiguos dirigentes, utilizándolo como instrumento de control, en función del interés de patrones y gobierno.

La importancia del movimiento de los telefonistas, radicaba precisamente en el robustecimiento de la insurgencia obrera, por lo que la actitud asumida por el Congreso del Trabajo y de las autoridades laborales, tuvieron que cambiar debido a la unidad y combatividad mostrada por los telefonistas, esta actitud hizo que charros y gobierno esperaran otra mejor ocasión para golpear y abatir al movimiento.

Bajo estas circunstancias, los electricistas de la Tendencia Democrática decidieron emplazar a huelga a la Comisión Federal de Electricidad para el 30 de julio, cuatro días antes de las elecciones para Presidente de la República, acción que permitió que los pronunciamientos en contra de los electricistas democráticos se multiplicaran y fueran cada vez más agresivos. La actitud atentatoria del derecho constitucional de huelga asumida por el Secretario del Trabajo Carlos Gálvez Betancourt, al calificar de ilegal el emplazamiento por coalición de la Tendencia Democrática, fue respaldada abiertamente por dirigentes empresariales, políticos y funcionarios del gobierno, quienes públicamente discutían la forma más conveniente de reprimir a los electricistas.

El 22 de junio, el Presidente Echeverría había lanzado un llamado a la conciliación de las partes electricistas en pugna. Este llamado abría la posibilidad de iniciar la negociación de algunas reivindicaciones tratando de evitar un enfrentamiento con el gobierno, la Tendencia Democrática vio en este llamado el respaldo del Presidente y la inminencia del triunfo.

El Consejo Nacional de la Tendencia Democrática decidió entonces correr la fecha de la huelga para el 16 de julio. Se manejó que tomaban esta medida para no interferir en los comicios del 4 de julio, esto se tradujo en un desconcierto dentro de las filas y del conjunto de las fuerzas democráticas del país. La explicación era insuficiente, los mismos argumentos que se utilizaron para emplazar el 30 de junio, se emplearon para no emplazar ese día.

Se iba y simultáneamente, no se iba a la huelga. Se hacían preparativos para el 16 de julio, pero hasta cierto punto, hablaban de parar, en tanto que hablaban de que no habría necesidad de parar. Estaba de por medio la esperanza de siempre, de que el Presidente y los sectores nacionalistas del gobierno resolverían favorable y democráticamente el conflicto antes del día 16 de julio y le asestara un duro golpe al charrismo.

Por parte del gobierno encabezó las pláticas con la Tendencia Democrática, el Procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada. En el curso de las negociaciones nunca se manifestó como un elemento imparcial; su aparente arbitraje fue en realidad arbitrariedad a favor de los charros, ya que por momentos se comprometía a tomar medidas para reinstalar a los electricistas despedidos y cesar la intromisión de la CFE en los asuntos sindicales, para dar marcha atrás posteriormente. Las proposiciones para integrar y reestructurar la industria eléctrica presentadas por la Tendencia Democrática fueron ignoradas por Ojeda Paullada. Sin embargo, éste no pudo doblegar a los representantes de la TD y las negociaciones quedaron estancadas. El 15 de julio, los electricistas democráticos denunciaron algunos de estos hechos.42

La protesta de los electricistas democráticos fue generalizada cuando el ejército ocupó los centros de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad en casi todos los Estados de la República la madrugada del 16 de julio. La llegada de los charros y esquiroles a desalojar a los electricistas de la Tendencia Democrática permitió que miles de electricistas de todo el país quedaran fuera de sus centros de trabajo. Horas antes de que la huelga estallara, fue rota. La confianza que los trabajadores habían depositado en el Presidente, se derrumbó.

La prensa, la radio, así como la televisión dieron cabida a toda clase de calumnias contra los dirigentes de los electricistas, y los charros hicieron públicas sus condiciones: Todos aquellos electricistas que quisieran volver a su trabajo deberían de firmar un documento de adhesión al Comité Ejecutivo del SUTERM presidido por Leonardo Rodríguez Alcaíne, de esta manera el gobierno y los charros recuperaban la iniciativa política y buscaban romper la columna vertebral de la Tendencia Democrática con esa ofensiva.

La solidaridad con los electricistas fue limitada, se realizaron varias manifestaciones y actos públicos; hubo desplegados de apoyo, volantes y hasta paros solidarios de agrupaciones sindicales universitarias, y cuando los electricistas demandaron la ayuda solidaria de los telefonistas –que habían sido apoyados por los electricistas de la Tendencia Democrática durante el paro de abril-, les negaron su apoyo cuando el propio secretario general del “Comité Democrático” Francisco Hernández Juárez, ordenó se les impidiera la entrada y participación en las asambleas de los telefonistas.

Bajo este clima de tensión, los telefonistas previa asamblea de la sección matriz, decidieron convocar para el 10 de de julio  a la Asamblea Judicial Nacional, quién se encargaría de enjuiciar a los principales dirigentes sindicales del Comité depuesto. Por primera ocasión los trabajadores podrían aplicar la justicia a quienes por largo tiempo los habían sometido.

La Asamblea, después de más de 20 horas de discusiones, dictaminó en su primera fase (la segunda no llegaría a realizarse) la expulsión definitiva del sindicato de los principales dirigentes del antiguo Comité, acusados no solo de burlarse de los estatutos, sino también de lo pactado en contratos y convenios, pues aprovechando los puestos que las Convenciones amañadas les habían otorgado, estos fueron aprovechados para lucrar con los derechos de los telefonistas.

Este histórico tribunal obrero, dejó un saldo de 24 ex dirigentes expulsados, quedando pendiente para la segunda fase de la asamblea, los que mantenían lazos de amistad con algunos miembros del “Comité Democrático”. Esta Asamblea sentaba un precedente dentro del movimiento obrero en general, ya que quedaba como una lección permanente para los traidores de la clase obrera, pues se había castigado a “Los saqueadores de las cuotas sindicales y comerciantes de los derechos de la clase obrera”.43

Además de las expulsiones de los antiguos dirigentes sindicales. La Asamblea acordó expulsar a la Secretaria de Trabajo del Comité surgido del movimiento del 22 de abril, Rosina Salinas Urrutia, acusada de estar en contubernio con la empresa Teléfonos de México, en una clara maniobra para eliminarla de la lucha por la secretaria general del STRM, por la que también luchaba Hernández Juárez.

Desesperada, Rosina Salinas señalaba que la realización de la Asamblea Judicial era ilegal por o que “no reconocería las resoluciones que tomara”, además solicitó la intervención del gobierno dentro del sindicato para que investigara lo que ocurría dentro de él, llevando consigo provocadores con pancartas de apoyo para ella misma. La actitud de Rosina se tornó de ésta manera contra la Asamblea Judicial, acusándola junto con las Comisiones que la habían consignado, de ser ilegales por lo que los delegados a la Asamblea no dudaron en expulsarla de la organización.

La expulsión de Rosina dejó libre el camino para que Hernández Juárez figurara como el único candidato a la secretaría general del STRM, ya que la Primera Convención Democrática analizaría la participación de cada uno de los integrantes del Comité, para determinar si continuaban en su cargo o eran removidos.  Rosina Salinas había aprovechado la ausencia de Hernández Juárez para promoverse entre los numerosos delegados de Red Valle de México, quienes se habían manifestado a favor de la corriente que ella representaba.

Con la acusación hecha por el secretario de relaciones y actas Adolfo Maldonado, dio oportunidad de que Hernández Juárez aprovechara la fuerza que representaban los delegados de Red Valle, para así consolidar su posición en la secretaría general, prometiéndoles puestos en el Comité Ejecutivo. Esta corriente sería determinante en el transcurso de la Convención, ya que muchos de los acuerdos que se tomaron fueron consecuencia de la fuerza que representaban.

Sin embargo, la realización de la Asamblea Judicial, demostraba que con la voluntad de la mayoría de los trabajadores, era posible castigar a quienes habían especulado con sus derechos, esta acción de los telefonistas puso de manifiesto que los “charros”, no eran invencibles y mucho menos intocables.

La realización de la Primera Convención Nacional Democrática de Telefonistas, anunciada por el nuevo Comité, dejaba a los telefonistas como el bastión más importante del movimiento obrero. Esta Convención encontraría serias dificultades para llevarse a cabo, pues con el duro golpe que propinó el gobierno al movimiento obrero independiente representado por la Tendencia Democrática del SUTERM, quienes desde 1971 venían luchando por la democratización de su sindicato, al ocupar el ejército y cientos de esquiroles de la CTM las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, deteniendo con esto la huelga anunciada por los electricistas democráticos, dio oportunidad para que nuevamente las autoridades, la empresa y el Congreso del Trabajo, arremetieran contra los telefonistas en un intento por detener el movimiento democratizador dentro del STRM.

En efecto, quién inicio primero los ataques al sindicato de telefonistas fue precisamente Salustio Salgado, quién expulsado y consignado por disponer de 36 millones de pesos del fondo de resistencia del sindicato en beneficio personal, denunció al “Comité Democrático” como los autores “de una escalada en contra de las instituciones nacionales y de las organizaciones sindicales”, por lo que anunció que le había solicitado a la Junta de Conciliación y Arbitraje la nulidad del convenio celebrado el 25 de abril.44

Salustio señaló que eran falsas las acusaciones respecto de que había dispuesto de 36 millones de pesos, ya que durante su gestión al frente del sindicato, había rendido cuentas mensuales y anuales sobre el manejo de los fondos sindicales, cumpliendo en forma rigurosa y escrupulosa con lo que marcaban los estatutos. Este argumento valió para que el secretario general del PRI Augusto Gómez Villanueva, respaldara a Salustio como candidato a diputado federal por el VI distrito de Guerrero, ya que en su opinión, no se podía “partir de supuestos de considerar que los cargos sean fundados, independientemente de eso, el partido le dio su apoyo y ganó con amplio margen su candidatura de Diputado Federal”.45

Con el apoyo del partido oficial a Salustio, la empresa continuó su ofensiva contra los telefonistas al presentar cuatro puntos que el “Comité Democrático” debería cumplir para reconocerlo y entablar un nuevo tipo de relaciones con el sindicato. Al mismo tiempo apoyó la realización de una Convención encabezada por Rosina Salinas, quién apoyada también por la diputada Concepción Rivera y 85 delegados de las secciones foráneas, se pronunció por un nuevo sindicalismo, basado principalmente en el respeto y defensa de los trabajadores y, para lograrlo “no propiciaría enfrentamientos ni con la empresa ni con el gobierno”.46

Dentro de su programa de acción, señalaba que abordaría de inmediato los problemas laborales que afectaban a los telefonistas, a través de acciones conciliatorias, incluyendo un cambio de estructuras, refiriéndose principalmente al asunto de la no reelección, por lo que consideró que sería reconocida por las autoridades laborales.

Los cuatro puntos solicitados por la empresa eran: La reinstalación de todos los dirigentes expulsados, a excepción de Salustio Salgado; que se manifestara públicamente que no apoyaban a la Tendencia Democrática; Depuración de la “Línea Dura” del sindicato y el cese de los ataques contra la empresa. Además, negó los permisos a todos los delegados a la Convención, aún cuando estos permisos estaban pactados en el Contrato Colectivo, con esta acción, la empresa vioalaba el propio contrato.47

Es importante señalar que los cuatro puntos exigidos por la empresa no tuvieron respuesta inmediata por la intervención del Presidente Echeverría, pero cuando el “Comité Democrático” obtuvo el reconocimiento oficial y contrajo compromisos con el gobierno, las exigencias fueron cumplidas, es decir, el primer punto fue resuelto por la Secretaría del Trabajo a favor de los dirigentes expulsados del STR, a quién la empresa acordó pagarles los sueldos caídos, obligación del sindicato que los había expulsado. Respecto al segundo punto, Hernández Juárez manifestó que el apoyo a la Tendencia Democrática era solo moral. El tercer punto fue cumpliéndose paulatinamente, ya que para la revisión del contrato colectivo de 1978, existían 108 trabajadores despedidos, gran número de ellos pertenecientes a la “Línea Dura”. En relación al cuarto punto, el cambio del Comité fue radical, pues mientras antes de la entrevista con Echeverría la atacaban duramente, posteriormente en una Asamblea celebrada en el Teatro Fábregas, señalaban que “ellos habían sido puestos para defender los intereses de la empresa”.

Estos hechos obligaron a los telefonistas, instalados en Asamblea General Nacional y presionados por la corriente que representaba Hernández Juárez y los asesores jurídicos a recurrir al abrigo del Presidente Echeverría. Hubo inclusive la delegada de 04 simpatizante de Hernández Juárez, que advirtió a los delegados que de no apoyar de decisión del secretario general, el ejército estaba preparado para intervenir en el sindicato. Esta advertencia fue suficiente para que los delegados en masa se dirigieran a la casa presidencial, para entrevistarse con el Presidente Echeverría. De esta manera se hacía a un lado la movilización y con ello la posibilidad de demostrar que con la unidad y determinación del gremio era posible alejar las presiones.

45 minutos fueron suficientes para informar a Echeverría de la situación que prevalecía dentro del sindicato, es decir, de las presiones de la empresa y de que el Comité surgido de la IV Convención Extraordinaria encabezada por Rosina Salinas había sido reconocido por las autoridades del trabajo. Echeverría puso como condición para poder intervenir, que el Comité Ejecutivo y los delegados presentes, definieran su posición respecto a los últimos acontecimientos que se habían suscitado como consecuencia de la represión a los electricistas. El Comité Ejecutivo del STRM, señaló que en efecto, los telefonistas apoyaban a la Tendencia Democrática, pero solo moralmente. Estando de acuerdo en este punto, Echeverría advirtió a los telefonistas que se olvidaran de presionar con paros de labores como el efectuado en abril “ya que este tipo de actos pone en peligro el desarrollo económico del país”, señaló que  la salida del Congreso del Trabajo tendría que ser muy bien analizada, ya que de hacerlo causarían graves trastornos al movimiento obrero.48

Con la promesa de resolverles sus problemas a los telefonistas, Echeverría solicitó la presencia parea el día siguiente (20 de julio) de las autoridades laborales, del director general de la empresa y, del Comité Ejecutivo del sindicato. Este acto devolvió la dirección del STRM la confianza que había perdido como consecuencia del temor a la represión y a la desunión que empezaba a manifestarse en el seno del propio Comité.

Después de la entrevista con Echeverría. La empresa aceptó otorgar los permisos a los delegados y la Primera Convención pudo iniciar sus trabajos. Las tendencias políticas que se habían manifestado desde el inicio del movimiento se concretizaron,49 cuando los telefonistas bautizados por la empresa como “Línea Dura”, se manifestaron a favor de un sindicato independiente, por la democracia sindical y por la salida del Congreso del Trabajo.

Esta posición no era compartida por Hernández Juárez, quien acusó en su discurso inaugural a la ¡Línea Dura”, de querer enfrentar al sindicato en forma abierta al sistema político imperante en el país, pues se había adherido a un proyecto de izquierda irracional, lo que evitaría que la lucha del sindicato de telefonistas continuara por el camino de lo racional. Se lamentó de que estas tendencias hicieran eco “en compañeros urden todo tipo de frases heroicas con el firme propósito de demostrar su convicción revolucionaria pero olvidan que el cambio social no se riñe con la estrategia”.50

Con el apoyo presidencial, la Primera Convención Democrática se inició con el nombramiento de la mesa de debates, en seguida se puso a votación sin la presencia de Hernández Juárez, del orden del día anunciado por la convocatoria y en la que como uno de los puntos se analizaría la permanencia o no dentro del Congreso del Trabajo.

Informado de que la votación había sido llevada a cabo, Hernández Juárez señaló a los convencionistas la necesidad de analizar como primer punto la conveniencia de permanecer o no dentro del Congreso del Trabajo, pues era urgente entregar una respuesta a las altas autoridades, que estaban pendientes del resultado de la Convención. Para lograr su fin, Hernández Juárez argumentó que la salida del Congreso del Trabajo, dejaría aislado al sindicato de telefonistas del resto del movimiento obrero. Además, de que los telefonistas dejarían de percibir los beneficios económicos otorgados a los integrantes del Congreso, como eran los aumentos de emergencia concedidos por el gobierno, en un intento por detener el creciente descontento entre los trabajadores.

Estos argumentos fueron suficientes para que los delegados acordaran por mayoría, revocar el acuerdo de continuar con el orden del día anunciado en la convocatoria, pasando a discutir como primer punto la salida del Congreso del Trabajo. Casi sin discusión, la votación favoreció la propuesta del secretario general, es decir, permanecer dentro del Congreso, cuando solo 60 de más de 200 delegados, se sostuvieron en la posición de romper con la poderosa central obrera, que hasta antes de la Convención era casi unánime.

Superado este escollo, Hernández Juárez (que llegaría a ser presidente del Congreso del Trabajo), declaró satisfecho “Estamos dentro del Congreso del Trabajo, pero eso no quiere decir que estamos sujetos a él; nosotros vamos a peleara por todo aquello que beneficie a los trabajadores, inclusive podríamos contribuir más, al saneamiento del Congreso”, y agregó; “todo lo que tienda a beneficiar al país es bueno, siempre y cuando no afecte (sic) a las cuestiones básicas del país”, pronto se vería si estaban o no sujetos a las decisiones del Congreso, aún cuando la permanencia en él se había hecho por “razones tácticas”.51

Con el reconocimiento oficial, Hernández Juárez anunció que el STRM había acordado “no repudiar a la Tendencia Democrática”, aclarando que, los telefonistas “no apoyaban a Galván, sino a los trabajadores”.52 Sin embargo, la sección 3 de Puebla acordó apoyar a los electricistas democráticos. En un desplegado periodístico, los telefonistas de la sección poblana explicaron que aún cuando los trabajadores de la Tendencia Democrática eran acusados de atentar contra los intereses del Estado y del país “los telefonistas… consientes de que tal imputación es falsa ya que la lucha que nuestros camaradas han emprendido, tiene la finalidad de defender el inalienable derecho que tenemos los obreros de colocar, en nuestros puestos directivos, a auténticos representantes de nuestros intereses de clase y no a camarillas que usurpan las direcciones sindicales en contra de la voluntad mayoritaria de los obreros que dicen representar”.53

Con la posición asumida por la dirección sindical, el sindicato de telefonistas adoptaba la política de ceder a las presiones gubernamentales y crear ilusiones en la demagogia paternalista del gobierno, ya que la permanencia en el Congreso del Trabajo, garantizaba a éste continuar ejerciendo el control sobre los telefonistas. El acuerdo de mayor trascendencia política, fue sin duda la ruptura de los trabajadores telefonistas con el partido oficial. Si bien esta decisión se tomó como una simple reforma estatutaria, esta sería encubierta por la dirección sindical como una actitud de apoliticismo que debería de mantener el STRM.

Este hecho puso de manifiesto que el PRI empezaba a dejar de ser una alternativa  para los trabajadores, quienes empezaban a tomar conciencia de que éste partido solo representaba los intereses de los patrones, su principal enemigo de clase.

A esta reforma siguieron otras de igual importancia; en primer lugar se redujo el periodo de duración del Comité Ejecutivo de 4 a 2 años, encontrando amplia oposición a esta reforma por parte de Hernández Juárez; se limitó las facultades del secretario general del sindicato, quién no podría ya ocupar puestos de elección popular, así como en organizaciones que estuvieran en contra de los intereses de los trabajadores, no reelección de los representantes nacionales en un periodo inmediato; elecciones  por medio de voto directo y secreto; canalización obligatoria del 70% de las cuotas sindicales de cada sección para que fueran manejadas por ellas mismas. Esta reforma contenía mucha importancia, porque tendía a dar mayor autonomía a los organismos de base, teniendo como consecuencia mayor participación sindical de los trabajadores.54

Con la implantación en el sindicato de telefonistas de la Casa de la Cultura Autónoma del trabajador Telefonista, cristalizaba la propuesta de la “Línea Dura”, ya que esta se encargaría de educar sindicalmente a los trabajadores. Sin embargo,, esta propuesta también encontró fuerte oposición por parte de la corriente encabezada por Hernández Juárez, la cual no pudo impedir que la escuela sindical fuera creada.

Hasta aquí, los trabajos de la Convención se habían desarrollado con relativa calma. En efecto, con el triunfo del movimiento democratizador de abril, los telefonistas habían acordado que las actividades del Comité Ejecutivo que lo había encabezado, terminarían al finalizar la Convención, debiéndose nombrar nuevos integrantes, ratificar en sus puestos a los que ya estaban o convocar a elecciones. Estas propuestas acrecentaron la lucha por los puestos claves de la dirección del sindicato, pues eliminada la corriente que representaba Rosina Salinas, la lucha se centraría entre las corrientes  representadas Hernández Juárez y la “Línea Dura”.

Esta lucha anunciaba la ruptura de la unidad demostrada durante el movimiento de abril, cuando la Convención acordó solamente discutir la ratificación de los integrantes de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia y de las Comisiones nacionales, debido a la premura del tiempo. Previo acuerdo entre la “Línea Dura” y la corriente de Hernández Juárez, la elección de éste se realizó por aclamación y en forma unánime, así como la ratificación de la secretaria del interior.

Las cosas empezaron a complicarse cuando la Secretaría de Trabajo, dejada vacante por Rosina Salinas debería ser ocupada por un trabajador de Red Valle de México, ya que la “Línea Dura”, ignorando el acuerdo tomado con la Red, decidió sostener la candidatura de Luis Rojas Chávez, encontrando amplio apoyo entre los delegados de las secciones foráneas. De esta manera, el acuerdo de repartirse los puestos de la dirección del sindicato entre la “¨Línea Dura” y la corriente simpatizante de Hernández Juárez quedó roto.

Esta acción profundizaría más la división dentro del STRM, ya que de aquí en adelante, el resto de los puestos sindicales serían peleados ferozmente por cada uno de los grupos en pugna,  a pesar de las protestas de algunos delegados que optaron por retirarse de la Convención. El saldo de esta lucha, fue que solamente cuatro integrantes de la “Línea Dura”, ocuparon puestos dentro de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia (Luis Rojas Chávez, Secretario de Trabajo; Enrique Sandoval Pineda, Secretario Tesorero; Inocente Hernández, 1er. Secretario de Vigilancia y Raymundo Pedraza Lucio como 2º Secretario), el resto lo ocuparían simpatizantes de Hernández Juárez y oportunistas que se colaron, que en un intento por evitar que más integrantes de la corriente que lo había llevado a la secretaria general durante el movimiento de abril, llegaron a la dirección del sindicato, fueron apoyados por él.

El resultado de la Convención como puede verse, fue contrario a las aspiraciones del resto de los trabajadores, ya que si bien fue cierta que la organización del sindicato fue reestructurada, por otro lado se crearon dos corrientes irreconciliables entre sí, que tratarían cada una por su lado de llevar al sindicato a mejores posiciones dentro del movimiento obrero.

El golpe a los trabajadores democráticos del SUTERM, fue para todas las organizaciones que luchaban en esos momentos por cambios sustanciales en la sociedad mexicana. La ofensiva iniciada por los charros y el gobierno, y dirigida contra los telefonistas, fue principalmente para evitar el rompimiento con el PRI, con el Congreso del Trabajo y sobre todo para evitar que se concretara una alianza entre el STRM y la Tendencia Democrática, dieron los resultados previstos, es decir, dejar debilitado y aislado alejado del movimiento obrero independiente, al movimiento de los telefonistas.

Finalmente, la instalación del teléfono 3 millones, dio la oportunidad al Presidente Echeverría de felicitar al director general de Teléfonos de México Emilio Carrillo Gamboa y al secretario general del STRM Francisco Hernández Juárez, al señalar que al término de su gobierno veía con gran satisfacción que la dirección administrativa, técnica y sindical estuviera en manos de dos jóvenes que “tienen en el presente y en el futuro, una gran responsabilidad que deberán afrontar con un  criterio nacionalñista”.55

Echeverría daba su reconocimiento público a la nueva dirección del STRM, al señalar que Hernández Juárez había “impulsado una renovación democrática en el seno del sindicato, en beneficio de todos los trabajadores”.56 Por su parte, Carrillo Gamboa en un intento por alejar las diferencias con el sindicato de telefonistas, agradeció la participación “responsable y tesonera de los 22 mil telefonistas que día con día suman sus esfuerzos para dotar al país de más y mejores comunicaciones”.57

Hernández Juárez apoyado por Echeverría, se pronunció por la unidad para la realización de un proyecto nacional que contemplara la integración al desarrollo de los demás grupos  marginados, además de condenar la violencia que “no conduce más que a la represión”, expresó también su preocupación por el peligro que representaba la opinión  de un grupo de diputados norteamericanos cuya pretensión era “evitar la participación en el sexenio próximo de un grupo de hombres, cuya relevante y leal colaboración ha preocupado no solo a los interese extranjeros, sino, lógicamente a los grupos internos que se niegan al cambio”.58

Expresó también que los trabajadores telefonistas ofrecían su fuerza de trabajo y su combatividad para la formación de un nuevo proyecto nacional, que sería la única posibilidad de terminar “con la violencia y de conseguir la independencia y la soberanía para la conquista de nuestro destino histórico”.59

Notas:

1.- Uribe Castañeda, Manuel.

“La planeación laboral y el bienestar de los trabajadores”.

Línea, órgano teórico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Núms. 23/24, septiembre-diciembre de 1976, p. 84.

2.- Molina, Daniel.

“Notas sobre el Estado y el movimiento obrero”.

Cuadernos Políticos, núm. 12

Edit. ERA, México, abril-junio de 1977, p. 72.

3. – Molina, Daniel.

Op. cit. p.72.

4.- Echeverría Álvarez, Luis.

“VI informe de gobierno”.

Comisión Nacional Editorial del PRI.

México, 1976. P.60.

5.- Uribe Castañeda, Manuel.

Op. cit. p. 72.

6. – Molina, Daniel.

Op. cit. p. 72.

7.- Ibidem.

8.- Valero, Ricardo.

“Política obrerista”.

Temas Mexicanos.

Departamento Editorial de la Secretaría de la Presidencia.

México, 1975, p. 33-34.

9.- Ibidem. p. 35.

10.- Punto Crítico.

Año VI, núm. 69, 31 de enero de 1977.

11.- Excélsior, 26 de septiembre de 1973.

12.- Punto Crítico.

Núm. 64, 1973.

13.- Huacuja Rountre, Mario y Woldenberg Karakowsky, José.

“El Estado mexicano, una panorámica del gobierno de Luis Echeverría”.

Tesis, F. C. P. y S., UNAM, México, 1975, p.97 y ss.

14.- Ibidem.

15.- Ibidem.

16.- Carrillo Gamboa, Emilio.

“El servicio telefónico en México”.

En: el Estado Mexicano y la Economía, 1971-1976. Algunos aspectos, Comercio Exterior,

Núm. 4, Vol. 26. México, abril de 1976, p. 97.

17.- Ibidem.

18.- Ibidem.

19.- Voces de Teléfonos de México.

II época, año 16, núm. 207, marzo de 1979, p. 97.

20.- Punto Crítico.

Núm. 65, segunda quincena de julio, 1976.

21.- Galindo, Magdalena.

“El movimiento obrero en el sexenio echeverreista”.

Investigación Económica, núm. 4, oct-dic. de 1977, p. 114.

22.- Sánchez Escudero, Alfonso.

“Semblanza histórica del movimiento democrático en el STRM”.

Revista 22 de Abril, órgano oficial del STRM, núm. Especial, julio de 1976, p. 25-26.

23.- “El día que ocupamos el recinto sindical, he de confesarles que no lo hicimos por valor propio,           sino porque nos metió la policía. Lo demás sucedió por afinidad de ideas. Pienso que la gente intuyó que no había más que jugársela y aprovechó la oportunidad, ya que no es cierto que  ésta posibilidad se dé siquiera cada año”.

El Restaurador 22 de abril, órgano oficial del STRM, año II, octubre-diciembre, de 1977, núm.        10, p. 29.

24.-Excélsior, 23 de abril de 1976.

25.- Ibidem.

26.- Ibidem.

27.- Excélsior, 26 de abril de 1976.

28.- Ibidem.

29.- Ibidem.

30.- Ibidem.

31.- Ibidem.

32.- Ibidem.

33.- Ibidem.

34.- Excélsior, 26 de abril de 1976.

35.- Ibidem.

36.- Ibidem.

37.- Excélsior, 27 de abril de 1976.

38.- Según el Inspector Federal del Trabajo, no tenía caso continuar con la votación, en vista de que 15, 995 trabajadores habían votado.

Excélsior, 13 de mayo de 1976.

39.- Excélsior, 10 de mayo de 1976.

40.- El Día, 19 de mayo de 1976.

41.- Revista de Revistas.

1º de julio de 1976.

42.- Excélsior, 15 de julio de 1976.

43.- Gaceta Informativa.

Año I, núm. 4, 15 de julio de 1976.

44.- El Día, 16 de julio de 1976.

45.- Ibidem.

46.- El Día, 19 de julio de 1976.

47.- Ibidem.

48.- El Día, 20 de julio de 1976.

49.- Los principales puntos de la tendencia representada por la “Línea Dura” eran: 1) Constituirnos los telefonistas en un sindicato independiente, es decir, no aceptar intervenciones de organizaciones que estén en contra de los intereses de la clase obrera.

2) Por la democracia sindical, en donde la mayoría determine el rumbo de nuestra oorganización y no sean unos cuantos los que decidan por nosotros.

3)  Por la salida del Congreso del Trabajo, pues ha sido una organización que sirve a los líderes charros para controlar a la clase obrera e impedir que los verdaderos trabajadores tomen en sus manos las organizaciones sindicales, pues no aceptamos la política de los líderes del Congreso del Trabajo que se ha caracterizado por la antidemocracia y por las condenas a todos los  movimientos que han luchado por imponer la democracia en sus sindicatos. Esta política de los charros del Congreso del Trabajo ha expresado de diferentes maneras a lo largo de la vida, sin embargo, mantenemos lazos de compañerismo, fraternidad y solidaridad con la base trabajadora de todas las organizaciones obreras de nuestro país, convencidos  como estamos mde que son los obreros y no sus líderes los que deben de fijar el rumbo del proletariado para conquistar el papel histórico que tiene que cumplir en la sociedad mexicana”.

Acerca de las cuestiones políticas del STRM.

Julio de 1976.

La corriente representada por Hernández Juárez, era la de mantenerse dentro del Congreso del Trabajo para desde ahí, luchar por la democratización del  movimiento obrero, además de establecer una alianza abierta con el gobierno, todo esto con el asesoramiento de consejeros presidenciales (Hernándo Pacheco).

50.- Revista 22 de abril, órgano oficial del STRM. Núm. Especial, julio de 1976, p.12.

51.- El Día, 25 de julio de 1976.

52.- Ibidem.

53.- Excélsior, 28 de julio de 1976.

54.- Actas de la “Primera Convención Nacional Democrática de Telefonistas”.

22 al 31 de julio de 1976.

55.- El Día, 12 de agosto de 1976.

56.- Ibidem.

57.- Ibidem.

58.- ibidem.

59.- ibídem.