La primera revisión salarial.

La moneda mexicana que durante 22 años había logrado mantenerse en relación con las divisas extranjeras no podía ser ajena al contexto de la crisis económica, por lo que finalmente se hizo necesario tomar la medida de hacerla “flotar” para encontrar su verdadera paridad en el concierto de las constantes “caídas” de las monedas de los países capitalistas.

Esta medida fue tomada como consecuencia de la desconfianza que exhibieron los capitalistas hacía la situación por la que atravesaba la economía nacional, el crecimiento del endeudamiento externo, la expansión del gasto público y la profundización del desequilibrio externo.  El enorme aumento del déficit con el exterior,, no era solo producto de la dependencia comercial y financiera del país con respecto al imperialismo, sino también a la conducta patrióticamente desenfrenada de la burguesía nacional y extranjera de especular remitiendo al exterior sumas crecientes de capitales, lo cual acabó por vaciar las reservas de divisas del Banco de México, lo que hizo insostenible el endeudamiento con el capital financiero internacional.

El 31 de agosto de 1976, el Secretario de Hacienda Mario Ramón Beteta, anunció oficialmente la primera devaluación-flotación del peso mexicano, quien después de mantener un tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar, era devaluado como consecuencia de “la salida especulativa de capitales realizada por quienes con actitud egoísta e indiferente a los problemas de la nación, pretenden lucrar de esta manera”.1 Con esto, se reconocía plenamente que la especulación privada contra el peso se había convertido en deuda pública. A esta acción se le agregó un paquete de medidas complementarias destinadas a controlar los precios, ajustar salarios, evitar utilidades excesivas y proporcionar un monto estrictamente adecuado de crédito a los sectores público y privado, para derivar las máximas ventajas posibles y reducir al mínimo los impactos desfavorables de la nueva situación cambiaria.

Al día siguiente, en su sexto y último informe de gobierno Luis Echeverría señaló “Ciertamente, podríamos seguir sosteniendo el tipo de cambio actual con nuevos financiamientos externos o contrayendo la actividad económica y el nivel de empleo en el país, pero en las actuales circunstancias esa política sería inadecuada e inaceptable para una administración con sentido social… eliminaremos… ahora los factores limitantes que establece el actual tipo de cambio para que la política de reestructuración económica nacional y de generación de empleos, que debe apoyarse en el aumento general de la actividad productiva, pueda alcanzar el éxito que deseamos. El tipo de cambio actual ya no es conciliable, en estos momentos, como lo fue en el pasado, con nuestras metas”.2

Como resultado de la devaluación disfrazada de “flotación”, numerosas manifestaciones de todos los órdenes e ideologías fueran hechas. Partidos Políticos, Secretarios de Estado, Gobernadores, Empresarios y Trabajadores, externaron su opinión de la medida tomada por el gobierno. El Presidente electo opino que “no podíamos seguir sacrificando los intereses de México con un tabú. Que se había convertido de medio en fin, de precondición en objetivo. Estábamos sacrificando el desarrollo del país en los últimos meses para mantener una paridad que solo estaba favoreciendo a quienes constituyen la parte menos respetable de nuestra sociedad”.3 De esta manera, se daba fin  al mito del desarrollo estabilizador, que era la permanencia inmóvil del cambio monetario.

A pesar de las promesas de los empresarios de colaborar para evitar abusos, especulaciones y acaparamientos en el comercio, éstos aparecieron de inmediato. Constantes y alarmantes elevaciones de precios se observaron al día siguiente del anuncio de la “flotación”.

Al mismo tiempo que se modificaban los precios de las mercancías existentes, los representantes del movimiento obrero iniciaron las gestiones para obtener un ajuste general de salarios, ya que en el último informe del Presidente Echeverría se había anunciado que “con efectos a partir de esta fecha (1º de septiembre), se ajustaran el último día 30 de septiembre los salarios de los trabajadores al servicio del Estado y de los miembros de las Fuerzas Armadas para que se restituya su poder adquisitivo en la medida que se haya demeritado, desde su última revisión y en proporción que resulte afectado por el aumento en el nivel de los precios”.4

Al concluir la Octogésima Séptima Asamblea General del Consejo Nacional de la CTM, Fidel Velázquez señaló que “tenemos que tomar en cuenta que el proceso de revisión anual de los salarios no va ser suficiente para lograr que el trabajador recupere la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido, porque no basta con aumentar los salarios anualmente para resolver un problema de esa naturaleza (la inflación). Ahora, independientemente de la revisión anual, se va a necesitar hacer una demanda general de salarios”.5

Sin embargo, el excesivo aumento de los precios y la temida especulación con alimentos y bienes de consumo necesarios, llevo a las organizaciones obreras a demandar sustanciales aumentos de salarios. En las negociaciones los obreros pidieron el 65%, en tanto que los empresarios solo ofrecieron el 10%, que los trabajadores calificaron como “poco serio”. Los representantes de las centrales oficiales fundamentaron su petición en que “…el salario del trabajador no es para comprar dólares, sino alimentos”,6 Fidel Velázquez todavía más radical afirmó que la demanda salarial planteada a los empresarios “…apenas si cubre el deterioro de la devaluación, ya que las investigaciones de los especialistas cetemistas apuntaban que la pérdida del poder adquisitivo fue de 64.8%, motivada en gran parte, por la elevación indiscriminada de los precios”.7

Después de varios días de negociaciones, con la conciliación del gobierno federal, el 24 de septiembre se aceptó la “recomendación” presidencial en el sentido de aumentar los salarios con retroactividad al 1º de septiembre, en la siguiente proporción. Para los salarios hasta de 10 000 pesos, 23%; para los salarios de 10 001 a 20 mil pesos, 21% y para los salarios mayores de 20 mil pesos, 16%. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anunció que, atendiendo a la “recomendación” presidencial, el salario mínimo vigente del 1o de octubre al 31 de diciembre de 1976, se incrementaría en 23% y a los trabajadores al servicio del Estado y las Fuerzas Armadas se les incrementaría su salario, es decir, en los misma proporción que al resto de los trabajadores.

En medio de una ola de rumores de un eventual golpe de Estado y de que las cuentas bancarias serían congeladas, el 26 de octubre el Banco de México informó que abandonaría la paridad del peso, que se había mantenido desde la devaluación de agosto, esto trajo como consecuencia una segunda devaluación. De esta manera, en solo dos meses, la devaluación fue de poco más del 100%.8

Leves protestas se produjeron entonces, los telefonistas que se habían dedicado a reorganizar y consolidar su organización sindical, iniciaron nuevas movilizaciones, esta vez a nivel seccional, ya que habiéndose sacudido el control de sus antiguos dirigentes y gracias a la autonomía que los nuevos estatutos les otorgaban, diversas secciones del STRM iniciaron movimientos de protesta en contra de las autoridades estatales y de la poderosa empresa telefónica.

Las primeras secciones en movilizarse fueron las de Estado de Sonora, que descontentas por el doble impuesto con que su salario era gravado (impuesto federal y estatal), decidieron lanzarse a la lucha para denunciar que los trabajadores del Estado de Sonora pagaban un impuesto “11 veces superior al pagado por los industriales, más del doble que el de los agricultores, cuatro veces superior al de los ganaderos y casi ocho veces más que el de los comerciantes”.9

La movilización iniciada por los telefonistas sonorenses, no dio los resultados que ellos esperaban, por lo que para el11 de diciembre de 1976, decidieron convocar a una manifestación, para la cual solicitaron el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, así como de diversas organizaciones campesinas, obreras y estudiantiles del Estado. Los telefonistas sonorenses señalaron “los trabajadores sonorenses ya no podemos cargar sobre nuestras espaldas el mantenimiento del ´aparato estatal´, porque tenemos un sueldo raquítico ya de por sí, deteriorado con la última devaluación del peso”.10 El resultado de esta movilizaciones, provocó la modificación de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, quedando reducido en 76% el impuesto sobre los sueldos gravados por el doble impuesto.

A esta acción, se sumo en el mismo mes de diciembre, el movimiento de la sección 5 de Veracruz, quienes en defensa de sus intereses y derechos, decidieron movilizarse en contra de Teléfonos de México, ya que la empresa utilizando su arma favorita, empezó a boicotear todos los trámites que a efecto llevaba el Comité local y los delegados surgidos del movimiento de abril.

Instalados en Asamblea General de la sección, los telefonistas acordaron, en virtud de la intransigencia de la telefónica, otorgarle a ésta un plazo para que reconsiderara su actitud, o en su defecto, ni un solo trabajador de la sección trabajaría tiempo extra fuera del estipulado por la Ley Federal del Trabajo, además de que nadie manejaría los vehículos de la empresa, pues esto no estaba establecido en el contrato colectivo de trabajo.

A pesar de la presencia de las más altas autoridades de Teléfonos de México y del Comité Ejecutivo Nacional, las soluciones a las peticiones de los telefonistas de la sección 5 no se concedieron, por lo que el 22 de diciembre cumplieron su amenaza. La empresa sorprendida por la combativa actitud de la sección, calificó la acción de los trabajadores como ilegal, por lo que en un intento para intimidar a los telefonistas, citó a investigación a todos los trabajadores que se habían negado a manejar los vehículos de la empresa, aún cuando las autoridades laborales de la localidad, habían dictaminado que los telefonistas no tenían obligación para realizar esa actividad, a menos que tuvieran categoría de chofer.11

Gran número de secciones del STRM empezaron a pronunciarse en apoyo de la sección de Veracruz, advirtiendo a la empresa que de no cambiar su actitud, el problema rebasaría los límites de la sección, transformándose en un  movimiento de carácter nacional. Ante esta demostración de fuerza y unidad y temerosa de que el movimiento creciera, la empresa accedió a dar solución a todos los problemas planteados por la sección.

Satisfechos por la victoria, los telefonistas de la sección 5 decidieron levantar los acuerdos tomados, por lo que a partir del 14 de diciembre, las relaciones entre los trabajadores y la empresa quedaron restablecidas.

A estas acciones, se sumo la movilización de la sección 3 de Puebla, cuando los trabajadores exigieron el respeto al contrato colectivo de trabajo por parte de Teléfonos de México. Siguiendo el ejemplo de la sección 5, los telefonistas poblanos amenazaron con no trabajar más tiempo extra que el estipulado por la Ley Federal del Trabajo, así como no manejar los vehículos de la empresa, si no se solucionaban favorablemente los problemas planteados por la sección desde junio de 1976.

Los telefonistas poblanos habían enfocado el problema desde el punto de vista estrictamente entre los trabajadores y la empresa. Sin embargo, la empresa lo enfocó desde el principio como un problema de carácter político, por lo que intencionalmente dejo pasar el tiempo señalado por los telefonistas de la sección. Esta actitud obligó a los telefonistas a cumplir con su amenaza el 17 de enero de 1977, a pesar de que la empresa a través de sus empleados de “confianza”, los amenazó con enviarlos a investigación por negarse a trabajar.

Las autoridades laborales locales, opinaron que la forma de tratar el problema por parte de la empresa estaba equivocado, ya que su actitud era la de “tratar de apagar el echándole gasolina”, por lo que recibiendo instrucciones directas de la Secretaría del Trabajo, hizo una doble recomendación con la intención de resolver el problema planteado por los telefonistas poblanos. La primera recomendación fue para el Comité Ejecutivo local, en el sentido de que dejara de forzar a la empresa, a fin de que sin presiones de las partes en conflicto pudiera llegarse a una solución.12

Ante tal recomendación, se empezaron a manifestar entre los trabajadores dos posiciones contrarias: 1) El Comité Ejecutivo local se pronunció a favor de la recomendación hecha por las autoridades laborales, encontrando ésta amplia oposición entre la mayoría de los trabajadores de base de la sección, pues en su opinión, 2) la presión debería mantenerse hasta sus últimas consecuencias pues de no hacerlo así “se dejaría libres las manos a la empresa para desatar la represión sin tener nada que se opusiera en su contra (sic)”.13

El Comité local argumentó que si no era aceptada la propuesta de la Secretaría del Trabajo, esto se tomaría como un acto de rebeldía, por lo que se instrumentaría que la sección no solo se enfrentaba a la empresa sino contra el gobierno mismo “El carácter de la recomendación no dejaba lugar a dudas acerca de cuál era la esencia de su contenido y esto sin que los integrantes de la sección supieran si en éste conflicto contarían con el apoyo decidido y enérgico del Comité Ejecutivo Nacional”.14

Esta argumentación fue suficiente para que el 19 de enero de 1977, la Asamblea General de la sección determinara levantar la presión, haciendo la comunicación de éste acuerdo a las autoridades laborales y a la empresa a fin de establecer la tregua solicitada por la Secretaria del Trabajo.

Alejada la presión y ante la indiferencia de las autoridades laborales, la empresa advirtió que continuaría con las investigaciones a 64 telefonistas de la sección. A pesar de las gestiones iniciadas por el Comité Ejecutivo local, la empresa en forma totalmente ilegal, rescindió el contrato de trabajo a 8 telefonistas y aplicó días de suspensión y amonestaciones escritas a los trabajadores restantes, al mismo tiempo –utilizando a los empleados de confianza- intentó debilitar los avances del movimiento democrático de la sección, haciendo repartir volantes en donde se desprestigiaba a los representantes sindicales e invitar a los trabajadores a unirse al “Comité de Renovación Sindical”, para desconocer a los dirigentes de la sección.15

Una vez más, la unidad demostrada por los telefonistas impidió que tales acciones se llevaran a cabo, cuando la Asamblea General de la sección no desconoció al Comité local, sino que reafirmó la unidad de la sección en torno a él, proponiendo nuevas medidas de presión contra Teléfonos de México, solo que esta vez evitando que la empresa encontrara cualquier pretexto que pusiera en peligro a los trabajadores. Para esto, solicitaron el apoyo de todas las secciones del sindicato que enfrentaban los mismos problemas, además de que se denunciaría públicamente la actitud asumida por la empresa y las autoridades laborales.

En el contexto de la crisis económica, el nuevo gobierno inició su gestión solicitando una tregua para establecer medidas mínimas para salir del apuro.

En los cambios al proyecto político no sólo fueron hechas a un lado las pretensiones populistas del gobierno anterior, sino que se cancelaron también las políticas de fortalecimiento de las bases populares del Estado a través de una política de concesiones a esos sectores. La petición de la tregua se tradujo para los sectores populares en la aceptación de auto limitar sus reivindicaciones hasta que el país saliera de la crisis.

Un punto sustancial para reorientar la política económica, fue restablecer la confianza no solo de los grupos económicos internacionales sino también con los nacionales. Por lo que el nuevo gobierno solicitó al sector obrero, que para hacer frente a la crisis, aceptara  limitar sus demandas salariales hasta en un 10%.

De esta manera, los trabajadores que se habían propuesto hacer efectiva la reforma a la Ley Federal del Trabajo, promovida por el gobierno de Luis Echeverría respecto a que anualmente se harían ajustes a los salarios, se vio bloqueada por la política de “austeridad” impuesta por el gobierno de José López Portillo, ya que los aumentos al salario no rebasarían el 10%.

El sindicato de telefonistas, que a diferencia de los sindicatos controlados por el gobierno y la burocracia sindical, acordaron el 24 de febrero de 1977, levantar la demanda de 50% de aumento a los salarios, así como realizar dos manifestaciones para presionar a la empresa telefónica y dar a conocer al Pueblo la justeza de su demanda. Sin embargo, se llegó a estos acuerdos sin que se discutiera ampliamente, ya que el Comité Ejecutivo Nacional solo se preocupó por convocar a asamblea a algún departamentos, en las que en forma tendenciosa se trató el asunto de los salarios, ya que en opinión de la dirección nacional del sindicato, la crisis que vivía el país, hacía difícil que se consiguiera un aumento considerable, llegando a la conclusión “…de que la lucha económica era un problema político”.16

A pesar de los intentos del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Hernández Juárez de reducir la demanda de los telefonistas, éstos reforzaron su petición al señalar que con el aumento de un porcentaje justo, sería posible hacer frente a sus principales necesidades. Respecto a las dos manifestaciones que se realizarían, éstas se harían exclusivamente con telefonistas, pues en opinión del secretario general, de esta manera se evitarían provocaciones. Con esta actitud, la dirección del sindicato de telefonistas hacía a un lado, la necesidad de buscar la solidaridad del resto del movimiento obrero.

La realización de la primera manifestación encontró serias dificultades, pues aun en contra de la dirección del sindicato, los delegados departamentales acordaron que la realización de la manifestación se haría de la Central Victoria a las oficinas de Teléfonos de México. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional señaló que como las autoridades del D.F., no habían concedido el permiso para la realización de la manifestación, esta se llevaría a cabo del local del sindicato al edificio de la empresa. Este hecho que al principio causó desconcierto entre los trabajadores, fue superado por la rápida acción de la “Línea Dura”, convertida ya en Corriente Democrática del STRM, quien desde el inicio del movimiento de abril de 1976, se había manifestado a favor de la independencia sindical respecto a las organizaciones controladas por el gobierno y, con el apoyo de algunos sindicatos independientes, logró que la mayoría de los telefonistas de la sección matriz se reunieran en el lugar acordado por los delegados departamentales, en oposición a la corriente que encabezaba Hernández Juárez que planteaba la alianza con todas las organizaciones controladas por el gobierno y la permanencia del STRM en el Congreso del Trabajo, para desde ahí, alcanzar la unidad del movimiento obrero.

La presencia de la policía no atemorizó a los telefonistas, por lo que se hizo necesario la presencia del secretario general del STRM, para que convenciera a los manifestantes y depusieran su actitud para que la marcha pudiera realizarse, finalmente y con el apoyo de la policía, Hernández Juárez “invitó” a los telefonistas a que la marcha se iniciara en el lugar que había sido acordado por el CEN.

Con la primera manifestación pública realizada el 13 de marzo en la sección matriz, de hecho se inició la lucha por alcanzar el 50% de aumento en los salarios, esto a pesar de las maniobras tendientes a sabotearla, pues a solo 3 días de la manifestación, el Comité Ejecutivo Nacional convocó a los delegados departamentales de la sección matriz a una Asamblea para nombrar a la Comisión que se encargaría de negociar el aumento salarial, tomándose además el acuerdo de desconocer el tomado en la Asamblea del 24 de febrero, pues en oposición al CEN, los delegados consideraron necesario solicitar la solidaridad de otras organizaciones obreras.

La primera medida que tomo el CEN para evitar que la manifestación se realizara, fue informar que el permiso no había sido otorgado, por lo que los delegados decidieron realizarla con o sin permiso. El Comité Ejecutivo del sindicato mostro poco interés para lograr la unidad en momentos difíciles para el sindicato, por lo que en lugar de convencer a los telefonistas de los peligros de realizar la manifestación, se dedicó junto con 24 individuos17 a realizar una campaña de intimidación y difamación hacia los propios trabajadores, ya que en las escasas asambleas realizadas para informar y, en los recorridos en los centros de trabajo se repartían volantes con informaciones como “qué cómo iban a participar otras organizaciones, se había negado el permiso se iba… a reprimir la marcha” y agregaban, “que grupos estudiantiles iban a ir armados”.18

Estas acciones estaban encaminadas a que la marcha no se realizara en forma satisfactoria y poner al sindicato en clara desventaja ante la empresa. Hernández Juárez por su parte decidió que “bajo responsabilidad del CEN, se revoca el acuerdo de la asamblea de delegados, de invitar a otras organizaciones”.19 A pesar de la oposición del CEN, los preparativos para la manifestación siguieron adelante.

A la campaña de intimidación se sumaron las imposiciones y la manipulación por parte de la dirección del sindicato, así como la represión de la policía que apoyando al secretario general de los telefonistas, obligó a los trabajadores a realizar la manifestación del local del sindicato a las oficinas de la empresa.

La demostración de unidad puesta de manifiesto por los telefonistas y la presencia de importantes sindicatos independiente, obligó al secretario general del STRM a señalar en forma totalmente demagógica que “A través de la auténtica lucha de los telefonistas marchamos hacia donde nos lleve el interés mayoritario de los trabajadores”. Por su parte el secretario tesorero y dirigente de la Corriente Democrática Enrique Sandoval, tras reiterar que “es justo el aumento que pretenden los telefonistas del 50% en sus salarios”, demandó la reinstalación de 8 trabajadores despedidos de la sección 3 y 10 de la sección matriz.20

Terminada la manifestación y el mitin, los trabajadores telefonistas ante llamado de 4 de los 5 oradores, acordaron realizar una asamblea en la que junto con representantes de los sindicatos independientes, principalmente universitarios, criticaron los errores y maniobras del CEN de tratar de impedir la movilización. El CEN por su parte, reclamó la actitud provocadora que habían asumido las organizaciones independientes, desconociendo que éstas habían acudido al llamado de los delegados de la Corriente Democrática, opositores al CEN, a quienes acusaron de introducir el comunismo en el STRM.

Al darse a conocer públicamente las pretensiones de los telefonistas, el Congreso del Trabajo a través de su Presidente en turno declaró “no se debe agravar la situación económica del país, la clase obrera está disciplinada y se abstiene de hacer demandas que no correspondan a la realidad [el Congreso del Trabajo] se verá en la necesidad de aplicar severas sanciones que pueden llegar inclusive hasta la expulsión”.21

Como consecuencia de la ruptura con el grupo que había llevado a Hernández Juárez a la secretaria general del STRM, éste empezó a introducir como trabajadores a sus antiguos compañeros del Politécnico, con quienes había participado en la formación de un grupo “cultural”, al que denominaron “Ateneo Lázaro Cárdenas”, a quienes de inmediato consiguió permiso con goce de sueldo, encomendándole principalmente a Mateo Lejarza la tarea de vocero oficial del STRM.

La amenaza de expulsión trajo resultados inmediatos, la dirección del sindicato, a través de Mateo Lejarza, señaló que el CEN no había estado de acuerdo con la participación de las organizaciones independientes invitadas por la Corriente Democrática, por lo que acuso a la Tendencia Democrática, al Partido Comunista y a los sindicatos independientes de “crear problemas con las fuerzas del orden durante el desarrollo de la manifestación de los telefonistas”, además de acusarlos de ser quienes causaron del descontrol de los telefonistas.22

La dirección del STRM manifestaba que no deseaba enfrentamientos ni con el Congreso del Trabajo ni con las organizaciones independientes, por lo que para alejar la amenaza de la expulsión, señalaron que el 50% no era una exigencia de todo el sindicato, ya que había secciones del STRM que solicitaban el 30 y el 35%, por lo que no se podía acusar al STRM de querer romper la tregua impuesta por el gobierno, como ejemplo de la buena voluntad del CEN, señaló que la Telefónica Nacional había acordado con los telefonistas del Estado de Coahuila el 10% de aumento en los salarios. Con esta aclaración, las preocupaciones del Congreso del Trabajo fueron alejadas, por lo que acordó dar su apoyo solidario a la demanda salarial de los telefonistas, cuyos dirigentes podrían dormir tranquilos, pues continuaban apoyados por la burocracia sindical.

[“El capitalismo solo puede mantenerse rebajando el nivel de vida de la clase obrera. En estas condiciones los sindicatos pueden o bien transformarse en organizaciones revolucionarias o bien convertirse en auxiliares del capital en la creciente explotación de los obreros. La burocracia sindical tomó el segundo camino. Volcó toda la autoridad acumulada por los sindicatos en contra de la revolución socialista e incluso en contra de cualquier intento de los obreros de resistir los ataques del capital”. Hyman, Richard. El marxismo y la sociología del sindicalismo. Edit. ERA, México, 1979]

De esta manera, con la imposición de una “tregua” ante la crisis, la “Alianza para la Producción”, inaugurada por López Portillo empezó a rendir sus frutos cuando las organizaciones oficiales empezaron a aceptar el 10% “sugerido” por el Poder Ejecutivo. Así, y en apoyo a la política de austeridad, importantes sindicatos como el STFRM aceptaron sin más trámite el 10%.  En el SME el 10% impuesto por Torres Ordoñez al margen de los trabajadores y por encima de ellos, firmó con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro el aumento salarial, lo cual trajo como consecuencia el descontento y la indignación de los electricistas. Al mismo tiempo, Altos Hornos de México, a pesar de las maniobras de la empresa, los trabajadores metalúrgicos además del 10% de aumento, arrancaron a la empresa plantas para los trabajadores eventuales, así como otras prestaciones de carácter social y en Nissan, a pesar de la movilización de los trabajadores, les fue impuesto el tope salarial.

La creciente ola de descontento por la imposición del 10%, provocó que varios líderes de las centrales obreras oficiales empezaron a declarar que los empresarios no respetaban la tregua, por lo que se propusieron exigir para el mes de mayo un nuevo aumento de salarios. Haciendo eco a las palabras del máximo líder de la CTM, el secretario general del STRM Francisco Hernández Juárez, señaló, que la tregua solo era respetada por los trabajadores, por lo que el aumento del 10% en los salarios “debe discutirse en el Congreso del Trabajo, ya que es el organismo adecuado para dar la respuesta y los telefonistas vamos a hacernos solidarios con el acuerdo que de ahí salga”.23

Oficialmente, el 24 de marzo fue presentado el pliego de peticiones, junto con el emplazamiento a huelga contra Teléfonos de México y que debería estallar en caso de no cumplir con las exigencias de los telefonistas el 25 de abril a las 12.01 horas. La petición de los telefonistas se fundamentaba en la creciente alza de los precios en los artículos de primera necesidad, lo que trajo como consecuencia una importante disminución en el poder de compra de los obreros, además, de que la capacidad económica de la poderosa empresa telefónica podía en forma considerable acceder a las peticiones que ellos hacían. Los telefonistas señalaron “no somos exigentes, pero lucharemos por obtener un aumento decoroso  en nuestros salarios que nos permita aliviar nuestro precario modo de vida”.24

La dirección del STRM advirtió que no daría marcha atrás en la demanda del 50%, sin embargo, estas afirmaciones estaban encaminadas para crear el descontento entre los trabajadores, por lo que reiteraba que acataría el acuerdo el acuerdo tomado por la asamblea departamental del 02 y, que había sido tomado por toda la sección matriz.

Por un lado, el CEN continuaba manifestando que el 50% no era una demanda de todos los telefonistas, en contra de ésta argumentación, las secciones más importantes del sindicato (Monterrey, Guadalajara y Puebla), se pronunciaron a favor del aumento del 50%. Pero la verdadera preocupación del CEN era que esa demanda se redujera como fuera, para facilitar las negociaciones con la empresa.

Previendo que la empresa se mantendría intransigente, la huelga tendría que estallar, por lo que para evitar que ésta fuera rota, el CEN informó que había solicitado un amparo contra la requisa, para así hacer efectivo el derecho señalado por la Constitución: la huelga.

Esta medida tomada por la dirección del STRM, dio oportunidad para que los ideólogos del partido oficial se pronunciaran en contra del movimiento de los telefonistas, calificando las demandas de los telefonistas como irracional, además de señalar que el movimiento estaba “concebido para causar tensiones sociales, para crear motivos de malestar, y para provocar el endurecimiento de un gobierno que ha declarado su decisión de no endurecerse”.25

Para la segunda manifestación acordada por los telefonistas en la asamblea del 24 de febrero, los trabajadores hicieron un llamado a participar en ésta, tanto a los miembros del Congreso del Trabajo, como a los sindicatos independientes, con esta invitación, los telefonistas buscaban la solidaridad del movimiento obrero en general.

Sin embargo, la dirección del sindicato continuaba empeñada en enfrentar al sindicato en forma aislada contra la empresa, ya que aceptó de buen agrado la invitación a los miembros del Congreso del Trabajo, quienes solo enviaron a un representante por cada organización afiliada y, ya durante la manifestación, la dirección del STRM rechazó una vez más a la Tendencia Democrática del SUTERM y a los sindicatos independientes, quienes asistían al llamado de los telefonistas opositores al CEN, por ésta razón, el secretario general ordenó a Mateo Lejarza que impidiera la participación de éstos contingentes.

De esta forma, cerca de 12 mil trabajadores telefonistas se manifestaron en contra del raquítico  8% ofrecido por Teléfonos de México, reiterando la decisión de irse a la huelga si la empresa no accedía a sus demandas, aún cuando el 50% solicitado inicialmente había sido reducido hasta el 25%. Al mismo tiempo, aprovechando la presencia del Secretario del Trabajo en la ciudad de Guadalajara, los telefonistas de la sección 2 se manifestaron en favor de “un aumento decoroso para los trabajadores, la empresa se enriquece con lo que nosotros producimos, lo que pedimos es justo, queremos un aumento de 50%”.26

Terminada la manifestación, la realización de un mitin dio la oportunidad para que el secretario general del STRM, señalara (demagógicamente) que ese día (21 de abril) había sido posible la unidad de los sindicatos pertenecientes al Congreso del Trabajo y los sindicatos independientes, argumentando que el sindicato de telefonistas podría convertirse en el “puente” para que el movimiento obrero se unificara para luchar en contra de los enemigos de los trabajadores y afirmó “la mayoría de los trabajadores están dispuestos, inclusive a apoyar al gobierno si implanta políticas en donde los trabajadores sean beneficiados”. 27

Los telefonistas acusaron a la empresa de intransigente ya que ésta ofreció el 8% de aumento, aún cuando los telefonistas en ningún momento se habían negado a negociar, por lo que la demanda, ahora del 25% era solo la respuesta racional y meditada ante el deterioro sufrido en los salarios “mientras los capitalistas hacen su agosto a costa del empobrecimiento de las masas”.28

El sindicato de telefonistas, además del emplazamiento de huepplga contra Teléfonos de México, emplazó por violaciones al contrato colectivo de trabajo a sus empresas filiales, INSUSA, RECTEL y Teléfonos y bienes Raíces, huelgas que estallarían el 27 de abril.

La disposición de contribuir con la política salarial impuesta por el gobierno, por parte de la dirección sindical del STRM, se dejó entrever cuando Hernández Juárez opinó que los telefonistas podrían aceptar el 10% de aumento, en vista de que la Asamblea General Nacional del sindicato, había analizado la política que el gobierno había mantenido en las revisiones salariales de otros sindicatos, de ahí que la Asamblea estaría de acuerdo en aceptar el tope salarial.

Con opiniones como éstas, la separación entre la Asamblea y el CEN se hacía más grande, ya que sí por un lado los trabajadores estaban dispuestos a llevar el movimiento hasta sus últimas consecuencias, la dirección del sindicato ocultaba sus verdaderas intenciones al declarar demagógicamente que ellos estarían dispuestos a llegar a la huelga “porque de nuestra bandera de lucha y por delante están los intereses de los telefonistas”,29 en un intento por no perder la confianza y el apoyo de la Asamblea, que se venía debilitando por las acciones de sus provocadores.

A pesar de que los telefonistas insistían en que a la empresa le era fácil conceder la demanda de sus trabajadores, Teléfonos de México señalaba que en efecto, la empresa no trabajaba con números rojos, sin embargo, el incremento de su capital a 596 millones de pesos sería utilizado en reinversiones, por lo cual les era imposible dar una respuesta positiva a la demanda de los telefonistas. La exigencia  de los trabajadores, hizo que los representantes de la empresa en ocasiones se tornaran agresivos e irrespetuosos, actitud que no amedrentó a los dirigentes sindicales, pues contaban con el “apoyo del Congreso del Trabajo y. otras organizaciones independientes y con nuestra propia fuerza”.30

La empresa se mantenía intransigente, por  lo que la preocupación de Hernández Juárez iba en aumento. El estallamiento de la huelga se acercaba y los trabajadores no cedían en sus demandas, por lo que se hizo indispensable empezar a manipular a la Asamblea, ya que a las 4 de la madrugada, tanto la presidencia de los debates como el grupo simpatizante a Hernández Juárez, comenzaron a impedir que se tomaran acuerdos favorables a los trabajadores. La oposición de los delegados a las maniobras del CEN, motivó que Hernández Juárez montara una provocación agrediendo a un delegado de la “Corriente Democrática”, lo que trajo como consecuencia la distracción de la Asamblea, haciendo imposible que ésta continuara.

Horas más tarde se reanudó la Asamblea y, la votación para saber si la huelga estallaba o no se llevó a cabo con gran confusión, el secretario general señaló que “5330 compañeros de foráneas están por la NO huelga y 6026 por la huelga”, pero sí “sumamos a la mayoría de Red Valle que votó por nosotros –es decir, por la NO huelga- el conteo es de 11 mil contra la huelga”.31

Con esta maniobra, y aún cuando el recuento no había sido terminado por el Comité Nacional de Vigilancia, Hernández Juárez ordeno “bajo su responsabilidad”, que se diera aviso a todas las secciones de que la huelga había sido conjurada, por lo que posteriormente se pondría a votación cual era el “paquete” propuesto por la empresa, que debería ser aceptado por los telefonistas. Esto dio motivo para que la Asamblea entrara en gran confusión por lo que a pesar de las numerosas protestas de los delegados, se pasara por encima de los deseos de los trabajadores, a las que se sumaron las de 8 de los 13 delegados a la revisión salarial, quienes se negaron a firmar el convenio donde el Comité Ejecutivo Nacional del STRM, aceptaba la imposición del tope salarial.

En los centros de trabajo, la confusión reinaba, pues el CEN no había proporcionado ningún tipo de información, respecto a que si se estallaba la huelga o no, las discusiones con el personal de confianza se incrementaron, pues éstos eran los únicos que si sabían que la huelga había sido conjurada. Después de medio día, tanto en la sección matriz como en las secciones foráneas, empezó a correr la información de ya había sido firmado el acuerdo entre la empresa y el CEN por un 10%, acarreando la indignación de los trabajadores.

Mientras tanto, en la Secretaría del Trabajo, Hernández Juárez señalaba que el sindicato de telefonistas aceptaba el 10% como “muestra de la conciencia de los trabajadores con respecto a la crítica situación por la que atravesaba el país… queremos demostrar que respondemos a la política que ha marcado el Presidente López Portillo”.32

Por su parte, el Secretario del Trabajo Pedro Ojeda Paullada, lamentó que se hubiera tenido que limitar la demanda de los telefonistas, por lo que calificó la posición asumida por.los telefonistas como “una muestra de patriotismo”. El “olvido” por parte del CEN de la petición de la reinstalación de los 18 trabajadores despedidos por Teléfonos de México, hizo que el delegado de la sección 3 solicitara al Secretario del Trabajo, que ésta fuera tomada en cuenta, ya que eran trabajadores “despedidos por situaciones políticas”.33

La respuesta de Ojeda Paullada fue que el gobierno esperaba un clima de absoluta comprensión por parte de Teléfonos de México, para que en una completa armonía, trabajadores y patrones se esforzaran en resolver sus problemas. Cabe señalar que los trabajadores no fueron reinstalados, sumándose a la larga lista de despedidos, que tan solo en un año la empresa en un alarde de poder aplicó y, que en muchos casos fueron avalados por el Comité encabezado por Hernández Juárez.

El secretario de relaciones y actas del STRM Adolfo Maldonado Garrido, señaló que el movimiento obrero del país había estado comprometido primero con el gobierno de Echeverría y después con el de López Portillo “para sacar al país del hoyo económico en que se encuentra”, por lo que la posición del STRM “era la respuesta del sector obrero en su conjunto”.34

El descontento y la indignación llevó a los telefonistas a exigir a sus “dirigentes” una respuesta a su actitud, es decir, el haber aceptado sin la aprobación de la mayoría de los telefonistas el tope salarial, el secretario general ante las acusaciones, amenazó con retirarse de la Asamblea, por lo  que los telefonistas pidieron su renuncia, sin embargo, gran número de oradores y el cuerpo jurídico, advirtieron de los peligros que traería la renuncia del CEN, ya que en su opinión, la consolidación del sindicato no se había realizado, debido en gran parte a la falta de organización y a la escasa participación de los trabajadores, convencidos los telefonistas, acordaron que el CEN encabezado por Francisco Hernández Juárez  siguiera en funciones para continuar con el proceso “democratizador”.

El resultado de la amplia movilización y la combatividad de los telefonistas fue; 9% para quienes ganaran de 9 mil pesos en adelante; 10% para quienes ganaran de 4500 a 9 mil pesos; 11% para quienes percibieran menos de 4500 pesos mensuales, además se firmó la revisión del convenio de Red Valle de México, en un  plazo que no excedería de 180 días, nivelación de salario para las auxiliares de tráfico de Guadalajara y Monterrey, además del aumento de 300 a 500 productos de la “despensa”, que sería pagada por los trabajadores y su distribución a nivel nacional.

La confianza depositada en la  dirección del STRM se desmoronó como consecuencia de que la corriente mayoritaria del CEN, se había caracterizado desde el inicio del movimiento, por aumento salarial, por frenar cualquier tipo de participación de los trabajadores, pues éste había manifestado su total oposición a la demanda del 50% de aumento salarial, a pesar de que en repetidas ocasiones señalo que ésta era la bandera de los telefonistas, además, no escatimó esfuerzos para impedir la realización de las acciones acordadas por los trabajadores, gracias al apoyo proporcionado por gran número de “comisionados” por Hernández Juárez y de sus más cercanos colaboradores.

La intimidación, la provocación y la manipulación, sumados a la violación de los estatutos, llevó a la dirección del STRM a imponer el 10% de aumento, debido en gran parte a la inexperiencia y falta de organización de la “Corriente Democrática”, que débilmente defendió el derecho y obligaciones de los miembros de la sección matriz en participar activamente durante la Asamblea General. Por otro lado, los trabajadores acostumbrados a las actitudes paternalistas de los Comités anteriores, dejaron toda la responsabilidad a los delegados, creyendo que de ésta manera la victoria sería suya. En este contexto, en la primera acción en que la totalidad de los trabajadores participaban desde el movimiento de abril de 1976, eran derrotados una vez más, por la empresa, el gobierno y sobre todo por su “Comité Democrático”.

La huelga de 1978.

La celebración del 1º. de mayo, pretendió ser un acto de los trabajadores, encabezado por las centrales obreras oficiales, pero los obreros en oposición a ellas, desfilaron con profunda rebeldía, como consecuencia de la miseria y los engaños promovidos por el gobierno, los trabajadores y empleados no se intimidaron ante la presencia de “halcones”, charros y policías preparados para reprimir a los manifestantes descontentos.

La presencia de los sindicatos independientes y democráticos, dio una nueva imagen a ésta celebración, pues junto con éstos participaron millares de obreros, empleados, colonos y estudiantes que mostraban su disposición de luchar contra el charrismo y la “alianza para la producción”. Mientras en el zócalo casi un millón de trabajadores, entre quienes se encontraban los electricistas del SUTERM, trabajadores del “metro” y empleados de Salubridad entre otros, manifestaban su repudio al charrismo, por otro lado, en la marcha de los sindicatos independientes,  manifestaron las organizaciones más combativas de los obreros, empleados y estudiantes, PANAM, Mexicana de Envases, INFONAVIT, Frente Popular y STUNAM, mostraron que a pesar del control ejercido por los charros, los trabajadores, fueron capaces de mostrar una vez más su rebeldía.

El descontento existente en el sindicato de telefonistas por la pasada revisión salarial y la preocupación del Comité Ejecutivo Nacional a que su oposición entreguista al gobierno y su apoyo a la “Política de Austeridad” se debilitara, encontraron respuesta en la inmensa mayoría de los telefonistas, quienes en una actitud espontanea pero contundente, se negaron a participar junto con el Comité Ejecutivo Nacional en el desfile del 10 de mayo, pues mientras el 22 de abril más de 12 mil trabajadores repudiaron la “política de austeridad”, en el día del trabajo cerca de 200 simpatizantes al Comité Ejecutivo Nacional del STRM, lo apoyaron.

Esta actitud, puso de manifiesto que los telefonistas no estaban dispuestos a consecuentar, la política salarial impuesta por el gobierno.

El avance del movimiento obrero independiente continuaba en aumento, esta vez eran los trabajadores universitarios quienes reiteraron su decisión de irse a la huelga para el 26 de junio, quienes al no encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades universitarias, la huelga estalló en todas las instalaciones de la UNAM.

A pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje calificó la huelga del STUNAM colmo “ilegal”, el movimiento continúo. Al mismo tiempo, la huelga de la ANAMERE que llegó a involucrar a más de 70 hospitales, fue levantada con la negativa por parte de las autoridades de reconocer a la asociación por lo que los médicos que la integraban,  se vieron obligados a firmar convenios individuales de trabajo.

La huelga de los trabajadores universitarios, dio oportunidad para que una vez más el secretario general del STRM entrara en escena, ya que éste acusó a Rosina Salinas de promover un paro de labores, precisamente el día del estallamiento de la huelga de los universitarios, además, de que negó que los trabajadores de 6 departamentos, cuyos convenios estaban por revisarse, hubieran emplazado a huelga a Teléfonos de México, como consecuencia de casi siete meses de pláticas que no habían dado ningún resultado, ya que la empresa solo había ofrecido el 7% de aumento, propuesta que fue rechazada por los trabajadores.

En cuanto a la demanda de apoyo solicitado por los trabajadores universitarios al STRM, éste a través de Hernández Juárez, señaló que solo los apoyaría siempre y cuando se establecieran puntos comunes y mecanismos adecuados para proporcionar el apoyo solicitado, por lo que el secretario general del STRM afirmó “los apoyamos en líneas generales, sin embargo, no es Hernández Juárez el que decide sino los trabajadores telefonistas quienes determinaban a través de la Asamblea”,35, por lo que anunció que no estaba programada ninguna asamblea. Ahora era “incapaz” de apoyar a los trabajadores en huelga, pues esta vez “era necesario” que la respuesta del Comité Ejecutivo a quienes en forma decidida habían apoyado a los telefonistas en las jornadas de marzo y abril, se diera a través de la Asamblea. Esta respuesta que fue dirigida para no perder el apoyo que le proporcionaban  el Congreso del Trabajo y el gobierno.

Ante la negativa de la dirección nacional del sindicato de telefonistas para pronunciarse a favor de la huelga de los trabajadores de la UNAM, la “Corriente Democrática” del STRM decidió en forma independiente, solidarizarse con los huelguistas, quienes junto con la Tendencia Democrática del SUTERM, la ANAMERE y grupos de estudiantes de diferentes escuelas y facultades de la UNAM, acordaron realizar una manifestación de apoyo a los trabajadores en huelga.

El retroceso democrático que se había empezado a manifestar desde el movimiento por la revisión salarial, empezó a adquirir una nueva modalidad, cuando el Comité Ejecutivo ya no solo tomaba decisiones por encima de los trabajadores, sino que ahora se daba el lujo de eliminar a los Comités Ejecutivos locales que se pronunciaban en contra de la maniobras del CEN, como eran los casos de las secciones 2, 15 y 17.

El primer golpe por parte del CEN, fue a la sección 2 de Guadalajara, al promover la destitución del Comité local a través de una asamblea judicial, quién acordó la destitución del Secretario Tesorero, de Actas y al presidente del Comité de Vigilancia, sin embargo, nuevamente el CEN convocó a otra asamblea, la que sin tener el quórum legal exigido por los estatutos, fue realizada con gran número de arbitrariedades y violaciones, dando como resultado la destitución de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia locales, a pesar de las protestas del Comité Nacional de Vigilancia.36

Algo similar a lo ocurrido en Guadalajara pretendió hacerse en la sección 15 de Hermosillo Son., con la variante de que en ésta sección, el secretario general local, encontró apoyo en una parte del Comité Ejecutivo Nacional, por lo que se trató de protegerlo pretendiendo efectuar una asamblea judicial que lo favoreciera. La asamblea fue suspendida por falta de quórum, por lo que fue convocada nuevamente, la maniobra del CEN no dio los resultados esperados por ellos, por lo que la sección acordó absolver de los cargos, a todos los miembros del Comité local.

Por lo que respecta a la sección 17 de Jalapa Ver., el CEN utilizó los mismos métodos que en Guadalajara, ya que violando los estatutos, destituyeron al Comité local por no ser a fin a sus ideas, ya que los integrantes del CEN y la Comisión Autónoma de Justicia se presentaron en forma amenazante en la sección señalando “quién no se aline (sic) con el CEN la pasará muy mal, pues el problema de Jalapa se solucionara caiga quién caiga”.37 El CEN apoyado por la Directora de Tráfico local, visitaron la sala de descanso de las operadoras, acompañados por quienes en su tiempo habían apoyado a Salustio Salgado, solicitando el apoyo de las operadoras, a quienes les prometieron plantas o en su caso recurrieron a las amenazas, cuando éstas se negaron a firmar los papeles en blanco que les eran presentado por el CEN. Con éstos métodos el “Comité Democrático”, consiguió alrededor del 70% de las firmas de las operadoras.38

Siguiendo su manera de hacer las cosas, el CEN convocó a la sección a una asamblea extraordinaria por violaciones al artículo 15 inciso c) de los estatutos, en respuesta el Comité local no se presentó y el local sindical permaneció cerrado. El CEN que no podía perder el tiempo en insignificancias, decidió realizar la asamblea en el restaurante “Real del Puente” de Jalapa, de esta manera el CEN informó a la Gerencia del área, que el Comité local había sido destituido, por lo que solicitó a la empresa 8 permisos para los nuevos miembros del Comité local nombrado por el CEN.

Los integrantes del Comité local destituido no fueron notificados, por lo que al negarse a entregar el local del sindicato, los miembros del CEN ejecutores de la destitución, violaron la chapa y abrieron el recinto sindical, culminando su secuencia de atropellos y frenando la vida democrática de una de las secciones que se habían destacado por su lucha contra el charrismo sindical.

Las consecuencias no se hicieron esperar, los primeros despidos se dieron sin notificación, 18 telefonistas, incluidos los miembros del Comité local, acordaron no secundar el acuerdo tomado por la Asamblea de Secretarios Generales, de repudiar a Rosina Salinas, ya que esta era una maniobra del CEN tendiente a distraer la atención de los telefonistas “Con esto se pretende desconcertar a los trabajadores y hacerles perder de vista sus objetivos principales como son las reivindicaciones económicas y sociales”.39

En efecto, a pesar de que Hernández Juárez afirmaba que la presencia de Rosina Salinas beneficiaba en forma considerable a Teléfonos de México, la realidad era que el único beneficiado era el propio CEN, ya que el fantasma de Rosina era utilizado por Hernández Juárez cada vez que la inconformidad de los telefonistas por las maniobras de éste, era puesta de manifiesto.

La revisión de 6 convenios departamentales no se había resuelto, por lo que la existencia de otros 11 que entrarían a revisión, dieron origen a la movilización de gran número de telefonistas, sumándose a éstas las contrataciones colectivas de diversas empresas filiales a Teléfonos de México, así como la aproximación de la 2ª  Convención Democrática, donde la dirección nacional del STRM, buscaría su reelección, lo que hacía necesaria la presencia de Rosina Salinas para que facilitara la maniobra del CEN,  ya que el fantasma de Rosina provocaría la unidad de la Convención en torno a éste.

La revisión de los contratos colectivos de trabajo con las empresas INSUSA, RECTEL, Bienes y Raíces y la Telefónica Nacional, así como la revisión de 17 convenios departamentales hicieron necesaria la Asamblea de Secretarios Generales para establecer la táctica a seguir, tomando además los acuerdos que terminarían con las falsas informaciones promovidas por el CEN, con la intención de dificultarles sus actividades y evitar el pago de su salario a 8 trabajadores despedidos injustificadamente, otro acuerdo fue el de no trabajar más tiempo extra de los estipulado por la ley, para de ésta forma presionar a la empresa que se había mantenido intransigente. Este acuerdo no pudo llevarse a efecto totalmente, ya que gran número de telefonistas ignorantes de la trascendencia de éste acuerdo, ya que anteponiendo su interés personal, evitó que el sindicato pudiera arrancarle una rotunda victoria a la empresa, como la que había logrado la sección 5 de Veracruz.

La asamblea acordó también, repudiar la presencia de Rosina Salinas siguiéndole el juego a Hernández Juárez, además de exigir al Congreso del Trabajo definiera su posición respecto a ella, ya que el reingreso de de Rosina era “Un golpe respaldado por agentes que carentes de toda visión político-social, con intereses profundamente reaccionarios que prefieren la relación fácil con líderes condicionales que con los líderes verdaderos”, por lo que el CEN hizo un llamado a la unidad de todos los telefonistas para poder luchar en forma abierta contra el charrismo sindical.41

La posición asumida por Teléfonos de México se tornó más dura que en otras ocasiones, pues la revisión de los convenios que afectaban a 8 mil trabajadores, se prolongaba sin que la empresa desistiera de su ofrecimiento del 10% de aumento salarial, los telefonistas exigían el 15%, por lo que éstos acordaron realizar manifestaciones públicas para denunciar la actitud de la empresa y su firmeza por obtener el 15% de aumento.42

El 20 de septiembre y con la presencia del Secretario del Trabajo, dio comienzo la 2ª Convención Democrática del STRM, Ojeda Paullada señaló tener simpatía por los telefonistas, por lo que respetaba la forma como Hernández Juárez, el Comité Ejecutivo y los trabajadores habían actuado durante el tiempo que llevaban al frente de la organización sindical.

La lectura del informe de actividades del secretario general, provocó el descontento de un sector de los delegados, ya que en éste, acusaba a los miembros del CEN de no trabajar, en una clara maniobra para exhibir a quienes deberían ser removidos de sus puestos en la dirección del sindicato, además, contestaba a las acusaciones hechas contra él, señalando que nunca había sentido inseguridad al estar al frente del STRM, por lo que en su opinión la táctica combativa no estaba reñida con la inteligencia, pues sólo de esta manera sería posible crear a través del sindicato de telefonistas una nueva alternativa para el movimiento obrero. Según el inteligente líder, ésta alternativa sería planteada por los trabajadores telefonistas [quienes] “daremos una respuesta auténtica, crítica e independiente”, por lo que no estaban dispuestos a crear provocaciones ni enfrentamientos estériles que terminaban por debilitar cualquier movimiento.43

Los delegados descontentos, entre quienes se encontraban los integrantes de la Corriente Democrática, se atrevieron a exigir, de acuerdo a los estatutos, que el informe del secretario general fuera puesto a votación, hecho que causó el disgusto de éste y, quien visiblemente molesto y aún cuando una parte de la Convención se solidarizó con él, dirigiéndose a los delegados señaló “Si creen que esos compañeros son combativos y pueden definir la línea política del sindicato destitúyanme”.44 Pues consideraba que lo expuesto en su informe, era en términos generales, la línea política (que más tarde se convertiría en los métodos de la Línea Proletaria)45 del sindicato, por lo que creía que era innecesario ponerlo a votación, ya que si éste no era aprobado por toda la organización “no tiene caso que siga al frente”.46 Con la amenaza de perder al estratega del movimiento obrero, la Convención votó en su favor por 130 votos contra 64, 15 ausencias y una abstención. Hernández Juárez había advertido que si su informe no era aprobado por toda la organización se le destituyera, actitud que no se atrevió a recordar a los convencionistas, sumándose a la enorme cantidad de maniobras utilizadas para mantenerse en la dirección del sindicato.

De esta forma, quedó asegurada su reelección que sería disfrazada por una ampliación de periodo, maniobra que le permitió iniciar una campaña de desprestigio contra los integrantes del CEN y simpatizantes de la Corriente Democrática, ya que en primer lugar acusó sin fundamentos al secretario tesorero de haber realizado labores exclusivas del personal de confianza, que lo imposibilitaban para ocupar puestos de representación sindical. En cuanto a la Casa de la Cultura no se permitió que el director de la misma diera su informe de actividades, así como tampoco a los directores de la revista, aún y cuando se planteó retirarle su autonomía, para pasar directamente al control de los amigos del secretario general.

La Convención no llegaría a su fin, por primera vez en la historias del STRM, una Convención fue declarada en receso, el desarrollo de los trabajos se redujo a escuchar y aprobar informes, a escuchar acusaciones y establecer juicios sin oír a los acusados y, a abordar en forma parcial y deficiente los problemas más importantes que afectaban a los telefonistas. Así, las revisiones de los convenios, el de Red Valle de México (Planta Exterior) a nivel nacional y la creación del convenio de operadoras, no significaron tareas  que merecieran la discusión y el apoyo de los delegados, por lo que en su reinstalación, la Convención abordaría las reformas estatutarias, que era la principal preocupación de Hernández Juárez y su grupo, ya que entre ellas se encontraban la “ampliación” del periodo del CEN a dos años más y el retiro de la autonomía del órgano periodístico del sindicato.

Con la reelección asegurada, Hernández Juárez se quitó la máscara y definió de una vez por todas la política que seguiría al frente del sindicato, es decir, “aceptaba sin equívocos, colaborar con el Estado mexicano porque el Estado mexicano es el fruto político de una revolución que posibilita, institucionalmente, desde el imperio de la ley, la transformación de la nación”.47 Lo que le dio la oportunidad de manifestarse a favor del “proyecto colectivo de la Nación”, es decir, un proyecto de democratización y desburocratización del Estado, pues éste “…con sus defectos y sus virtudes representa los intereses de las grandes mayorías”.48

Terminada la Convención, la represión no se hizo esperar, cuando el departamento de tráfico en un acto de inconformidad por las investigaciones y despidos que en forma injustificada realizaba Teléfonos de México, en forma independiente del CEN, realizó una manifestación exigiendo la reinstalación de las operadoras despedidas y la creación de su convenio departamental.

La represión empresarial se centró principalmente en el departamento de tráfico, debido a la amplia participación que se daba por la creación del convenio que reglamentaría y mejoraría sus condiciones de trabajo. La represión se inició  con la investigación de más de 50 operadoras y el despido de 10, entre ellas las cuatro delegadas departamentales y las principales promotoras del convenio, esto ante la indiferencia del CEN, ya que obligado solidarizarse con cualquier representante sindical despedido por la empresa, se limitó a señalar que los despidos estaban justificados.

El convenio pretendía establecer que se les reconociera como enfermedades profesionales las que sufrieran en oídos y voz, turnos de trabajos corridos, jubilación a los 25 años de servicio, así como la nivelación de salarios “ya que gana lo mismo la recién ingresada como la que lleva 15 años de servicio”.49 Las operadoras descontentas informaron que las conversaciones eran gravadas, aún cuando la ley lo prohibía, las pláticas inclusive, que eran sostenidas entre ellas, se grababan, por lo que cuando se expresaban mal de la empresa, se les castigaba.

Hernández Juárez por su parte, declaró que sí la empresa grababa las conversaciones, éstas eran para detectar fallas en cuanto a los mecanismos cotidianos de trabajo, sí se utilizaba el lenguaje adecuado y si se daba la atención debida al público usuario, por lo que podía garantizar “que tenemos un compromiso pactado con la empresa que de ninguna manera estas grabaciones podrán utilizarse en contra de las operadoras”.50 Sin embargo, las grabaciones y las investigaciones continuaron.

Al referirse al Frente Popular Independiente y a la Tendencia Democrática del SUTERM, Hernández Juárez señalaba que “con la actitud de estas organizaciones que se proclaman de izquierda”, lo único que hacían era desgastar la organización del STRM, por lo que aclaró que el sindicato de telefonistas no era comunista, ni les preocupaba la disidencia, pero estaban en contra de quienes actuaban por consigna, sin atender las condiciones propias del STRM, por lo que declaró “Nosotros queremos colaboración, no intervención, queremos comprensión no consignas, lo que queremos –dijo- es consolidar la organización de nuestro sindicato y pugnar por las democratización del sistema”.51

La proximidad de la revisión del contrato colectivo de trabajo, planteó nuevas necesidades al Comité Ejecutivo Nacional, ya que las aspiraciones de los trabajadores telefonistas rebasaban el mero interés económico, esta vez los telefonistas plantearon la jubilación a los 25 años de servicio sin límite de edad para las mujeres y 30 en los hombres, así como la reglamentación de la clausula novena, por lo que siguiendo su demagógica política de unificar a la clase obrera, el CEN decidió junto con el Comité Central del SME, revivir el viejo pacto de solidaridad firmado por los telefonistas y electricistas en 1960, que como en aquel tiempo que estuvo en vigencia, solo serviría apoyarse literalmente en sus luchas.

La primera acción para ratificar el pacto de unidad entre las dos organizaciones sindicales, fue la realización de una manifestación y mitin, con el propósito de lograr la unidad de la clase obrera, a la que los dirigentes calificaron de fundamental “porque ésta se encuentra dividida es débil”.52

El secretario general del SME José María Téllez Rincón, señaló que el acto era un pronunciamiento contra la carestía de la vida, a favor de aumentos salariales y por la unidad del movimiento obrero, que debería de estar por encima de líderes y siglas, porque éste era el interés supremo de la clase trabajadora. Afirmó que los excesos de los capitalistas, eran quienes provocaban la movilización de la clase trabajadora, por lo que aseguró que éste era “el propósito  del resurgimiento de la clase obrera puesto que el pueblo no soporta más la crisis económica”.53

Por su parte, Hernández Juárez señaló que la única posibilidad de enfrentar la crisis por la que atravesaba el país, era la unidad de los trabajadores, haciendo a un lado las pequeñas diferencias. Sin embargo, éstas pequeñas diferencias se acrecentarían hacia el interior del propio sindicato, ya que cuando Hernández Juárez se pronunció en contra de los topes salariales, fue abucheado y repudiado por los poco más de 200 telefonistas asistentes al mitin, quienes corearon consignas contra la reelección diciendo “no queremos reelección, queremos reinstalación” y otras contra el charrismo sindical.

El escaso número de telefonistas que acudieron al llamado del CEN, provocó que las pancartas y mantas llevadas para tal efecto, fueran tomadas por los electricistas del SME.

Terminado éste acto, la respuesta del Comité Ejecutivo de los telefonistas fue inmediata, ya que en local sindical y en presencia de los dirigentes de la sección 84 de Sabinas Coah., que se preparaban para la revisión de su contrato colectivo, Hernández Juárez apoyado por miembros del CEN y golpeadores comisionados por él en el STRM, arremetió contra los simpatizantes de la Corriente Democrática que se encontraban en el local sindical, clausurando la Casa de la Cultura y decomisó el número 10 de la revista Restaurador 22 de abril, en la que se hacía un llamado a los telefonistas para que se opusieran a la reelección del CEN y, de que no cayeran en la trampa que éste preparaba en la ya próxima contratación.54

La actitud de democrático que Hernández Juárez había tratado de mantener a lo largo de dos años, por fin y en forma abierta fue hecha a un lado. La Corriente Democrática en reiteradas ocasiones había acusado de neocharro a Hernández Juárez, quien a través de la provocación y manipulación había logrado  esconder su verdadera actitud. Las amenazas hicieron su aparición cuando el secretario general del STRM, utilizando las asambleas de Auxiliares y eventuales de Red Valle de México, pretendió que se votara a favor de la suspensión de los derechos sindicales a 20 integrantes de la Corriente Democrática. La provocación montada por el CEN y la represión que llevaba la empresa, estaba encaminada a distraer la atención de los telefonistas y, boicotear la contratación, pues se dejaba ver que la colaboración del CEN con el gobierno para imponer nuevamente el tope salarial, era la única alternativa de la dirección del sindicato para mantenerse en el poder.

En efecto, los preparativos para la revisión contractual eran escasos, gracias a que el CEN contaba con el apoyo de gran número de trabajadores que se negaban a participar en la organización de la revisión, pues la desconfianza y la desmovilización de la base, er/pa aprovechada por la dirección del sindicato, quién estaba más preocupado por la reanudación de la Convención para lograr su reelección.

Aprovechando la celebración de la “Semana Santa”, el Comité Ejecutivo Nacional convocó a la reanudación de la Convención, donde alrededor de 30 secciones se pronunciaron a favor de la prolongación del periodo de funciones a cuatro años, el objetivo de tal medida iba dirigido para “proteger al sindicato de todas aquellas corrientes que buscaban aprovecharse de un proceso electoral cuando el STRM aún tiene dificultades para estructurar una organización capaz y coherente para enfrentar muchos de sus problemas”.55

Hernández Juárez señaló que de ésta forma se protegía al sindicato de quienes “Tratarían de tomarlo como botín”, reconoció también que diversos grupos de telefonistas, no importantes numéricamente pero si bien organizados, se oponían a la “ampliación”, por lo que el Comité Ejecutivo presentaría su renuncia en la Convención, para que ésta determinara quienes deberían continuar en su cargo y quienes no, pues “el convocar a elecciones sería riesgoso para la cohesión del gremio telefonista”.56

Los trabajos de la Convención, estaban encaminados principalmente a la revisión y modificación de los estatutos de la organización y, definir la posición del STRM ante la próxima Asamblea Nacional del Proletariado promovida por el Congreso del Trabajo, por lo que Hernández Juárez mostró su interés y en la que esperaba que los ojos de la burocracia sindical se fijaran en él. Para tal efecto, el secretario general del STRM publicó el 21 de junio un documento que fue calificado por Ángel Olivo Solís como “extraordinario, vigoroso, combativo y lúcido”, por lo que fue bien recibido por la central obrera oficial.

En opinión del secretario general de la COR, el documento “daba luz” a todo el movimiento obrero y, a que entre los puntos que más destacaban, estaba “el reconocimiento público de apoyo crítico al Estado Revolucionario, el apoyo que se da al desarrollo pacífico de la Revolución Mexicana y al contenido profundamente social, enfocado a abatir el desempleo, la pobreza, para elevar los índices educativos y la capacidad productiva de los trabajadores bajo otro modelo económico”.

La táctica de enfrentar al STRM en forma aislada ante las autoridades laborales y empresariales, fue cambiada por la dirección del sindicato como una medida para ganarse adeptos y demostrar que con la solidaridad del movimiento obrero sería posible conseguir la victoria. Durante los dos años anteriores, la dirección del sindicato se había opuesto a que el sindicato solicitara el apoyo de otras organizaciones sindicales que no pertenecieran al Congreso del Trabajo, ahora señalaban que las posturas aisladas de las organizaciones sindicales no conducían a ninguna parte, por lo que las diferencias entre las distintas organizaciones obreras y los prejuicios, deberían hacerse a un lado.

El procesos de la lucha por la revisión del contrato colectivo de trabajo, dio oportunidad para que el CEN hiciera toda clase de pronunciamientos, por un lado llamaba a la unidad del movimiento obrero, por otro señalaba que las demandas particulares deberían integrarse a las reivindicaciones de toda la población, pues “nuestra aspiración de mejores condiciones de vida y de trabajo son el reflejo y la expresión de las aspiraciones de los trabajadores”.57 Estas afirmaciones llevaban la intención de colocar a la dirección del sindicato de telefonistas, a la cabeza del movimiento obrero nacional.

Mientras tanto, las pláticas entre el SME y la Compañía de luz y Fuerza del Centro se suspendieron al rechazar los electricistas el ofrecimiento de la empresa de incrementara los salarios en 12%, ya que los trabajadores solicitaban un incremento del 18%, así como otras prestaciones, pues de no cumplirse las exigencias de los trabajadores, éstos responderían con la huelga.

La Compañía de Luz acusó al SME de ser intransigente y falto de seriedad, ya que el Comité Central del sindicato había contraído el compromiso de aceptar las propuestas de la empresa, comunicándole después que la asamblea del sindicato había acordado rechazar los ofrecimientos de ésta. La empresa argumento que de aceptarse las demandas hechas por el SME, causarían serios trastornos a los programas de inversión que eran prioritarios para el desarrollo del país. Además, preocupada por los asalariados del país, la Compañía de Luz señaló que las desmedidas prestaciones del SME, ahondarían más las diferencias entre los salarios y prestaciones de sus trabajadores, respecto al resto al resto de los trabajadores de ésta actividad industrial y después a los demás trabajadores del país.58

Al mismo tiempo, la dirección del sindicato de telefonistas, en la asamblea del SME, planteó el tema de la huelga por solidaridad, por lo que los electricistas lo único que tendrían que hacer, era solicitarla a la Convención, la cual tendría que determinar el apoyo al SME con la huelga misma. A éste apoyo se sumaron los del Congreso del Trabajo, la CTM y diversas organizaciones independientes.

En un intento por conjurar la huelga, los representantes del SME fueron citados por el Presidente de la República, al mismo tiempo que cuatro partidos políticos de izquierda, el PCM, el PSR, PMT y PRT, se solidarizaron con los electricistas y solicitaron la liberación de los salarios, por lo que el gobierno aún estaba a tiempo de “reconsiderar que la crisis económica no sólo debe recaer sobre los trabajadores”, por lo que “es necesario rebasar la barrera del 12% ´impuesta´ como tope”.59

El Presidente de la República, convertido en amigo de los trabajadores, acusó a la dirección del SME de ser dirigidos por el PCM, quienes deseaban provocar y llevarlos al movimiento de huelga, por lo que él, como jefe de la Nación, aceptó resolver el conflicto.60

Los electricistas por su parte, señalaron que su sindicato no era manejado por partidos, el 12% aceptado por ellos se debía a la actitud provocadora del Secretario del Trabajo, quién había utilizado ademanes en contra de los trabajadores. El secretario general del SME señaló “Ojeda nos retó, nos dijo que hiciéramos lo que quisiéramos para provocar nuestra indignación y llevarnos a donde nos quiere llevar,  a la huelga”.61

Pese al descontento de la Asamblea Legislativa, el Comité Central aceptó la imposición del tope salarial impuesto por López Portillo y Ojeda Paullada que “al tomarse atribuciones de la empresa y señalar que no había otras proposiciones que las del secretario del trabajo”.62 Con estas argumentaciones, el Comité Central solicito a los legisladores que rectificaran su información, ya que en diferentes centros de trabajo, las banderas de huelga habían sido colocadas.

La dirección del SME consideró que el resultado de la revisión contractual había sido positivo, por lo que solicitó a la asamblea su comprensión para que el sindicato no saliera dividido. El descontento puesto de manifiesto por los electricistas, fue utilizado por Téllez Rincón, quién acusó a la Tendencia Democrática y al PRT de entrometerse en los asuntos del sindicato. Por su parte, Fernández Flores en nombre del Comité Central, afirmó que hubo todo un complot “para provocar la huelga y propiciar la represión y el caos que habría eliminado al SME como organización obrera independiente y de lucha”.63

La imposición del tope salarial decretado por el gobierno, hizo cambiar la táctica del Comité Ejecutivo Nacional del STRM, ya que las aspiraciones de los telefonistas fueron cambiadas por las del Congreso del Trabajo, es decir, aceptar la tregua solicitada por el gobierno y seguir manteniendo bajo control a los trabajadores, el secretario general del STRM Francisco Hernández Juárez, salió en defensa del Comité Central del SME al denunciar la existencia de grupos “que pretenden intervenir en los sindicatos y llevarlos a posiciones peligrosas y enfrentamientos con el Estado”, por lo que en el STRM según el secretario general “no estamos de acuerdo en hacerles el juego as grupos que intentan debilitar las instituciones”.64

Puso como ejemplo el conflicto de los electricistas a quienes se tendía una provocación con el pretexto de la huelga “se querían justificar acciones que iban en contra del propio Presidente de la República”, al mismo tiempo, señaló la existencia de “un tipo llamado Gabriel Martínez”, quién era acusado de organizar un grupo que en forma permanente hostilizaba cualquier intento de organización dirigido por el CEN “quién financiado por grupos de derecha no permitía que el sindicato se fortaleciera”.65

En realidad, lo que pretendía era intimidar y limitar la lucha de los telefonistas, quienes se venían pronunciando en forma total por la revisión del contrato colectivo de trabajo, a pesar de las maniobras del CEN, quién demagógicamente señala que estaba buscando el apoyo del Congreso del Trabajo para lograr una buena revisión contractual y, para evitar arreglos de último momento, solicitaría a Teléfonos de México que hiciera su último ofrecimiento 48 horas antes de que concluyera el plazo para el estallamiento de la huelga.

La asamblea plenaria del Congreso del Trabajo celebrada el 11 de abril de 1978, acordó por unanimidad apoyar a los telefonistas en el conflicto que cada vez estaba ya más cerca, pero opinaron que la lucha de los telefonistas era parte de la transformación de la sociedad en su conjunto, por lo que tanto Ángel Olivo Solís dirigente de la COR como Fidel Velázquez ofrecieron su pleno respaldo, que implicaba una gran responsabilidad para quién era apoyado, pues mientras cumpliera con las condiciones que esto significaba, el apoyo sería total.

La aproximación de la terminación del plazo para el estallamiento de la huelga, puso en movimiento a la burocracia sindical, al declarar el Presidente del Congreso del Trabajo Jesús Martínez Gortari, que el aumento de 12% era una “conquista” salarial que ha nadie satisfacía, por lo que ese organismo obrero apoyaría en forma pública las demandas de los telefonistas.

El apoyo del Congreso del Trabajo, dio oportunidad para que el secretario general del sindicato de telefonistas afirmara que gracias a las altas utilidades obtenidas por Teléfonos de México, a ésta empresa le era posible satisfacer las demandas de sus trabajadores. Entre las principales demandas de los telefonistas figuraban la revisión de 218 clausulas, entre las que se encontraban la solicitud de 35% de aumento en los salarios, jubilaciones a los 25 y 30 años de servicio sin límite de edad, así como la reglamentación necesaria para evitar el contratismo y un convenio para las operadoras de tráfico. Además. Se impuso a la dirección del STRM, que solicitara la reinstalación de 108 trabajadores despedidos por la empresa telefónica, despidos avalados por el Comité Ejecutivo del sindicato.

La empresa por su parte, solo ofreció el 8% de aumento salarial y un “paquete” de prestaciones, la Asamblea General Nacional instalada con representantes de todas las secciones del STRM, rechazó el ofrecimiento por considerar que la cantidad ofrecida, era poco más de la tercera parte de la demanda salarial solicitada por los telefonistas, ya que éstos la habían reducido al 25%.

El segundo ofrecimiento de la empresa fue otorgar 10%, mismo que fue una vez más rechazado por la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, nuevas manifestaciones de apoyo fueron ofrecidas al STRM por parte del Congreso del Trabajo y el SME. El secretario general del SME José María Téllez Rincón, puso sobre aviso al sindicato de telefonistas, de que grupos oportunistas y minoritarios, estaban empujando a los trabajadores a la huelga sin razón, por lo que advirtió “La experiencia nuestra debe servir a ustedes (los telefonistas) y a todo el movimiento obrero organizado. No permitamos que grupos políticos y cómodos filósofos del ultra sindicalismo, aprovechen nuestras luchas sindicales como arietes para enarbolar sus banderas. No caigamos en la provocación”.66

Por su parte, el secretario general del sindicato de telefonistas Francisco Hernández Juárez, en su afán de ganar prestigio entre la burocracia sindical, no descansaba en declarar que el fortalecimiento de la clase obrera se daría solo a través de la unidad, ya que “sin la unidad de acción del movimiento obrero, sería imposible lograr las metas deseadas en beneficio de la clase obrera mexicana”.67 Sin embargo, hacia el interior del sindicato, la reiterada unidad solicitada por la dirección del STRM, era debilitada por éstos, en cualquier oportunidad que se les presentaba. En un acto “patriótico” y consiente de la crisis económica por la que atravesaba el país, los telefonistas disminuyeron, una vez más, su demanda de aumento salarial del 25% al 18%, en un intento por facilitara las negociaciones con Teléfonos de México, que apoyada por el gobierno, su actitud se mantenía intransigente y despótica, ya que sólo a 48 horas de que terminara el plazo anunciado por los telefonistas para el comienzo de la huelga, continuó ofreciendo 10% de aumento en los salarios y un “paquete” de prestaciones.

Una vez más, el porcentaje ofrecido por la empresa fue rechazado por la Asamblea Nacional, quién consideró que de aceptarse éste ofrecimiento, no cubriría ni en parte el deterioro sufrido en el poder adquisitivo de los salarios, por lo que Hernández Juárez señaló que los telefonistas no pensaban en la huelga, pero debido a la actitud de la empresa, los telefonistas utilizarían éste recursos, sí Teléfonos de México no accedía a sus demandas, por lo que anunció que iniciarían los preparativos para estallarla el 25 de abril alas 12.01 horas.68

En realidad, el CEN confiaba en que los telefonistas terminarían por aceptar el tope salarial impuesto por el gobierno a través de la poderosa empresa telefónica, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional, continuando con su actitud de impedir cualquier tipo de organización, anunció que a 48 horas del estallamiento, comenzaría a elaborar las listas de las guardias para cerca de 24 mil telefonistas, así como la confección de las banderas de huelga y la integración de las brigadas de información.

Para sorpresa del CEN, el lunes 24 de abril, el local del sindicato se vio concurrido por gran número de telefonistas, por lo que la dirección sindical estuvo obligada a utilizar sus propios métodos, al advertir a los telefonistas del peligro que implicaba ir a la huelga y enfrentarse al gobierno. De esta manera quedaba demostrado que las amenazas de ir a la huelga por parte de la dirección del sindicato, eran sólo posturas demagógicas para seguir manteniendo el control sobre los trabajadores, por lo que ante la inminencia de la huelga, Hernández Juárez argumentó que el ejercicio de ésta, en nada mejoraría las propuestas de la empresa y solamente se pondría en peligro a la organización. A esta posición se sumaron algunos integrantes de la Corriente Democrática, lo que originó gran confusión entre los telefonistas.

El Comité dirigido por Hernández Juárez, sin tomar en cuenta la actitud decidida y combativa de quienes lo habían llevado a la secretaria general del STRM, planteó la necesidad de replegarse aún sin haber conseguido algo más en cuanto a las demandas, por lo que el CEN y quienes se oponían a la huelga, recibieron en forma contundente la respuesta de los trabajadores, quienes señalaron que ellos no se encontraban ajenos a los peligros que traía consigo el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. La votación favoreció al estallamiento de la huelga, cuando más de 10 300 trabajadores en las secciones foráneas y una absoluta mayoría en la sección matriz votaron en su favor. En un  intento por detener el movimiento, Hernández Juárez solicitó a todos los delegados de las secciones foráneas que ratificaran o rectificaran su postura, lo que fue contraproducente para el CEN, ya que algunas secciones que se habían pronunciado contra la huelga, la apoyaron.

Nuevamente en el transcurso de la mañana del 25 de abril, Hernández Juárez trató de impedir la huelga, al anunciar a las 11.00 horas que la empresa había hecho nuevos ofrecimientos, aceptándolos como en el SME, sin tomar en cuenta la opinión de la Asamblea, por lo que 15 minutos antes de que la huelga diera inicio, el CEN y la Comisión Revisora del contrato colectivo, fueron llamados a la Secretaría del Trabajo, para que ratificaran su aceptación, razón suficiente para que Hernández Juárez ordenara que la huelga fuera detenida.69

Sin embargo, a las 12.01 horas, la huelga estalló en todo el país, ante la sorpresa de las autoridades del trabajo, de la empresa y del Comité Ejecutivo del sindicato, que se había empeñado en que el movimiento fuera detenido. En su desesperación, integrantes del CEN iniciaron la labor de esquirolaje, al exigirles a los telefonistas que deberían regresar al trabajo, creando el desconcierto y la confusión entre los trabajadores, a esto se sumaron las amenazas del prosecretario de conflictos foráneos Saturnino Morales, quién advirtió a los telefonistas que si no regresaban a trabajar, sus contratos podrían ser rescindidos.

Pero su labor no terminaría ahí, integrantes del CEN en un intento por levantar la huelga, pusieron en funcionamiento algunas centrales telefónicas automáticas, creando ya no solo la confusión entre los trabajadores, sino también entre los usuarios, ya que solo algunas zonas del D.F. tenían servicio telefónico; “Mireya (secretaria del interior), en el centro de trabajo Vallejo, Abel Morales (secretario de conflictos foráneos) en la central Doctores, Maldonado (secretario de relaciones y actas) por la radio, Cerecedo (secretario de previsión social) en la central Tacubaya, Villarreal (presidente del Comité Nacional de Vigilancia) trató de entrar al Centro Telefónico San Juan, los trabajadores no entraron”.70

Estas maniobras dieron oportunidad para que el Secretario del Trabajo Pedro Ojeda Paullada, calificara el movimiento como ilegal, a la vez que desplazando a los funcionarios de la empresa, asumió su papel de patrón, fungiendo directamente como representante de Teléfonos de México. Así, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, convertidos en patrones y en alianza con el Comité Ejecutivo del STRM, presionaban a los telefonistas para que regresaran al trabajo.

A pesar de las llamados que hacían las autoridades y el CEN, los telefonistas reafirmaron su decisión de mantener la huelga con una manifestación y la permanencia de tres horas frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo. De inmediato, Ojeda Paullada inició, apoyado por los medios de comunicación masiva, una campaña en la que “informaba” a los ciudadanos, que la suspensión del servicio telefónico había sido provocado por una falla técnica (lo que es imposible), por lo que los telefonistas se habían lanzado a un “paro ilegal” y no a una huelga como éstos habían anunciado.

Las amenazas de la intervención del ejército y del gobierno en las instalaciones de Teléfonos de México, permitió que el estratega del movimiento obrero, Hernández Juárez utilizara la mejor de sus tácticas (divide y vencerás), dividiendo a la Asamblea Nacional, para poner en consideración las propuestas del Estado-patrón y si se regresaba al trabajo o no.

Un sector de las secciones foráneas se opuso a la maniobra de dividir a la Asamblea,  sin embargo, el grupo de Hernández Juárez, llevó a cabo una reunión con los que aceptaron y con la idea central de que se regresara al trabajo, reforzada por las amenazas aparecidas en los diarios vespertinos de la ciudad de México. De la inevitable intervención del ejército. La votación se inició en la sección matriz, quien acordó por mayoría en no regresar al trabajo. Una vez más, las maniobras del CEN hicieron acto de presencia, cuando Hernández Juárez propuso que la votación fuera contada, a pesar de que el resultado fue alterado (Para la votación en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 28 de los estatutos, se deberían sumar los votos individuales de los miembros activos permanentes y eventuales con derecho a voto de la sección Matriz que asistan, y el voto de los representantes o delegados de las secciones foráneas, que tendrán validez por el número de representados. En este sentido, a los telefonistas de la sección matriz se les impidió la entrada a la Asamblea ,  por lo que solo se tomo en cuenta a los delegados departamentales y, al no existir un número exacto de trabajadores por cada departamento, en algunos se aumentaron y en otros disminuyeron, lo mismo sucedió con los representantes de las secciones foráneas), volvió a ganar por mayoría, no regresar al trabajo, una vez más, Hernández Juárez propuso que se realizara otra votación que debería ser nominal, motivo suficiente para que salieran del auditorio todos los trabajadores de la sección matriz, para que los delegados de las secciones foráneas votaran “sin presiones”.

El resultado de la votación fue de 10.374 por regresar al trabajo y 2.159 por no hacerlo, por lo que a las 2 de la madrugada del 26 de abril, los telefonistas anunciaron que reanudarían sus labores. En términos generales, el acuerdo final recogió las propuestas que la empresa había formulado antes de que la huelga estallara. En resumen, los telefonistas obtuvieron en la revisión del contrato colectivo de trabajo, 12% de aumento salarial, un año menos para la jubilación, un día más de vacaciones, el convenio para las operadoras y negociar la reinstalación de los 108 despedidos por Teléfonos de México.

La huelga realizada por los telefonistas, permitió que los líderes de las Cámaras y funcionarios gubernamentales señalaran que el STRM, había ejercido su derecho de declararse en huelga, sin embargo, los hechos demostraban lo contrario, ya que al momento de iniciarla, las autoridades laborales se lanzaron contra el movimiento, declarándolo como “ilegal”.

El resultado de 16 horas de huelga, en el cual los telefonistas se enfrentaron a numerosas amenazas y coerciones, tanto de las autoridades laborales como del Comité Ejecutivo Nacional, reivindicaron y ejercieron su derecho a la huelga, acción que fue defendida inclusive por el Congreso del Trabajo y los senadores y diputados del sector obrero del partido oficial.

El movimiento de huelga demostró también y en términos políticos que la dirección del sindicato de telefonistas, no había podido cumplir con su misión de someter y controlar a los trabajadores, quienes en forma espontanee rompieron momentáneamente con el control ejercido por Hernández Juárez y el CEN, éstos incapaces de asumir su responsabilidad y cumplir con los compromisos contraídos con los trabajadores, se dedicaron a presionar y amenazar a los huelguistas, a pesar de que señalaban que habían caído en “errores”, que de inmediato fueron utilizados por las autoridades de la Secretaría del Trabajo, para asumir su papel de árbitro entre el capital y el trabajo, declarándose abiertamente como patrones de empresa capitalista.

El saldo del movimiento que desde 1963, había sido ignorado por todos los Comités que se habían mantenido al frente del sindicato, dejó como resultado la imposición de la huelga por parte de los trabajadores, así como un mayor grado de avance en la politización de éste importante sector, conquistas éstas en un país donde se han creado los mecanismos necesarios para impedirlas.

Reelección o “ampliación”; las dos caras de la misma moneda.

La 2ª Convención “democrática” del STRM había entrado en receso con el abierto apoyo del Comité Ejecutivo Nacional a la política impuesta a los trabajadores por el gobierno y, a la propuesta de la sección 86 perteneciente a la Telefónica Nacional de ampliar el periodo de funciones de los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, aclarando éstos que no se trataba de una reelección como lo manejaba la Corriente Democrática, sino una “ampliación de periodo”, tomando en consideración,” las circunstancias especiales de la lucha del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, iniciada en 1976”.71

Esta “ampliación”, aunque no era del interés del secretario general del STRM, éste utilizaría todos los medios a su alcance para lograrla. La primera muestra de oposición que encontró la propuesta de la sección de Nueva Rosita Coah., fue puesta de manifiesto por las operadoras de 02 y 09, quienes en forma independiente, realizaron una marcha para protestar contra la represión de la empresa y la indiferencia del CEN, exigiendo además, la realización de elecciones para evitar que Hernández Juárez se eternizara en la dirección del sindicato.

A ésta propuesta se sumó la de la Corriente Democrática, quién denuncio las intenciones de Hernández Juárez en la manifestación-mitin del 2 de marzo de 1978, realizada conjuntamente con el SME. Denuncia que resultó demasiado grave para el secretario general del STRM y su grupo, quienes terminado el mitin, montaron una agresión fuera del local sindical contra los integrantes de la Corriente Democrática a quienes acusó de haber iniciado la agresión.

La Corriente Democrática denunció las practicas cada vez más entreguistas del CEN, así como las constantes violaciones a los estatutos del sindicato, como eran la imposición de delegados, atropello a la autonomía de las secciones foráneas, además de que el CEN venía mostrando gran “simpatía” por las grandes organizaciones controladas por el gobierno, manifestándoles su abierto apoyo.

La oposición de la Corriente Democrática a la “ampliación” del periodo a dos años más, estaba basada en la prohibición de la reelección, señalada en los estatutos del STRM, y a que esta había sido uno de los objetivos del movimiento iniciado en 1976, ahora el secretario general consideraba que no podían prescindir de él, y se esforzaba por introducir la modificación para que se ampliara su periodo en funciones.

La respuesta del “Comité Democrático” fue inmediata, en primer lugar agredió a numerosos miembros de la Corriente Democrática, haciéndolos responsables de la agresión, acto seguido clausuraron las oficinas de la revista “Restaurador 22 de abril” y decomisaron el número 10 de la revista, donde se llamaba a los telefonistas a que hicieran que el Comité Ejecutivo Nacional respetara los estatutos y convocara a elecciones, no conformes con esto, cerraron la Casa de la Cultura Autónoma del Trabajador Telefonista, desalojándola con lujo de violencia y amenazando con quitarle su autonomía, conquistada en la primera Convención, además rescindió los contratos de trabajo a dos trabajadores que colaboraban con la revista y la Casa de la Cultura respectivamente, amenazaron también con suspender el sueldo a los despedidos de la sección 3 y retirarles sus derechos sindicales a 20 trabajadores.

El reinicio de la Convención se hizo con el apoyo de 30 secciones a la reelección del CEN de dos a cuatro años, por lo que para evitar cualquier contratiempo, Hernández Juárez y su grupo convocaron a la Convención en la “semana santa”, época en que la mayoría de los trabajadores se encontraban de vacaciones.

El secretario general señaló que la 2ª Convención discutiría la posibilidad de “ampliar” el periodos para desempeñar los cargos de la dirección del sindicato a fin de garantizar la continuidad de las políticas implantadas por el sindicato, además, reconoció la existencia de grupos , aunque no importantes numéricamente, pero si bien organizados que se oponían a tal medida, por lo que el CEN utilizando una de sus maniobras favoritas, anunció que renunciarían en masa para que la Convención determinara quienes deberían ser removidos de sus cargos, pues “el convocar a elecciones sería riesgoso para la cohesión del gremio telefonista”.72

La Convención estaba dirigida a revisar y modificar un número importante de artículos de los estatutos y definir la posición del sindicato ante la Asamblea Nacional del Congreso del Trabajo.

Conjuntamente con la terminación de la revisión del contrato colectivo de trabajo de los electricistas del SME, los telefonistas dieron por terminados los trabajos de la Convención, tomando como acuerdos, la realización de un consenso para que la mayoría de los trabajadores decidieran si la dirección del sindicato continuaba en el poder o se convocaba a elecciones. Éste consenso se realizaría por medio de boletas expedidas exclusivamente para éste fin, por lo que el resultado se daría a conocer en una Convención Extraordinaria, que se realizaría antes de que terminara el plazo señalado por los estatutos para que se iniciara el proceso electoral dentro del STRM, además, entre los acuerdos que se tomaron, destacó el retiro de la autonomía del órgano oficial del STRM (Restaurador 22 de abril), el cual pasaría al control directo del secretario general y sus amigos, decisión que lamentó, pues en su opinión “ni en tiempos de Salustio se había tomado tal medida”.

Estos acuerdos se dieron al momento en que el sindicato de telefonistas se preparaba para la revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que dio oportunidad al CEN de desviar su preparación y abocarse a la tarea de recorrer todo el país para promover la “ampliación” de su periodo, confiado al control que venía ejerciendo sobre los trabajadores y de quien sabía sus dificultades para organizarse y asumir una posición firme. La campaña del CEN fue avalada por el Comité Nacional de Vigilancia, ya que en las diferentes asambleas, aún sin haber el quorúm señalado por los estatutos para poder realizarlas, éste Comité las reconocía como legales.

A medida que el proceso electoral se acercaba, el grupo de Hernández Juárez, prometiendo puestos en la dirección del sindicato, utilizaban simpatizantes al CEN, perteneciente a Red Valle de México, para realizar su campaña, poniendo como pretexto la información sobre los resultados de la contratación.

El resultado del movimiento por la revisión del contrato, había dejado mal parado al Comité Ejecutivo, quién a medida que se acercaba el inicio del proceso electoral, apoyaba su reelección con represión, mentiras y ofrecimientos de puestos sindicales a sus seguidores, aún en contra de la voluntad de la mayoría de los telefonistas, maniobras antidemocráticas que eran ejecutadas gracias al apoyo que el gobierno y la empresa le proporcionaban al CEN.

La campaña reeleccionista dio principio precisamente después del levantamiento de la huelga, favorecida con el voto de los secretarios generales de las secciones de Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Acapulco, Torreón, Zamora y la delegada de Mazatlán a la contratación, quienes junto con integrantes de Red Valle de México, simpatizantes del CEN, fueron utilizados con la promesa de ocupar puestos en la dirección del sindicato, para que visitaran las secciones foráneas y presionar a los telefonistas para que aceptaran la “ampliación”, sin seguir el procedimiento señalado por los estatutos.

A esta maniobra se sumó la suspensión de los derechos sindicales al secretario general de la sección 80 de Villahermosa, Tabasco, quién en forma abierta se opuso a la reelección de Hernández Juárez, pues éste argumentó en Veracruz, que de realizar elecciones no podría ocuparse debidamente de la revisión del convenio del departamento de tráfico, razón por la cual Hernández Juárez, sintió la necesidad de continuar al frente del sindicato.

La campaña reeleccionista continuó con la complicidad del Comité Nacional de Vigilancia, pues a pesar de no existir quorúm legal en las asambleas seccionales, éstas eran reconocidas, como fue el caso de Monterrey en donde de “1800 compañeros, 900 votaron unos contra la ampliación y otros a favor, y la otra mitad no votó, además de que la votación la realizó el propio comité ejecutivo sin la supervisión del Comité Nacional de Vigilancia y con esto dicen que fue mayoría la que está a favor de la REELECCIÓN”.73

Al mismo tiempo, comisionados del CEN recorrían todas las secciones del país, distorsionando y manejando mañosamente las votaciones levantadas por ellos mismos, por ejemplo, “en Villahermosa, Tab., de 65 miembros votaron 63; de los cuales 33 estuvieron a favor del alargamiento y 30 en contra”. Esta votación se manejó en otras secciones foráneas como que “por amplia mayoría Villahermosa estaba por la reelección. En Nogales, donde la votación fue de 28 en contra de la reelección y 3 a favor, los comisionados informaban lo contrario, así, en el consenso que levantaban en las secciones foráneas arrojaban un 30% a favor de la reelección y de acuerdo con los estatutos del sindicato, se necesitaba más del 55% de los 25 mil telefonistas para que se aprobara la reforma de los estatutos”.74

Sin embargo, esto no sería impedimento para que Hernández Juárez lograra su reelección, ya que el 10 de junio y con la asistencia de la mayoría de las secciones foráneas y de la sección matriz dio principio la “Primera Convención Nacional Democrática Extraordinaria”, donde los principales puntos a tratar fueron la discusión de un documento presentado por el primero y segundo secretarios del Comité Nacional de Vigilancia, en el que se refutó el procedimiento seguido para la reforma de los estatutos y el escrutinio de las boletas para conocer si eran aceptadas éstas reformas o no.

Después de dos días de acalorados debates, el CEN encabezado por Hernández Juárez, presentó su renuncia con el fin de que los delegados tuvieran oportunidad de reestructurar parcial o totalmente la dirección del sindicato, esta maniobra fue dirigida a los delegados que estaban poco informados de las actividades del CEN en las demás secciones y a quienes lo apoyaban. La oposición de la Corriente Democrática a las maniobras del CEN, se dio en forma abierta, por lo que fue acusada por Hernández Juárez de ser “un grupo…interesado en dividir y carente de responsabilidad sindical”.75

La seguridad de Hernández Juárez de continuar en la dirección del sindicato, lo llevó a pronunciarse a favor de una política de alianzas, inclusive “con sectores progresistas de la burguesía, como ciertas clases medias que se han proletarizado entre la crisis económica y busca nuevas formas de organización”.76

Sorprendentemente, quién a lo largo de dos años había buscado mantener aislado por razones tácticas al STRM en su lucha por reivindicaciones económicas, ahora ya no solo apoyaba “críticamente” al gobierno mexicano, sino también buscaba alianzas con la burguesía, con los sindicatos independientes y, por qué no, hasta con los campesinos y pueblo en general, en un intento por atraer la atención de la burocracia sindical y principalmente de Fidel Velázquez a quién consideró “una pieza importante del movimiento obrero”.77

El resultado de la Convención “democrática”, fue la imposición por parte del grupo de Hernández Juárez de las reformas estatutarias que permitieron la “ampliación” de dos años más el periodo de gestión en la dirección del sindicato, así como la suspensión de la autonomía del órgano periodístico del STRM, el cual pasaría al control directo de los amigos de Hernández Juárez y la destitución de 10 integrantes del CEN, incluidos tres de la Corriente Democrática, quién por unanimidad se abstuvo de votar.

La aprobación de las reformas se hizo por 8600 votos a favor y 2400 en contra, la cual daba como resultado 11 mil votos emitidos, de un total de 24 870 telefonistas, lo que nos permite observar que 13870 trabajadores no votaron y, que efectivamente a pesar de las advertencias de la Corriente Democrática, la Convención cayó en la trampa, permitiendo la permanencia de Hernández Juárez en la dirección del sindicato, quién más tarde impulsaría otra “ampliación”, sólo que esta vez por cuatro años más.

De esta forma, quedó demostrado que el avance democrático de que presumían los dirigentes de los telefonistas, por razones “tácticas” quedó nulificado, ya que muchos de los delegados a la Convención, seguían siendo utilizados por el CEN para reelegirse, es decir, que de la misma forma en que Ayala Ramírez y Salustio Salgado, Hernández Juárez utilizó al “máximo órgano de gobierno” del STRM, para mantenerse “democráticamente al frente del sindicato”.

Terminada la Convención y lograda la reelección de la dirección del sindicato, es decir, de Hernández Juárez, éste declaró sin vergüenza, que a partir del movimiento de abril de 1976, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se había destacado dentro del movimiento obrero, por el constante esfuerzo transformador, encaminado a la consolidación de una forma de organización, que posibilitaría el avance social de los trabajadores como clase. Este esfuerzo, claro está, fue apoyado y dirigido por la empresa y el gobierno, en un intento por encontrar nuevas formas de control, para seguir manteniendo a los trabajadores sometidos.

Notas:

1.- El Día, 2 de septiembre de 1976.

2.- Echeverría Álvarez, Luis. “VI informe de gobierno”. Comisión Nacional Editorial (PRI), México 1976, p.33.

3.- Excélsior, 18 de septiembre de 1976.

4.- Echeverría Álvarez, Luis. Op. Cit.

5.- El Día, 3 de septiembre de 1976.

6.- Ibid.

7.- El Sol de México, 13 de septiembre de 1976.

8.- Excélsior, 27 de octubre de 1976.

9.- El Restaurador 22 de abril. Órgano oficial del STRM. Año I, núm. 2, nov. de 1976.

10.- El Restaurador 22 de abril. Órgano oficial del STRM. Año I, núm. 3, dic. de 1976.

11.-Ibid.

12.- El Restaurador 22 de abril, Órgano oficial del STRM. Año I, núm. 3, dic. de 1976.

13.- Ibid.

14.- Ibid.

15.- Ibid.

16.- “El hijo del guajolote”. Órgano del Movimiento Revolucionario Telefonista. Núm. 1, marzo de 1977

17.- A pesar de la oposición de los “comisionados” de Hernández Juárez, los telefonistas empezaron a reunirse en la Central Victoria, de donde pretendieron marchar a píe, pero la policía se los impidió y los obligó a subir a varios autobuses para llevarlos de la calle de Victoria a Villalongín.

Por la calle de Morelos y Bucareli, llegó un numeroso grupo de integrantes del STEUNAM y, la policía motorizada les impidió el paso y los subieron a otros autobuses para trasladarlos como a los telefonistas, a la calle de Villalongín, mientras que una patrulla detuvo a dos trabajadores telefonistas.

Excélsior, 12 de marzo de 1977.

18.- “El hijo del guajolote”. Op.cit.

19.- Ibid.

20.-  Excélsior, 12 de marzo de 1977.

21.- Ibid.

22.- El Día, 13 de marzo de 1977.

23.- El Día, 12 de marzo de 1977.

24.- Excélsior, 20 de abril de 1977.

25.- El Día, 21 de abril de 1977.

26.- Excélsior, 26 de abril de 1977.

27.- El Restaurador 22 de abril. Órgano oficial del STRM. Año  I, núms. 6 y 7 de marzo-abril de 1977

28.-Excélsior, 23 de abril de 1977.

29.- El Día, 23 de abril de 1977.

30.- Ibid.

31.- “El hijo del guajolote”. Suplemento núm. 1, mayo de 1977.

32.- El Día, 26 de abril de 1977.

33.- Ibid.

34.- Ibid.

35.- El Día, 15 de junio de 1977.

36.- A la asamblea judicial convocada para el 3 de junio, concurrieron el Comité Nacional de Vigilancia y la Comisión Nacional Autónoma de Justicia, quienes constataron que la asistencia a la misma no cubría el quórum legal para realizarla, así mismo, encontraron que no había denuncias escritas contra los acusados y que la Comisión de Justicia local, no los había citado conforme a los incisos d) y e) de los estatutos. Además, el dictamen de Justicia local debía ser sancionado por una asamblea judicial local, el Comité Ejecutivo local citó ésta para el 10 de junio, junto con el citatorio de Justicia local, para los dos trabajadores contra los que había determinado su destitución (Secretario Tesorero y Presidente del Comité local de Vigilancia).

El 10 de junio en la asamblea judicial, la Comisión Nacional de Justicia dictaminó que no había quórum para realizarla, pero el 2º Secretario de Vigilancia Nacional (Raymundo Pedraza) aclaró que, por ser la segunda asamblea citada por el mismo motivo, debería celebrarse acatando lo dispuesto en los artículos 27 y 30 de los estatutos. A pesar de esto, Hernández Juárez se opuso a la realización de la asamblea, por lo que se citó una vez más, a una segunda para el 18 del mismo mes.

A la asamblea del día 18 asistieron alrededor de 110 trabajadores, sin embargo, la asamblea fue considerada legal, ya que era la segunda convocada por el mismo motivo, en los términos del artículo 30 de los estatutos. La asamblea ratificó el dictamen destituyendo al Tesorero, al Secretario de Actas y al Presidente de Vigilancia locales.

Algunos miembros del CEN desconocieron los acuerdos tomados por la asamblea y, pasando por encima de los estatutos convocaron a otra asamblea judicial para el día 23, con lo que se violó la autonomía de la sección 2, pues el artículo 33 específica que las asambleas judiciales locales deben ser convocadas por el Comité Ejecutivo local o por los representantes locales del Comité de Vigilancia, la intervención del CEN era a todas luces ilegal, ya que no tiene facultades para sancionar, sino que en éstos casos, sólo debe ejecutar las sanciones determinadas por el Comité Nacional de Vigilancia o la Comisión Nacional Autónoma de Justicia.

A pesar de que la asamblea del día 18 había dictaminado la destitución de 3  representantes locales, se efectuó la asamblea del 23, tomándola –supuestamente- como la segunda posterior a la del día 3.

Esta asamblea fue celebrada en el Colegio Cervantes, continuando las violaciones estatutarias, ya que se aceptó como quórum legal la asistencia de menos de 300 telefonistas, de los 1400 que formaban la sección, Justicia local solo había investigado a petición del CEN, al Secretario General local Rogelio Vargas, sin emitir ningún dictamen contra los demás acusados, a los que no les había hecho el requerimiento legal y, por lo mismo, no había dictamen contra ellos, además, de que tampoco habían sido citados por escrito a esa asamblea, ninguno de los 5 acusados.

Las acusaciones fueron leídas precipitadamente y ante esto, los defensores solicitaron que les fueran proporcionados por escrito tales acusaciones para así poder realizar la defensa, su solicitud les fue negada, además, les fue prohibido hacer uso de la palabra, al igual que a otros telefonistas que quisieron hacer uso de la palabra.

La mesa de debates puso a votación la destitución de los Comités locales (Ejecutivo y de Vigilancia), sin haberles hecho cargos ni llenado los requisitos estatutarios y, sin contara los votos a favor, ni proponer votación en contra, arbitrariamente dio por destituidos a quienes no fueron juzgados con apego a los estatutos del STRM.

Restaurador 22 de abril, Órgano oficial del STRM. Año I, mayo-junio de 1977, núm. 8.

37.- Ibid.

38.- Ibid.

39.- El Día, 7 de agosto de 1977.

40.- El Restaurador, op.cit.

41.- El Día, 7 de agosto de 1977.

42.- El Día, 7 de septiembre de 1977.

43.- El Restaurador 22 de abril. Órgano oficial del STRM. Año I, núm. 9, agosto-septiembre de 1977.

44.- El Día, 21 de septiembre de 1977.

45.- Entre las principales ideas políticas señalan que la clase obrera en nuestro país, no es lo más importante en éste momento porque; No es la clase más nú merosa de las clases explotadas.

Está concentrada en las ciudades, donde también se encuentra el enemigo.

Sus armas de lucha (manifestaciones, mítines, huelgas, etc.), son más viciadas por el pensamiento de otras organizaciones que se dicen de lucha.

El método, los pretextos y los objetivos.

a)    Los pretextos son las necesidades más sentidas por las masas y pueden ser económicas, políticas o ideológicas, generales o particulares.

b)    Las tendencias opuestas deben servir de pretextos, las posiciones correctas surgen de la lucha contra las posiciones equivocadas.

c)    Los objetivos son necesidades no sentidas por las masas en el principio de sus luchas.

d)    El método consistente en utilizar pretextos para ir cumpliendo los objetivos de organización proletaria, formación teórica y lucha ideológica de masas.

e)    Los pretextes y los objetivos no son cosas separadas.

f)     Es equivocado que primero deban resolverse los pretextos para después cumplir los objetivos.

g)    Los objetivos funcionan como medios para el cumplimiento de los pretextos.

Septiembre 78.

Boletín Informativo Telefonista. Año I, núm. 1, octubre de 1978.

46.- El Día, 21 de septiembre de 1977.

47.- El Restaurador, op. Cit.

48.- Ibid.

49.- El Día 5 de octubre de 1977.

50.- El Día, 8 de octubre de 1977.

51.- Ibid.

52.- El Día, 3 de marzo de 1978.

53.- Ibid.

54.- El Restaurador 22 de abril, Órgano oficial del STRM, Año II, núm.10, octubre-diciembre de 1977.

55.- El Día, 22 de marzo de 1978.

56.- Ibid.

57.- El Día, 14 de marzo de 1978.

58.- El Día, 24 de marzo de 19787.

59.- Uno más uno, 29 de marzo de 1978.

60.- El Día, 30 de marzo de 1978.

61.- Ibid.

62.- Ibid.

63.- Excélsior, 31 de marzo de 1978.

64.- El Día, 4 de abril de 1978.

65.- Ibid.

66.- El Día, 21 de abril de 1978.

67.- Ibid.

68.- “Una vez que las pláticas directas con la empresa fracasaron, se trasladó la negociación a la Secretaría del Trabajo. En esos momentos la participación de los telefonistas aumentó y creció la movilización, y ante la última proposición de la empresa, que de ninguna manera satisfacía las demandas planteadas en el proyecto, se realizó una marcha-mitin de repudio a la proposición de la empresa, en la madrugada del 24 de abril, esto empujó a las autoridades laborales a intervenir directamente en la solución del conflicto, y horas más tarde hicieron saber las máximas proposición de la Secretaría del Trabajo, que se resumía en; 12% de aumento salarial, creación condicionada del convenio de tráfico; 2 pesos más para pasajes (para hacer un total de seis), y 1000 plantas para trabajadores eventuales”.

Línea Democrática, mayo de 1978.

69.- Esta actitud era reforzada por los telefonistas, que hasta antes del día 24 no habían asistido en gran número al local sindical, esto fue interpretado por el CEN de que los trabajadores no estaban dispuestos a ir a la huelga.

70.- “El hijo del guajolote”. Suplemento núm. 7 del 7 de junio de 1978.

71.- El Día, 22 de marzo de 1978.

72.- Ibid.

73.- “Vanguardia Telefonista”.  Suplemento especial núm. 4 de de mayo de 1978.

74.- Ibid.

75.- Uno más uno. 13 de junio de 1978.

76.- ibid.

77.- Los argumentos contra la reelección fueron:

1) “Porque se sienta un precedente de no respetar la ley interna del STRM, por aquellos que deberían ser los más celosos en vigilar el cumplimiento cabal de nuestros estatutos. Sí esto se hace hoy, ¿Qué se puede esperar mañana?

2) Que se les puede servir la mesa a los enemigos de los trabajadores pues con métodos legaloides y burocráticos, la empresa a través de gente incondicional a ella, pretenda imponer una dirección charra, metiéndose en un problema gratuito y del cual los únicos culpables serán los miembros del actual CEN, por su obstinación de seguir al frente del sindicato”.

Los argumentos a favor de la “ampliación” fueron:

1)    “Que las elecciones ponen en peligro la democracia dentro del STRM, pues hay intereses de partidos políticos de izquierda, de la empresa y de los charros (CTM), para ocupar la dirección sindical.

2)    Que el CEN encabezado por Hernández Juárez ha garantizado la democracia en el STRM como ningún otro comité lo había hecho antes, y por lo tanto, él es el único que puede consolidar la democracia.

3)    Qué tan hay democracia en el comité actual, que se llevó a cabo la huelga porque los trabajadores como así lo quisieron.

4)    Que el CEN ha obtenido logros muy importantes para los trabajadores como son las revisiones de los convenios, mesas de trabajo, plantas, etc.

5)    Que se pone en peligro el convenio de tráfico, que durante mucho tiempo ´ellos pelearon´, ya que se desviaría la atención en las elecciones y no se le daría la debida importancia.

6)    Que la empresa tiene la capacidad organizativa para sacar una planilla y así dar un golpe al STRM, en el cual no hay organización.

7)    Que el CEN ´se siente muy a gusto´ y les da satisfacción representar a los trabajadores”

Línea Democrática 22 de abril. Órgano de la Corriente Democrática del STRM, mayo de 1978.