En pleno esplendor del “milagro económico mexicano”, da inicio el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y como ejemplo, el sector industria se caracteriza por una alta tasa de crecimiento económico, sin embargo, el nuevo gobierno va a enfrentar problemas políticos muy serios, sobre todo en los sectores medios que se van a manifestar principalmente en los sectores estudiantiles, de profesionistas e intelectuales, que no habían sido precisamente los más beneficiados.

El primer conflicto importante, se va a dar en 1965 entre los médicos, movimiento sostenido por los jóvenes médicos residentes, quienes encontraron el apoyo de los médicos de base, que a su vez buscaban, mejorar sus condiciones de trabajo y sus salarios. (1)
Lo más significativo desde el punto de vista del manejo del conflicto por el gobierno, no fue tanto la táctica de dividir al movimiento elevando los salarios de los médicos de base para separarlos de los residentes, que es una táctica muy utilizada por el gobierno. Tampoco fue lo más importante, el que después de la represión del movimiento se hayan mejorado las condiciones de trabajo y los salarios del sector de los médicos residentes. Este hecho puso de manifiesto que una vez más, era político, en el sentido de que mostró que el gobierno impediría que surgieran organizaciones que lo enfrentaran directamente y que no aceptaran los canales y las reglas del juego establecidas.
En este caso, la peculiaridad consistió en la concepción del Presidente, de cómo debería conducirse el manejo del conflicto. Dicha concepción llevó a una actuación inusitada del Presidente, quién rompiendo con la tradición de que el Jefe del Ejecutivo es al mismo tiempo árbitro y última instancia, asumió al poco tiempo de iniciado el movimiento, la responsabilidad de su desenlace y convirtió el problema del manejo de las demandas planteadas por un sector, en un desafío a la autoridad. Díaz Ordaz adelantó de esta manera lo que iba a ser su conducta en el movimiento estudiantil de 1968.
La respuesta al movimiento de los médicos fue implacable, los dirigentes fueron encarcelados, pero además, se ejerció una amplia represión con todos los médicos identificados con el movimiento, a los que se les expulsó de sus lugares de trabajo y se incluyó en “listas negras” que les impedirían volver a ser contratados. (2)
Es importante destacar que aunque el gobierno de Díaz Ordaz se acentuaron las tendencias autoritarias, se buscó el fortalecimiento de la base obrera del Estado, lo que se manifestó en la creación del Congreso del Trabajo, y en la solución de la huelga textil de 1968.
En efecto, por un lado, el gobierno reprimía el movimiento de los médicos, impidiéndoles que formaran organizaciones independientes que se le enfrentaran directamente y por el otro, el PRI con la anuencia del Presidente, impulsaba la creación de un organismo donde estuvieran representadas todas las centrales y los sindicatos nacionales de industria.
Con este propósito, en 1966 se funda el Congreso del Trabajo, donde confluyen las dos grandes centrales existentes, el BUO (Bloque de Unidad Obrera) creado durante el gobierno de Ruiz Cortines, y la CNT (Central Nacional de Trabajadores) creada en el periodo de López Mateos. El Congreso integró a todas las confederaciones y a los sindicatos nacionales de industria: electricistas, petroleros, ferrocarrileros y telefonistas, aunque dentro de todos los sindicatos y centrales, la CTM quedó en una posición hegemónica.
El primero de mayo de 1966, el Presidente Díaz Ordaz comentó “empieza a ser una promisoria realidad la unificación de los trabajadores no en una Central propiamente dicha, sino en ideales, principios, en metas y en ayuda recíproca para poder alcanzarlos”. De esta manera, el Congreso del Trabajo, se convertiría en el mecanismo apropiado para neutralizar, mediatizar y controlar las demandas de los trabajadores.
A partir de este año, no surgió ningún conflicto de importancia ni hubo modificaciones significativas en la estructura del movimiento obrero organizado. En el primer semestre de 1967 los telefonistas que habían sido sometidos en 1962, intentaron un nuevo levantamiento en contra de la dirección sindical, ya que a pesar de que los estatutos del STRM señalaban que el nombramiento de sus dirigentes deberían llevarse a cabo “invariablemente en forma democrática”, el Comité encabezado por Antonio Sánchez Torres, que había iniciado el 1 de agosto de 1966, fue nombrado por la XIV Convención Nacional sin tomar en cuenta la opinión de los telefonistas y, rápidamente fue reconocido por las autoridades laborales. (3)
En efecto, las reformas estatutarias de 1964 permitieron que los dirigentes se reeligieran, ampliando a su conveniencia, el tiempo de gestión y, además, de tratar de obtener puestos políticos ignorando la opinión de la mayoría de los telefonistas.
La nueva política de la dirección sindical estaría basada principalmente en la negativa de realizar asambleas. Además de que las Convenciones estaban sujetas a un férreo control, en donde la mayoría de los delegados no eran electos por los trabajadores.
Sin embargo, pequeños grupos de telefonistas daban muestras de inconformidad a través de publicaciones independientes en oposición a la publicación del órgano oficial del sindicato (1º. de Agosto), en donde sólo podían expresar sus ideas y opiniones los trabajadores adictos Al Comité Ejecutivo y donde los dirigentes exponían únicamente su opinión sobre los acontecimientos que –según ellos- afectaban a los telefonistas.
El acuerdo tomado por la Asamblea General celebrada el 3 de mayo de 1967, la cual estuvo integrada por los Secretarios Generales de las secciones foráneas y de los delegados departamentales y seccionales de la sección matriz, giró en torno a: “1) Que se proceda a la construcción de un nuevo edificio sindical en la sección matriz del D.F.; 2) Que el edificio sindical mencionado y otros de las secciones foráneas, se construyan mediante la creación de un ´Fondo de Bienes y Servicios Sociales de los Trabajadores Telefonistas´, integrado con el descuento de la cantidad de 5.00 pesos semanarios que deberán cubrir los trabajadores miembros del sindicato; y 3) Queda constituido el patronato o Comisión sindical pro-construcción de edificios, formado por los compañeros: Porfirio Estrada Langagne, Emilio Reyes Amaro, José Luis Ugarte, Gregorio Salinas Macedo y Xóchitl Aviña González para la aplicación del citado sondo sindical”. (4)
El acuerdo tomado por la Asamblea Nacional, terminó con la paciencia de los telefonistas y en forma desorganizada decidieron hacer frente al Comité Ejecutivo Nacional. Pues además “por una maniobra que intentaron hacer los ´charros´, pretendían quitarnos un porcentaje de nuestro reparto de utilidades –según ellos para construir un nuevo edificio” (5)
De inmediato, los telefonistas descontentos contra el Comité Ejecutivo Nacional tomaron el local sindical para realizar una asamblea y protestar contra el acuerdo tomado por la Asamblea Nacional “por considerar que hay una merma en la participación de las utilidades. Ante la compleja oposición de los telefonistas, el secretario general del sindicato Antonio Sánchez Torres, se vio obligado a declarar que su organización no deseaba “provocar ningún problema que altere la tranquilidad que se respira en el país y que ha resuelto dejar en suspenso el acuerdo que provocó el descontento de un grupo de trabajadores”. (6)
Por su parte, la Comisión Coordinadora de la Asamblea General Permanente contestó al secretario general señalando que “el grupo que encabeza Sánchez Torres, han venido usurpando la representación del Sindicato Telefonista, porque nunca fueron electos por los trabajadores, sino por un pequeño grupo que reunió para nombrarlos, no solo sin el consentimiento de los telefonistas, sino en contra de la voluntad expresa de éstos”. (7)
Sánchez Torres acusaba como instigadores del conflicto a telefonistas de los departamentos de Centrales Mantenimiento, Conmutadores y Oficinistas de Parque Vía, que siempre se habían caracterizado por su oposición a los dirigentes “charros” y mencionaba principalmente a Carlos Arrieta, Carlos Sevilla, Esperanza Rojo y Aurora Gutiérrez Soto, como los principales opositores al proyecto de construir el nuevo local sindical.
En una circular enviada a toda la organización que incluía a los telefonistas jubilados y temporeros, así como a las organizaciones que integraban el Congreso del Trabajo, del cual había participado en su fundación, el Comité Ejecutivo informó que el acuerdo tomado por la Asamblea General había sido suspendido y que sería la próxima Convención la que decidiría sobre el acuerdo que había dado origen a la inconformidad de los telefonistas.
Esta medida estaba encaminada a evitar que la “unidad y la paz desaparezcan de la organización”, además, de impedir la participación de “personas o grupos extraños en los problemas que sólo a los trabajadores telefonistas corresponde plantear y resolver”. (8)
La circular terminaba con un llamado a la “familia telefonista” de que no prestara atención a grupos extraños que “pudieran poner en peligro las sagradas conquistas logradas con el esfuerzo y sacrificio de muchos años de lucha de los auténticos Telefonistas de México, así como el respeto al derecho de asociación de la clase obrera consagrada en la Constitución… celosamente respetada por el gobierno de la República, precedido por el ciudadano Gustavo Díaz Ordaz”. (9)
Los opositores al Comité Ejecutivo, informaban que el movimiento que habían iniciado contra la dirección sindical continuaría “para demostrar que constituían un grupo numeroso”. Los principales dirigentes del grupo opositor señalaban que inclusive están dispuestos a realizar paros parciales ya que “con los paros [iban] a demostrar su fuerza”. Anunciaban también, que realizarían reuniones en “lugares secretos” para tomar acuerdos encaminados “a derrocar al actual Comité Ejecutivo”. (10)
Sin embargo, los paros anunciados por las operadoras no se llevaron acabo, en cambio decidieron continuar la Asamblea Permanente iniciada el 4 de mayo para organizarse y tomar nuevos acuerdos en relación con el movimiento que habían iniciado. El primer acuerdo tomado, fue la creación de un “Comité de Orden”, integrado por Carlos Arrieta, Antonio Sánchez Trejo y Armando Covarrubias, quienes declararon que su principal objetivo era “la desaparición del Comité Ejecutivo de la Organización, por ser lesivo a los interese de los trabajadores” y, para contrarrestar las declaraciones de Sánchez Torres respecto a que están siendo dirigidos por agitadores profesionales, señalaron que eran los telefonistas quienes por iniciativa propia se habían lanzado a la lucha, por lo que “el problema sindical, que nada tiene que ver ni contra el gobierno ni contra la empresa”, era porque sólo deseaban el cambio de la dirección del sindicato. (11)
Sánchez Torres por su parte, advirtió que de continuar con el movimiento, se ponían en peligro las conquistas que se habían alcanzado con grandes esfuerzos, por lo hizo un nuevo llamado a los telefonistas para que conservaran la unidad y no hicieran caso a los agitadores. Reiteraba que el acuerdo de descontar los 5.00 pesos semanales había sido suspendido, por lo que no existía motivo para que el grupo descontento continuara con el movimiento, y para debilitarlo, solicitó a Teléfonos de México, que el pago del reparto de utilidades lo hiciera lo más pronto posible, para que los telefonistas se dieran cuenta de la buena disposición tanto de la empresa como del sindicato. Prometiendo además que no se ejercería ninguna represalia en contra de los opositores al Comité Ejecutivo.
Por otro lado, una comisión de telefonistas del grupo opositor, en un intento porque su movimiento fuera reconocido por las autoridades laborales, se entrevistó con el Lic. Tristán Canales Valverde, Subsecretario B del Trabajo, para informarle que habían iniciado un movimiento cuya meta era el desconocimiento de los dirigentes telefonistas “estos habían sido electos por una Convención amañada, donde los estatutos fueron reformados”, por lo que aclararon que su lucha no iba dirigida en contra del gobierno ni de la empresa . Era un problema “puramente intersindical llevado por los trabajadores que desean que la democracia vuelva a imperar en nuestra organización”. (12)
Los telefonistas descontentos podían considerarse afortunados, pues la enfermedad que padecía el Secretario del Trabajo, Salomón González Blanco, le impidió su participación directa en el conflicto, pues éste le s tenía tomada la medida a los telefonistas rebeldes.
El Subsecretario les informó que lo único que podía hacer para ayudarlos era tomar nota del problema, ya que las autoridades no podían intervenir en el régimen interno de los sindicatos, por lo que los exhortó a “no apartarse de la legalidad ni de la cordura y a dirimir sus problemas con serenidad”. (13)
El movimiento continuaba y los telefonistas disidentes sabrían lo que significaba el apoyo proporcionado por el Congreso del Trabajo a la dirigencia de su sindicato. Antonio Sánchez torres informo a la nueva central obrera que un grupo de telefonistas había pretendido romper la unidad del sindicato con el objetivo de crear un clima de agitación para desviar los planes que se había planteado el gobierno federal.
En el informe que presentó el Comité Ejecutivo del STRM al presidente del Congreso del Trabajo, senador Luis Gómez Z., el líder de los telefonistas le había solicitado una acción enérgica contra el grupo opositor, por lo que advirtió que estaban dispuestos a restaurar el orden y la tranquilidad en el sindicato, aún con las medidas disciplinarias más severas. Para lograrlo, iniciarían una labor de orientación y convencimiento entre los telefonistas que de buena fe habían sido engañados por los agitadores.
El documento añadía que “los principales alborotadores que criminalmente lapidaron el edificio del sindicato y que se ostentan como cabezas del movimiento divisionista han sido ya consignados ante los órganos competentes de nuestra organización que se encargarán de juzgarlos y aplicarles las sanciones que prevén los estatutos”. (14)
Los telefonistas rebeldes respondieron que “como era de esperarse, el grupo encabezado por Sánchez Torres, en vez de actuar como representantes sindicales, han actuado como lo que son, ´usurpadores´, y como tales no sólo no han defendido los derechos de los trabajadores, sino que los han pisoteado, comerciando con ellos, sin ningún recato, han visto al sindicato como un negocio mercantil y lo han explotado, pero no como comerciantes honestos, sino como comerciantes voraces e inmorales”. (15)
El Congreso del Trabajo, en voz de su presidente Gómez Z. señaló que “en nombre de tres millones de trabajadores que integran el Congreso del Trabajo” -según dijo- exhortó al grupo de telefonistas disidentes a “rectificar su postura, so pena de ser considerados como traidores por toda la clase obrera del país”. (16)
Ante la proximidad de la celebración de la XV Convención Nacional Ordinaria, “el 24 de julio de 1967 un grupo de telefonistas contrario a la Secretaría General fue reprimido brutalmente por los granaderos”. (17) Tan sólo porque éste grupo se proponía impedir la celebración de la XV Convención
La dirección del sindicato convocó a la XV Convención, y fue constituida con delegados que en su mayoría fueron impuestos por el CEN para que aprobaran, sin previa Asamblea Judicial, la expulsión de 20 telefonistas. La dirección del sindicato justificó su separación señalando que “movidos por intereses bastardos e inconfesables”, habían tratado de “sorprender la buena fe y la alta conciencia sindicalista de los telefonistas”. (18)
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional Autónoma de Justicia del STRM, Guillermo Zamudio Navarrete, informó también, que 38 telefonista más de distintas secciones foráneas, habían sido suspendidos en sus derechos sindicales por el lapso de un año, a causa de “haber secundado en cierta forma el movimiento divisionista que surgió el 3 de mayo en la capital de la República”. Salustio Salgado, Secretario del Interior, al hacer uso de la palabra señaló que “el sindicato será inflexible con los trabajadores que pongan en peligro la tranquilidad del sindicato”. (19)
Los telefonistas rebeldes informaron que a pesa de las sanciones decretadas por el Comité Ejecutivo Nacional, realizarían elecciones para renovar a la dirección del STRM precedido por Sánchez Torres en los primeros días del mes de septiembre, por lo que habían sido registradas dos planillas, una encabezada por Domingo Guerra Santos y la otra por Alfredo Ferrat Solá. Las elecciones se realizaron el 5 de septiembre y el triunfo fue por mayoría para la planilla encabezada por Guerra Santos.
El Subsecretario de Trabajo, Julio Santos Coy, se negó a asistir a la toma de posesión del nuevo Comité quién reconoció sin elecciones “al dirigente charro derrotado (Sánchez Torres). Igual actitud asumieron los dirigentes del Congreso del Trabajo”. (20)
Con el desconocimiento del Comité electo por los telefonistas, la indiferencia y el temor del resto de sus compañeros, hicieron posible que las expulsiones se hicieran efectivas, en perjuicio de quienes habían intentado recobrar el sindicato para los trabajadores. La represión obligó a los telefonistas a refugiarse en luchas departamentales que, aunque aisladas, lograban reivindicaciones importante y cuyo mérito principal era la comprensión y la importancia de luchar unidos en contra de la empresa y la dirección sindical.
Así, el periodo de Sánchez Torres se caracterizó principalmente por su actitud entreguista tanto con la empresa como con el gobierno. Con la empresa porque financiaba la cooperativa del STRM, convertida por Sánchez Torres en un negocio personal, pues por cada artículo que se vendía (principalmente electro doméstico), las compañías otorgaban un premio al dueño de la cooperativa “Sánchez Torres ha explotado desde hace 15 años la cooperativa, que de sindical solo tiene el nombre”, acusaban los telefonistas disidentes. Además, se empezaron a crear conflictos con los terrenos de la colonia SINATEL, pues estos eran otorgados a los simpatizantes del Comité Ejecutivo Nacional, así como el ocultamiento del Fondo de Resistencia y del mal manejo de las cuotas sindicales. También “acabaron con el seguro mutualista, para cambiarlo por un seguro mercantil y para colmo han pretendido encarcelar a compañeros a quienes según ellos representan”. (21)
Entre las muchas concesiones que Sánchez Torres otorgó a Teléfonos de México, está la limitación del personal de confianza, por lo que a partir de la revisión del Contrato Colectivo en 1968, la empresa podría aumentar libremente el número de trabajadores de confianza, sin tener que tomar en consideración el porcentaje (10%) sobre el total de los trabajadores sindicalizados, concesión que serviría para limitar los posteriores movimientos de los telefonistas.
Notas:
1.- Pozas Horcacitas, Ricardo. “El movimiento médico en México”.
Cuadernos Políticos, edit. Era.
2.- Ibid.
3.- Trejo Delarbre, Raúl. “Reseña histórica del Movimiento Obrero Mexicano”.
CELA, Serie Estudios, núm. 19, UNAM. FCPyS.
4.- El Día, 7 de mayo de 1967
5.- GACETA INFORMATIVA, 10 de junio de 1976, núm. 2
6.- El Día, 6 de mayo de 1967
7.- “El Telefonista”.
Órgano independiente de los telefonistas, núm. 1, agosto de 1967
8.- E Día, 7 de mayo de 1967
9.- Ibid.
10.- Ibid.
11.- El Día, 8 de mayo de 1967
12.- El Día, 14 de mayo de 1967
13.- Ibid.
14.- El Día, 24 de junio de 1967
15.- “El Telefonista”, op. cit.
16.- Rodríguez Araujo, Octavio y Fernández Christleb, Paulina.
La clase obrera en la historia de México, “El sexenio de Tlatelolco”.
Edit. siglo XXI
17.- Ibid.
18.- El Día, 26 de julio de 1967
19.- Ibid.
20.- “La clase obrera”. Op. cit.
21.- “El Telefonista”. Op. cit.