Golpe al derecho de huelga.

Imposición del tope del 29.7 o real aumento de salarios.

Seguridad a los trabajadores o más garantías al patrón.

El 25 de abril vence el emplazamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Los 25 mil trabajadores tienen como antecedente inmediato 4 huelgas en tres años consecutivos. Esta gran efervescencia sindical tiene raíces muy profundas, que nada tienen que ver con la propaganda satanizadora desplegada por el Estado y las organizaciones patronales en cada estallamiento.

Teléfonos de México, empresa de participación estatal mayoritaria, es puntal de los grandes monopolios, por tener de las más altas tasas de productividad y ganancias del país. Bonanza que tiene su origen en una cada vez mayor intensidad de explotación de la fuerza de trabajo y en uno de los regímenes salariales más bajos del sector paraestatal.

Este marco laboral obsoleto, junto con las profundas aspiraciones reivindicativas y democráticas arraigadas entre la base telefonista a raíz de la derrota del charrismo el 22 de abril de 1976, son el motor que ha mantenido vivo el movimiento de los telefonistas a pesar de los intentos mediatizadores de su dirección. El Estado y la empresa que no son lo mismo como opinan varios encumbrados funcionarios, pero tampoco son intereses opuestos, como infructuosamente han tratado de demostrar la dirección sindical y su promotora la organización Línea Proletaria, constituyen una de las expresiones más claras de la ensambladura del capital monopólico estatal y privado. Es este basamento el que fundamenta la brutal política gubernamental, violatoria del derecho de huelga de los telefonistas, que el año pasado llegó al grado de aplicar la requisa con métodos represivos y de promover y financiar el esquirolaje.

Insiste la Coalición de Izquierda.

17 votos priistas impidieron que se discutiese en la Cámara la derogación de la ilegalidad hecha ley.

Una vez más se vio la auténtica naturaleza de la política del gobierno: proteger los intereses de las empresas, por sobre los derechos de los trabajadores. El PRI-gobierno gusta de jugar a la democracia (democracia: gobierno de todo el pueblo), pero en realidad quien sigue tomando decisiones y haciendo leyes en un pequeño grupo de funcionarios y capitalistas. Esta democracia parece un títere al que solamente mueven los intereses de quienes se han enriquecido a costa del pueblo.

Catorce de abril. Pablo Gómez, representante del Grupo Parlamentario Comunista, Coalición de Izquierda, propone a diputados y senadores, en la asamblea Permanente de la Cámara de Diputados, que se abra una sesión extraordinaria para discutir la iniciativa presentada por la Coalición de Izquierda –y congelada hace una año-, que tiene por objeto eliminar la requisa. Porque la requisa limita el derecho de huelga de los trabajadores en general y de los telefonistas en particular, ya que han sido éstos los más afectados por dicha medida.

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En defensa del derecho de huelga.

El Grupo Parlamentario Comunista “Coalición de Izquierda” propuso desde el 21 de diciembre de 1979 una iniciativa de ley para la derogación de la requisa. La exposición de motivos demuestra cómo se ha venido aplicando la requisa con la única finalidad de nulificar el derecho de huelga. También deja bien claro su carácter anticonstitucional en base a una contundente argumentación que a continuación reproducimos:

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Laura Zapata.

OPOSICIÓN, domingo 12 de abril de 1981.

Con la firma del Convenio de Operadoras en 1979, los telefonistas lograron arrancar a la empresa el compromiso de que el IMSS realizara estudios que sirvieran para prever, curar y rehabilitar las enfermedades profesionales reconocidas y no reconocidas por la Ley Federal del Trabajo.

Han pasado dos años desde la firma del Convenio y la empresa no ha movido un dedo para que el IMSS concluya dicho estudio ni mucho menos para mejorar las condiciones de trabajo, pero en cambio sí, año tras año, aumentan sus intentos de golpear al sindicato.

Mientras la empresa sigue tan campante con sus esquiroles, las operadoras continúan sometidas a un extenuante y estricto ritmo de producción, que consiste en permanecer más de 7 horas ante un tablero que no puede ser desatendido ni un instante: manipular de 100 a 400 lámparas, atender directorios, tarifas, llamados de la auxiliar, enlace de posición, troncales de llamadas locales, responder a cada señal luminosa de distinta manera, y más. En fin, condiciones tales que aumentan al máximo el grado de fatiga y tensión.

Las operadoras tienen que laborar bajo el control incesante de las supervisoras, que checan las palabras que usan, el trato y el tiempo; es decir, normas disciplinas que automatizan al máximo. Trabajan turnos rotativos (que varían semanal, quincenal y mensualmente) y mixtos, que les impiden organizar su vida social, fijar horarios estables de comidas, sueños y descansos, causándoles en tal razón alteraciones cuyas manifestaciones son irritabilidad, ansiedad, insomnio, trastornos gastrointestinales, fatiga y sobre todo anormalidad en las relaciones personales inmediatas.

Están expuestas a las descargas de ruido llamadas repiques cuyos efectos son perdidas de la memoria y de la capacidad de atención, decaimiento físico y psíquico, y en general trastornos del sistema nervioso.

Para colmo de males, también tienen que soportar las malas condiciones del equipo y mal diseño de las sillas, que causan enfermedades de los huesos y articulaciones, insuficiente ventilación e iluminación, tienen además que adaptarse al clima artificial que regula la temperatura de las salas de trabajo y les causa infecciones respiratorias. En fin, las operadoras pueden demostrar que las condiciones

materiales y sociales del proceso productivo (del trabajo) dañan su salud física y mental y afectan sus condiciones de vida social al grado de transformarlas cada vez más en un apéndice del equipo que, como el resto, funciona mal.

Las operadoras están conscientes de que la empresa no quiere tocar el tema de las enfermedades profesionales porque de inmediato saldrían a relucir las demandas del departamento:

-Más descansos cortos.

-Regulación de cursos.

-Jubilación a los 25 años de labores sin límite de edad.

-Mejoramiento del equipo.

-Aplicación de audiometrías a todas las operadoras y, según el resultado de éstas, tomar las medidas necesarias en cada caso para prever la pérdida progresiva de audición.

-Atención médica adecuada con especialistas capacitados.

-Aplicar los mecanismos necesarios para que realmente los riesgos profesionales se prevean, eviten y exista la rehabilitación.

Son estas condiciones de trabajo las que explican las impresionantes tasas de ganancia de TELMEX, que establecen record en la Bolsa de Valores. Son estas condiciones las que hacen tan explosiva la insurgencia sindical telefonista. Es aquí donde se encuentra, en gran medida, el misterio de 4 huelgas entre años consecutivos.

OPOSICIÓN, domingo 26 de abril de 1981.

Jacinto López.

La gran mayoría de los trabajadores que se ven amenazados por la requisa (electricistas, ferrocarrileros, telefonistas, personal de aviación) pertenecen a empresas del sector paraestatal. Este hecho y la aberración legal que permite la requisa han dado lugar a que el gobierno no pueda armar un discurso coherente para justificar su política violadora de los derechos de los trabajadores. Veamos.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, refiriéndose a Teléfonos de México, insiste en que “hemos de recordar que es el gobierno federal el accionista mayoritario, lo que equivale a decir el pueblo de México” (inserción pagada en la prensa comercial del 4 de abril). Pero la requisa contra la huelga telefonista de abril de ´80, los funcionarios del gobierno insistían en que los esquiroles no lo eran, ya que habían trabajado para el gobierno y no para la empresa.

Así, resulta que las autoridades identifican, empresa y gobierno cuando les conviene y cuando no pretenden presentarlas como si fueran entes sin conexión alguna.

Para completar el cuadro de la demagogia incoherente, en cada ocasión en que se ha aplicado la requisa salen a relucir las frases grandilocuentes de que se actúa de acuerdo con los “intereses de la nación”, para “evitar daños a la economía del país”, pero lo que no logran incluir en “esa nación” los intereses de los trabajadores, ni en “ese país” la economía del pueblo trabajador.

El incoherente discurso gubernamental sólo busca tergiversar la verdadera orientación de la mayoría de las empresas paraestatales y de la requisa. Es con el sector paraestatal que el gobierno apuntala una política pro-monopolista y es con la requisa y con otros instrumentos como enfrenta la lucha de los trabajadores por derrotar esa política antipopular.

Por su parte, la burocracia sindical del Congreso del Trabajo declara reiteradamente que se luchará contra la requisa. Por lo pronto, se ha quedado al nivel de las palabras, y en caso de que pasen a los hechos ya han dejado entrever que no están por la derogación de la requisa sino solo por su reglamentación: Olivo Solís diputado y expresidente del Congreso del Trabajo, afirmó que “no queremos desarmar al Estado en caso de emergencia, pero si buscamos reglamentar la requisa y la incautación” (uno más uno 7 de abril). ¿Desarmarlo? ¿Frente a quién? ¡Frente a sus “aliados” los trabajadores?

Don Fidel, el defensor a ultranza de la política gubernamental, ha ido más lejos al acuñar y difundir la “brillante” idea de que el gobierno no tiene la intención, la voluntad de aplicar la requisa, pero como existe esa legislación y es un Estado de derecho, no le queda más remedio que “disciplinarse” y aplicarla (Por cierto, la ley establece que es a criterio del Ejecutivo su aplicación). Para este planteamiento ha sido ganada la dirección sindical del STRM: Hernández Juárez en los pasillos de la CTM, declaró a la prensa que “no alzaremos consigna contra el gobierno, porque lo único que hace cuando la aplica, es cumplir con los ordenamientos de la Ley Federal (sic) de Vías Generales de Comunicación” (uno más uno, 28 de mayo de 1980).

De lo que no hay duda es que las huelgas de los telefonistas han provocado que la cuestión de la requisa se convierta en u elemento de deslinde tajante: o se está con los trabajadores o con los intereses de los grandes monopolios. Lo cual, por un lado, pone en aprietos la “alianza” con el Estado impulsada por la burocracia sindical y por otro se convierte en un reto para las corrientes democráticas del sindicalismo mexicano y para las organizaciones políticas democráticas: lograr la derogación de la requisa.