La segunda Guerra Mundial y el ascenso de Manuel Ávila Camacho a la Presidencia de la República estimularon en forma considerable la economía nacional. Esta coyuntura propicio el advenimiento de la política de industrialización del país, en donde el capital privado, en particular el nacional, se expandió rápidamente en tanto el gobierno mexicano fue un factor clave al contribuir con grandes inversiones a la infraestructura necesaria para el crecimiento económico del país. De esta manera el gobierno mexicano se convirtió en el promotor de la expansión económica.

En efecto, la Segunda Guerra Mundial brindó oportunidades excepcionales para la industrialización del país y para la acumulación capitalista. La coyuntura fue favorable sobre todo para los países latinoamericanos que poseían ya un equipo humano e industrial de un nivel técnico elevado. En el caso de México fue particularmente benéfico este fenómeno, ya que el marco político y social originado por la revolución ofreció las condiciones óptimas para aprovechar el momento.
La guerra incrementó la demanda de los productos primarios, hasta el punto que las exportaciones se duplicaron entre los años de 1939 y 1945. Pero también aumentó fuertemente la demanda de productos manufacturados como los textiles, alimentos, tabaco, etc. Los empresarios privados supieron aprovechar la situación aumentando sus inversiones en la industria, También porque las áreas urbanas ofrecían más seguridades que las rurales en las que se proyectaba la sombra del agrarismo.
El 1º de diciembre de 1940, al tomar posesión de la Presidencia de la República Manuel Ávila Camacho dejó definido quién tomaría las riendas del “despegue” económico al señalar que “ciframos nuestra seguridad de expansión económica principalmente en la energías vitales de la iniciativa privada”. 1
Sin embargo, para iniciar este proceso se tendría que lograr la reconciliación con el imperio, y el primer paso que dio el gobierno avilacamachista fue el pago a las compañías petroleras norteamericanas de 40 millones de dólares, a cambio de un crédito de igual magnitud para lograr la estabilización del peso mexicano y la firma de un nuevo convenio donde el gobierno de Estados Unidos se comprometió a comprar 6 millones de onzas de plata mensuales, además de un crédito de 20 millones de dólares para rehabilitar el sistema de comunicaciones del país.
Restablecidas las relaciones mexicano-norteamericanas, Ávila Camacho informó a la opinión pública que México se había declarado aliado de Estados Unidos para hacer frente a la guerra.
El segundo paso fue la expedición de la Ley de la Industria de la Transformación, en la que se formalizó la protección gubernamental a las nuevas industrias y en donde el Secretario de Economía se le otorgó el poder de eximirlas de impuestos y derechos aduanales. Al mismo tempo se crearon nuevas organizaciones de la pequeña y mediana burguesía, entre otras, surgió la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Los dirigentes de esta organización de declararon partidarios del desarrollo económico del país, pero al mismo tiempo solicitaron la desaparición de la lucha de clases, que en su opinión, estorbaba el progreso del país.
Los representantes de la burguesía instalados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señalaron que era necesario liquidar las contradicciones entre el sistema capitalista que se fortalecía por un lado y, el radicalismo de la lucha de clases por el otro. La respuesta del gobierno de Ávila Camacho fue instrumentar la Unidad Nacional. Los trabajadores fueron quienes en primera instancia vieron limitadas sus luchas, ya que las principales organizaciones sindicales decidieron apoyar la postura de la CTM, pues se comprometieron a no realizar huelgas durante todo el periodo de guerra, dejando asentada su colaboración con el gobierno y en sus manos, el papel de árbitro en los conflictos obrero-patronales.
Los líderes sindicales aliados al gobierno, se lanzaron a convencer a los trabajadores para que abstuvieran de realizar huelgas. En mayo de 1942, el Comité Ejecutivo de la CTM publicó una declaración en la que llamaba a las demás organizaciones sindicales para que abstuvieran de realizar huelgas durante el tiempo que durara la guerra, y a que todos los problemas que surgieran con los patrones se resolvieran por medio de la conciliación, otra propuesta similar se hizo a los empresarios.
Así, el 2 de junio de 1942 se firmó el “Pacto de Solidaridad con los Obreros”, y en el cual las principales organizaciones sindicales (CTM, CROM, CGOCM, la Confederación Proletaria Nacional, el Sindicato de Mineros, Metalistas, el SME y los trabajadores de otras ramas), se comprometieron a no realizar huelgas durante el periodo de guerra y a colaborar con el gobierno en la movilización de los recursos del país en las necesidades militares.
Pero en 1943, comenzó un nuevo auge del movimiento obrero que se manifestó sobre todo en el fuerte crecimiento del número de huelgas y de otras luchas de los trabajadores. En enero de 1943 los trabajadores de la industria textil amenazaron con la huelga y obtuvieron una elevación en sus salarios de 15 por ciento, los min eros obtuvieron 10 por ciento de aumento. Durante el verano de ese año, los ferrocarrileros suspendieron sus labores varias veces y lograron del gobierno aumentos en sus salarios y la nacionalización de dos líneas férreas inglesas.
En un intento por detener el avance del movimiento obrero, la Suprema Corte acordó sanciones contra los trabajadores que realizaran paros, además de permitir a los patrones despedir a los obreros sin indemnización, cuando suspendieran sus labores.
Un punto al que pusieron especial atención los trabajadores, fue el combatir la especulación con los productos de primera necesidad y el agravamiento del costo de la vida. En abril de 1943, se implantaron precios tope al menudeo en los productos básicos y, en el mes de mayo la Secretaría de Hacienda obtuvo el derecho de controlar los recursos acumulados de los productos de primera necesidad, la regulación de los precios al mayoreo y al menudeo, así como un aumento en los salarios a las categorías de los trabajadores con bajos salarios, en los límites de un 5 a un 50 por ciento. 2 Pero en esta misma ley, el salario se congeló hasta el nivel que tenía en enero, mientras que los precios se mantuvieron al nivel de septiembre de 1943, además, se legalizó el salario por debajo del mínimo anteriormente establecido. El control de los precios debía ser llevado por el gobierno, pero de hecho muchos productos de alimentación se vendían a precios elevados.
A pesar de estas maniobras, los trabajadores lograron detener un poco la caída de los salarios. Los organismos oficiales informaron que en 1943, el salario real se había elevado y, fue de un 76 por ciento en relación a 1939. 3 Además, se aprobó la Ley del Seguro Social, por lo que se consideró que los trabajadores habían obtenido un rotundo triunfo en su lucha contra sus patrones.
Durante el año de 1944 en el país se produjo un crecimiento mayor del movimiento huelguístico y éste alcanzó su nivel más alto desde 1938.
La ofensiva la iniciaron los petroleros del norte del país, al suspender sus labores en solidaridad con una de las secciones de su sindicato, ya que demandaban el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y el del acuerdo de la Suprema Corte (1937) de elevación de salarios para los petroleros.
Por su parte, los telefonistas que habían sostenido pláticas con la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en relación con la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, la emplazaron a huelga el 28 de febrero de 1944 en vista de que la ésta se mostraba intransigente a las peticiones de sus trabajadores.
El Sindicato Nacional de Telefonistas ante la inminencia de la huelga se dirigió a las demás organizaciones afiliadas a la CTM para informarles que la intransigencia de la Compañía podía desembocar en el entallamiento de la huelga, ya que la Telefónica hacía ofertas para después retirarlas. Los telefonistas señalaban que desde 1941, la Telefónica Mexicana había obtenido fuertes utilidades por lo que a pesar de ello aprovechaba la situación de emergencia, para no acceder a sus peticiones. 4
El 13 de marzo, 80 mil aparatos telefónicos quedaron incomunicados al estallar por quinta ocasión desde 1915, la huelga contra la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. La huelga estalló al no ser aceptadas las demandas de los telefonistas, pues éstos reclamaban violaciones al Contrato Colectivo y 35 por ciento de aumento en sus salarios, en vista que los artículos de primera necesidad, habían aumentado en forma considerable, así como el pago por parte de la Compañía de las cuotas del Seguro Social (los telefonistas acordaron dar servicio al gobierno y a las Embajadas de Estados Unidos, Rusia e Inglaterra).
Media hora antes del entallamiento de la huelga, la Telefónica ofreció al Sindicato Nacional aumento de 5 por ciento en los salarios, a pesar que los telefonistas habían reducido su demanda hasta el 25 por ciento, su petición la fundamentaban en que la Compañía a partir del 1º de abril aumentaría sus utilidades en 600 mil pesos.
Las muestras de solidaridad se pusieron de manifiesto cuando la CTM informó que otorgaría todo su apoyo al Sindicato Nacional de Telefonistas, el SME por su parte anunció que ya estudiaba la posibilidad de secundar la huelga de los telefonistas.
Para el 16 de marzo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje solicitó la presencia de las partes en conflicto para que presentaran las pruebas concernientes a las peticiones hechas por el sindicato a la Compañía Telefónica para que por un lado, en caso de que la huelga estallara, las autoridades pudieran declarar legal la huelga y por el otro, declararla inexistente. Solo los telefonistas acudieron al llamado de la Junta, acción que fue aprovechada por sus dirigentes para realizar un mitin y exigir a las autoridades laborales declararan existente la huelga, mientras que el apoyo en torno a los telefonistas seguía aumentando: panaderos, empleados de restaurantes, tranviarios y la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica. Por este motivo, la Junta aceptó estudiar las pruebas presentadas por el sindicato, por lo que al mismo tiempo solicitó que las pláticas con la Telefónica Mexicana se reanudaran, para que de esta manera se restaurara el servicio, a lo que los telefonistas respondieron que solamente esperarían el juicio de la Junta de Conciliación. 7
El 18 de marzo y por mayoría de votos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaro existente la huelga de los telefonistas, Esta resolución se basó según la Junta, en que los telefonistas habían cubierto los requisitos establecidos por la ley, además de que consideró también que el sindicato estaba a tiempo para exigir la revisión del Contrato Colectivo.
La Compañía Telefónica por su parte, anunció que pediría un amparo contra la resolución de la Junta, además de solicitar se reiniciaran las negociaciones y terminar con el conflicto.
El problema se alargaba y no mostraba posibilidades de arreglo, a pesar de que los telefonistas manifestaban estar en la mejor disposición de que la huelga llegara a su fin. Las maniobras que venía realizando la Telefónica Mexicana fueron denunciadas por la Alianza de Tranviarios, al señalar que ésta se había convertido en líder de otras compañías norteamericanas que utilizaban las mismas tácticas de la Telefónica, al negarse sistemáticamente a dar una respuesta favorable a las peticiones de sus trabajadores llegado el momento de la revisión de sus Contratos, por lo que la Alianza acordó solidarizarse con los telefonistas en huelga.
Las muestras de solidaridad siguieron en aumento, cuando la Federación Mexicana de la Industria y Comunicaciones Eléctricas emplazó a huelga para el 31 de marzo en todas las empresas eléctricas que tuvieran contratos con la Federación, en apoyo de los telefonistas.
Los telefonistas de la Ericsson después de analizar la situación en que se encontraba el Sindicato Nacional, aplaudieron su decisión de declararse en huelga contra la compañía norteamericana, por lo que ante la intransigencia de ésta, solicitaron “al Presidente y Secretario de Comunicaciones, justicia para los trabajadores de la Telefónica”. 8
La Telefónica Mexicana solicitó entonces a la Secretaría del Trabajo que el Presidente de la República se convirtiera en árbitro en el conflicto planteado por el Sindicato Nacional de Telefonistas, pues la Telefónica argumentaba que “pese a sus esfuerzos por terminar con el conflicto, el único arbitraje desde todos los puntos de vista, sería el del Sr. Presidente de la República, cuya sensatez y espíritu de justicia son innegables, y a quién seguramente el sindicato no podrá negar esas relevantes cualidades”. 9
Para solucionar el conflicto, la Compañía Telefónica nombró al Sr. Forrest David, quién fue nombrado por el Coronel Sostenes Ben. Mientras que la CTM giró instrucciones a todos sus afiliados para que se solidarizaran en forma material y moral con los telefonistas.
En un intento por resolver el conflicto, la Compañía Telefónica presentó nuevas propuestas, por lo que la Secretaría del Trabajo consideró que podría llegarse a un arreglo. La Secretaría opinó que ante la urgente necesidad de reanudar el servicio, el Presidente de la República, podría exhortar las partes en pugna a dar una cooperación en momentos de crisis “en que las huelgas son por todos conceptos inoportunas y antipatrióticas”. 10
Los puntos fundamentales de las propuestas de la Compañía Telefónica fueron las siguientes: “1) La empresa otorgará a los trabajadores a su servicio un 9% de aumento en los salarios que se calculará sobre los salarios de la nómina, más las compensaciones de emergencia. 2) El Sindicato y la Cía. se someterán a un arbitraje de una Comisión integrada por un Contador, un Economista y un Técnico en Telefonía para que resuelvan los puntos que siguen; a) Si la Cía. esta en posibilidad de conceder a los trabajadores un aumento mayor en los salarios que fluctué entre el 9% que ya otorga y el 16% como máximo. B) Si la Cía. esta reservando un 9% anual por concepto de dividendos para sus accionistas tomando en cuenta el importe de las acciones que ha emitido hasta la fecha de acuerdo con sus libros. c) En todo caso, para que determine si el 9% anual de dividendos debe obtenerse por medio de la reducción de impuestos”. 11
Por su parte, los telefonistas señalaron que las propuestas de la Telefónica eran improcedentes, ya que el argumento de que estuviera en malas condiciones económicas era falsa, además señalaron que ésta había obtenido un aumento en las tarifas, que le producían 4 millones 600 mil pesos al año, por lo que sus ganancias brutas se habían elevado a 14 millones 600 mil pesos. 12
Con esta argumentación, el Sindicato Nacional propuso para que se resolviera el conflicto, un convenio bajo los siguientes términos: “a) Aumento de 16% en los salarios, más las compensaciones de emergencia con retroactivo al 1º. De marzo. b) Tramitación de un juicio ante las autoridades para que resolvieran la petición del Sindicato de que el 16% fuera elevado al 25%. c) Pago por parte de la Cía. De las cuotas a que estuvieran obligados los trabajadores con el IMSS. d) Extensión del Seguro Social a todas las secciones foráneas. e) Pago de los salarios caídos y los gastos de huelga y pre-huelga”. 13
El sindicato a través de su secretario general Bernardino Valderrama, declaró que su organización no aceptaría ninguna condición, “ni que el gobierno federal disminuya sus legítimos ingresos, ni que se eleven las tarifas en perjuicio del público”. 14 Además, el sindicato solicitó que la Telefónica Mexicana hiciera “un ajuste de cuentas de cada uno de los suscriptores, con el objeto de que se rebaje a los mismos de la cuota mensual, los días que han dejado de recibir el servicio”. 15
Por fin, y ante la imposibilidad de que tanto el sindicato como la Compañía Telefónica llegaran a un arreglo, el gobierno de Ávila Camacho se vio obligado a aplicar el artículo 112 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación, como una medida para “presionar” a la Compañía Telefónica.
En efecto, la aplicación por segunda ocasión de la requisa de los bienes de la Compañía Telefónica, causó júbilo en el sindicato, que sin prever las futuras consecuencias de tal medida, se declaró “consiente de su responsabilidad y animado con el más auténtico espíritu de patriotismo, otorga un caluroso apoyo y una completa solidaridad a esa medida legislativa, en virtud que refleja fielmente la identificación del régimen de Gobierno presidido por el General de División Manuel Ávila Camacho, con la clase trabajadora y con el pueblo mexicano y porque además respeta íntegramente los derechos consagrados en el artículo 123 Constitucional”. 16
La CTM consideró por su parte, que después de la expropiación del petróleo realizada por el general Cárdenas, la aplicación del decreto de la requisa de los bienes de la Compañía Telefónica constituía “un acto de relevante importancia en la historia contemporánea del país”. 17
El sindicato de telefonistas señaló que el general Ávila Camacho, había hecho uso de una ley expedida con anterioridad al estado de emergencia. En efecto y como consecuencia de los convenios que otorgaban la concesión a las empresas telefónicas que operaban en México y para evitar que éstas fueran requisadas (como ya había sucedido en 1915), el gobierno de Calles pactó en 1926 con las empresas telefónicas, que sus bienes únicamente podrían ser intervenidos “en caso de Guerra Internacional, de la alteración del orden público o cuando se previera algún peligro para la paz interna del país”. 18
En tal caso y de acuerdo con la ley expedida el 19 de febrero de 1940, “la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real y los perjuicios con el 50% de descuento. Si no hubiera advenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijaran por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio de ingresos netos de los años anteriores y posteriormente a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta dela Nación”. 19
Si bien era cierto que este decreto constituía un acto histórico, es importante señalar que éste iba encaminado a proteger los bienes de la Compañía Telefónica, ya que el gobierno de Ávila Camacho en las consideraciones que hacía para aplicar la requisa, omitió el párrafo más importante para la Nación, ya que el punto tercero del decreto señalaba “ que a tenor del artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación en caso de Guerra Internacional, de grave alteración del orden público ó cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso que a su juicio lo exija, la seguridad, defensa y economía o tranquilidad del país, de la vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo aquello como juzgue conveniente”. 20
En efecto, la medida administrativa que declara la requisa “como medida de expropiación no puede decretarse de manera temporal, sino que el propósito del legislador ha sido y es que tal medida se realice como un acto de soberanía del Estado y que en consecuencia una Empresa o particular que explote una Vía General de Comunicación de que se trata, mediante naturalmente, la indemnización correspondiente”. 21
Con el nombramiento del administrador por parte del gobierno federal, prácticamente quedó resuelto el conflicto, ya que el decreto expedido para la requisa señalaba en su artículo 4º que, “Se faculta al Administrador para convenir con los trabajadores, respecto a los términos necesarios para la reanudación del trabajo”. 22
De inmediato se llegó a un acuerdo entre el Administrador, General Brigadier Ramón Cortés González y el Sindicato Nacional de Telefonistas. El convenio que puso fin a 24 días de huelga, entró en vigor a partir del 10 de marzo y equivalía a un aumento de 23.5 por ciento, que arrojó una erogación anual de 1 116 000 pesos.
Así, a las 11.25 horas del 7 de abril de 1944, el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Telefonistas firmaron el siguiente convenio:
“1º. Las compensaciones de emergencia dictadas por el Sr. Presidente de la República, pasan a formar parte de los tabuladores en forma permanente y definitiva, con sus repercusiones legales. Esta ventaja eroga la suma de $470, 000. 00 M. N. anuales, las repercusiones ascienden a $141, 000.00 M. N.
2º. La Compañía pagará a sus expensas las primas del Seguro Social que corren a cuenta de los trabajadores. Por este concepto, que se hace extensivo a todo el país, pagará anualmente $74, 000. 00 M. N.
3º. Otorgará 15% de aumento a los salarios ya compensados. Esta ventaja produce una erogación anual de $740, 000. 00 M. N., sus repercusiones legales ascienden a $193, 000. 00 M. N. cada año.
4º. Pagará íntegramente los salarios caídos durante los 24 días del conflicto, suma que asciende a $300, 000. 00 M. N.
5º. Entregará al Sindicato por concepto de gastos de pre-huelga y huelga, la cantidad de $15, 000. 00 M. N.”. 23
Para el Secretario de Trabajo Lic. Francisco Trujillo Gurría, las condiciones establecidas en el nuevo Contrato eran muy benéficas para los telefonistas, ya que la Compañía Telefónica tendría que someterse en forma obligatoria, “bajo la pena de permanecer indefinidamente intervenidos sus bienes si se obstina en rechazar las bases del arreglo”. 24
En efecto, el gobierno a través del Administrador, General Cortés González, advirtió a la Telefónica Mexicana que de no someterse a los acuerdos celebrados entre el gobierno y el sindicato, la Compañía continuaría siendo administrada por el gobierno. Por lo que “en caso de que se declarase en rebeldía la empresa para acatar las normas fijadas, se tomarían por parte del gobierno medidas más drásticas”. 25
Con la asistencia del representante del gobierno en el local del Sindicato de Telefonistas, quedó resuelto el conflicto planteado por los telefonistas, quienes de inmediato regresaron al trabajo y los bienes requisados a la Compañía Telefónica, le fueron devueltos.
Importantes miembros del Congreso de la Unión declararon que “con profundo criterio revolucionario y actuando como patriota sincero, el Sr. Presidente de la República General de División Manuel Ávila Camacho, ha interpretado y aplicado leyes de emergencia, expidiendo disposiciones trascendentales que como el Decreto que ordena la requisa de las Vías Generales de Comunicación…, están inspiradas en el mexicanísimo propósito de mantener la tranquilidad del País para que nuestro Pueblo y nuestra economía dediquen todas sus fuerzas a la contribución de México a la causa de las democracias y por otra parte constituyen una vigorosa defensa de los derechos que las leyes mexicanas conceden a la clase obrera, particularmente del ejercicio de la Huelga”. 26
Los diputados señalaron también que la aplicación del acuerdo de requisar los bienes de la Compañía Telefónica de debió principalmente a que la empresa había asumido una alianza con otras compañías extranjeras cuya agresividad hacia los ordenamientos del gobierno “constituían un peligroso elemento de perturbación y una amenaza real para la economía mexicana”. 27 Por otro lado, ponían de manifiesto, el respeto irrestricto al derecho de huelga al señalar “El respeto absoluto al derecho inmanente de huelga que el Poder Público proclama con profunda honradez revolucionaria y con amplio y recto sentido de justicia”. 28
Sin embargo, nadie se preocupó en advertir que el gobierno al requisar los bienes de la Compañía Telefónica, debería asumir su administración en forma total y permanente, para que de ésta manera pasara a poder de la Nación y asestar un duro golpe al imperialismo, y nodejar abiertas las puertas para que en el futuro, la requisa que era un arma del Pueblo mexicano, contra el imperio, se convirtiera en un instrumento para mediatizar y someter a sus trabajadores.

Notas:
1.- Anatol Shulgovsky.
“México en la encrucijada de su historia”. FCP
2.- Semionov S. I.
“México durante el período de Ávila Camacho”. En Ensayos de la Historia de México.
FCP. México 1976 p.130
3.- Ibid.
4.- Excélsior 13 de marzo de 1944.
5.- Excélsior 14 de marzo de 1944.
6.- Excélsior 15 de marzo de 1944.
7.- Excélsior 18 de marzo de 1944.
8.- Excélsior 24 de marzo de 1944.
9.- Excélsior 27 de marzo de 1944.
10.- Excélsior 27 de marzo de 1944.
11.- El Popular 28 de marzo de 1944.
12.- Ibid.
13.- Ibid.
14.- Ibid.
15.- Ibid.
16.- El Popular 7 de abril de 1944.
17.- El Popular 5 de abril de 1944.
18.- García Méndez, José..
“El movimiento sindical Telefonista 1950-1978”.
Tesis de licenciatura, FCP y S, UNAM, 1981, p. 13.
García Méndez, José.
“Políticas del gobierno mexicano en las concesiones telefónicas”.
Restaurador 22 de Abril, Órgano oficial del STRM, núm. 12 marzo de 1980.
19.- Ley de Vías Generales de Comunicación.
20.- El Popular 6 de abril de 1944.
21.- Fernández Alatorre, José.
“La inconstitucionalidad de la intervención estatal en las huelgas Eléctrica y Telefónica”.
Tesis, F. de Derecho, UNAM, 1958, p.54.
22.- El Popular 6 de abril de 1944.
23.- Ibid.
24.- Ibid.
25.- Ibid.
26.- Ibid.
27.- Ibid.
28.- Ibid.