El 19 de febrero de 1940 se promulgó la Ley de Vías Generales de Comunicación, que incluye los artículos 112 y 113 que le permiten al gobierno “hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación… podrá igualmente utilizar el personal que este a su servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario”. Así quedó vulnerado el derecho de huelga de un amplísimo contingente del sindicalismo mexicano: electricistas, ferroviarios, portuarios, postales, telefonistas, choferes.

Si bien esta ley surgió a raíz de la situación de emergencia que genero la II guerra mundial, su permanencia posterior y su aplicación se ha centrado en funcionar como rompehuelgas. Los hechos hablan.

FERROCARRILEROS.

Los movimientos huelguísticos de los ferrocarrileros, en tiempos del gobierno de Ávila Camacho, impulsaban además de sus reivindicaciones económicas, la nacionalización de los ferrocarriles, para lo cual exigían negociar con el gobierno. Entonces se recurrió a la requisa para facilitar el proceso de negociación. Es la fuerza del movimiento la que logra tanto la nacionalización de las empresas inglesas Ferrocarriles Mexicanos, Terminal Veracruz y el Interoceánico y del sistema express que estaba a cargo de la Wells Fargo americana, como que la requisa sólo utilizaría para facilitar la negociación.

Pero con Alemán las condiciones cambian y la requisa se aplica a los ferrocarrileros (del Sudpacífico) con la intención de romper la huelga en 1946.

En 1959 fueron requisadas las empresas ferrocarrileras obligando a los trabajadores, mediante el uso de la fuerza pública, a regresar a sus trabajos. A varios miles que se negaron se les rescindió el contrato y a cientos se les encarceló.

TRABAJADORES DE AVIACIÓN; CHOFERES…

Destacan las aplicaciones de la requisa contra los movimientos de huelga de los trabajadores de Radio Aeronáutica Mexicana (RAMSA) en 1962: contra los trabajadores de tierra y aire de las compañías de aviación (en especial los casos de Mexicana) en múltiples ocasiones en la década de los setentas.

Múltiples requisas a choferes de autobuses foráneos y urbanos que han sido poco conocidos por lo débil del movimiento y su localismo.

TELEFONISTAS.

Los movimientos de huelga en el servicio telefónico se remontan al año de 1915, cuando los trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana (filial de la Compañía Telefónica Continental de Massachussets) se fueron a la huelga en demanda del reconocimiento de su organización sindical. Para 1916 secundan la huelga general apuntalada por los electricistas y tranviarios. Por otro lado, en el monopolio sueco Teléfonos Ericsson, concesionario también del servicio telefónico del país, estalla en 1921 un movimiento de huelga que terminó exitosamente gracias a la gran solidaridad desplegada por el SME y la CGT.

Una vez en vigor la ley que permite la requisa, los trabajadores telefonistas tuvieron el “privilegio” de ser los primeros en experimentar su aplicación como instrumento rompehuelgas, durante su movimiento de marzo-abril de 1944. En noviembre de 1950, recién construido el actual Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, nuevamente es nulificada la huelga con la requisa.

En 1959 el Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical derroca a los dirigentes empresistas y logra, en la huelga de 1960, con requisa y retorno obligatorio a laborar, armar un escudo de solidaridad con el SME y la FNTICE (Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Comunicaciones Eléctricas) que permite a los telefonistas imponer sus demandas. Para la revisión contractual de 1962 estalla nuevamente la huelga, pero el gobierno y la empresa ya no se limitan a requisar y obligar a trabajar sino que impulsan exitosamente un charrazo contra los telefonistas.

Después de 14 años de charrismo mediatizador, los telefonistas se colocan en las primeras filas de la insurgencia sindical de los setentas con su Movimiento 22 de Abril de 1976. Esta nueva efervescencia se enfrenta a la embestida del Estado y empresa, que recurren nuevamente a la inconstitucional requisa: la huelga por revisión contractual de 1978 es requisada parcialmente; las huelgas de 1979, una por el Convenio de Operadoras y la otra por revisión salarial, también son requisadas; y para la huelga de abril de 1980 no les bastó la requisa y recurren a los métodos represivos y a la promoción y financiamiento del esquirolaje.

Con este historial, los telefonistas están muy conscientes de la gran importancia que reviste derogar la requisa. En sus expresiones públicas han hecho patente, así como en las Convenciones del STRM, a través de múltiples iniciativas: amparo, frente de solidaridad, exigencia al Congreso para que legisle contra la requisa, desplegados, movilizaciones. Pero el Comité Ejecutivo Nacional se ha encargado de minimizar las acciones y se limita a dejarle el problema a la diputación “obrera” del PRI que pone por encima de los derechos de los trabajadores la disciplina al partido y su lealtad a su alianza con el gobierno.

Las corrientes democráticas en el interior del STRM seguirán apuntalando esta lucha, pero sólo abriéndose un espacio hacia el exterior podrán establecer vínculos de solidaridad y emprender acciones unitarias con otros contingentes del

sindicalismo mexicano. Esto significara un avance cualitativo en lucha contra la requisa.