El Universal 6 de diciembre de 1932.

Por Luis Albisu.

España está en peligro de un conflicto. Nulidad del contrato con la Telefónica. La Compañía amenazada con la confiscación y la nacionalización de todas sus propiedades (ITT).

La República Española ha tenido que afrontar el primer conflicto internacional y le ha tocado en suerte o en desgracia, pues eso se sabrá después, contender nada menos que con los Estados Unidos de Norte América. La causa del conflicto, que al presente está en pleno desarrollo, se debe al legitimo derecho mostrado por el gobierno español de declarar ilegal y nula concesión que en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera se otorgó a la llamada Compañía Telefónica Nacional, que a pesar de su apariencia española, es norteamericana de los pies a la cabeza, ya que casi todas las acciones de la poderosa empresa están en poder de ciudadanos norteamericanos. El conflicto es grave porque esa poderosa nación amenaza con la retirada del embajador en Madrid si se lleva a cabo la anulación, y el Gobierno español por decoro nacional, no tiene más remedio que acabar con ese monopolio, que es realmente vergonzoso.

Las informaciones cablegráficas no han dado detalles de la concesión y la forma en que se otorgo durante el régimen dictatorial que hubo en España de 1923 a principios de 1930.

En los siete años que duro hubo verdadera fiebre por los grandes negocios, apoyados por el gobierno de Primo de Rivera, en los que se invirtieron 17, 000 millones de pesetas.

Pasan de treinta los que se hicieron en aquella época en que se desarrollo la llamada “orgía financiera” de la Dictadura, cuyas consecuencias está pagando ahora la República al cumplir los compromisos que le legara la Monarquía.

No es ocasión de hablar de esos grandes negocios, ni siquiera es posible mencionar los nombres de cada uno de ellos, por falta de espacio; únicamente diré que los dos más escandalosos fueron de la Compañía Telefónica Nacional y el del Ferrocarril de Ontaneda a Calatayud, tanto por la cantidad de millones que representan, como por la forma en que fueron aprobados por el Estado, y también por el reparto de acciones liberadas entre elevadas personas, que no mostraron empacho en dar a capitalistas en noches alegres de cabaret, dadivas que tuvieron serias repercusiones al conocerlas los enemigos de Primo de Rivera. La historia de la concesión del monopolio a la Compañía Telefónica Nacional es el siguiente:

Por Real Orden, publicada en la Gaceta de Madrid el 15 de mayo de 1924, se nombró una comisión encargada de estudiar las proposiciones que se presentaron para la instalación de un nuevo servicio telefónico en España. La comisión rechazo las proposiciones presentadas por una entidad sueca (Ericsson), una norteamericana (ITT) y otra belga (Siemens), y propuso las bases de un concurso que dio por resultado la Concesión a la Compañía Nacional el servicio.

En la Gaceta del 28 de agosto de 1924, se publicó el decreto, dando carácter legal a la concesión, lo que produjo un verdadero asombro, no solo en España sino en el extranjero, por los privilegios que otorgaba a la empresa, al mismo tiempo que la eximía de las más elementales obligaciones que se imponen en tales casos a concesionarios.

La compañía quedo eximida de toda clase de tributos y, además, según una de sus clausulas, si el Estado rescata la concesión, se pagara a la empresa, en oro, la valoración de todas las instalaciones de la misma (mismas condiciones que impuso la ITT a Plutarco Elías Calles en 1925, para que la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana obtuviera la concesión para prestar el servicio telefónico en México, por cincuenta años).

Todavía hubo más favor público, pues por presión del Gobierno de Primo de Rivera, las instalaciones telefónicas que había en España, valoradas en unos 90 millones de pesetas, fueron cedidas a la nueva empresa con una pérdida de cerca del cincuenta por ciento de su valor.

El periódico de París, Le Temps, publico un artículo el 18 de noviembre de dicho año, llamando la atención de los hombres de negocios y de los políticos, sobre la monstruosidad que encerraba tal concesión a una empresa yanqui, especialmente la condición de pagar en oro las instalaciones, en el caso de que el Gobierno Español quisiera incautarse de ellas.

A raíz de la concesión, los enemigos de la dictadura, dijeron que como consecuencia del feliz término de este negocio, se hizo un reparto de 25 millones de pesetas, sin especificar entre qué clase de personas, aunque los rumores indicaban que los agraciados fueron de elevada estirpe y algunos descendientes directos de la familia real que entonces regía en España.

La primera consecuencia que tuvo la concesión del monopolio fue la elevación de las tarifas telefónicas, lo que originó serias protestas de varias poblaciones, que no tuvieron resultado favorable debido a que Primo de Rivera y hasta Alfonso XIII apoyaban francamente a la Empresa.

Al caer Primo de Rivera, durante el breve periodo de libertad que concedió el Gobierno del General Berenguer, se desarrollo en el Ateneo de Madrid una vigorosa campaña dirigida por el presidente del mismo que era el actual jefe del gobierno español, Manuel Azaña y que tenía por objeto pedir la anulación de los grandes monopolios y negocios concedidos por la dictadura.

Ahora, al Presidente del Concejo de Ministros, Azaña, es a quien incumbe la misión de llevar a cabo la anulación de ese contrato calificado de ilegal, una vez que se apruebe el proyecto de ley por las Cortes Constituyentes.

El 11 de diciembre de 1931, el mismo en que tomo posesión de su cargo el Presidente de la República Española, los Ministros del Gabinete, que debería renunciar Al día siguiente, hicieron lo que en términos políticos se llama su testamento, y leyeron en las Cortes varios proyectos de ley, figurando entre ellos el que declara ilegal y nula la concesión Telefónica, presentado por el Ministro de Comunicaciones.

El proyecto ha estado en poder de la comisión encargada de informar, cerca de un año, tal vez por conveniencia política, pero los socialistas hicieron presión y no hubo más remedio que ponerlo a discusión, que comenzó el 22 de noviembre.

La situación del gobierno español en este caso es sumamente comprometida, pues sí las Cortes aprueban el proyecto de ley, no tendrá más remedio que darle cumplimiento, aunque provoque el enojo de Estados Unidos.