Huelga en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en 1935.

“En los primeros meses del gobierno que se inicio en diciembre de 1934 coincidieron con una oleada de huelgas que invadió a la industria del país. Era la marea esperada, inminente: Las aguas represadas que necesitaban libertad para desbordarse y tomar su nivel. En efecto, las innumerables huelgas que estallaron en 1935, fueron una expresión del descontento obrero motivado por la superexplotación de los años en que la economía del país empezó a recuperarse de los efectos de la crisis económica. Los salarios de los trabajadores se habían mantenido excepcionalmente bajos, mientras que el costo de la vida aumento progresiva y aceleradamente a partir de 1932, lo que se tradujo en el cada vez más grave empobrecimiento de las masas asalariadas y de los miles de desempleados. El gobierno de Abelardo L. Rodríguez había intentado, a través de la adopción del salario mínimo, lograr que se aumentaran los salarios que no tenían la proporción indispensable para satisfacer las más precarias condiciones de vida del hombre que trabaja, pero esto no tuvo resultados inmediatos. De esta manera, las huelgas estaban orientadas a sacar a los obreros del abismo económico, coaccionando a los capitalistas para que les dieran un aumento de ingresos que los colocara en un nivel apropiado en relación al costo de la vida.

Las huelgas de 1935 fueron determinantes en la política que el gobierno siguió, ya que la posición que asumió Cárdenas en relación a ellas, aunado a las otras expresiones de su política de masas, permitió que la efervescencia obrera se manifestara como un simple mecanismo económico para nivelar el precio de la fuerza de trabajo con el precio de las mercancías, sin que constituyera un peligro para la estabilidad del régimen. La energía que los obreros empezaron a acumular con la reanimación de las actividades productivas, la fuerza potencial que las múltiples huelgas expresaban, el torrente incontenible que al fin se había desatado, no constituyeron la prefiguración de un acto liberador de la clase dominada, el prólogo de su lucha contra la explotación despiadada a la que había sido sometida, como fue el caso de los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y los de la Empresa de Teléfonos Ericsson, sino que fue una energía espontánea que el Estado logró encauzar por la senda institucional que le permitió aprovecharla como una imponente fuerza de apoyo, en la realización de sus propósitos y en el reforzamiento del sistema imperante. Para lograr esto, el gobierno cardenista se valió de su política de masas, de la cual formo parte su concepción de las causas de las huelgas y el papel de éstas en el desarrollo económico del país.
Cárdenas consideraba a las huelgas como una expresión de la situación de injusticia en la que se encontraban los obreros de muchas empresas. En efecto, la superexplotación y las malas condiciones de trabajo mantenían a los trabajadores en una situación de miseria que les impedía acumular las fuerzas indispensables tanto para rendir lo suficiente en la producción cuanto para mejorar su preparación técnica y así renovar los métodos productivos.
De ahí se desprende la necesidad de que los obreros, para Cárdenas no era sino la consecuencia del acomodamiento de los intereses representados por los dos factores de la producción, es decir, de los capitalistas y los trabajadores, mediante el cual, al mismo tiempo que los empresarios reducían las sobre ganancias que extraían del trabajo de los obreros, éstos mejoraban sus salarios y las condiciones en que trabajaban. De este modo, podría establecerse un equilibrio social que volviera cordiales las relaciones entre los obreros y sus patrones”.
En este contexto, los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, agrupados en el Sindicato Nacional de Telefonistas se declararon en huelga en mayo de 1935. El origen del conflicto se remontaba hasta 1926, cuando como consecuencia de la compra de los bienes de la Telefónica Mexicana por parte de la International Telephone and Telegraph Co., el gobierno mexicano obligó a esta Compañía a establecer un Contrato Colectivo de Trabajo con sus trabajadores, afiliados al naciente Sindicato Nacional de Telefonistas y, pertenecientes al Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo contenido para la época, estaba de acuerdo con las condiciones políticas de entonces, estableciendo prestaciones sociales bastante favorables para los trabajadores, tales como el pago de 15 días de salario por cada año de servicios, que deberían pagarse a los trabajadores al momento de su separación; servicio médico y medicinas en enfermedades no profesionales; vacaciones que fluctuaban entre 10 y 20 días; Jubilaciones; doce días festivos en el año con goce de sueldo; pago del descanso semanal y 3 años de salario como base para el pago de accidentes en el trabajo, además del pago de las incapacidades.
Sin embargo, estas prestaciones no eran otra cosa más que cumplir con un requisito para facilitar su vasto plan de inversiones y transformaciones del servicio que se habrían de poner en práctica, pues la Telefónica Mexicana no quería otorgar ningún motivo que impidiera su proyecto, estando dispuesta a utilizar todos los medios posibles para seguir manteniendo su poder y control sobre el sindicato y manejar a su antojo los destinos de los trabajadores.
Para mantener este control, la Telefónica Mexicana impulsó la introducción en el sindicato a trabajadores de “confianza” para que ascendieran a los puestos de dirección de la organización, fue así como al poco tiempo y, después de la primera contratación, consiguió que éste se separara del SME, declarándose autónomo y quedando sin respaldo de ninguna especie, ya que no se adhirió a ninguna Confederación y tampoco contó con la adhesión de los telefonistas del resto del país. Esto hizo que el Nacional de Telefonistas actuara ilegalmente hasta 1935, ya que al desligarse del Sindicato Mexicano de Electricistas, los dirigentes apoyados por la Telefónica Mexicana nunca se preocuparon por obtener el registro correspondiente ante las autoridades del trabajo, por lo que la Compañía Telefónica se congratulo de haber conseguido un sindicato blanco.
Bajo estas circunstancias, la Compañía Telefónica dio principio a su vasto programa de modernización, instalando centrales telefónicas automáticas, ampliando su red, construyendo redes de larga distancia y comprando concesiones chicas “como las de los señores Reyes en San Luis potosí, la de Tampico, Guadalajara y otras”, pero cuidando que su personal que venía aumentando considerablemente no se uniera y organizara, para lo cual creó un grupo de agentes para mantenerlos divididos, quienes impulsaban programas de carácter social con el fin “de que la atención del personal se desviara hacia otras actividades ajenas a la lucha social, como bailes, días de campo, kermeses, etc.”.
Para 1929, el personal femenino del departamento de tráfico, que era más numeroso que el personal masculino de todos los departamentos principalmente en el Distrito Federal, destituyo al Comité Ejecutivo del sindicato que estaba dando muestras de insubordinación contra la Telefónica, por lo que arrojando fuera del salón de actos a los pocos telefonistas que asistieron a la asamblea, a puerta cerrada eligieron como secretario general a Ernesto Velasco, que no era empleado de la Compañía, pero si viejo dirigente del SME, en quien las operadoras confiaron que podría guiar adecuadamente en beneficio de sus intereses y los de la Telefónica, los destinos del sindicato. “Este individuo que era un viejo luchador del SME, llegó a convertirse en dictador de los destinos de nuestro sindicato”, quien apoyado por la Telefónica Mexicana “no hubo poder humano que pudiera moverlo de su sitio durante seis años consecutivos”.
Esta situación provocó que poco a poco los telefonistas, principalmente los jóvenes, empezaran a organizarse para modificar las condiciones que imperaban en el sindicato y en la Telefónica, ya que los despidos estaban al orden del día y la mayoría de los telefonistas estaban decepcionados del actuar de su dirección sindical, pues el líder “era el amo de la situación” y no era posible hacer nada en las asambleas, pues quien se atreviera a reclamar la actitud del Comité, era seguro que para el día siguiente se encontrara despedido, “pues el cese […] para quien levantara la voz en contra de las continuas arbitrariedades del secretario general” era seguro, lo que hacía que la asistencia a las asambleas fuera escasa, pues el dirigente argumentaba que la Telefónica cumplía con el contrato al separar a cualquier trabajador ya que le otorgaba sus tres meses de indemnización, como lo apunto en su informe de actividades de 1930, cuando la gran mayoría de los telefonistas percibía un salario de un peso diario, mientras los trabajadores extranjeros y “la alta jerarquía” percibía un sueldo de 152 pesos al mes, además de que se trabajaban 46 y 48 horas a la semana “la disciplina eran duras y humillantes (sic) y aquel que diera manifestación de rebelarse era separado inmediatamente”.
Pero la noche del 24 de julio de 1934, los telefonistas cansados de soportar las arbitrariedades de la dirección sindical y a pesar de que la concurrencia a la asamblea ordinaria fue escasa, decidieron recuperar el sindicato para los trabajadores. En efecto, un pequeño grupo de telefonistas rebeldes, decidió entonces afrontar la situación y exigieron enérgicamente al líder patronal que renunciara a su cargo, pues los telefonistas deseaban cambiar las condiciones de trabajo prevalecientes e iniciar un periodo de lucha, por lo que de inmediato fueron apoyados por los telefonistas que ignoraban el plan de los insurrectos. Ante la presión de los disidentes, el viejo dirigente se vio obligado a renunciar, no sin antes lanzar una larga serie de amenazas, comprometiéndose a utilizar todos los recursos a su alcance para hacer fracasar el movimiento reivindicador.
La sorpresa no fue solo para la dirección del sindicato, sino también para la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana quien se vio amenazada ante la decidida actitud de los telefonistas por recuperar sus derechos, por lo que de inmediato hizo uso de todos sus recursos y empezó por despedir a quienes consideró como los promotores del movimiento, además organizó una tenaz campaña para desprestigiar al sindicato ante la opinión pública y otra de convencimiento individual por correspondencia, presionando a los telefonistas para que renunciaran a la agrupación, esta campaña estuvo encabezada principalmente por representantes del capital quienes “para escarnio de nuestra raza eran mexicanos”.
A la represión, el Sindicato Nacional de Telefonistas con un nuevo Comité Ejecutivo, respondió a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, exigiendo la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo, que no se había realizado desde 1932, por lo que el 9 de mayo de 1935 la solicitud fue entregada a los representantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la que se incluían además, reclamaciones por numerosas violaciones al Artículo 123 de la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo en vigor.
Para fundamentar su petición, el Sindicato Nacional de Telefonistas argumento que el contrato ya había terminado, lo que hacía necesario firmar otro, por lo que en los siguientes días el proyecto sería entregado a la Telefónica Mexicana, para que se iniciaran las negociaciones lo más pronto posible. Además solicitaron a la empresa norteamericana los permisos y gastos de traslado para los delegados de las secciones foráneas de Monterrey, Tampico, Guadalajara, Querétaro y Córdoba, para que tomaran parte en las pláticas para implantar el nuevo Contrato Colectivo “ya que se trata de los intereses de todos los trabajadores de ese ramo”.
En la solicitud entregada a las autoridades del trabajo, el sindicato advirtió que durante el tiempo que duraran las negociaciones sobre el Contrato, la Telefónica no podría realizar ningún movimiento de personas, ya que no podrían ingresar nuevos trabajadores ni ser despedidos los que ya figuraban en la nómina de la Compañía, a menos que estos movimientos fueran autorizados por el sindicato, quien exigió también la reinstalación de todos los trabajadores despedidos injustificadamente desde abril de 1934 con el pago de sus salarios caídos y, en puestos que ocupaban antes de ser retirados de su trabajo, así como la devolución de dos mil pesos que la Compañía había cobrado indebidamente por la conversión de oro a plata. También exigieron que la jornada laboral fuera de cuarenta y cuatro horas para la jornada diurna, cuarenta y media para la mixta y treinta y nueve horas para la nocturna, con el pago de cincuenta y seis horas a la semana para todos los trabajadores y, 110% de aumento salarial. Los telefonistas advirtieron a la Telefónica Mexicana que de no ser satisfechas sus demandas, la huelga estallaría el 22 de mayo a las cero horas. Las demandas de los telefonistas eran solo el reflejo de la situación y las condiciones en que realizaban su trabajo.
Dos días después de entregar el aviso a la Compañía, los telefonistas denunciaron que ésta intentaba dividirlos, presionando a los trabajadores para que renunciaran a los compromisos de solidaridad gremial que tenían con otras organizaciones sindicales, por lo que los telefonistas señalaron que apenas “Va transcurrido el segundo día del emplazamiento que el SNT hizo a la C. T. y T. M. para que en un plazo de 24 horas (sic) del día 22 del corriente mes, acepte las condiciones que le fueron presentadas por medio de un Inspector Federal de Trabajo, acompañado por el Comité de Huelga. Secundaran el movimiento de huelga las sucursales de la Mexicana en la República, habiendo hecho patente su incondicional solidaridad el personal de Monterrey, Aguascalientes, Córdoba, León, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Saltillo, Tampico, Veracruz y Tuxtepec, estando por recibirse las adhesiones de las tres sucursales faltantes” y, ya la empresa trataba de dividirlos.
La empresa norteamericana –decían los telefonistas- trataba por su parte de “conjurar el movimiento valiéndose de procedimientos que están en abierta pugna con los ideales sustentados en diversas ocasiones por el C. Presidente de la República”, ya que la Telefónica Mexicana había enviado una carta al Comité Ejecutivo de la organización señalando que “Respetando sin embargo la soberanía de ese Sindicato, no podemos menos que declarar que en nuestro concepto si ustedes conservaran su independencia como agrupación autónoma, desarrollarían una labor que por ser concentrada sería mucho más eficiente para el personal trabajador Sindicalizado, y no correrían el peligro de verse envueltos en conflictos ajenos a su rama especializada de trabajo, ni riesgos de tomar parte en huelgas por solidaridad con el correspondiente menoscabo en sus salarios”. Esto en clara alusión al apoyo que el Sindicato Nacional de Telefonistas estaba recibiendo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México.
Para el día 14, las autoridades del trabajo encabezadas por los licenciados Eleazar Canale y Luis Álvarez Franco, Presidente y Secretario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respectivamente, citaron tanto al sindicato como a la telefónica norteamericana a las tres de la tarde para que se iniciaran las pláticas, sin embargo, la reunión no pudo llevarse a cabo, ya que la Compañía argumento que no podía iniciar las pláticas de inmediato, pues necesitaba “tiempo para estudiar las veinticinco hojas adicionales al pliego de peticiones de los trabajadores”, por lo que los telefonistas estuvieron de acuerdo en conceder todo el tiempo que fuera necesario para que la empresa estudiara sus demandas, pero siempre y cuando la Telefónica estuviera de acuerdo en aceptar sus peticiones.
En el primero de una serie de desplegados publicados en los principales periódicos de la capital, la Telefónica Mexicana señaló que las demandas de sus trabajadores estaban fuera de la razón, ya que según ella, estaba en condiciones de demostrar que no existía ningún motivo legal para que se generara un conflicto, toda vez que no existían violaciones al Contrato Colectivo en vigor, ni las condiciones para que la empresa estableciera un nuevo “Tabulador de sueldos”, así como tampoco las circunstancias que hicieran posible la revisión del mencionado contrato.
La empresa telefónica señalo entonces, que no podía modificar los salarios de sus trabajadores “porque desde hace muchos años, hemos estado perdiendo dinero y que, por otra parte, las condiciones de nuestro trabajadores van en consonancia con el cartabón de salarios que perciben en nuestra República, y son mejores que los de las empresas de idéntica importancia”. Respecto a la solicitud de revisión del Contrato Colectivo, la Telefónica no encontraba justificación para revisarlo, ya que en este documento que “rige nuestras relaciones con los obreros y empleados, nos hemos excedido para darles aún más de lo que la ley determina, en lo cual nos apoyamos para calificar de improcedente la huelga”.
Para la Telefónica Mexicana, el verdadero motivo del problema eran las maniobras “de algunos elementos desechados de la Compañía, perfectamente liquidados en el terreno legal y mucho más liquidados en el terreno moral, ya que pretenden aprovechar la fuerza de la colectividad para fines individualistas y personalísimos”. Por lo que la mayor parte de los trabajadores –decía la Compañía- se habían dado cuenta de esta situación, ya que “el personal sensato y consiente”, había hecho declaraciones escritas apoyando la posición de la empresa, pues sabían que “un conflicto artificial, que carece de las bases”, tendría pocas posibilidades de éxito.
En su segundo desplegado, la Compañía Telefónica se escudo en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo con el objeto de demostrar que la huelga era injustificada, al señalar que este artículo establecía los objetivos para que la huelga pudiera realizarse, indicando en su inciso “I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con el capital; II.- Obtener del patrón la celebración o el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo; III.- Exigir la revisión en su caso del contrato colectivo, al terminar el periodo de vigencia, en los términos y casos que establece la ley y IV.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores y que no haya sido declarada ilícita”. También hizo uso del artículo 264, que señalaba los requisitos para que se declarara la huelga, que en el inciso I establecía que la huelga debería tener “por objeto exclusivo alguno o algunos de los que señala el artículo 260 de esta Ley, y II.- Que sea declarada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o negociación respectiva”.
En un extenso análisis, la Telefónica Mexicana señalo que respecto al aumento salarial de sus trabajadores, éstos se encontraban en condiciones excepcionales, ya que se les “concedía” más de lo que la ley indicaba, “con detrimento de la economía del negocio, que resiente pérdidas de importancia”, por lo que consideró que no existía tal desequilibrio entre los factores de la producción, y por tanto que la huelga era improcedente.
Respecto a la aplicación del contrato colectivo, la Telefónica afirmaba y reconocía que éste existía y lo respetaba fielmente. La empresa explico que era el Sindicato Nacional quién negaba la existencia de éste, alegando que en el tiempo que se había celebrado, el sindicato no tenía personalidad jurídica al no estar registrado, considerando que si éste no se había revisado, era tanto la culpa de los antiguos como de los nuevos dirigentes, quienes no hicieron en tiempo y forma la solicitud para su revisión, por lo que el contrato quedo depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que le daba completa validez.
Respecto a la fracción III del artículo 260, la Telefónica señalo que en caso de que se pidiera la revisión del contrato colectivo en vigor, el sindicato estaba fuera de la ley, ya que el artículo 56 establecía, que “Todo contrato es revisable cada dos años, a moción de cualesquiera de las partes, por lo menos sesenta días antes del vencimiento”. El contrato en vigor había sido firmado el 5 de marzo de 1932, sustituyendo al que se había firmado en 1926, por lo que la revisión de éste debió haberse realizado en 1934, cosa que no sucedió, al no ser solicitada por el sindicato, quedando establecido entonces que los telefonistas tenían derecho a solicitar la revisión hasta marzo de 1936, haciendo la notificación con 60 días de anticipación como lo marca la ley. Con esta argumentación, la Compañía Telefónica advirtió que la huelga era solo un pretexto para crear un conflicto artificial, por lo que “la actitud que asumiremos en el caso de que se nos orille a un conflicto y en el cual, por tener la razón y la justicia de nuestra parte, estamos decididos a permanecer dentro del terreno que nos marcan nuestros derechos”.
A pesar que las negociaciones se habían iniciado, el 16 de mayo quedaron nuevamente suspendidas ya que el Subgerente de la Compañía Telefónica Ricardo Estrada Berg se negó a aceptar los principales puntos de la demanda de sus trabajadores, como consecuencia de no llegarse a ningún acuerdo, se advirtió que la huelga estallaría como estaba previsto.
De inmediato, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, dirigida por Vicente Lombardo Toledano, y a la que pertenecían los telefonistas, envió una circular a todas las organizaciones obreras para informarles que el Sindicato Nacional de Telefonistas llevarían a cabo un movimiento de huelga en contra de la Telefónica Mexicana, por oponerse en primer lugar a que el sindicato ingresara a esa Confederación, en segundo lugar por separar de su trabajo a los integrantes del Comité Ejecutivo que habían puesto más empeño en defender el contrato colectivo y tercero, a que la empresa difundía semanalmente un boletín impreso entre su personal, calumniando a los trabajadores y al Comité Ejecutivo del Sindicato, amenazándolos con quitarles su trabajo si acataban los acuerdos de la organización. Además de que la empresa continuaba negándose a revisar el contrato colectivo de trabajo. Por lo que la Confederación solicito a todos sus integrantes solidarizarse material y moralmente con los telefonistas, prestándoles la ayuda económica que fuera necesaria para sostener el movimiento.
El tiempo transcurría y no se encontraba ninguna solución, por la que la CGOCM se dirigió a la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica (FNTIE) para solicitarle que todas las agrupaciones que formaban parte de esta organización, también se solidarizaran con los telefonistas, tan luego estallara huelga.
En el tercer desplegado publicado en los principales periódicos de la capital, la Telefónica Mexicana continuaba señalando que no existían motivos legales para que la huelga estallara. Dirigiéndose al público y a los usuarios del servicio, señaló que era inexplicable que “personal que disfruta de mejores condiciones económicas y de mayores franquicias en el terreno de las conquistas sindicales, pueda presentar una demanda apoyada con la amenaza violenta de una huelga”, cuando la negociación no hacía otra cosa que defender los intereses de “su numeroso personal”, quien a pesar de perder dinero, se preocupaba “asegurando su bienestar y su subsistencia mientras viva”, a través del pago de sus “antigüedades que importan algo así, como medio millón de pesos”.
Con la intención de intimidar a los trabajadores, la Telefónica advirtió que si el Sindicato Nacional continuaba negándose a reconocer el contrato colectivo en vigor, estaba poniendo en peligro las prestaciones de los trabajadores, ya que la empresa se vería librada “de la obligación de pagar esos derechos, y por lo mismo, los directamente perjudicados, por principio de cuentas, al aceptar esa situación, son los trabajadores. En cuya defensa lo hemos dicho ya, estamos laborando”.
También –decía la Telefónica-, el sindicato había presentado demandas que eran imposibles de conceder, como era la que “Cuando el Sindicato expulse o castigue a cualquiera de sus miembros, la Compañía lo separara temporalmente o en definitiva del servicio, de acuerdo con la solicitud que por escrito hará el propio Sindicato, por conducto del Comité Ejecutivo General”, ya que la Telefónica consideró este tipo de medidas sería perjudicial para la empresa, ya que pondría el sistema disciplinario y administrativo en manos del sindicato, toda vez que “el personal en lo sucesivo [quedara] a la merced de un pequeño grupo, a cuya voluntad, no siempre ecuánime, quedaría la estabilidad de unos trabajadores que, mientras cumplan con su deber, tienen asegurada indefinidamente no sólo su posición sino las enormes ventajas que proporciona una Compañía donde el trabajador es objeto de atenciones, cuidados y seguridad, que difícilmente se nos podrán señalar en otro centro de trabajo”.
Para demostrar estas aseveraciones, la Telefónica Mexicana en el cuarto desplegado, continuo señalando los beneficios que otorgaba a sus trabajadores desde 1926, y aún cuando la ley Federal del Trabajo no existía, con la intención de mantener excelentes relaciones económicas y sociales con su personal, por lo que por ejemplo, en el caso de las “antigüedades”, era una prestación que la Compañía otorgaba voluntariamente y que consistía en pagar 15 días de sueldo por año trabajado, cuando cualquier trabajador se separara de la empresa.
En cuanto al servicio médico, la Telefónica señalaba que el artículo III, fracción XXIII de la Ley, solo la obligaba a proporcionar medicamentos profilácticos en los lugares donde existieran enfermedades tropicales o endémicas y asistencia médica y medicinas para los casos de riesgos profesionales.
La Telefónica preocupada por la salud de sus trabajadores, proporcionaba médicos y medicinas a todos sus trabajadores cuando lo requirieran, a pesar de que significaba un alto costo para ella, pues solamente en 1934 había gastado cerca de 22 mil pesos por estos servicios, pero lo más importante era que “la Compañía no solamente tiene el deber de ayudar a los enfermos cuando se ven agobiados por el mal, sino que la anima el espíritu de contar siempre con elementos saludables y contentos, y de ahí que tenga abierto ese servicio para el que lo desee”.
En cuanto a las vacaciones, la Ley obligaba a los patrones a conceder de 4 a 6 días, la Telefónica proporcionaba de diez a veinte días. El monto de la jubilaciones no estaban previstos en la ley, esta establecía tres días de descanso obligatorio y, los telefonistas tenían once y medio días. El descanso obligatorio (domingo) que no era obligación de pagarlo por parte de los patrones, la Telefónica si lo pagaba.
En los riesgos de trabajo el contrato establecía que los porcentajes para calcular el importe de las indemnizaciones, se deberían de basar en el sueldo computado por tres años (1095 días), en tanto que la ley solo establecía 918 días y para el caso de muerte 612. Además del pago integro por incapacidad profesional, durante los dos primeros meses, cuando la ley solo establecía el 75% del salario. Igualmente, de que el salario promedio de los telefonistas era de 4.73 pesos, “muy por arriba de ferrocarrileros y tranviarios “, que percibían 4.50 pesos diarios.
Para el 18 de mayo, la intimidación impulsada por el personal de “confianza” y por los desplegados periodísticos empezaron a rendir frutos, cuando la Compañía Telefónica informó que los telefonistas de sus principales sucursales estaban dando muestras de adhesión a la empresa, oponiéndose a los que pretendían modificar sus condiciones de trabajo “diciendo que en modo alguno [no] quieren perder sus derechos adquiridos por sostener a determinados elementos que han sido liquidados en todos sentidos por la empresa”.
Quienes según la Telefónica Mexicana, no estaban dispuestos a perder sus prestaciones por apoyar a los trabajadores que encabezaban el movimiento, le habían enviado muestra de adhesión a través de cartas, por lo que publico “párrafos” de esas cartas, tales como “Si la Telefónica Mexicana paga buenos sueldos, los más elevados de la industria ¿Por qué pretenden conseguir en estos momentos mayor aumento? Sencillamente porque los líderes y agitadores que mueven al actual conflicto, desean dorar la píldora amarga que tratan de hacer tragar a todos los obreros y empleados de la Telefónica”.
“Por lo tanto, no es oportuno hacer en estos momentos peticiones descabelladas. En su tiempo, a fines de este año, cuando se discuta la revisión del C.C.T. entonces, con toda ecuanimidad y honradez, pedimos lo que justamente nos corresponde. No hemos de abandonar nuestra idea de mejoramiento, pero vamos haciéndolo con calma. Con el parecer de todos los empleados, no con la decisión tomada por un grupito, que ni representa a todos los trabajadores ni persigue fines colectivos, sino únicamente personales”.
Con estas declaraciones, la Telefónica Mexicana pretendía justificar su negativa de revisar el contrato colectivo, responsabilizando al grupo de trabajadores que había despedido, de ser los causantes del conflicto, quienes querían regresar a sus trabajos “mal aconsejando al sindicato, ocultando sus verdaderas intenciones de provocar un conflicto artificial”.
En el quinto desplegado periodístico, la Telefónica Mexicana continuaba señalando que no existía razón alguna para que se realizara un movimiento de huelga, pues había demostrado que gran número de trabajadores habían manifestado su apoyo a la empresa y su disgusto por la intervención de un grupo de inconformes que planteaba demandas exageradas, púes existían “centenares de empleados que trabajan contentos y satisfechos de su situación en una Compañía respetable y liberal”, que ha “invertido millones de pesos en México levantando una industria a la altura en que se encuentra la C.T. y T. M.”.
Ahora, para desprestigiar ante la opinión pública a los telefonistas rebeldes los acusaba de pertenecer a un “pequeño” grupo, que a decir de la Telefónica, uno de ellos había sido separado “por escándalo en estado de ebriedad y por amenazas a sus jefes, y convencido de que su separación fue justificada y de que los tribunales del trabajo nunca le darán la razón recurre a la fuerza de la colectividad honorable que lo arroja de su seno, para su propio y egoísta provecho”. Otro había sido separado por golpear a una “señorita” operadora en servicio. Otro más por “observar mala conducta en el trabajo y en general todos aquellos que hoy quieren juntar el cielo con la tierra para que se les admita en la Compañía, saben bien que por ninguna puerta, sino por la forzada de una huelga injusta, podrán tener probabilidades de aspirar a los puestos que perdieron por su propia causa”.
Esta situación era del conocimiento del “personal honorable que forma la mayoría de nuestros colaboradores” y, por esta razón decía la Mexicana, los buenos telefonistas que eran la mayoría, querían sacudirse la tutela de un sindicato que “subordina los intereses mezquinos a la gran obra de coordinación en una empresa como la nuestra cuya mira ha sido siempre el bien de sus trabajadores y los intereses de éstos”.
La Telefónica Mexicana no descansaba en señalar que a diario recibía muestras de adhesión por parte de sus trabajadores que se manifestaban en contra de los opositores, quienes habían provocado “un verdadero sentimiento de indignación”, entre los telefonistas por lo que se estaban viendo obligados a renunciar al sindicato, expresando opiniones como que “no autorizo a ese Sindicato para que use mi nombre en su propaganda extremista”.
En su sexto mensaje, la Telefónica Mexicana continuaba informando que seguía recibiendo apoyo de los trabajadores “leales”, quienes inclusive se habían presentado en las redacciones de algunos diarios de la capital para protestar ”contra las maquinaciones de los componentes de la mesa directiva del sindicato”, para demostrar estos hechos, puso como ejemplo, el testimonio del exempleado R. Gómez de la Llata, quien había enviado un mensaje a la directiva del sindicato diciendo que “Hoy al salir a medio día me enteré con sorpresa de un volante que se hacía circular entre el personal de la C.T y T.M, invitando para asistir a la sesión permanente de ese sindicato, que se realizaría con el objeto de protestar enérgicamente por los ceses injustificado de algunos empleados, entre los que figuro yo, por haberme negado, según se dice a firmar algunos documentos que la Compañía presentó a sus empleados.
“Digo –continuo diciendo el Sr. Gómez- que me causó sorpresa porque ni mi cese se ha debido a esa causa (sic) no he recibido invitación alguna de la Cía. para firmar documentos de ninguna clase.
“Quiero hacer constar lo anterior, por rendir un justo homenaje a la verdad y porqué además de no tener queja contra de la Cía., sino por el contrario agradecimiento por la forma en que se me trató mientras fui su empleado, estoy en todo de acuerdo por la forma en que se me da mi liquidación”.
Otro empleado que envió su renuncia al sindicato fue Álvaro López M. quién escribió lo siguiente “Me es grato manifestar a usted, para que por su digno conducto llegue a conocimiento de la superioridad, el que yo por ningún motivo secundare la loca aventura a que el Comité Ejecutivo del Sindicato trata de arrastrar a todos los compañeros del sindicato, por consiguiente me puedo contar entre el grupo fiel y adicto a la Compañía, y hare cuanto esfuerzo esté de mi parte a fin de convencer a los compañeros del error en que se encuentran”.
También Enrique Gordillo Alarcón manifestó que “Enterado del volante que con esta fecha [15 de mayo] se está distribuyendo a todos los miembros de ese H. Sindicato, mencionado, (sic) entre otras personas mi nombre y tomándolo como motivo para elevar una protesta a la C.T. y T.M. por el hecho de haber prescindido de mis servicios en esta fecha, me permito dirigir a ustedes la presente para manifestarles que por considerar que Dicha(sic) actitud esta en perjuicio de mis intereses no deseo bajo ninguna circunstancia que se haga uso de mi caso para el fin que ustedes persiguen”.
Con argumentos como éstos, la Compañía Telefónica trataba de justificar su negativa de que no había trabajadores despedidos injustificadamente y, los que sí estaban despedidos, habían reconocido sus faltas y habían quedado satisfechos con su liquidación. Pero el verdadero motivo de estas publicaciones estaba encaminado a dividir a la organización de los trabajadores, que en algunos casos ya estaban dando muestras de debilidad.
Ante el silencio de los telefonistas, la respuesta vino del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes en un extenso desplegado hicieron un análisis de la situación que prevalecía entre la Telefónica Mexicana y sus trabajadores, al señalar que las verdaderas intenciones de la empresa norteamericana era formar un sindicato blanco con los empleados “leales” a ella y perpetuar las condiciones que prevalecían en el viejo contrato colectivo de trabajo. Sobre todo porque los que habían manifestado su adhesión, fueron “engañados y presionados por la propaganda de la Compañía”.
Respecto a su negativa de revisar el contrato colectivo la verdadera causa de esta, era que la Telefónica estaba difundiendo entre su personal que “como faltaban tres meses” para que fuera aprobada la nueva Ley Federal del Trabajo, era “inoportuno celebrar uno nuevo”, ya que la nueva ley “seguramente contendrá ventajosas modificaciones para la clase trabajadora”, todo el mundo sabe –decía el SME- “que el artículo tercero transitorio de la actual Ley del Trabajo, todo convenio que estipula ventajas para los trabajadores inferiores a la ley es Nulo desde el momento de expedirse ésta, mientras que todo convenio que estipula ventajas superiores a la ley continuara subsistiendo” y era lo que precisamente la Telefónica trataba de evitar.
En cuanto a las prestaciones que la Telefónica Mexicana pretendía otorgar solo a los trabajadores “leales” que no secundaran la huelga, el SME señaló que esto solo era una muestra del temor que la empresa tenía a la organización de los trabajadores, por lo que la división que pretendía, era una clara muestra “Del pánico que la Compañía siente al pensar que todos puedan unirse y, ya unidos, exigir lo que en justicia les pertenece”.
En relación a la clausula de exclusión, que la Telefónica considero como una petición imposible de conceder por creerla irresponsable y tiránica, el SME aclaró entonces que esta estaba perfectamente establecida en el artículo 236 de la Ley Federal del Trabajo y, que además existía en los contratos colectivos de otros trabajadores y esta “era el mejor baluarte para mantener la organización y disciplina sindicales”.
Para terminar con su análisis, el SME señalo que la jubilación no era solo para los trabajadores fieles a la empresa y que tampoco era una concesión voluntaria, pues desde 1913 solo se había jubilado siete trabajadores cuyos periodos de servicios fluctuaba entre 21 y 42 años, este hecho hacía creer a la Telefónica Mexicana, que los trabajadores no “tenían ningún derecho a la jubilación sino solo una merced que la compañía otorga a su capricho”, a los devotos a ella.
Finalmente, el SME hizo un llamado a los telefonistas para que evitaran “la dolosa propaganda [como] aquella con la que pretende infundir a los trabajadores El pueril Temor de, por el hecho de estar pidiendo el Sindicato un nuevo contrato, se pongan en peligro los derechos ya adquiridos en el actual, solo queremos hacerles notar una vez más que Ningún trabajador consiente y capaz de hacer suyos los sufrimientos de la clase obrera en general, puede prestarse a colaborar con la empresa en la Sucia forma en que esta pretende. Si por causa de la desunión que entre ustedes existe, por las maniobras de la Compañía, o por otra razón cualquiera, ustedes perdieran la huelga y no consiguieran los beneficios que pretenden, les habrá quedado al menos el orgullo de haber sabido cumplir con sus deberes como luchadores de nuestra clase. Por amplia que sea la protección que la compañía ofrece a sus ´leales´, no Alcanzara su Manto protector a cubrir la vergüenza de aquellos que se vendan y se presten a servir de esquiroles; no alcanzara a ocultar ante los ojos de todos los trabajadores honrados, que estamos pendientes de su movimiento, que la llamada lealtad de esos esquiroles, nosotros la llamamos traición. Traición a los intereses de ustedes. Traición a la causa de toda la clase trabajadora.
“Reiteramos camaradas telefonistas, nuestra mejor voluntad de prestarles ayuda económica solidaria que ustedes nos han pedido, la cual haremos efectiva en el mismo momento que ustedes lo requieran”.
A un día de que la huelga comenzara, la Telefónica Mexicana en un alarde de bondad, y dando muestras de una actitud “extremadamente conciliadora”, y en un esfuerzo para desvirtuar “las malévolas apreciaciones que la margen del conflicto que se avecina, respaldado por el SNT (guiado éste torcidamente por algunos elementos agitadores, separados de la Compañía […])”, manifestó su deseo de resolver los 16 puntos que el sindicato había considerado como los más importantes.
Así, la Telefónica Mexicana “concedió”, que no efectuaría despidos por causa injustificada; y no despediría a trabajadores de planta; los “empleados Soria, Lozano, Moreno, Esparza Calderón, Ma. De Jesús Jaques y Sentíes, no podrán ser repuestos, ya que los mismos tienen reclamaciones presentadas ante la J. F. de C. y A.
Respecto al servicio médico, Los telefonistas podrían presentar a la Compañía sus quejas y si éstas fueran justificadas, se solucionarían; La compañía aceptó la destitución del “Sr. Ángel González Romero” al reconocer que éste trabajador de “confianza” había cometido las faltas que se le imputaban; la “semana inglesa” ya estaba establecida, pero sólo en algunos departamentos, por lo que la Compañía aceptó que este punto se discutiera solo por causa de “una nueva reglamentación, con motivo de algún ley o decreto promulgado con posterioridad a la L. F. del T.”.
La Telefónica Mexicana estuvo de acuerdo en conceder permiso a cinco miembros de la directiva del sindicato, con goce de salario; tres a los delegados de las secciones foráneas, pagando los gastos de transportación, en primera clase, de hospedaje y alimentación y que no fueran mayor a 8 pesos diarios; la discusión para la creación del Reglamento Interior de Trabajo; en cuanto a la petición del sindicato de que se le proporcionara servicio gratuito de larga distancia, la Mexicana respondió que no estaba obligada e ello, pues el servicio de larga distancia era un servicio público, creado precisamente para servir al público, por lo cual, no aceptó esta petición.
La empresa norteamericana consideró que con la aceptación de 11 de las peticiones de los telefonistas el problema podría quedar resuelto, toda vez que en las restantes no había motivo legal para que la huelga se realizara, por lo que la solicitud de aumento salarial y la revisión del contrato colectivo de trabajo no eran suficiente justificación para realizarla.
La huelga, continuaba insistiendo la Telefónica Mexicana, era producto de la ceguera de un pequeño grupo de agitadores intransigentes, que encaprichados en crear conflictos, podrían ocasionar efectos desastrosos para la Compañía, pero aún mas “para los mismos trabajadores”.
A pesar de la actitud “extremadamente conciliadora” de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, la huelga inicio el 22 de mayo a las cero horas, este día que fue miércoles, el periódico El Universal informó en su primera plana, que el oro había bajado abruptamente hasta 3.08 pesos, al mismo tiempo que anuncio el estallamiento de las huelgas en las empresas petroleras El Águila y Mata Redonda y en la fábrica de papel San Rafael.
En el ámbito internacional, Adolfo Hitler manifestó su rechazo a las decisiones tomadas en Ginebra el 17 de marzo, al considerar que unilateralmente se había violado el Tratado de Versalles, por lo que dicha medida hacía imposible el retorno de Alemania a la Sociedad de Naciones, por otro lado, El Universal informaba también, del fracaso de los esfuerzos de Inglaterra y Francia para que el Duce Benito Mussolini modificara su actitud en el conflicto italo-etiope
En los deportes la atención estaba puesta en la pelea entre “El Baby” Arizmendi y “El Chango” Casanova que se celebraría el 8 de junio y, la Arena Nacional anunciaba el regreso del luchador Pablo Rodríguez, más conocido como “El tigre de Chihuahua”, quien debería enfrentarse a Jimmy “El pulpo”.
En los espectáculos, se anunciaban los estrenos de las películas “Dick Turpin” en el Palacio Cinema y, “El Duque de Hierro”, en los cines Goya, Teresa, Odesa y otros. En el Teatro Fabregas se presentaba el éxito de la compañía de Joaquín Pardavé “El peso murió”, en clara alusión a la caída del precio del oro, costando la luneta un peso.
Mientras todo esto sucedía, El Molino situado en la calle de 16 de septiembre número 47, invitaba al público en general a disfrutar de helados y antojitos nacionales, por tan solo un peso.
Iniciada la huelga, el Sindicato Nacional de Telefonistas con una nueva dirección sindical formada por José Luis Bonilla, Federico Alexanderson, Carlos Rodríguez Canseco, José Murguía, Carlos A. Nava, Alberto Ureña y Luis Noguera Vallejo, asesorados por el Presidente del Comité de Vigilancia Roberto Esparza Calderón, exigieron la revisión del contrato colectivo de trabajo y el aumento en los salarios de los telefonistas.
La Telefónica Mexicana se negó a reconocer la representatividad del Comité Ejecutivo General del SNT y la huelga se inició “con un fondo en la caja del sindicato para sostener el movimiento de 37 centavos”, mientras la empresa había gastado “cerca de un millón de pesos” en propaganda para desprestigiar a los telefonistas descontentos.
A las doce de la noche, fueron colocadas las banderas rojinegras en todas las dependencias de la Compañía, para lo cual se designó al personal de emergencia que se encargaría de proporcionar los servicios especiales y vigilar las instalaciones de la empresa para evitar que fueran extraídos cualquier tipo de objetos propiedad de la ésta.
De inmediato, los editoriales de los principales periódicos de la ciudad de México se pronunciaron en contra de la huelga de los telefonistas mexicanos, argumentando que la petición de aumento salarial no era motivo suficiente para declarar la huelga “ya que no existía una empresa más nacionalista que la Telefónica”, ya que muy bien esta negociación podía y debería contratar en dicha Compañía a trabajadores norteamericanos.
La empresa norteamericana señalaba que a pesar de su precaria situación económica, ya que había invertido dólares y calculado cuotas en oro nacional, cobraba las tarifas en moneda nacional, “con todo y que el tipo de cambio se mantiene a 3.60 pesos” por dólar, situación que era desastrosa para la Telefónica Mexicana, toda vez que cobraba tarifas fijas y en moneda nacional.
A pesar de ello, los sueldos y las condiciones sanitarias del personal de la Telefónica eran de lo mejor dentro de lo que había en México en el terreno industrial, pues los salarios que pagaba la empresa eran “los más altos de todas las industrias y que lo que gasta en médicos y medicinas representa un porcentaje que no se equipara tampoco al de cualquier otra empresa”.
Apenas estallada la huelga, la Telefónica Mexicana a través de su representante Lic. Genaro García, solicito que la huelga fuera declarada inexistente, argumentando que los telefonistas no habían dado el plazo de diez días establecidos en la ley para declarar la huelga, además de que los huelguistas no tenían la mayoría, por lo que considero que se había violado la ley, solicitando entonces que se realizara un recuento para conocer si efectivamente los huelguistas tenían la mayoría.
El resultado del recuento fue de 331 telefonistas a favor de la huelga y, 105 en contra en el D. F, quedando pendiente el recuento de los trabajadores del interior del país de un total de 900, siendo estos últimos en su mayoría mujeres y, en donde “solamente doce eran extranjeros”. De inmediato se llegó al acuerdo de entrar en pláticas para encontrar la forma de resolver el problema, ya que reunidos en la Junta Federal número 5, los telefonistas representados por Federico Alexanderson Secretario de Trabajo del sindicato y, por el Lic. Marcelo Rodea argumentaron que la “empresa tiene 50 000 teléfonos, por los que cobra un promedio de 10 pesos mensuales y, sin embargo, solo paga a sus obreros alrededor de 20 centavos por mes y no existe contrato de trabajo, sino un simple convenio”.
La empresa y el sindicato acordaron entrar en pláticas para resolver el conflicto, poniendo los telefonistas como condición principal, el pago de los sueldos devengados hasta el 22 de mayo y que se entregaran las cuotas sindicales que la empresa había retenido indebidamente durante los meses de abril y mayo.
Para el 26 de mayo, las partes en conflicto acordaron constituir una comisión formada por dos representantes por la empresa y dos por el sindicato y una tercera que sería elegida libremente por los representantes del capital y del trabajo. El resultado de las negociaciones de esta comisión fue la aceptación por parte de la Telefónica de no separar a ningún trabajador sin causa justificada, ni ascender o descender en su puesto a cualquier trabajador, lo cual se debería de hacer de acuerdo con el contrato.
La Telefónica Mexicana aceptó también la reinstalación de los telefonistas Raymundo Aguilar, María Enriqueta Pérez, María Camarillo, Samuel Rodríguez, Práxedis Trojano y Antonio Tito Acosta y, a todos aquellos que fueron despedidos antes del emplazamiento y que no hubieran recibido su indemnización.
Acepto también, proporcionar atención médica y medicinas para sus trabajadores y establecer la jornada de trabajo de 44 horas para el turno diurno, 42 y media para los mixtos y de 40 horas para el nocturno, así como el pago de las cantidades a que tuvieran derecho los telefonistas por las violaciones al contrato colectivo de trabajo.
La Compañía Telefónica se comprometió a otorgar permiso con goce de salario para 5 trabajadores para la discusión y firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, del reglamento interior de trabajo y discutir las violaciones a éstos, por lo que otorgo cuatro permisos más para telefonistas de las secciones foráneas, pagándoles los gastos de transporte, alojamiento y alimentación.
Respecto a la clausula de exclusión, la Telefónica Mexicana acepto que “La empresa se obliga a separar inmediatamente del servicio a cualquier trabajador, que deje de pertenecer al sindicato, por renuncia o expulsión del mismo, previa petición por escrito del Comité Ejecutivo de la Organización, acompañando los documentos que justifiquen el procedimiento seguido, que consistirá en la aprobación de las dos terceras partes del personal sindicalizado y siempre que tal separación no afecte los intereses de la Cía. en los términos que se especifiquen en el contrato colectivo de trabajo y reglamento interior”. Quedando solo pendiente la discusión sobre la demanda de aumento en los salarios.
Después de dos días de negociaciones, éstas quedaron suspendidas cuando los representantes del Sindicato Nacional de Telefonistas consideraron que la actitud intransigente de le Telefónica impedía llegar a cualquier arreglo, por lo que de inmediato el Consejo General, de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México informó que las pláticas conciliatorias que se venían desarrollando, habían quedado rotas debido a la intransigencia de la Telefónica Mexicana representada por el Sr. Ricardo Estrada Berg, por lo que solicito a todas las organizaciones obreras y campesinas se solidarizaran con los telefonistas en huelga, hasta que se alcanzara un acuerdo satisfactorio para ellos.
La Telefónica Mexicana por su parte, informo a través de sus representantes al Jefe del Departamento del Trabajo Lic. Barba González de todas las gestiones que habían llevado a cabo a fin de evitar el rompimiento de las negociaciones con sus trabajadores, señalando que la “Empresa, con un espíritu de conciliación, ha venido aceptando muchas de las peticiones de los trabajadores, al grado de que solamente quedaba por discutir lo relativo al aumento de salarios, pero al reanudarse ayer las pláticas citadas, el Comité del Sindicato, con gran extrañeza para la empresa, hizo la manifestación categórica de desconocer los acuerdos a que se había llegado, pidiendo que los puntos ya aprobados por ambas partes, nuevamente fueran discutidos. Ante esta actitud el Presidente de la Junta, Lic. Canale, se vio en la necesidad de suspender las pláticas”.
Con estas declaraciones, la Telefónica Mexicana acuso a la dirección del Sindicato Nacional de falta de seriedad, señalando una vez más que era la actitud de un pequeño grupo de líderes, los cuales trataban de que el conflicto no se solucionara y que si había aceptado entrar en negociaciones no era porque creyera que su situación legal no fuera suficiente para lograr el triunfo, sino que era “suficientemente fuerte para demostrar su buena intención conciliatoria”.
A pesar de que las negociaciones entre la Compañía Telefónica y el Sindicato Nacional habían quedado rotas, el recuento de los trabajadores que estaban a favor o en contra de la huelga se extendía a todo el país, por lo que los telefonistas continuaron manteniendo su postura, toda vez que diversas organizaciones les había manifestando su apoyo.
El resultado del recuento en el interior del país, dio como resultado una mayoría de telefonistas que se manifestaron a favor de la huelga por 84 votos en contra de 78, quedando pendientes los resultados de las secciones que se encontraba más alejadas del centro del país. Por lo que quedó pendiente la calificación de la huelga.
Para el 1º de junio de 1935, los telefonistas de la Ericsson consideraron que la huelga iniciada por sus compañeros de la Mexicana estaba justificada, por lo que instalados en asamblea extraordinaria, acordaron solidarizarse con sus compañeros de la Telefónica Mexicana, esperando solo “que las autoridades del trabajo digan si es licita la que apoyan los trabajadores de la Mexicana para dar el aviso respectivo”, pues al estallar la huelga por solidaridad, 19 Estados y 17 centrales telefónicas del D.F. dejarían de prestar servicio telefónico.
El apoyo de los telefonistas de la Ericsson quedo de manifiesto cuando a través de su secretario general Ignacio Garnica manifestaron que “Este sindicato General de Obreros, Empleados y Operadores de la Empresa de Teléfonos Ericsson S. A., observando con sumo interés el desarrollo del conflicto que existe entre los trabajadores del Sindicato Nacional de Telefonistas y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y plenamente consientes del papel que debe asumir en casos como el presente, de acuerdo con la ideología radical que sustenta, movido solamente por el deseo de que a los trabajadores se les haga Justicia, pues este Sindicato, como lo demuestra su recta línea de conducta, se halla alejado de la labor francamente desorientadora y perjudicial que vienen desarrollando los lideres que viven del mangonear a las agrupaciones, así como también se encuentra de los interese políticos que se mueven dentro del terreno sindical y a la sombra de las luchas sociales, ha determinado, en vista de que se encuentra convencido de que la justicia está de parte de los compañeros del SNT, prestarle su apoyo moral y material.
“Y por eso mismo, condena con toda energía los procedimientos inmorales e intransigentes de la C.T. y T.M. que viene empleando en contra de los trabajadores a su servicio, y deseosos de que el presente estado de cosas termine esta dispuesta a llevar a cabo un movimiento huelguístico por solidaridad, que abarcara todos los lugares de la República en los que el Sindicato tiene sucursales, para presionar, tanto a las autoridades del trabajo como a la Cía. misma, para que se sujeten a los principios que marca la equidad y la justicia.
No hubiera tomado esta determinación este Sindicato si no estuviera convencido de los razonable y justo de las demandas de los trabajadores en conflicto, pues es enemigo de perjudicar los intereses del público, como lo han venido haciendo los líderes profesionales que viven de los esfuerzos de los trabajadores en otras organizaciones”.
En cuanto a la calificación de la huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje informó que sólo esperaba tener en su poder el cómputo legal de los recuentos parciales, practicados en las diversas propiedades de la Telefónica Mexicana en todo el país, para avocarse al caso y juzgar si era lícito el movimiento por haber cumplido con todos los requisitos marcados por la ley.
Con la amenaza de que la huelga general de los telefonistas se iniciara en la primera quincena del mes de junio, las autoridades laborales a través del Lic. Silvano Barba González, iniciaron las gestiones para conseguir que la Telefónica Mexicana llegara a un acuerdo con sus trabajadores, para lo cual solicito a las partes en conflicto presentaran por escrito sus puntos de vista sobre las clausulas que formaban las peticiones de los huelguistas, con la intención de que la huelga fuera levantada.
Presionados por las autoridades del Trabajo, la empresa y el sindicato reanudaron las negociaciones, sin embargo, éstas quedaron rotas nuevamente al no llegarse a ningún acuerdo, por lo que el Jefe del Departamento del Trabajo Lic. Barba González solicito al Sindicato Nacional realizara una consulta entre sus integrantes, para que por escrito presentaran un proyecto donde se plantearan las principales demandas de los trabajadores para que al momento que las tuviera en su poder, fueran entregadas a los representantes de la empresa y, pudiera llegarse a la solución del conflicto.
El Sindicato Nacional de Telefonistas respondió planteando en su proyecto las bases para que el conflicto fuera resuelto, solicitando en primer lugar que la Telefónica se comprometiera a no despedir a más trabajadores mientras existiera el estado de huelga, sin el consentimiento del sindicato. Además de que fueran reinstalados todos los telefonistas que habían sido despedidos injustificadamente durante el emplazamiento para la huelga, pagándoles los salarios que habían dejado de percibir y reinstalarlos en el puesto que ocupaban. También pidieron que fueran separados de sus puestos “un considerable número de jefes o empleados de confianza”.
En el proyecto que presentó el Sindicato Nacional también se pidió que la empresa fuera obligada a pagar a sus trabajadores aquellos perjuicios que les había provocado por las violaciones a la Ley Federal del Trabajo y se comprometiera a aceptar las clausulas de “ingresos y Reingresos”, “Permisos y Vacaciones, “Exclusión”, “Hospitales”, “Indemnizaciones y Jubilaciones”, “Salarios por Antigüedad”, “Descuentos” y “Asuntos Generales”
En el último punto, los telefonistas solicitaron que se aumentaran sus salarios de acuerdo con el “tabulador” que le habían presentado a la Telefónica y, a conceder todos los beneficios que por uso y costumbre percibían los trabajadores. Así como el pago de salarios por el tiempo que durara la huelga, cubrir los gastos erogados por el sindicato con motivo del conflicto y a discutir con una comisión del sindicato las clausulas que no habían sido estudiadas, para que en un plazo de 30 días fueran aprobadas.
Respecto al recuento solicitado por la Telefónica, las autoridades laborales informaron que sólo estaban en espera del computo general que se había realizado en todas las dependencias de la empresa, para poder calificar si era o no legal la huelga, por lo que si el Sindicato Nacional tenía la mayoría de los votos, la Junta Federal se vería obligada a calificar la huelga como lícita, de lo contrario daría 24 horas a los trabajadores para que regresaran a sus labores.
Sí la huelga fuera declarada legal, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica y los telefonistas de la Ericsson se declararían también en huelga, según acuerdo de la asamblea general en apoyo de sus compañeros de la Mexicana, por lo que, con motivo de las fuertes lluvia que cayeron sobre la Ciudad de México y zonas aledañas, provocaron que el servicio de la Ericsson quedara suspendido, lo que hizo creer al público usuario que de igual forma, los telefonistas de la Ericsson habían también iniciado una huelga.
Ante la intransigencia de la Telefónica, las autoridades gestionaron una reunión entre la empresa y el sindicato para que llegaran a un arreglo, fijándoles 24 horas para que se pusieran de acuerdo o de lo contrario al término de este plazo calificarían en favor de una o de otros, la huelga.
El 3 de junio los representantes sindicales junto con el Comité de Huelga y su representante legal Lic. Marcelo N. Rodea comparecieron ante la Junta Federal número 5 para verificar y ratificar los resultados del recuento solicitado por la empresa, solicitando al mismo tiempo que los votos emitidos por trabajadores de “confianza” de la empresa fueran anulados, ya que en varias poblaciones del interior del país donde existían plantas de la Telefónica, no había trabajadores sindicalizados.
Cuando las pláticas se reanudaron una vez más, el Sindicato puso como condición que la Telefónica pagara en forma inmediata los salarios devengados en la última semana antes de que comenzara la huelga, petición que fue hecha, basada en un ofrecimiento del gerente general. Sin embargo, la Telefónica no respondió sobre este punto y se negó a conceder el aumento en los salarios y a discutir cualquier otro asunto que tuviera que ver con cuestiones económicas, ya que declaró “categóricamente estar imposibilitada para ello”, razón por la cual las autoridades del Trabajo decidieron suspender las negociaciones y anunciar que informarían de todos y cada uno de los incidentes surgidos durante las pláticas al Presidente de la República General Lázaro Cárdenas, quien “se halla interesado en que la huelga se resuelva”, señalando además, que las pláticas se reanudarían, cuando el Jefe del Departamento considerara oportuno reiniciar las negociaciones.
A catorce días de haber comenzado la huelga, ésta no encontraba solución, por lo que nuevamente las autoridades del Trabajo convocaron a las partes en conflicto para que reiniciaran las negociaciones, pero esto fue en vano porque la Telefónica se negó rotundamente a discutir el asunto del aumento salarial, por lo que el Jefe del Departamento del Trabajo se vio obligado a suspender las pláticas y advertir que a partir de ese momento el conflicto solo podría resolverse mediante el arbitraje de los tribunales del Trabajo, y solo a petición de una de las partes en conflicto.
El Lic. Barba González informó que en un esfuerzo por resolver la huelga y al no llegarse a ningún acuerdo en los puntos económicos, propuso que el caso fuera resuelto por un árbitro privado, los representantes sindicales estuvieron de acuerdo, no así la Telefónica, quien rechazó la idea, basándose en que las peticiones eran fundamentales para la vida del negocio, por lo que la empresa entrego a las autoridades un proyecto en donde se negó definitivamente a acceder a cualquier petición de tipo económico. Mientras el recuento continuaba en el interior del país.
El resultado del recuento solicitado por la Telefónica dio como consecuencia 615 votos a favor de la huelga y 257 en contra y una abstención, por lo que de acuerdo con la Ley, el resultado fue comunicado a las partes en conflicto, dándoles 24 horas para que hicieran sus observaciones, antes de la huelga fuera calificada.
La Telefónica Mexicana respondió inmediatamente señalando que la empresa había accedió prácticamente a todo lo que se le había pedido, con excepción de los salarios, cosa que era totalmente imposible de conceder, por lo que solicito a las autoridades “invitara” a los trabajadores a continuar con las “pláticas amistosas […] y se logre levantar el estado de huelga”.
En una extensa circular que contenía 21 puntos, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana informó a las autoridades del Trabajo, a la opinión pública ya los telefonistas que el conflicto promovido en su contra era injustificado, ya que tanto el Comité Ejecutivo como el Comité de Huelga del Sindicato Nacional de Telefonistas, presentaban pliegos de peticiones a los que la empresa daba respuesta favorable en su gran mayoría, pero los representantes sindicales “desconocían al día siguiente la anuencia dada y rechaza sus propias proposiciones”.
Para demostrar lo injustificado de la huelga promovida por el Sindicato Nacional y borrar la imagen de intransigente que había promovido el sindicato, la Telefónica publico con “precisa y plena exactitud las contestaciones favorables dadas por nosotros a las diversas peticiones del Sindicato Nacional de Telefonistas”.
La Telefónica Mexicana informo en su circular, que había aceptado que ningún trabajador podría ser despedido sin la investigación correspondiente, la que se llevaría a cabo en presencia de la representación sindical y, a quienes se les darían todas las facilidades para la defensa del trabajador inculpado. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, la investigación podría continuarse entre el Comité y la Compañía en sus oficinas generales y, en último caso ante las autoridades del trabajo.
En cuanto a la reinstalación de todos los trabajadores despedidos, había aceptado la devolución de sus trabajos a quienes lo solicitaran, siempre y cuando devolvieran el pago de la indemnización que ya habían recibido. También había aceptado la destitución de empleados de “confianza”, que hacían campaña para dividir al sindicato y el pago a que tuvieran derecho los trabajadores por las violaciones a la Ley Federal del Trabajo, al Artículo 123 y al contrato colectivo de trabajo, previa calificación que de las mismas hiciera una Comisión formada por representantes de la empresa y del sindicato.
La empresa norteamericana se comprometió a otorgar permisos con goce de salario a cinco trabajadores del Distrito Federal, por todo el tiempo que duran las discusiones sobre el Contrato Colectivo y el Reglamento Interior de Trabajo, así como también a cinco trabajadores de las sucursales del interior del país, quienes serían nombrados por el sindicato y con goce integro de salario, gastos de transporte (ida y vuelta) en primera clase, hospedaje y alimentos, que no serían menores a ocho pesos diarios.
La Telefónica aceptó que la jornada diurna tuviera una duración de 44 horas, 42 y ½ para la mixta y 40 para la nocturna, el domingo o día de descanso semanal “se entenderá aquel día que sea designado para descansar después de cada seis días de trabajo, debiendo disfrutar los trabajadores de siete días de sueldo”.
Los días de descanso concedidos a los telefonistas fueron:
1º de enero.
5 de febrero.
Jueves Santo.
Viernes Santo.
Sábado de Gloria.
1º de mayo.
5 de mayo.
16 de septiembre.
12 de octubre.
2 de noviembre.
20 de noviembre.
12 de diciembre.
25 de diciembre.
A pesar de que la Ley Federal del Trabajo establecía solamente tres días de vacaciones, “la Compañía por concepto de vacaciones, está dispuesta a conceder los siguientes:
Empleados de 1 a 5 años de servicio, 10 días de vacaciones.
Empleados con más de 5 años de servicio y menos de 10, 12 días de vacaciones.
Empleados con más de 10 años de servicio y menos de 15, 15 días de vacaciones.
Empleados con más de 15 años de servicio, 20 días de vacaciones”.
Aclarando que para fijar la fecha de las vacaciones por parte de los interesados, debería de hacerse sin afectar el servicio.
La Telefónica Mexicana aceptó también aplicar la clausula de exclusión cuando el sindicato lo solicitara por escrito y, para los casos de accidentes en los centros de trabajo, y observando lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo, instalaría botiquines bien equipados con medicamentos y el material de curación necesario, para la atención medica y quirúrgica de emergencia, así como la aceptación de la contratación en la Ciudad de México de una Clínica Médica para la atención de los telefonistas, lo cual se haría de acuerdo con el sindicato por lo que “Tanto los directores de la clínica como sus auxiliares y los especialistas que sean necesarios para atender debidamente el servicio, serán médicos titulados, de reconocida honorabilidad y de nacionalidad mexicana”. Y, cuando como consecuencia de un riesgo profesional que produjera una incapacidad “permanente parcial”, la indemnización que pagaría la Telefónica sería sobre la base de mil doscientos días de salario del que percibían los trabajadores al momento del accidente. Y cuando la incapacidad fuera total y permanente, la indemnización que sería entregada a los trabajadores o sus familiares consistiría una cantidad igual al importe de mil doscientos días de salario, de acuerdo al jornal que estuviera percibiendo el trabajador al momento del accidente y, los médicos expedirían los certificados de defunción de los trabajadores en forma gratuita, siempre y cuando hubieran sido atendidos por ellos.
En relación a la jubilación, la Telefónica Mexicana estuvo de acuerdo en aceptar “un aumento y en lo sucesivo, estarán calculadas sobre el promedio de los últimos diez años, según las siguientes bases”:
25 años de servicios, 30%.
30 años de servicios, 40%.
35 años de servicios, 50%.
40 años de servicios, 60%.
45 años de servicios, 70%.
50 años de servicios, 80%.
La Telefónica admitió también descontar del salario de sus trabajadores las cuotas sindicales, ordinarias y extraordinarias que el sindicato decretara o para cooperativas que él mismo instituyera, teniendo preferencia sobre cualquier otra, debiéndose entregar invariablemente al Secretario Tesorero.
La empresa se obligó a seguir “concediendo a sus trabajadores los beneficios que actualmente disfrutan éstos como resultado de los usos y costumbres establecidos, cuyos beneficios no están consignados en las peticiones que han formulado”, los telefonistas.
Sin embargo, en cuanto al aumento salarial solicitado por sus trabajadores, la Compañía como ya lo había reiterado en otras ocasiones, manifestó no tener dinero para conceder dicho aumento, ya “que pierde dinero, no ha repartido dividendos a sus accionistas desde algunos años y, debido a estas circunstancias que conocen varios de los miembros más íntimamente ligados al Comité del Sindicato Nacional de Telefonistas, la Compañía no puede acceder a esta demanda en ninguna proporción”.
Pero, para demostrar “un franco deseo de conciliación, acepta y se compromete a cubrir a los trabajadores un 35% de los salarios, pero sólo en el caso que la huelga concluya inmediatamente por convenio”, dejando en manos del arbitraje de las autoridades laborales cubrir todos los gastos erogados por el sindicato, con motivo de la huelga.
Para terminar esta extensa circular, la Compañía Telefónica manifestó que a “pesar de estar en vigor uno de los mejores Contratos Colectivos de Trabajo que existen en la República, está dispuesta a discutir la celebración de uno nuevo”.
Dirigiéndose a la opinión pública y a sus trabajadores, la Telefónica Mexicana señalo que con la respuesta a las demandas de los trabajadores quedaba demostrado que “nuestra actitud ha sido no solamente conciliadora, sino animada por la mejor buena voluntad allanando con toda amplitud para que la huelga fuera levantada”, pues estaba segura que tanto los Comités Ejecutivo y de Huelga no informaban veraz y totalmente de los acuerdos que se tomaban en las negociaciones, por lo que considero que era inexplicable que ambos Comités maniobraran para que la huelga no terminara.
El seis de junio la huelga fue declarada legal, por lo que de inmediato la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica dio aviso a todas las organizaciones afiliadas a esta Central obrera para que se declaran en huelga por solidaridad con los telefonistas de la Mexicana para el día 20 de junio, ya que con la declaratoria de la Junta Federal de que la huelga existía, el conflicto podría alargarse indefinidamente.
Por su parte, los telefonistas de la Empresa de Teléfonos Ericsson, anunciaron que apoyarían a sus compañeros de la Mexicana, por lo cual, la huelga fue advertida también para el día 20. La Confederación General de Obreros y Campesinos de México, en relación al conflicto de los telefonistas acordó declarar como “enemigo público número uno”, de todos los trabajadores del país, al gerente de la Telefónica Mexicana, Sr. Ricardo Estrada Berg, por lo que se comprometieron solicitar a la International Telephone and Telegraph, la destitución de este funcionario.
Al conocer la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje respecto a la legalidad de la huelga, la Telefónica Mexicana publicó una vez más un extenso comunicado en los principales periódicos de la Ciudad de México, en esta ocasión se preguntaba “¿Por qué no cesa la huelga?”, si ya las autoridades laborales, el público y los telefonistas conocían la aceptación por parte de la empresa de las peticiones de éstos, señalando que “se maravillarían mayormente si supieran que, además de todas las nuevas ventajas que la Compañía está concediendo, existe un Contrato en vigor, uno de los mejores de la República y que mayores ventajas ofrece a los trabajadores”.
La Telefónica explicó que se vio obligada a publicar este extenso comunicado debido a que, como sus archivos habían quedado clausurados con motivo de la huelga y al no poderse contactar con todos sus trabajadores para hacerles conocer sus propuestas, acusando a cuatro trabajadores, de ser los que impedían la resolución del conflicto. Estos trabajadores eran Roberto Esparza Calderón, a quien acuso de ser comunista y además enfermo mental, ya que en un mitin callejero […], recibió un golpe en la cabeza” y, en la Telefónica Mexicana “no llevaba tres años escasos de trabajar, pero el hecho que desde noviembre del año pasado (1934), en que fue separado, ha estado viviendo sin que le haga falta el trabajo o el sueldo. Muchos meses antes de que ingresara al Sindicato, la Clínica había dictaminado que ese señor padecía `psicoastenia´ conviene que cada quién consulte el diccionario y conozca los detalles de esta enfermedad). Por su preparación o quizá por su enfermedad, y también seguro, porque él no necesita el trabajo para seguir subsistiendo, se muestra intransigente a todo arreglo”.
Otro era Federico Alexanderson “joven de unos 24 años, inexperto, pulcro en el vestir, con flor en el ojal, luce bastón y polainas. No tiene empeño en que se solucione el conflicto, porque él no tiene ningún problema en la vida. Es soltero y vive al lado de sus familiares, y, por lo tanto, cuenta con habitación, alimentos y vestido por todo el tiempo que desee”. Otro más fue Guillermo Lozano, a quien siendo trabajador de confianza, se le había perdido la confianza y por eso había sido despedido, recibiendo como indemnización 3153.33 pesos correspondientes a tres meses, antigüedad, importe de vacaciones, etc., por lo que según la Telefónica Mexicana “Con el problema de la vida resuelto temporalmente, pues pertenece a una familia pudiente y de profesionistas, con dinero en el bolsillo […]. No le importan los trastornos que pueda sufrir la Compañía, ni los perjuicios que indudablemente está recibiendo el personal de trabajadores”. Otro telefonista incomodo y miembro del Comité de Huelga era “un señor de apellido Prieto Laurens”, hermano de otro Prieto Laurens, alto funcionario de la Secretaria de Economía Nacional.
Estas eran, según en opinión de la Telefónica las características de los telefonistas que impedían la solución del conflicto, pues eran personas a las que no les importaban los trastornos que sufría la Compañía Telefónica, ni los perjuicios que recibían el público usuario y los mismos trabajadores.
La Telefónica Mexicana insistía que quien mantenía la huelga era un grupo minoritario de telefonistas, pues había recibido el apoyo de 346 telefonistas que querían regresar al trabajo, por lo que esperaba qué se adhieran 95 trabajadores más para obtener la mayoría en contra de la huelga, toda vez que el total de trabajadores era de 880 y sumando 346 con 95 harían un total de 441, cantidad suficiente para que la huelga fuera levantada.
Como el conflicto no encontraba solución y éste se hacía más complejo, la International and Telephone and Telegraph envió al Sr. C. A. MacLachan, vicepresidente de la Compañía, quien con facultades mayores a las del gerente Estrada Berg, se encargara junto con las autoridades del país de encontrar un arreglo definitivo, que pusiera fin al conflicto.
Por su parte, los huelguistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, nombraron como su representante jurídico al Lic. Vicente Lombardo Toledano, Secretario General de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, para que solicitara una entrevista con el Presidente de la Republica General Lázaro Cárdenas y pedirle que la empresa fuera requisada, ya que de esta manera, el país podría contar con un servicio telefónico eficiente y barato.
Además, advirtieron que no admitirían ningún tipo de arbitraje, para la solución del conflicto, toda vez que ya había sido declarada legal, así como que tampoco regresarían a las negociaciones con el gerente Estrada Berg para levantar la huelga.
Ante la amenaza de que la huelga por solidaridad comenzara, el Jefe del Departamento del Trabajo Lic. Barba González, informó al General Cárdenas de la situación del conflicto y de las gestiones que se habían estado realizando en forma privada entre la empresa y el sindicato, con la finalidad de que se llegara a un arreglo, haciendo especial referencia al punto de vista de la Telefónica, respecto al aumento de los salarios solicitado por los telefonistas y que era el principal motivo de la huelga.
A 20 días de iniciada la huelga y en vista de que no encontraba solución “la empresa mientras tanto, movía sus tentáculos y recurría como medida suprema a sus relaciones que sus altos jefes tenían con el Gral. P. Elías Calles para que influyera como Jefe Máximo de la Revolución, para que las autoridades desconocieran nuestro movimiento, haciendo ampulosas declaraciones en todos los diarios”.
En efecto, el miércoles 12 de junio de 1935, los principales diarios de la capital publicaron las “Patrióticas declaraciones del Gral. Plutarco Elías Calles” respecto al conflicto telefónico, señalando que “…A la Compañía de Tranvías que está en bancarrota, que pierde dinero, le declararon una huelga, a la Compañía Telefónica, que ha concedido lo que justificadamente podía pedírsele; altos salarios, jubilaciones, servicios médicos, indemnizaciones, vacaciones y lo que la ley exige, le han declarado una huelga porque no aumenta más los salarios, no obstante que la Compañía manifiesta que no ha repartido dividendos hace muchos años y que no tiene con que hacer frente a salarios más elevados. En Mata Redonda recordamos como en los últimos meses de la administración del General Rodríguez, él sirvió como árbitro en el conflicto obrero de esa Compañía, el entonces Presidente dictó un laudo favorable porque el General Rodríguez fue también amigo de los obreros. Pues bien, apenas iniciaba su gobierno el señor presidente Cárdenas, cuando nuevos apetitos insaciables se burlaron del laudo presidencial y sucintaron una nueva huelga”.
Para el general Calles, la clase obrera era la responsable de la agitación política que padecía el país, debido a franca actitud rebelde que hacían con el uso de la huelga, las que según él, eran toleradas y reconocidas por el gobierno de Cárdenas, por lo que afirmó que “Éste es el momento en el que necesitamos cordura. El país tiene necesidad de tranquilidad espiritual. Necesitamos enfrentarnos a la ola de egoísmos que vienen agitando al país. Hace seis meses que la nación está sacudida por huelgas constantes, muchas de ellas injustificadas…”. Con estas declaraciones Calles sugería una actitud represiva del gobierno hacia todos los movimientos de protesta y, principalmente, a los conflictos obrero patronales, ya que según él, era “injusto que los obreros causen este daño a un gobierno que tiene al frente a un ciudadano honesto y amigo sincero de los trabajadores”.
Al asumir su papel de patrón de empresa capitalista, el ex Presidente de la Republica puso sobre la mesa sus verdaderos intereses, ya que con la huelga él resultaba personalmente afectado, puesto que era propietario de una gran cantidad de acciones de esa empresa.
Las declaraciones del Jefe Máximo de la Revolución causaron preocupación y temor entre los telefonistas en huelga, quienes “dando muestras de nuestras convicciones”, sufrían el movimiento, “haciendo guardias tirados en las calle y soportando las inclemencias del tiempo, en algunos hogares llegó a escasear el pan, sin embargo, nadie hizo siquiera una exclamación de desesperación. Se nos presionaba de tal forma, que tal parecía que nuestro movimiento perecería por hambre”.
Sin embargo, “A raíz de estas declaraciones [el General Cárdenas] ordenó a Calles que saliera del país, quedando nuestro movimiento como piedra de toque que habría de señalar una nueva era en la vida política de nuestra patria. El recurso supremo había fallándole (sic) a la empresa, y la razón se imponía de nuestra parte”.
En efecto, un día antes de la reestructuración del gobierno y de la depuración de los elementos que estaban en él, el general Cárdenas contestó el 14 de junio a las acusaciones callistas señalando que “…determinados grupos políticos del mismo grupo revolucionario…, se han dedicado con toda saña y sin ocultar sus perversas intenciones, desde que se inició la actual administración, a oponerle dificultades no sólo usando la murmuración que siempre alarma, sino que recurriendo a procedimientos reprobables de deslealtad y traición”.
Con la seguridad de que el gobierno del General Cárdenas y la presión que hacía el ex Presidente Calles sobre él, favoreciera la actitud de la Telefónica Mexicana, ésta hizo una nueva propuesta para que el conflicto terminara, por lo que en otra extensa circular, informó a la opinión pública que la causa de que las negociaciones hubieran quedado suspendidas habían sido por causa de un “exabrupto de uno de los componentes de los Comités del Sindicato, que es el principal elemento de hostilidad en contra de nuestra Compañía”.
Dando muestras de buena voluntad para resolver la huelga, la Telefónica Mexicana solicitó a las autoridades del Departamento del Trabajo, que citara a la representación sindical para continuar con las pláticas, pero advirtió que se sugiriera a los Comités “que concurran suficientemente autorizados para debatir el conflicto, y que, en caso necesario, por el voto mayoritario de los integrantes de dichos Comités, se lleve a cabo un arreglo y se firme un pacto en vista del cual inmediatamente se levante el estado de huelga”.
El objetivo de la Telefónica era convencer al Sindicato Nacional de que por haber reportado pérdidas, no le era posible conceder el aumento solicitado por sus trabajadores, lo cual podría ser fácilmente demostrado, ya que se había realizado una auditoria. Pero si esto no fuera suficiente la empresa estaba dispuesta a contratar una firma de Auditores “internacionalmente afamada”, para demostrar al sindicato que la empresa no había obtenido ganancias en 1934.
Con esta argumentación, la Compañía hizo una nueva propuesta al sindicato con la intención de que el conflicto fuera resuelto, por lo que “con respecto al aumento de salarios que han pedido los trabajadores, así como el pago de los salarios caídos durante el tiempo de huelga, que si el plan indicado arriba, lo aceptan los trabajadores, entonces quedará sin efecto nuestro ofrecimiento de pagar el 35% de dichos sueldos caídos ni tampoco se efectuara ningún aumento de sueldos”.
Por el contrario, si la auditoria demostraba que la empresa había obtenido ganancias, pagaría el total de sueldos caídos y otorgaría el aumento de salarios solicitado, además de revisar los escalafones y hacer una necesaria nivelación de salarios.
Con el informe que el Jefe del Departamento del Trabajo Lic. Barba González entrego al Presidente de la República General Cárdenas, éste comisiono a su Secretario Particular Lic. Luis I. Rodríguez para que se encargara de buscar una solución y terminar con el conflicto, quien de inmediato solicito que en forma separada los representantes de la empresa y de los trabajadores expusieran sus puntos de vista sobre el problema, con la finalidad de recabar nueva información que le permitiera hacer las sugerencias pertinentes y poner fin a la huelga.
Pero al margen de la solicitud del Lic. Rodríguez, la Telefónica Mexicana público en “El Universal Gráfico”, una “Interesante Información” dirigida al público, a las Autoridades del país y a sus trabajadores, para darles a conocer el estado en que se encontraba la huelga, con la intención de continuar señalado lo injustificado del movimiento de huelga que estaba sufriendo y por eso, “para que en la mente de todo el mundo se abrigue la seguridad de que no es culpa nuestra que el conflicto se inició y persiste a pesar de tantos días y de la buena voluntad que hemos puesto en juego, concediendo a los trabajadores tantas cosas no previstas por la ley, que la generalidad de la gente se asombra y maravilla de que no se ha llegado todavía a un arreglo definitivo”.
En su “Interesante Información”, la Telefónica Mexicana indico que sus apoderados se habían reunido con las autoridades de la Secretaría de Economía, quienes interesados en que el conflicto fuera resuelto, sugirieron que la empresa aumentara provisionalmente a sus trabajadores “aunque fuese 25%”, a cambio de que posteriormente esta Secretaría concediera un aumento en las tarifas del servicio telefónico, sugerencia que categóricamente no fue aceptada por la Compañía ya que, preocupada por la economía del país y de los usuarios, considero que esto provocaría un desquiciamiento “en la economía nacional, ya que si para terminar con el conflicto la única solución que se encuentra es la de que se autorice el cobro de cuotas mayores, con el consiguiente recargo para el público, incuestionablemente que se sucederían interminablemente huelgas en todos los ámbitos del país, ya que los trabajadores se sentirán apoyados para pedir desbarajustadamente (sic) toda clase de aumentos de salarios a título de que el Gobierno, o más bien dicho la Secretaría de Economía, podría aprobar o recomendar que al público se le cargasen mayores precios”.
Ante la rotunda oposición de la empresa para aceptar esta propuesta, la Secretaría de Economía, “uso más presión para que la Compañía conviniese en un aumento de salarios”, petición que les era imposible conceder, ya que tanto la Secretarías de Comunicaciones y de Hacienda tenían conocimiento de la situación financiera de la empresa, quien pagaba el 4% sobre todas las entradas brutas, condición que era acuciosamente vigilada por las autoridades. De esto también tenía conocimiento la Secretaría de Economía quien sabía que “a pesar de que la Compañía estuviese perdiendo dinero, era conveniente que aumentase los salarios aunque perdiese todavía más, para no correr el riesgo de que el Gobierno obligase a la Empresa a pagar el 110% de aumento que los obreros han pedido”.
La actitud de la Secretaria de Economía era para la Telefónica Mexicana “ilógica y absurda”, pues ya había concedido lo que en su opinión era justo y razonable, otorgándoles además “muchos privilegios y ventajas no consignados en la ley […] además de que el promedio de los salarios que paga la Compañía a sus trabajadores es en lo general más alto que el de todas las industrias del país, con excepción de la petrolera y la minera”.
Para terminar su “Interesante Información”, la Compañía Telefónica manifestó que había “tenido necesidad de estar venciendo muchas influencias extrañas y no tan solo las de los trabajadores y sus líderes […] pero paso a paso se va viendo la verdad y creemos que el conflicto se solucionara pronto, pero nos proponemos, sin embargo, seguir descorriendo el velo de tenebrosas maquinaciones para que se sepa que esta Compañía en el caso actual, que tanto le está costando es una verdadera victima”.
De inmediato, el Subsecretario de Economía Ing. Antonio Madrazo quien había participado en la reunión con los apoderados de la empresa, respondió señalando que la Secretaría de Economía había mostrado gran interés porque el conflicto se resolviera, pues siendo este de índole económica ofreció a la Telefónica se hiciera un estudio integral sobre su situación, para conocer con exactitud si la empresa estaba en condiciones o no de conceder el aumento salarial, ya que si el estudio que se haría sobre el costo de la vida para los trabajadores y empleados de la empresa justificaba el aumento de los salarios, pues aunque el estudio le fuera adverso a la Compañía, es decir, que el resultado demostrara que efectivamente operaba con perdidas “al revisarse las tarifas en vigor en el momento de efectuar la fusión [entre la Ericsson y la Telefónica Mexicana] de servicios telefónicos, se fijarían en tal punto que permitieran a la Empresa pagar salarios equitativos y, a la vez, dar a los accionistas dividendos que correspondan a una utilidad moderada ya fijada en su misma concesión”.
Pero quien se negó a que la investigación sobre las verdaderas condiciones económicas de la empresa y se hiciera una revisión de la contabilidad para determinar de una vez por todas, si estaba en condiciones o no de acceder a la demanda de sus trabajadores, fue precisamente “el enemigo número uno de los trabajadores”, es decir el gerente de la Telefónica Ricardo Estrada Berg, quien había amenazado a los telefonistas con utilizar de 15 a 20 millones de pesos para que la huelga fracasara.
Al cumplirse 23 días de huelga, es decir, el 15 de junio, la Telefónica Mexicana sin escatimar recursos económicos, publicó en los principales periódicos de la capital una nueva circular para sus trabajadores firmada esta vez, por el Vicepresidente y Gerente General W. F. Flanley, quien haciendo un llamado “Al personal de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana”, se lamento que “Con sincero sentimiento me he enterado, al regresar al país después de mi enfermedad, que más de la mitad de los empleados de la Compañía se han olvidado de sus obligaciones hacia ella, al extremo de paralizar el servicio telefónico en México, en ocasión en que el país está pletórico de visitantes de todo el mundo.
“Los empleados de la C.T. y T.M. constituyen uno de los grupos más bien pagados de trabajadores de la República y no hay ninguna otra Compañía Telefónica en el mundo que pague sueldos más altos en comparación con las tarifas que se cobran por sus servicios. Esto hace más difícil comprender el porqué nuestros trabajadores recurrieron a una huelga para procurar conseguir aumentar los ya altos salarios.
“Los tenedores de las Acciones Preferentes Acumulativas de nuestra Compañía, muchos de los cuales viven aquí mismo en el D.F. y otros diseminados en el resto de la República, no han recibido dividendos durante tres años porque la Compañía se ha visto imposibilitada para pagarlos, principalmente por razón de los altos salarios que se pagan a los trabajadores. Con los sueldos actuales, que son bien altos, y sin utilidades disponibles para pagar interés, ni tan siquiera a las Acciones Preferentes, es obvio que la Compañía no está en posibilidad de pagar todavía más altos salarios.
“En interés del público de México, es quien debemos ciertas y bien definidas obligaciones y en vista de que no hay en lo absoluto ninguna queja real y verdadera con respecto a los salarios, urgentemente pido a ustedes hagan a un lado sus quejas imaginarias y les hago un excitativo para que vuelvan a sus trabajos. He revisado cuidadosamente los diversos privilegios y concesiones que la Compañía ha hecho en las recientes discusiones y encuentro en que son en extremo ventajosas para los trabajadores, por lo que me apresuro a llamar la atención respecto a que durante este ya largo periodo de huelga, la Compañía ha estado sufriendo fortísimas pérdidas y de prolongarse todavía más esta situación, posiblemente ni aún lo ya concedido en el oficio del 3 de junio al Departamento del Trabajo, podrá la Compañía mantener en vigor, ya que las condiciones económicas de la Empresa cada día se hacen más precarias”.
Pero mientras la Telefónica Mexicana se quejaba de su pobre situación económica, a raíz de las declaraciones del general Calles, el mismo día 15 los trabajadores mexicanos decidieron organizarse y encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas, acordaron formar el Comité Nacional de Defensa Proletaria, con la misión de ocuparse de los conflictos intersindicales y de garantizar la protección de los derechos de los obreros, incluso con la huelga general si fuera necesario, organización de la cual formo parte el Sindicato Nacional de Telefonistas, para apoyar la fracción que representaba el gobierno del general Cárdenas.
Así, la creación del Comité de Defensa Proletaria fue la respuesta del movimiento obrero ante la necesidad de su unificación, ya que los trabajadores mexicanos reconocieron la necesidad de crear una agrupación obrero-campesina a nivel nacional, que habría de fijar los mecanismos organizativos para unificar a todas las organizaciones, que más tarde se convertiría en la Confederación de Trabajadores de México.
Ya con el apoyo del Comité Nacional de Defensa Proletaria y, ante la inminencia de la huelga general, el Sindicato Nacional de Telefonistas y la Telefónica Mexicana reiniciaron las platicas el 17 de junio y, después de largas negociaciones que culminaron a las 24 horas de ese día, las partes en conflicto firmaron ante el Secretario General del Departamento del Trabajo Lic. Esteban García de Alba un convenio en donde dejaron constancia de los puntos en los que quedaron de acuerdo, dejando pendientes para el día 18, los puntos que habrían de estudiarse y discutirse para poner fin a la huelga.
Después de largas e intensas negociaciones, que se desarrollaron en un “ambiente cordial”, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Sindicato Nacional de Telefonistas acordaron el 19 de junio de 1935 a las diez de la noche, levantar el estado de huelga y reiniciar el servicio telefónico en la Ciudad de México, “conforme vayan presentándose los trabajadores y pudiendo atenderse a la limpieza de los conmutadores, a la revisión de líneas y demás detalles que el caso requiere”, para que el servicio pudiera también reanudarse a la mayor brevedad en el interior del país.
Mediante un “boletín”, las autoridades del Trabajo resumieron las 37 clausulas contenidas en el convenio, dieron a conocer de manera breve los términos del acuerdo al que llegaron la Telefónica Mexicana y sus trabajadores, por considerarlo de importancia lo transcribimos textualmente:
“El Departamento Autónomo del Trabajo acaba de poner fin al movimiento de huelga llevado a cabo por los trabajadores de la C.T. y T.M. S.A. y apoyada por la CGOCM y la FTIERM (sic) que había emplazado con un movimiento de huelga de solidaridad que debería estallar a las 0 horas del días de hoy, afectando importantes industrias de quince Estados de la República.
“El pacto por medio del cual se llego a ese fin pudo realizarse en atención al desinterés y buena fe puestos de manifiesto durante las discusiones llevadas a cabo por ambas partes. En él se consignan, entre otras clausulas […], las que siguen:
“Los trabajadores obtienen el 90% por concepto de salarios caídos durante el tiempo de la huelga; $8 000 pesos de gastos proporcionados por la empresa a los trabajadores como erogaciones durante el movimiento; compromiso de la empresa para establecer una nivelación de salarios; aumento en las pensiones y jubilaciones para establecerse desde luego en el C.C.T.; el establecimiento de la clausula de exclusión en sus dos aspectos de empleo exclusivo y de separación a solicitud del sindicato contratante; restricciones a la empresa por lo que mira a disciplinas para los trabajadores; el pago al trabajador Esparza Calderón, de la cantidad de $4000 pesos por indemnización. Separación de algunos trabajadores que hacían labor de división sindical, y admisión de otros pertenecientes al sindicato, que habían sido separados; pago de las cantidades que resulten a cargo de la empresa por violaciones a la L.F. T., al art. 123 constitucional y demás leyes del país, previa la calificación correspondiente que deberá hacer una Comisión de la Empresa y otra de los trabajadores dentro de un plazo de treinta días; discusión del C.C.T., partiendo fundamentalmente de las bases del convenio, dentro de un plazo no mayor de 30 días, así como del Reglamento interior de Trabajo.
“La Cía. se obliga a otorgar permisos con goce de salario a los trabajadores encargados de la discusión del contrato, durante el tiempo que duren esas pláticas; disminución a favor de los de las jornadas diurnas, y nocturnas; el pago del séptimo día a los trabajadores; vacaciones superiores a las que se consignan en otros contratos; obligación de la Empresa de cubrir los riesgos profesionales, quedando obligada al establecimiento de pequeños equipos con medicamentos para atención médica y quirúrgica de emergencia; establecimiento de la clínica médica para los trabajadores; se obliga asimismo, a seguir concediendo a todos los obreros los beneficios de que actualmente gozan como resultado de los usos y costumbres establecidos”.
Además, el Sindicato Nacional obtuvo la reinstalación de los telefonistas despedidos: José María Meléndez, Ángela Carrillo, María de Jesús Jacques, Alfredo Bermes, Eduardo Díaz Lozada, Armando Roig, Raymundo Aguilar, María Enriqueta Pérez, María Camarillo, Samuel Rodríguez, Práxedis Torijano, Antonio Tito Acosta, Juan Ramos Aguirre, Domingo Soria, Víctor Moreno, Agustín Vizcaya, Felipe B. Meza y Daniel Sentíes, y el pago por indemnización de cuatro mil pesos a Roberto Esparza Calderón.
Los telefonistas señalaron que habían aceptado terminar con la huelga porque “El general Cárdenas nos dio seguridades en el sentido de que nuestras demandas serían debidamente atendidas y pidió nuestra cooperación para levantar la huelga inmediatamente a fin de evitar complicaciones a la situación política del momento, el resultado intrínseco de nuestro movimiento fue la consolidación de nuestro sindicato como elemento de lucha, rompiendo las cadenas que nos tenían sujetos a la férula patronal”, con esta argumentación decidieron renunciar al aumento salarial.
Para terminar con la huelga, los telefonistas mexicanos se entrevistaron con el Presidente de la República general Lázaro Cárdenas quien textualmente les dijo “Compañeros, a ustedes jóvenes trabajadores les voy a hablar, no como Presidente de la República, sino como hombre, como amigo. Estoy pendiente de resolver el más grave problema de mi gobierno, deseo acabar con el caudillaje, con el maximato en nuestro país, necesito remover, arrojar el lastre que pesa sobre nuestra nación, como una petición muy personal mía, les suplico se presenten a trabajar, yo les prometo que he de recomendar se les haga el menor daño posible. Pero al venir la próxima contratación pidan lo que quieran y se les concederá”.
Concluida la huelga, la Telefónica Mexicana publicó en los periódicos de la ciudad su último informe, tratando de desvirtuar el acuerdo, continuó señalando que “a pesar de las fuertes pérdidas que sufrió la Compañía con motivo de la huelga, resolvimos pagar a los trabajadores en huelga el 90% de los salarios caídos, por considerar que en su inmensa mayoría nuestro personal está constituido por elementos sanos, de gran cordura y competentes, y que fueron arrastrados a este conflicto ingenuamente y de buena fe por un grupo de líderes sin conciencia, de los cuales algunos ya quedaron eliminados de nuestra organización. Al personal que repudió la huelga, representando la tercera parte más o menos, la compañía gustosa y agradecida pago sus sueldos íntegros”.
Además la telefónica Mexicana estuvo de acuerdo en hacer la correspondiente deducción de las cuotas por los días que los usuarios estuvieron sin servicio, por lo que los suscriptores recibirían, en los próximos días un ajuste que se efectuaría de la siguiente forma “los suscriptores recibirán, dentro de los próximos días siguientes, las cuentas por el mes de julio y esta facturación contendrá la deducción correspondiente al tiempo durante el cual no se proporcionó servicios debido a la huelga”.
En su último informe, la Telefónica Mexicana omitió señalar que los telefonistas habían renunciado al aumento salarial a petición del general Cárdenas y, que a pesar de que la empresa continuaba poniendo como pretexto, que por estar resintiendo “fuertes pérdidas y por otras consideraciones, no pudo aumentar ni aumentará los salarios”.
Los telefonistas por su parte, a pesar de haber renunciado al aumento salarial consideraron que habían alcanzado un rotundo triunfo, sobre todo porque, por un lado conquistaron el reconocimiento de su sindicato y, por el otro la revisión del contrato colectivo de trabajo, a pesar de las “deserciones en nuestras filas [y] los pusilánimes que se pusieron del lado de la empresa”, quienes vieron como “entramos a trabajar, con mermas en nuestros salarios caídos y en medio de sonrisas burlonas”, esperando recibir “los 30 denarios de la traición”, lo cual la Telefónica Mexicana cumplió al entregarles a sus “fieles” los salarios íntegros por el tiempo que duro la huelga.
Los telefonistas advirtieron entonces que la lucha continuaría, esperando la revisión del contrato colectivo en 1937, en donde verían cumplidas las promesas del Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas.