Desarrollo de la Industria Telefónica en México.

En los países capitalistas desarrollados de la últimas décadas del siglo XIX, se empezó a gestar un proceso de concentración de capital en gran escala, que se hizo acompañar del surgimiento de empresas cada vez más grandes, proceso que rebasó las fronteras de dichos países y que se tradujo en México en una considerable expansión de las inversiones europeas y principalmente norteamericanas, que empezaron a ocupar posiciones claves en las más importantes ramas de la economía.

De esta forma, las condiciones de penetración imperialista constituyeron el marco en que prosiguió el desarrollo capitalista –dependiente- como proyecto histórico nacional, hecho que permitió que tanto las inversiones inglesas, francesas, alemanas y españolas fueran desplazadas por el capital norteamericano, que empezó a controlar las más importantes ramas del desarrollo industrial de México, entre ellas las de las comunicaciones telefónicas.

En efecto, la introducción del servicio telefónico en México, obedeció en el nivel más general, al desarrollo natural del proceso técnico y a la investigación científica, así como a la iniciativa de importantes hombres de negocios norteamericanos que decidieron, apenas a dos años de haber  logrado la patente  Alexander Graham Bell, explotar el servicio telefónico, iniciando las pruebas concernientes para hacer posible la instalación de una red telefónica a nivel comercial. Esto se lograría gracias a la introducción de la energía eléctrica, que provocó cambios y avances fundamentales que permitieron la industrialización de México en gran escala, pues apenas establecida en el país, la electricidad se constituyó como un elemento básico para la economía y estratégico para el desarrollo nacional.

Los avances fundamentales se dieron principalmente en la minería, en la industria petrolera, la textil y el desarrollo de las comunicaciones eléctricas, que como resultado de la pruebas realizadas entre la ciudad de México y Tlalpan, hizo posible que en 1878, el gobierno federal concediera a Alfredo Westrop  y Compañía la autorización para instalar la primera red telefónica en la Ciudad de México y cuatro años más tarde, dieron principio las operaciones de la Compañía telefónica Mexicana, con un capital de 2 millones de dólares, al mismo tiempo que en el interior de la República se instalaban compañías telefónicas en los Estados de Chihuahua y Durango, con un capital de 27 mil dólares.1

Durante el periodo presidencial de Manuel González, es cuando se otorgó el primer contrato concesión a una compañía norteamericana, para que explotara el servicio telefónico en nuestro país, por lo que el 18 de junio de 1894, es concedida a la Compañía Telefónica Mexicana, S.A., organizada bajo las leyes de Nueva York y subsidiaria de la Bell Telephone Co. de Massachusets,2 la autorización para poder introducir al país y libre de impuestos, todo el equipo necesario, para la instalación de líneas, centrales y redes, que la demanda del público usuario exigía, lo que permitió la publicación del primer directorio telefónico que registro poco más de 800 suscriptores.3

En forma paulatina, el servicio telefónico fue ampliándose y mejorando, lo que hizo cambiar a la opinión pública, quién al principio consideró que el teléfono era un simple juguete o un artículo de lujo, actitud que hizo posible la renovación de 1872 de la concesión por 12 años más, así como iniciar las gestiones para adquirir las empresas competidoras que existían en el norte del país.

De las gestiones de renovación por parte de la Compañía Telefónica y de otras solicitudes de concesión que se iniciaron en esa misma época, surgió la duplicidad del servicio que padeció la Ciudad de México hasta 1950, año en que se fusionaron las empresas que proporcionaban el servicio telefónico en nuestro país.

El aumento de la competencia por parte de las empresas telefónicas que operaban en Guadalajara. San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, que dotadas con equipo alemán de calidad deficiente, atraían a los usuarios rebajando sus cuotas, fue motivo suficiente para que la Compañía Telefónica Mexicana ofreciera en forma gratuita sus servicios y, anunciara que tenía en operación 3 065 aparatos telefónicos con los cuales de daba servicio a un sistema que involucraba 18 ciudades.4

Ante el aumento de solicitudes para adquirir el servicio telefónico, las autoridades administrativas del país, aceptaron firmar un contrato con la Compañía Telefónica de Aguascalientes para utilizar el servicio de larga distancia que cada vez se hacía más necesario, para poder tener comunicación con las autoridades e industrias en los Estados en que operaba dicha Compañía. Dos años más tarde, el gobierno porfirista decidió otorgar nuevas concesiones, en primer lugar a la empresa representada por José Sintzensttater, quién obtuvo la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para continuar con la explotación del servicio telefónico en el D.F. La segunda concesión fue otorgada por Supremo Decreto, a la Compañía Telefónica Mexicana, la cual por acuerdo de los accionistas reunidos en la ciudad de Portland, en el Estado de Oregón, cambiaría su razón social por el de Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, aumentando en un millón de dólares el capital de la empresa.5

Al mismo tiempo, José Sintzensttater hizo traspaso de su concesión a Alex Boström, quién denominó a su empresa Mexikanskaya Telephonaktieleget Ericsson, subsidiaria de la Aktiebolagget  L.M. Ericsson Co. de Suecia, que más tarde sería autorizada para cambiar su nombre por el Teléfonos Ericsson. S.A.

Las concesiones para explotar el servicio telefónico en el D.F., fue por 30 años, al término de los cuales el gobierno federal podría adquirir las redes,  de no hacerlo, el contrato sería renovado por 30 años más, por lo que “en ambos casos se convino, que al término de las concesiones. El gobierno federal podría optar por la adquisición mediante compra de las redes telefónicas o por la ampliación del plazo a 30 años más, finalizados los cuales pasarían a poder de la nación los bienes de las empresas, en forma automática y sin costo alguno”.6

El auge de las comunicaciones en México, dio origen a la instalación de nuevas empresas telefónicas en el interior del país, por lo que nuevas concesiones fueron solicitadas al gobierno. La empresa telefónica Woessner, solicitó la autorización para extender su red a Matamoros y La Laguna, mientras que la empresa de Salvador C. Luque, obtuvo junto con la Compañía Telefónica Mexicana, la concesión para enlazar la Ciudad de México con Pachuca.

La explotación del servicio telefónico continuó desarrollándose normalmente, hasta que el movimiento armado de 1910 entorpeció los planes de desarrollo de las empresas telefónicas y el largo periodo de agitación revolucionaria que siguió a la muerte del Presidente Madero, provocó una gran inestabilidad política, con frecuentes cambios de Presidentes. Durante este periodo, las Compañías Ericsson y Telefónica Mexicana, se concretaron a mantener sus servicios, ante la imposibilidad de mejorar sus instalaciones, aumentar el número de suscriptores y conseguir nuevos aparatos. Sin embargo, el crecimiento del servicio telefónico no disminuyó, por lo que para 1914, se contaba con un total de 24 954 aparatos en servicio.7

Los telefonistas por su parte, quienes afiliados al nuevo Sindicato Mexicano de Electricistas, decidieron por primera ocasión, exigir a las empresas telefónicas aumentos de salarios y reconocimiento de sus organizaciones sindicales, por parte de éstas. La empresa sueca dio respuesta en forma positiva a las peticiones de sus trabajadores, no así la Compañía norteamericana, que ante la intransigencia y amenazas de su gerente, obligó a sus trabajadores a declararse en huelga, hecho que hizo que Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl “Agente carrancista que dio ordenes de que la empresa fuera intervenida por el gobierno y puesta bajo el control de sus trabajadores”.8

De inmediato, la Federación de Sindicatos del D.F., se movilizó, lo mismo hizo la Casa del Obrero Mundial, dando buena acogida a la designación que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas, respecto al nombramiento de Luis N. Morones, como gerente de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana.9 El 7 de febrero de 1915, los telefonistas regresaron al trabajo, no sin advertir que serían separados “todos aquellos que no aceptaran sindicarse”.10

Como consecuencia de la intervención de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana por parte del gobierno de Venustiano Carranza, la Casa del Obrero Mundial confiada en que el gobierno con esta medida se ponía de parte de los trabajadores, convocó a todas las organizaciones para la discusión de un proyecto de Manifiesto que sería dirigido a “apaciguar los arrestos bélicos del pueblo mexicano, excitando a las masas obreras para que desaparecieran los bandos que se disputaban a mano armada, la dirección de los asuntos públicos”.11

Con la publicación del Manifiesto, la Casa del Obrero Mundial acordó participar en la Revolución Mexicana, al lado de los constitucionalistas encabezados por  Venustiano Carranza, sin embargo, “no todos los gremios que formando parte de la Federación de Sindicatos del D.F., acudieron al llamado que les hiciera la Casa del Obrero Mundial. El Sindicato Mexicano de Electricistas no respondió al acuerdo; tampoco lo hizo el gremio telefónico”.12 La negativa de estos gremios se debió por un lado a que la Compañía Telefónica y Telegráfica se encontraba requisada por el gobierno, hallando el gerente de la empresa, inconveniente participar en la lucha armada “de manera que los gremios mencionados, por lógica no tomaron parte en la Revolución Mexicana”.13 A pesar de esto, “al retorno se incorporaron y fueron admitidos sin reservas”.14

Así, con el reconocimiento de los dos sindicatos de telefonistas, quedaron constituidos los cimientos del actual Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y con la huelga se iniciaba una larga tradición de lucha por parte de las dos organizaciones sindicales. Por otro lado, la requisa de las instalaciones de la Compañía Telefónica a favor de los trabajadores, les dio la oportunidad de permanecer al frente de la Compañía, hasta que Venustiano Carranza ordenó su devolución, para que fuera administrada por el gobierno. Esta medida no se volvería a repetir, por el contrario este mandato sería utilizada por los gobiernos revolucionarios en contra de los telefonistas, frenando sus luchas y favoreciendo a las empresas, así como a altos funcionarios que poseían intereses en las mismas.

En la década de 1921 a 1930, puede decirse que se favoreció el desarrollo acelerado tanto de la Empresa Ericsson como de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, pues con la terminación de la Primera Guerra Mundial, las dos empresas empezaron a recibir grandes cantidades de equipos y materiales para la ampliación y perfeccionamiento de sus sistemas, consecuencia de esto fue la instalación de la primera central automática en la República Mexicana en 1926, a pesar de que del avance en la instalación de nuevos aparatos se había venido realizando en forma precaria, pues  para 1920 existían un total de 29 005 aparatos en servicio.15

Levantada la requisa de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana por parte del gobierno federal, la International Telephone and Telegraph (ITT), inició los trámites concernientes para la adquisición de más del 98% de los valores de la Compañía Telefónica Mexicana, al mismo tiempo que solicitó al gobierno federal, la modificación y ampliación del contrato de 1903.

Con el ascenso del general Plutarco Elías Calles a la Presidencia de la República, dio principio durante la primera fase de su gobierno, una política “radical” y de línea nacionalista, que se manifestó principalmente  con programas de obras públicas, proyectos de irrigación, etc., pronto las presiones del capital norteamericano a la política y línea callistas salieron a la luz, como consecuencia de un nuevo proyecto de ley que pretendía reglamentar el artículo 27 constitucional, Calles con la intención de “distraer” un poco la presión norteamericana, accedió a las exigencias de la ITT, respecto a la obtención de las acciones de la Telefónica Mexicana y la ampliación de la concesión por 30 años más, para continuar explotando el servicio telefónico en el D.F. y extender la red de larga distancia entre los centros más poblados de la República Mexicana y los países extranjeros.

Para 1925 estaban incorporados al sistema de la Telefónica Mexicana 17 585 teléfonos en servicio y la Compañía ocupaba “más de 600 empleados, siendo prácticamente todos mexicanos”.16

Para llevar a cabo el importante desarrollo de la Compañía Telefónica se emitieron 10 000 acciones preferentes acumulativas de prioridad con un valor de 9 500 dólares,  cada una de las cuales percibiría un dividendo de 7.36 dólares por año, repartidas trimestralmente el último día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, por lo que “las acciones en cuestión son preferentes acumulativas de prioridad y como tal tienen preferencia  sobre las 30 000 acciones preferidas de 5% y la 7 000 acciones comunes de las cuales más del 90% pertenecen a la International”.17 Señalaba Luis. A Moreno, alto funcionario de la ITT que había viajado desde Nueva York, expresamente para realizar la transacción.

Los bancos de Montreal y Canadian Bank of Comerce, fueron respectivamente los agentes para la transferencia de las acciones y registradores de las mismas, por lo que las acciones podrían ser adquiridas con pagos de 10 dólares mensuales por cada acción, emitiéndose un título por el número de acciones que se asignaran al completarse el pago total.

Un año después, la Empresa de Teléfonos Ericsson S.A. , celebró con el gobierno federal nuevos contratos-concesión, en los que se estableció que al termino de dicha concesión, el gobierno podría adquirir ambas empresas mediante un pago fijado por peritos y pagadero en “oro nacional”, otra clausula estipuló que las empresas se obligaban al cumplimiento de todas las leyes y disposiciones que en el futuro se dictaran para regular sus servicios en cuanto que no fueran contrarias a los términos del contrato, y la que autorizó desde aquella época el servicio medido.18 Además, para evitar medidas como la tomada por el gobierno de Carranza, los nuevos contratos establecieron la prohibición al gobierno federal de requisar a las empresas, salvo en los casos de guerra internacional, de la alteración del orden público ó cuando se previera algún peligro para la paz interna del país, así como la incorporación de la Doctrina Calvo, señalando que las empresas convenían en considerarse mexicanas para todos los efectos de los contratos-concesión relativos.

De esta manera, quedó establecido el ámbito de las relaciones entre el Estado y los concesionarios del servicio, por cuanto se admitió cualquier disposición siempre que no fuera contraria a los términos del contrato, o sea que las leyes de la materia podrían únicamente afectar a las empresas en aquellos aspectos no señalados en el contrato o en los que se opusieran a él. Esto implicó una limitación muy seria de las facultades administrativas en materia de servicios telefónicos, ya que el reglamento que las quisiera regir, sería prácticamente un mero apéndice del contrato–concesión.19

Esto implicó el carácter irreversible de la concesión, que significó prácticamente la pérdida de un derecho adquirido en la primera concesión, la cual señalaba que al renovarse por otros 30 años el contrato, los bienes de las empresas pasarían a ser propiedad de la nación, sin costo alguno para ella.20

Al término de la concesión en 1976 –ya que las nuevas concesiones otorgadas por el gobierno federal fueron por 50 años, mismas que fueron otorgadas a las compañías petroleras norteamericanas por el gobierno de Calles-.21 En lo que concierne a las empresas telefónicas, el gobierno debió adquirir los bienes de las compañías fusionadas en Teléfonos de México al contado, en su valor fijado por una comisión de peritos o renovar la concesión, el gobierno se limitó a transformar a Teléfonos de México en una empresa de participación estatal, ya que solo adquirió una parte de las acciones, que debió adquirir totalmente y sin costo alguno.

Otro de los aspectos importantes fue la incorporación de la Doctrina Calvo en los contratos-concesión, es decir, para la época en que la empresa estuvo controlada por extranjeros fue que “el Estado no es responsable por las pérdidas causadas a los extranjeros en tiempos de guerra civil”.22  Esta clausula se incorporó a los contratos-concesión firmados por los Estados Nacionales con extranjeros –de concesiones de servicios públicos, de obra pública, etc.- por lo cual el extranjero se comprometió a someterse a los tribunales del Estado, para el arreglo de las controversias que se suscitaran a raíz de la ejecución del contrato, y por lo tanto a no recurrir por éste motivo, a la protección diplomática de su propio Estado. En resumen, significó que el extranjero renunciaba a la protección diplomática de su país.

La década de los años treinta, observó la agudización de los conflictos entre el Estado  y los intereses extranjeros, haciendo crisis en la segunda mitad de esta etapa, cuando los intereses de las compañías petroleras “El Águila” y la “Huasteca” fueron afectados con motivo del inicio de la  huelga por parte de sus trabajadores. La agitación laboral de este periodo alcanzó a las industrias textiles de Puebla, a los ferrocarriles y a diversas empresas públicas. La política que el Presidente Lázaro Cárdenas puso en práctica gracias a la alianza que estableció con la CGOCM de Lombardo Toledano, apoyó y favoreció las demandas de los trabajadores, quienes a su vez apoyaron al Presidente Cárdenas.

Las pugnas entre Calles y Cárdenas empezaron a tomar forma por éste motivo, el choque se hizo evidente cuando los trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana se declararon en huelga, al no ser cumplidas sus peticiones de reinstalar a todos los trabajadores despedidos con motivo del emplazamiento, respeto a la nueva Ley Federal del Trabajo, indemnizaciones, servicio médico, jubilación, pagos por antigüedad, descuentos y la separación de un número considerable de empleados de confianza, demandas que encontraron el apoyo total del Presidente Cárdenas.23

La repuesta de Calles fue inmediata, al señalar que en el caso de la Compañía Telefónica a pesar de que se había “concedido lo que justificadamente podía pedírsele, altos salarios, jubilaciones, servicios médicos, indemnizaciones, vacaciones y lo que la ley exige, le han declarado una huelga porque no aumenta más los salarios, no obstante que la Compañía no ha repartido dividendos hace muchos años y que no tienen con que hacer frente a salarios elevados”.24 La participación de Calles fue en aumento cuando numerosas muestras de apoyo por parte de otras organizaciones sindicales, entre las que se encontraban la Federación Nacional de la Industria Eléctrica, el Sindicato General de Obreros, Empleados y Operadoras de la Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A., quien amenazó con dejar sin servicio a 19 Estados del país, se pusieron de manifiesto. Esta preocupación iba dirigida a señalar los peligros que traerían para el país, sino a defender los intereses de la Compañía Telefónica y de los suyos propios, ya que Calles era uno de los más importantes accionistas de la Compañía Telefónica.25

A pesar de las protestas de Calles y la petición de la CANACO para que el Presidente Cárdenas interviniera para detener el movimiento, éste se resolvió a favor de los telefonistas, quienes obtuvieron el 90% de sus salarios por el tiempo que duro la huelga, permiso con goce de salario a los delegados a la revisión del contrato colectivo, pago de 4 000 pesos al trabajador Roberto Esparza Calderón, establecimiento de la clausula de exclusión, aumento en las jubilaciones y prestaciones, 8 000 pesos por concepto de gastos originados por la huelga, reinstalación de los trabajadores despedidos, disminución de la jornada de trabajo diurna y nocturna, pago del séptimo día, aumento en los días de vacaciones, botiquines y los mismos beneficios de que gozaban como resultado de los usos y costumbres establecidos, razón por la cual, los telefonistas renunciaron al aumento salarial solicitado a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana.26

Terminado el conflicto, El Presidente Cárdenas ordenó el cobro a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y, después de haber negado la Suprema Corte de Justicia el Amparo promovido por ella, el adeudo del impuesto sobre la renta, correspondiente a varios años, y que no se había pagado por pretender ampararse la Compañía en concesiones que ilegalmente consignaron la exención de este impuesto. Respecto a la Empresa de Teléfonos Ericsson, se desconocieron la validez de las clausulas relativas de su concesión, por lo que se le ordenó pagar los impuestos de importación no prescritos, causados en los cinco años anteriores a la fecha indicada.27

Sin embargo, las empresas telefónicas continuaron desarrollándose dentro de una competencia cada vez mayor, como consecuencia del crecimiento de la actividad telefónica principalmente en la Ciudad de México, por lo que los suscriptores reclamaron que la intercomunicación entre las dos empresas telefónicas se diera, ya que la duplicidad de los servicios causaba serios problemas a los usuarios, a quienes se les obligaba a obtener y pagar los servicios de las dos empresas concesionarias o bien comunicarse con los teléfonos de una sola red.

La Segunda Guerra Mundial impidió que la fusión de las dos empresas telefónicas se realizara, lo que dio motivo que los empresarios se opusieran también a la unificación. Sin embargo, a pesar de la oposición empresarial, se llegó a la conclusión de acuerdo a la ley de vías generales de comunicación, de obligar a las dos empresas telefónicas a realizar los enlaces que permitieran a los usuarios, comunicarse indistintamente por cualquiera de los dos sistemas en servicio, con el otro. Esto se logró después de una larga disputa y mediante la aplicación de multas a las dos empresas, que al fin tuvieron que reconocer la necesidad de atender el interés general por encima de su propia conveniencia.28 El rumbo que se dio a la explotación del servicio telefónico, señaló que más tarde o más temprano, tendría que concluirse la fusión de los dos sistemas.

Al plantearse nuevamente el tema de la fusión durante el gobierno de Miguel Alemán, se hizo necesario determinar el carácter monopólico que podría tener la explotación del servicio en una sola empresa, ya que aunque existían otras empresas telefónicas en diversas zonas del país, tales como la Compañía Telefónica Fronteriza en Baja California, la Compañía Telefónica del Soconusco en Chiapas, La Telefónica Nacional  en Coahuila, la Compañía Campechana de Teléfonos S.A., The Moctezuma Cooper Co., Telefónica Lux, Constructora Industrial de Irolo S.A. y la Telefónica de Ojinaga y otras que ya habían sido adquiridas por la Ericsson y la Mexicana, su importancia, aún reunidas, era muy pequeña en comparación con las dos empresas principales. Además, se hizo necesario tener en cuenta el hecho de que la nueva empresa consolidada, proporcionaría el servicio con exclusividad, en cada ciudad donde operara y, que poco a poco iría adquiriendo a las pequeñas empresas competidoras.

La razón principal que favoreció la consolidación de las empresas, fue la aspiración de contar con un sistema que tuviera el volumen suficiente de servicios, con el objeto de atender la creciente demanda, que al no ser satisfecha, estaba contribuyendo a frenar el desarrollo económico del país.

Bajo estas condiciones, el 23 de diciembre de 1947, se creó una nueva empresa cuya razón social fue Teléfonos de México S.A., la cual ese mismo año adquirió todos los derechos y obligaciones de la empresa Ericsson, que el 1º de enero de 1948 iniciaría formalmente sus operaciones.

Dos años después, el 1º de mayo de 1950, luego de una gran lucha financiera, en que ninguna de las dos empresas mayoritarias que proporcionaban el servicio telefónico cedía, la nueva empresa Teléfonos de México, que se había preparado mejor para afrontar los problemas de la fusión y que se encontraba en condiciones técnicas y administrativas más ventajosas, adquirió las redes, plantas y equipos de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. Los accionistas de la American Telephone and Telegraph Co., quedaron en posición minoritaria dentro del nuevo consorcio, e iban a contemplar en el futuro, como el predominio del equipo sueco, disminuiría la importancia del americano dentro de la nueva empresa.30

Surgimiento del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

Al inicio de la década de los años cuarenta, la clase obrera organizada emergió del cardenismo como una fuerza social debilitada, como consecuencia de las presiones que ejercían los grupos conservadores tanto internos como externos, que alarmados por las demandas de los elementos radicales de los movimientos populares que se venían pronunciando a favor de la continuación de la transformación revolucionaria, que conduciría al país hasta el socialismo, hizo que la burguesía representada ya por el grupo dirigente del Partido de la Revolución Mexicana, se retirara a una posición más moderada, actitud que permitió que el gobierno de Manuel Ávila Camacho abandonara a obreros y campesinos, facilitando no solo la desaparición de muchas de sus organizaciones, sino el sometimiento en otros casos al control del Estado y del partido oficial.

La marcada tolerancia que el gobierno cardenista había mostrado hacia las luchas que realizaban los trabajadores, principalmente a través de la huelga, disminuyó en forma evidente cuando el nuevo gobierno encabezado por Manuel Ávila Camacho, inició una campaña para conjurar el “peligro comunista”, por lo que hizo aprobar una serie de leyes contrarias a la Constitución y que afectaban principalmente los derechos de los trabajadores. Así, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, establecieron que un trabajador podría ser despedido por el simple hecho de participar en huelgas “ilegales”, además, el procedimiento para declarar la legalidad de las huelgas, se hizo más complicado en perjuicio de los trabajadores.31

A la disminución de las huelgas provocada por la legislación antihuelguistica, se sumó  la división de los sindicatos  promovida por el gobierno, al mismo tiempo que obligó a los trabajadores a aceptar “sacrificios”, a través de la moderación de sus demandas salariales, historia que se vendría repitiendo  en todos los gobiernos “emanados de la revolución”.

La sujeción de los sindicatos como fue el caso de la Federación de sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, provocó que esta importante organización sindical no pudiera ingresar a uniones sindicales, privándoles también el derecho de realizar huelgas por solidaridad, además, el férreo control de los sindicatos otrora más combativos, se vio enormemente favorecido por factores derivados de la Segunda Guerra Mundial, ya que el gobierno justificó tales medidas,  en razón de una política prioritaria dirigida fundamentalmente al desarrollo capitalista del país.

La Segunda Guerra Mundial no solo fue utilizada por el gobierno como despegue capitalista del país, pues aprovechando el estado de excepción que privaba en el mercado internacional, decidió favorecer el crecimiento de la industria, lo que le permitió también limitar la acción de los trabajadores, gracias al “pacto de solidaridad con los obreros, mediante el cual las principales organizaciones sindicales decidieron acudir al llamado que les hiciera la Confederación de Trabajadores de México, en donde se comprometieron a colaborar con el gobierno, dejando en sus manos la solución de cualquier conflicto laboral.

Sin embargo, la inquietud por los constantes aumentos en los productos de primera necesidad, que se elevaron a 60%, mientras que los salarios solo lo hicieron en 20%, ocasionó un nuevo resurgimiento del movimiento obrero, que se manifestó sobre todo en  el fuerte incremento de las huelgas y de otro tipo de luchas que los trabajadores realizaron. Estas acciones permitieron que los trabajadores textiles obtuvieran un incremento de 15% en sus salarios y los mineros 10%, así como la realización de “paros” ferrocarrileros, además de numerosas manifestaciones populares.

Como consecuencia de éstas acciones, el gobierno consideró necesario legislar para impedir que las luchas de los trabajadores siguieran en aumento, esto se logró utilizando a la Suprema Corte de Justicia, quién dictaminó que el “paro” constituía “una violación a la disciplina en el trabajo”, acuerdo que dio oportunidad a los patrones de despedir trabajadores sin indemnización, cuando éstos efectuaran o participaran en algún paro de labores.

Con la terminación del conflicto bélico, tanto la CTM como la Confederación de Cámaras industriales, acordaron hacer público un “Pacto”, en el que “Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos en esta hora decisiva para los destinos de la humanidad y nuestra patria,  con el objeto de pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica de la nación, por el desarrollo económico del país y por la elevación de las condiciones materiales y culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo. Con estos fines superiores, deseamos renovar, para la etapa de la paz, la alianza patriótica que los mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra, para la defensa de la independencia y de la soberanía de la nación, bajo la política de unidad nacional preconizada por el Presidente Manuel Ávila Camacho”.32

Para poder llevar a cabo éste proyecto, los representantes de los trabajadores involucrados en el partido del gobierno, se comprometieron a suspender los paros de protesta que venían realizando como consecuencia de los constantes aumentos de los precios, así como determinar las reivindicaciones que demandaban los trabajadores, inclusive se creó una comisión integrada por obreros y patrones con facultades para detener cualquier movimiento de huelga hasta por diez meses. 33

En resumen, el gobierno de Ávila Camacho significó para los obreros, la limitación del derecho de huelga, acción que trajo consigo, un aumento en la capacidad arbitral del Estado en la resolución de los conflictos obrero-patronales, además del gradual desplazamiento de los dirigentes más progresistas, sustituyéndolos por grupos con posiciones más conservadoras de acción sindical.

Ésta situación se complicó aún más, gracias a la política antiobrera impuesta de manera radical por Miguel Alemán, que acentuó todavía más, el deterioro de la posición de las fuerzas progresistas en la escena política del país.

Las nuevas condiciones económicas originadas por la terminación de la Segunda Guerra Mundial, resaltaron los vínculos de dependencia del país, con respecto a los estados Unidos, esto permitió que el flujo de capital norteamericano tomara fuerza, encaminándose principalmente hacía la industria manufacturera para aprovechar el mercado interno y utilizar el proteccionismo que disfrutaban las inversiones en el país, es decir, tarifas de protección para los productos manufacturados nacionales, exenciones fiscales  para las nuevas industrias, sistemas de crédito amplio y flexible, el establecimiento de una infraestructura adecuada que proporcionara recursos y resultara barata para los capitalistas, y el mantenimiento de precios bajos en los energéticos, en las materias primas agrícolas y en los alimentos.34

Tales estímulos, trajeron como consecuencia un aumento considerable en el ritmo de crecimiento del sector industrial, que venía aparejado –como siempre-, con una disminución drástica de los salarios de los trabajadores, que neutralizados se encontraban incapaces de oponerse al fortalecimiento de la burocracia sindical que, con Fidel Velázquez a la cabeza, aumentaba su capacidad de mantener bajo control a un importante sector de trabajadores. Para fortalecer esta posición, el gobierno de Miguel Alemán no escatimó esfuerzos para mantener el control de los trabajadores, haciéndose cada vez más notoria su intervención en la vida interna de las organizaciones sindicales, llegando inclusive a utilizar a la fuerza pública.

En respuesta a la política represiva impuesta por el gobierno en turno, los trabajadores intentaron mejorar su situación económica y recobrar su independencia a través de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, central que representaba una alternativa de izquierda para los trabajadores, dentro des espectro político que ofrecía la vida sindical del país, sin embargo, este intento de Lombardo Toledano tuvo pocas repercusiones.

El sindicato ferrocarrilero por su parte, intentó en 1948 la unificación de los sindicatos más importantes, promoviendo pactos de amistad y solidaridad con diversas organizaciones sindicales, entre las que se encontraban petroleros, mineros y telefonistas. Este intento de unificación se bautizaría como Central Única de Trabajadores (CUT), intento que encontró rápida respuesta por parte de las autoridades y de la CTM, a quienes les era indispensable someter y mantener bajo control a los grandes sindicatos de industria, por lo que el primer paso que dieron, fue impedir que los trabajadores se unificaran, para posteriormente atacar uno a uno y en forma aislada, a cada una de las organizaciones que respondieran al llamado del sindicato ferrocarrilero.

El primer golpe fue precisamente al STFRM, promotor de la formación de la CUT, poniéndose en práctica el plan para destruir la democracia e independencia sindical de las organizaciones más importantes, dando inicio con el asalto al sindicato ferrocarrilero. Como resultado de la intervención de la fuerza pública en el sindicato, el gobierno impuso a Jesús Díaz de León, como secretario general del STFRM y el encarcelamiento de los principales dirigentes del sindicato y de la CUT, Valentín Campa y Luis Gómez Z., acusados de malversación de fondos.

De inmediato, los dirigentes de los principales sindicatos que pretendieron afiliarse a la CUT, protestaron por la intervención del gobierno en los asuntos sindicales. Petroleros, maestros y telefonistas apoyaron al sindicato ferrocarrilero, el Sindicato Nacional de Telefonistas señaló “Nuestro ´crimen´ es haber luchado siempre por la independencia económica y por su respeto al régimen interno. Pero hemos cometido otro más grave aún; hemos pretendido formar una gran central que vuelva a unir al proletariado mexicano”.35 Los telefonistas llamaron a todos los trabajadores a luchar por la constitución de la CUT en respuesta al encarcelamiento de Campa y Gómez Z., al mismo tiempo que protestaron por la imposición de Díaz de León.

La constitución de la CUT no llegó a realizarse, por lo que la alternativa presentada por la UGOCM fue privada de uno de sus principales pilares, gracias a una combinación de represión y cooptación que evitó ésta alianza.

Pero la imposición de los charros en el sindicato ferrocarrilero no fue suficiente para demostrar la capacidad del gobierno para entrometerse en los asuntos sindicales, evitando que los trabajadores recuperaran sus organizaciones, por lo que en un intento por evitar que Díaz de León fuera depuesto, el ejército mexicano ocupó los locales sindicales del STFRM en la Ciudad de México. El siguiente paso fue asaltar los locales sindicales de petroleros y tranviarios, acusados de promover un paro general.

De esta manera, los años inmediatamente anteriores a 1950 se caracterizaron por ser un periodo de gran dispersión del movimiento obrero, debido en buena medida a las luchas por eliminar de las organizaciones, a los líderes más importantes de la época del cardenismo. Al inicio de la nueva década, la facción moderada comenzó a consolidarse gracias a la represión e imposición de líderes, quienes conformaron una política sindical que reclamaba en forma relativa, pocos de los beneficios que el país parecía recibir, gracias al notable desarrollo industrial.

Si bien los intentos de unificación del movimiento obrero habían fracasado, los sindicatos de telefonistas por su lado, decidieron unificarse, ya que con la fusión de las dos empresas telefónicas que explotaban el servicio en el país, creó en los dos sindicatos la necesidad y conveniencia de formar un solo frente jurídico y sindical ante la nueva empresa telefónica.

Sin embargo, la unificación de los sindicatos de telefonistas sería ficticia, ya que entre los objetivos principales estaban, el desmantelamiento de las posiciones independientes que venía manifestando el sindicato de la antigua empresa Ericsson, que se encontraba afiliado a la Confederación Nacional de Electricistas, ya que la misión de someter al  sindicato de la nueva empresa Teléfonos de México, sería encomendada al Sindicato Nacional de Telefonistas, acción que culminaría con la imposición de Jorge Ayala Ramírez  en la secretaria general del STRM en 1952.

Así, la perspectiva que ofrecían los dos sindicatos al fusionarse las dos empresas telefónicas se caracterizó por “la actitud combativa de los trabajadores de la antigua empresa Ericsson, que constituía la mayoría dentro de la nueva empresa Teléfonos de México S.A., actitud combativa que los había comprometido en varios movimientos de huelga para exigir y obtener la revisión o cumplimiento del contrato colectivo. En cambio, el Sindicato Nacional de Telefonistas, con la amenaza de absorción por un lado, y gastados sus cuadros dirigentes por el otro, especulaban con las profundas diferencias existentes entre el sindicato de la antigua Ericsson y la nueva empresa telefónica”.36

De hecho, el proceso de unificación de los dos sindicatos, dio comienzo con la huelga realizada por el Sindicato Nacional de Telefonistas en marzo de 1950, huelga que tendría una duración de 16 días. Al mismo tiempo, el Sindicato de Teléfonos de México convocó a sus integrantes a una Asamblea para discutir la situación por la que atravesaba el Sindicato Nacional, y al manifestarle su apoyo, los dos sindicatos a través de sus respectivos Comités –al frente de los cuales se encontraban Fernando Raúl Murrieta y Arturo Rojo-, acordaron firmar un pacto de solidaridad.

En dicho pacto, los dos sindicatos manifestaron tener conocimiento de que las empresas Teléfonos de México y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana se habían fusionado en una sola empresa, lo cual creó la necesidad de establecer un solo contrato colectivo de trabajo, que regulara las relaciones entre la nueva empresa y los trabajadores de la industria, para poder defender de esta manera, las clausulas más favorables de los contratos colectivos, celebrados por las antiguas empresas, con cada uno de los sindicatos.

Para tal efecto, el pacto de solidaridad se regiría por las siguientes clausulas:

“1º. Ambos sindicatos se obligan a unir sus esfuerzos para obtener un contrato colectivo decoroso que rija las relaciones entre la nueva empresa y los trabajadores de la industria que suscriben el pacto.

2º. Igualmente se obligan a la coexistencia de los dos sindicatos dentro de la nueva empresa, administrando cada uno de ellos, la aplicación del contrato colectivo de trabajo en relación al personal que cada uno controla.

3º. Los pactantes se obligan a respetar mutuamente la autonomía de sus respectivos organismos sindicales.

4º. Los pactantes respetaran mutuamente los compromisos que tengan contraídos con otras organizaciones obreras, sin que esto sea causa que pueda impedir el logro de la unidad que es el fin primordial de éste pacto.

5º. Los pactantes se proporcionaran ayuda solidaria, cuando sea solicitada.

6º. Ambos sindicatos convienen en nombrar una comisión especial que formule las bases que hagan posible la constitución de un sindicato industrial que comprenda los organismos pactantes”.37

Días después, se anunció la posibilidad de un arreglo entre la empresa y el Sindicato Nacional, sin embargo, La Telefónica Mexicana, se negó a firmar el nuevo contrato por dos años más, ya que estaba a punto de ser adquirida por Teléfonos de México, acusando a los telefonistas de intransigentes, ya que éste hecho impedía la fusión de las dos empresas, pues el contrato firmado con el Sindicato Nacional de Telefonistas, tenía mejores prestaciones que el firmado por Teléfonos de México, siendo éste contrato el principal problema para solucionar el conflicto.

Ante la amenaza de ser requisada la Telefónica Mexicana por parte del gobierno y de hecho terminar con la huelga –como ya había sucedido en 1944-, los dirigentes de los dos sindicatos se entrevistaron con el Secretario del Trabajo Manuel Ramírez Vázquez, quién declaró “que si no se había llegado a la requisición de la empresa, se debía a que las autoridades desean que se llegue a una solución por sí solos”.38

Estos hechos obligaron al sindicato de Teléfonos de México a convocar nuevamente a sus integrantes. La Convención Nacional Extraordinaria de éste sindicato trataría específicamente el problema de la creación de la nueva empresa telefónica, pues a partir de la fusión de las dos empresas, los dos sindicatos se vieron envueltos en una lucha que duraría varios meses y en la que “se hablaba mucho de unidad y sin embargo, lo real no era otra cosa que las maniobras y contramaniobras puestas en práctica para defender y asegurar las respectivas posiciones sindicales”.39

El Sindicato Nacional de Telefonistas, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inició la ofensiva violando el pacto de solidaridad, al exigir que para unirse al sindicato de Teléfonos de México, éste tendría que abandonar la Confederación Nacional de Electricistas, conservando el nuevo sindicato su autonomía por un año, terminado éste plazo el nuevo sindicato podría discutir a que central se unirían. Por su parte, el sindicato de Teléfonos de México solicitó al Nacional de Telefonistas, ingresar a la Confederación Nacional de Electricistas (CNE), “en el cual ellos han encontrado apoyo sin limitación”.40

El 16 de marzo fue levantada la huelga, firmándose un nuevo contrato con los telefonistas del Sindicato Nacional, logrando éstos un aumento de 10% en sus salarios, retroactivo desde el 2 de enero y hasta el 31 de marzo, recibiendo sus sueldos íntegros por el tiempo que duró la huelga.41

Terminado el conflicto con el Sindicato Nacional, la nueva empresa consolidada inició sus operaciones el 1º de mayo de 1950, de inmediato y con el apoyo del gobierno de Miguel Alemán, logró una serie de ventajas para poder recuperar su equilibrio financiero, que se vio afectado por falta de una política definida frente a los problemas que el crecimiento del servicio demandaba. Para empezar, obtuvo la autorización por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas en junio del mismo año, para aumentar en un 58% las tarifas en vigor, debido a la devaluación de la moneda.42

Por tal motivo, el Sindicato de Teléfonos de México, convocó nuevamente a sus integrantes a una Asamblea General Extraordinaria en el auditorio del SME, la cual después de estudiar la situación, aprobó por unanimidad, emplazar a huelga a la nueva empresa telefónica, señalando los puntos fundamentales que justificaban el movimiento de huelga, los cuales fueron “1) Titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que por ley le corresponde en virtud de que se el sindicato mayoritario del ramo telefónico; 2) Aumento de los salarios en forma justa y equitativa, tomándose como base para tal objeto las entradas reales de la empresa, mismas que como es sabido, han aumentado en forma desmesurada…, en que la autoridad de la SCOP, autorizó un aumento del 58% en sus tarifas; 3) Aumento de prestaciones sociales, que permitan a los trabajadores telefonistas contar con algunas garantías de auxilio para ellos y sus familiares de acuerdo con el espíritu revolucionario  y social de nuestras leyes laborales en vigor”.43

Al mismo tiempo, negaron las afirmaciones publicadas en algunos diarios de la Ciudad de México, en relación a que los telefonistas del sindicato de Teléfonos de México habían aceptado recibir el 10% de aumento en sus salarios, como resultado de las “atinadas gestiones del Secretario del Trabajo”. Aclararon también que la posición del Secretario del Trabajo seguía manteniéndose a favor del Sindicato Nacional, minoritario en el ramo “a quien dicha Dependencia Oficial le tiene puesto el pie en el cuello (…), y que con el fin de sabotear la unidad del sindicato de Teléfonos de México, tanto la Secretaría del Trabajo, la misma empresa y el Sindicato Nacional (habían) estado haciendo labor subversiva entre las secciones foráneas”,44 hecho que no fructificó.

A pesar de las diferencias existentes, el Comité Ejecutivo del sindicato de Teléfonos de México propuso a la Asamblea que “sin menoscabo de la dignidad de la organización y de su posición de lucha en defensa de sus legítimos e inalienables derechos”,45 se buscara un acercamiento con los telefonistas del sindicato minoritario, propuesta que fue aceptada por la asamblea.

Sacrificando su posición minoritaria, el Sindicato de Teléfonos de México, aceptó iniciar la discusión para fijar las bases del nuevo contrato que regiría a los dos sindicatos con la nueva empresa. A su vez, aprovechando la actitud tomada por el sindicato mayoritario, el Sindicato Nacional informó al Secretario del Trabajo, que tenían terminado el proyecto del nuevo contrato, por lo que solicitaron se citara a los dirigentes del sindicato de Teléfonos de México, para conocer si estaban de acuerdo en que se tratara conjuntamente, el problema del nuevo contrato.

Sin embargo, el Sindicato de Teléfonos de México, que había emplazado a huelga a la nueva empresa para el 9 de julio, solicitó la titularidad del contrato, nivelación de los contratos existentes y aumento de 40% en los salarios, ya que los trabajadores consideraron a la situación creada por la nueva empresa “como un desequilibrio entre los factores de la producción”.46

Acusaron también al Sindicato Nacional, de ser el responsable de que no se hubiera llegado a un acuerdo entre los dos sindicatos, señalando que los dirigentes de dicho sindicato, habían realizado maniobras tendientes a prolongar el periodo de su gestión, con la finalidad de poner obstáculos a la unificación propuesta por el Sindicato de Teléfonos de México.47

Un grupo de telefonistas del Sindicato Nacional que se autodenominó “Grupo Acción del Sindicato Nacional de Telefonistas”, se unió a la acusación hecha por el sindicato mayoritario, ya que señalaron que sus dirigentes, habían frustrado el intento de unificación de los dos sindicatos.

Acusaron también a los dirigentes del sindicato de Teléfonos de México, al señalar que “los intentos de unidad entre los dos sindicatos de telefonistas (han) fracasado por culpa de los dos sindicatos. Con anterioridad, es cierto –señalaron- que los compañeros de Teléfonos de México, se han caracterizado por su interés de llegar a un acuerdo sobre el problema de la unidad, ese interés sin embargo, se ha orientado en forma que no ha sido posible conciliar”.48

La acusación que hicieron al sindicato de Teléfonos de México iba dirigida en el sentido de mostrar la intransigencia que dicho sindicato mostraba al no quererse separar de la Confederación Nacional de Electricistas, lo cual frustraba sus deseos de formar una sola organización sindical autónoma.

El mismo “Grupo Acción”, reprochó a sus dirigentes la forma en que habían conducido el proceso de la unificación, señalando que “rompiendo la tradición de seriedad del sindicato, primero se dirigió una carta al Sindicato de Teléfonos de México, con una copia a una Convención del propio sindicato, redactada en términos impropios y torpe a todas luces”.49 De esta forma, “los resultados que esperaba nuestro Sindicato con su ´bomba´, fueron contraproducentes, puesto que la Convención ratificó su confianza a los dirigentes atacados, y naturalmente, reprochó la conducta de nuestro Comité”.50

El “Grupo Acción” terminó diciendo “¿Piensa el Comité –del Sindicato Nacional de Telefonistas- que sus intereses personales son los intereses del sindicato?”.51

Por su parte, la nueva empresa a través de su director general Gunnar Beckman, informó de su buena disposición para resolver el problema planteado por el sindicato de Teléfonos de México, ya que la empresa que él representaba “ha estado y continua estando dispuesta a concederles a los trabajadores de la antigua Ericsson, las mismas condiciones de trabajo que obtuvieran los de la antigua Mexicana, y a concederles la nivelación de salarios que procede”.52 Además, señaló que sí no se había hecho con anterioridad, “era porque el sindicato no lo había solicitado”.53

De esta manera y, con motivo de las profundas diferencias existentes entre los dos sindicatos, la huelga planteada por el  Sindicato de Teléfonos de México, la cual debería empezar el 22 de julio, fue aplazada para el 1º de agosto a sugerencia del Secretario del Trabajo, con el fin de poder estudiar detenidamente el problema de la unificación de los dos sindicatos. Al mismo tiempo, el sindicato de Teléfonos de México, que había convocado a sus 37 secciones que lo integraban, a realizar una nueva Convención Nacional Extraordinaria para tratar como único punto el problema de la unificación, acordaron aceptar por unanimidad la unión de todo el gremio telefonista la cual debería llevarse a cabo el primer día del mes de agosto.54

Sin embargo, en la víspera de la Asamblea, la empresa intentó sabotear la unificación de los dos sindicatos, con el objeto de disminuir su fuerza, en caso de que los telefonistas plantearan nuevas demandas, ésta acción fue denunciada por los dirigentes de los dos sindicatos ante el Secretario del Trabajo, el cual después de escucharlos detenidamente, le dio “el apoyo del gobierno para que lleguen a una completa unidad”.55

Así, al anunciarse oficialmente la unificación de los dos sindicatos para el 1º de agosto y dada la dispersión en que se encontraba el movimiento obrero en ese momento, llevaron a declarar al “Primer Obrero de México”, que la unificación de los dos sindicatos era “el más importante de los últimos diez años”,56 ya que nacía un nuevo Sindicato Nacional de Industria.

Al mismo tiempo, el gerente de Teléfonos de México declaró “tener grandes deseos de mantener buenas relaciones con los trabajadores”, y en relación a las acusaciones hechas por los telefonistas señaló que “la empresa que regentea ha sido completamente ajena a la agitación que se sucedió en los dos sindicatos”.57

Después de superadas las diferencias entre los dos sindicatos, éstos pudieron unirse para dar origen al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a cuya asamblea constituyente celebrada el 1º de agosto en el Palacio de Bellas Artes asistieron los más altos funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, así como los representantes de las Centrales y Sindicatos más importantes del país. En dicha Asamblea se dio a conocer a todos los telefonistas, la Declaración de Principios y los Estatutos que regirían a la nueva organización sindical, se informó también que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, estarían formados por los antiguos dirigentes del Sindicato Nacional y  el de Teléfonos de México respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, Arturo Rojo secretario general del sindicato de Teléfonos de México e integrante de “Grupo de Orientación Sindical” del mismo sindicato señaló, “después de muchos intentos fallidos se había logrado la unificación de los dos sindicatos”, agregando “que la unidad obrera es una necesidad para que los trabajadores vean cristalizados sus condiciones económicas y sociales”,58 y terminó agradeciendo al Secretario del Trabajo su intervención para lograr la unificación de los dos sindicatos.

Por su parte, el nuevo secretario general Fernando Raúl Murrieta, manifestó su agradecimiento a las dos Centrales obreras que habían permitido la unificación, Confederación de Trabajadores de México y Confederación Nacional de Electricistas.

Al hacer uso de la palabra, Fidel Velázquez señaló que, “inspirados en el pensamiento y la acción del presidente de la República, se pudo realizar, el magnifico acto de unificación de los telefonistas”, añadió también que “la unidad de los telefonistas, nos da oportunidad de reunirnos en un fuerte abrazo para declarar que entre los trabajadores no existen divergencias fundamentales, que impidan la unificación de luchar por el progreso”.59 Por lo que al mismo tiempo,  anunció que la CTM y el Sindicato Mexicano de Electricistas habían firmado un pacto de solidaridad y ayuda mutua, en el que los conflictos obrero patronales y de cualquier otra naturaleza en que se vieran afectados los intereses fundamentales de la CTM y del SME, o de toda la clase obrera del país.

J. J. Rivera, representante de la Confederación Nacional de Electricistas manifestó “sus fervientes deseos por el logro de los propósitos de los telefonistas”, agregando que siempre“ han deseado la unidad y piensan que es precisa para todo el proletariado”. Al referirse al pacto de solidaridad firmado por los antiguos sindicatos manifestó que “había sido inspirado por la voluntad de los trabajadores, sin tener que ver en él ninguna autoridad o personas ajenas al proletariado”, además, agregó que esperaba que “la unificación (sirviera) para la defensa y colaboración con el régimen del Presidente Alemán”.60

Antes de terminar la Asamblea, se leyó una síntesis de los estatutos de la nueva organización cuyo lema sería “Unidad y Lucha Social” y, se procedió a ratificar a los nuevos integrantes de los Comités Nacionales.

Terminada la Asamblea de unificación del nuevo sindicato, se reiniciaron las discusiones para resolver el emplazamiento a huelga planteado por los telefonistas de l sindicato de Teléfonos de México, y no habiendo llegado a algún acuerdo entre el sindicato y la empresa, la huelga inició el 3 de agosto a las 12 horas, los telefonistas que habían reducido su demanda de aumento salarial del 40 al 20%, recibieron como respuesta de la empresa, el ofrecimiento de 10% sobre el tabulador de la antigua Ericsson y la nivelación de los salarios a todos los telefonistas que estaban al servicio de Teléfonos de México. Además, la empresa deseaba firmar lo más pronto posible el contrato único, el cual se revisaría cada dos años, evitándose de esta manera, la situación que había venido existiendo, es decir, que la Compañía Telefónica revisaba su contrato en los años pares, mientras que la Ericsson lo hacía en los años impares.

Los telefonistas del desaparecido Sindicato Nacional, manifestaron su más completo apoyo a sus nuevos compañeros “pues de otra manera se rompería la unidad del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana”.61 Además, en caso de que los telefonistas de la antigua Mexicana quisieran trabajar, no podrían hacerlo, ya que los telefonistas del desaparecido sindicato de Teléfonos de México, colocarían las banderas de huelga en todas las instalaciones de Teléfonos de México, planteándose de ésta manera un problema de difícil situación, el cual sin embargo, sería resuelto gracias a la “atinada” intervención del Secretario del Trabajo Manuel Ramírez Vázquez.

Después de 15 horas de huelga, que había paralizado el servicio telefónico en todo el país, quedó solucionada el 4 de agosto de 1950 a las 3 de la madrugada, firmándose un convenio en donde los telefonistas obtuvieron un aumento global de 16% sobre el tabulador de salarios, éste 16% sería repartido de la siguiente manera: 10% con retroactividad del 16 de marzo hasta el 31 de julio, para nivelarlos con los sueldos de los telefonistas de la antigua Mexicana y, a partir del 1º de agosto en adelante, un aumento de 6% para todos los integrantes del nuevo sindicato de telefonistas.62

Teléfonos de México informó que firmaría con el nuevo sindicato de telefonistas, el contrato que estaba en vigor con la Mexicana y que sería el que en el futuro regiría por dos años, las relaciones de la nueva empresa telefónica con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a partir del 1º de agosto, al mismo tiempo, se informó que habían sido cancelados los registros de los antiguos sindicatos para dar paso al nuevo sindicato de telefonistas.

La empresa por su parte, señaló que los daños causados por la huelga habían sido incalculables, a parte de los inconvenientes que sufrían los usuarios “verdaderas víctimas de todos los conflictos que afectan a los servicios públicos”, a su vez, informó que el aumento concedido a sus trabajadores, representaban 9 millones de pesos al año.63

Para noviembre de 1950, nuevamente los telefonistas se declararon en huelga, esta vez por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Reunida la Primera Convención Nacional Ordinaria del STRM, con la asistencia de 140 delegados, denunciaron las violación de 29 clausulas del contrato colectivo de trabajo, entre las cuales se encontraban, el cobro por parte del Banco de Comercio a los suscriptores, la renta mensual por el suministro del servicio telefónico, gestión que debería hacerse “a través de las agencias de cobro de la propia empresa, porque de seguir haciéndolo, a través de la institución bancaria dicha, se llegaría a tener que cerrar las agencias, en perjuicio de los trabajadores sindicados, que quedarían sin empleo”.64 Además, la empresa había dejado de cubrir vacantes, estableciendo la practica de cambiar labores, incumplimiento de prestaciones sociales, entre ellas el pago regular y correcto de las vacaciones, también al no darle el reconocimiento al Comité Ejecutivo como representante genuino de los trabajadores, se dejaría sin efecto la clausula 73 del contrato colectivo de trabajo.65

La huelga planteada por los telefonistas estalló el  21 de noviembre a las 12 horas, de inmediato el gobierno requisó las instalaciones de la empresa telefónica, el Presidente Miguel Alemán ordenó la requisa temporal de la empresa, por considerar que, “La paralización del servicio constituye un peligro inminente para la economía nacional, porque éste servicio es fundamental para la vida económica de la nación misma”.66

Los telefonistas por su parte, exigieron que se siguiera un sistema mediante el que se resolviera punto por punto los  29 objeto de la reclamación “no debiendo dejar pendiente o a medias unos para pasar a discutir otros”,67 pues señalaron que de esa manera, no se adelantaría en la resolución del problema. Agregaron también, que el Subsecretario del Trabajo boicoteaba el arreglo con la empresa telefónica, pues había ordenado a sus incondicionales del Comité Ejecutivo –que habían pertenecido al Sindicato Nacional y a los cuales el Secretario del Trabajo había mostrado “simpatía” durante la unificación- a que dieran por terminada la Primera Convención, la que en vista de las circunstancias se había declarado permanente, señalaron también, que la empresa jactándose de que el Administrador nombrado por el gobierno con motivo de la requisa, era compadre del gerente Gunnar Beckman, permitió que la empresa se pusiera más intransigente para resolver el conflicto.

Aprovechando la oportunidad que les brindaba la Primera Convención, los telefonistas denunciaron la intervención que había tenido el Secretario del Trabajo en el transcurso de la unificación, siendo ésta una intervención arbitraria porque “de acuerdo con la empresa designó a los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, los que nunca contaron con el respaldo auténtico de los trabajadores, porque nunca fueron electos por su espontánea voluntad”.68 Razón por la que los telefonistas presionaban a los citados Comités para que hicieran las reclamaciones a la empresa, por violaciones al contrato colectivo.

Los telefonistas señalaron que habían intentado pláticas con la empresa, con el fin de resolver el conflicto en forma pacífica, sin embargo, ésta presumiendo del apoyo que le otorgaban los representantes del gobierno, se negaba a escuchar a sus trabajadores, pues en la misma empresa figuraban como importante accionista el general Abelardo L. Rodríguez y otros influyentes.69

Durante la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, el cuerpo jurídico del sindicato denunció las maniobras de los Comités Nacionales por “haberse prestado a servir de instrumento a la política antiobrera del Secretario del Trabajo”,70 y censuraron la actitud asumida por los Comités Nacionales durante la requisa, ya que la habían recibido con aplausos, agregando que habían sido obligados a “guardar un discreto silencio”, ante el total desconcierto de los telefonistas, por lo que la Asamblea fue levantada sin tomar ningún acuerdo.

Sin embargo, al ser declarada existente la huelga por parte de las autoridades, la Convención otorgó un voto de confianza al secretario general, con esto “la Convención de los telefonistas –señaló el reportero de El Popular- puso en evidencia el absoluto deseo de una unidad verdadera que existe entre todos los miembros del Sindicato, sin importarles las diferencias de carácter político o ideológico, olvidando su militancia anterior en organismos distintos y con el único interés de hacer de la nueva organización un sindicato fuerte y respetable dentro del movimiento obrero del país.

La Convenció acordó también ayudar a los mineros de Nueva Rosita y, al clausurar sus labores, acordaron celebrar pactos de amistad y ayuda mutua con las organizaciones de telefonistas de América Latina, acordándose también, el mantenimiento de lazos de amistad entre el sindicato y la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).

Los telefonistas se solidarizaron con los mineros de Nueva Rosita, ya que a través de la Convención, recomendaron al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, prestar la ayuda necesaria a los mineros que se encontraban en huelga en Palau, Nueva Rosita y Cloete, en Coahuila, “en vista de que es evidente que asiste la razón a los huelguistas de la región carbonífera”.72

Pero a pesar del apoyo, el 20 de enero de 1951, cinco mil mineros de Nueva Rosita fueron reprimidos por el gobierno, por lo que los mineros acordaron marchar desde Coahuila hasta la ciudad de México, demandando mejores condiciones económicas, desconociendo a sus dirigentes, esto fue solo un ejemplo de la política laboral que había seguido el “Primer Obrero de México”, como había bautizado la CTM a Miguel Alemán.

La huelga de los telefonistas llegaría a su fin hasta el 16 de febrero de 1951, el secretario general Fernando Raúl Murrieta informó que el conflicto se había resuelto favorablemente para el sindicato, ya que se adoptaron los puntos de vista del Secretario del Trabajo, en torno a las vacantes y como llenarlas y, en el caso que fuera necesario, se “correrían” los escalafones en la forma fijada en el contrato colectivo.

La primera derrota.

Las relaciones entre obreros y patrones, se reglamentaban a través de los contratos colectivos de trabajo, el cual se revisaba y renovaba cada dos años. En estas revisiones predominaba principalmente la negociación sobre prestaciones de tipo económico, es decir, aumentos de salario, obtención de prestaciones sociales y servicios mínimos que las empresas fácilmente pueden conceder a los trabajadores, esta es la razón, “que durante cada dos años, la mayoría de los sindicatos se estancan en la lucha y prácticamente permanecen estáticos durante la vigencia de tales contratos colectivos. Este fenómeno obedece a la falta de doctrina, de objetivos concretos, de metas por alcanzar. El obrero hace sus propias reflexiones y dice: Dos años no tengo problemas; mi sindicato defiende mis derechos y cuidas mis intereses. El seguro cuida mi salud, el contrato colectivo de trabajo garantiza mi salario y prestaciones, la ley federal y el artículo 123 me protegen jurídicamente. Éste fenómeno paraliza las actividades y la lucha de los sindicatos”.73

Y el sindicato de telefonistas no era la excepción, pues desde la huelga de noviembre de 1950, no había tenido una actividad que señalara los propósitos de su organización, ya que solo ante la necesidad de revisar nuevamente el contrato colectivo con la empresa telefónica, se movilizaban sus miembros con el fin de afrontar la posibilidad de la huelga con la empresa en que prestaban sus servicios.

Así, y con motivo de revisar el contrato colectivo, el sindicato de telefonistas emplazó a huelga para el 16 de marzo de 1952 a Teléfonos de México. Al ser entrevistado el secretario general del SERM, éste señaló que eran dos clausulas –de las 146 que contenía el contrato- era sobre todo, de gran importancia para los telefonistas; la 9ª que daba libertad a la empresa de contratar con “terceros” y la 27 que se refería al escalafón, pues la empresa podía optar por el trabajador que ocupara el número 2 en el escalafón, si consideraba que era mejor que el número 1, solicitaron también  modificar la clausula relacionada con el personal de confianza, para así limitar su número, se manifestaron también por la escala móvil de salarios con el objeto de establecer un equilibrio constante y hacer que terminara la angustia constante que producía el alza de los precios de los productos de primera necesidad.

Además, solicitaron la nacionalización de Teléfonos de México, pues consideraron que la nacionalización sería una ayuda efectiva para el país, ya que las ganancias de la empresa eran de 200 millones de pesos anuales, sin embargo, la empresa se obstinaba en pagar salarios de hambre a sus trabajadores.74 Por su parte, la empresa declaró no tener utilidades y los telefonistas “demandaban la nacionalización de la industria, para demostrar lo contrario”.75

El Centro Patronal del D.F., argumentó que las demandas de los telefonistas, respecto a que se implantara una escala móvil de salarios sería aplicada, sólo si fuera en forma integral, con sus consecuencias de reajustes de trabajadores, disminución de salarios y reducción de las horas de trabajo en las épocas en que los ingresos de las empresas disminuyeran.76

Agregaban que el 60% de aumento que solicitaron los telefonistas, era para quienes ya ganaban salarios de privilegio, pero esto era parte del aparato de los regateos contractuales.

El 1º de abril, los telefonistas se declararon en huelga, paralizando las 500 centrales que formaban el sistema telefónico. De inmediato el gobierno requisó una vez más las instalaciones de Teléfonos de México, Fernando Raúl Murrieta secretario general del STRM declaró que “la representación sindical aplaude la medida tomada por el gobierno federal y manifiesta su disposición de cooperar ampliamente en el mejor servicio telefónico, dado que en el propio acuerdo que se le notifica, se respeta el contrato colectivo de trabajo”.77

Los telefonistas aceptaron el 10% propuesto por las autoridades laborales y, no se intimidaron ante las amenazas de la empresa, pues ésta advirtió que podría dar por terminado el contrato colectivo de trabajo a los 5 700 telefonistas y contratar nuevo personal, si no regresaban al trabajo. Los telefonistas por su parte, desconocieron a sus dirigentes y promovieron comités de defensa y ayuda. El comité de la Ciudad de México estuvo formado por el Sindicato de Trabajadores de Productos Químicos, el Club de Choferes Lázaro Cárdenas y algunas secciones de ferrocarrileros y  petroleros.

Las Juventudes de la Federación de Partidos del Pueblo, Partido Comunista Mexicano, Partido Constitucionalista Mexicano y del Partido de la Revolución, que se preparaban para las elecciones y elegir al Presidente de la República, siendo los principales contendientes Adolfo Ruiz Cortines y el general Miguel Henríquez Guzmán, se solidarizaron de inmediato con los telefonistas en huelga, exigiendo que ésta fuera respetada, por lo que también solicitaron, no se hiciera uso de los esquiroles.

Sin embargo, la lucha de facciones que se daba dentro del sindicato de telefonistas y que se remontaba desde antes de la unificación, junto con el apoyo que le proporcionaba el gobierno a Teléfonos de México, puso ante ésta, a un sindicato debilitado, el que a pesar de todo, luchó tenazmente durante los 9 días que duró la huelga, pues ni las amenazas de la empresa, ni la intimidación por parte de las autoridades de declarar inexistente la huelga, atemorizó a los telefonistas que “sabían por experiencia propia que la legalidad significaba poco. La inexistencia de huelgas estaba al orden del día y era natural que los trabajadores fueran a la huelga sólo para comprobar que sus peticiones se mandaban al cesto de la basura con el simple expediente (sic) de declarar inexistentes los movimientos huelguísticos. Por eso era de admirar la decisión combativa, y una dirección atemorizada formada por una coalición en la base, debilitada ésta por sus propias contradicciones, se anulaba gran parte de la combatividad de los telefonistas”.78

Por su parte, el gobierno de Miguel Alemán demostró su apoyo a Teléfonos de México, creando el impuesto sobre servicios telefónicos, que con el de la energía eléctrica, sería cubierto por los  usurarios, sólo que éste impuesto sería otorgado como préstamo a largo plazo a la misma empresa, con un módico interés de 6% anual. Este impuesto significó un 10% sobre los ingresos del servicio local y 15% por otros servicios distintos a los anteriores, de ésta manera “Los rendimientos del nuevo impuesto serían destinados en su totalidad al financiamiento de las actividades dedicadas al servicio telefónico”.79

La huelga llegó a su fin, cuando los telefonistas presionados por las autoridades, aceptaron las propuestas hechas desde el inicio del conflicto por el Secretario del Trabajo. Los telefonistas aceptaron un aumento de 10% en sus salarios, 2.5% de aumento en el fondo de ahorro, 150 mil pesos para los fines que el propio sindicato destinara, 400 mil pesos de ayuda para los telefonistas, pues éstos no cobraron sus salarios por el tiempo que duró la huelga, además, se garantizo que los telefonistas del departamento de Centrales Construcción que ya trabajaban  en la empresa, que no perderían sus trabajos como consecuencia de la aplicación de la clausula 9ª., también aceptaron que a los trabajadores jubilados se les pagara cuando menos, el salario mínimo vigente en el D.F., servicio médico y medicinas para los telefonistas eventuales con más de un año de servicios, prestación que se extendió a sus familiares, pago de las vacaciones cuando los telefonistas fueran separados y, finalmente la empresa tendría la facultad de designar hasta un 10% de trabajadores de confianza, de acuerdo al número proporcional de telefonistas sindicalizados.80

La empresa para asegurar su control sobre el sindicato, otorgó puestos de confianza a muchos de los dirigentes sindicales, pues éstos permitieron que la empresa “contrariando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo [impusiera] como código interno para las relaciones obrero-patronales el contrato colectivo de más bajos salarios y prestaciones generales”,81 de esta manera, Teléfonos de México impuso el contrato colectivo de la desaparecida Ericsson.

De inmediato, la empresa inició “la política de escamoteo en materia de trabajo a los telefonistas sindicalizados, mediante la creación de empresas ´independientes´ -que en realidad eran y son propiedad de los mismos socios de Teléfonos de México-, para atender el suministro de equipo y materiales nacionales y encargarse de las instalaciones”.82 De esta manera, Teléfonos de México, contratando con empresas como INDETEL, ocupó miles de trabajadores reduciendo la membrecía del sindicato, además de mantenerlos al margen las relaciones pactadas en el contrato colectivo, como consecuencia de la superioridad “adquirida por la empresa a partir del fracaso y del primer sometimiento huelguístico del sindicato unificado”.83

Presencia del charrismo en el Sindicato de Telefonistas.

Terminada la huelga, el Sindicato de Telefonistas se preparó para llevar a cabo la elección para designar a sus nuevos dirigentes, ya que al pactarse la unificación de los dos sindicatos, se estableció que las elecciones se realizarían cada dos años y además, que el siguiente secretario general tenía que pertenecer al sector de la antigua Ericsson. Sin embargo,  nuevamente el sector de la Telefónica Mexicana desconoció dicho pacto, tomando un rumbo alarmante la lucha por la dirección del sindicato. Por parte del sector mayoritario, se propuso la candidatura de José Fernández Alatorre y por el sector de la  Telefónica Mexicana, se propuso a Jorge Ayala Ramírez.

Ante el desconcierto de los telefonistas y, un proceso electoral confuso, Teléfonos de México otorgó todo su apoyo a la planilla encabezada por Ayala Ramírez, ya que “presionaba a los trabajadores a través de los empleados de confianza, muchos de los cuales habían sido antiguos dirigentes sindicales”.84 Por su parte, el grupo de la Ericsson no supo aprovechar su superioridad numérica, así como ganarse adeptos dentro del sector de la Telefónica, ya que el grupo dirigido por Fernández Alatorre, padecía las consecuencias de una profunda división entre sectores conservadores y radicales, influenciados los últimos por el “galvanismo”, es decir, por Rafael Galván, miembro prominente de la Confederación Nacional de Electricistas.

El resultado de las elecciones favoreció a Ayala Ramírez, pero el resultado fue objetado ante el Secretario del Trabajo, que sin conocer con exactitud los antecedentes del problema, pues había estado ausente del país durante tres meses, se apresuró a dar el reconocimiento al candidato de la Telefónica Mexicana, sector por el que siempre había mostrado “gran simpatía”.

La Comisión Electoral del Sindicato de Telefonistas, señaló que el fallo real debería estar autorizado por ellos, requisito que no se había cumplido “pues el recuento se hizo solo por los escrutadores del secretario general, violándose con ello los estatutos”.85

Los escrutadores por su parte, señalaron que la Comisión Electoral había violado los estatutos que en el inciso h) del artículo 81 que disponía “que los componentes de la Comisión Electoral tomaran partido por ningún candidato propuesto”, pues “su actividad deberá ser completamente imparcial”, los escrutadores acusaron a la Comisión Electoral de tomar partido a favor de la planilla encabezada por Fernández Alatorre, además, de que se había presionado a los trabajadores para que votaran en contra de Ayala Ramírez.86

Como consecuencia de la gran agitación existente en el país, motivada por la sucesión presidencial y en la que Adolfo Ruiz Cortines sería electo Presidente de la República, la Comisión Electoral del Sindicato de Telefonistas, fue acusada por Ayala Ramírez de apoyar al candidato de la oposición Miguel Henríquez Guzmán y además, de que se negaba a entregar la documentación electoral. Por su parte, la Comisión Electoral negó las acusaciones que le hacía Ayala Ramírez, en relación a pertenecer al grupo que dirigía el general Henríquez Guzmán por lo que, a su vez, acusó a los escrutadores de haber violado la caja  fuerte, llevándose el archivo y alterando las boletas electorales, encontrándose las boletas de las secciones de Monterrey y Puebla marcadas a favor de Ayala Ramírez.87

Para terminar con la agitación y el descontento provocado por la imposición de Ayala Ramírez en la secretaria general del sindicato, Teléfonos de México aplicó un gran número de recisiones de contrato de trabajo, separando de hecho a todo el grupo que dirigía Fernández Alatorre, es decir, al sector más combativo de la antigua Ericsson, esto con el total beneplácito de los nuevos dirigentes de los telefonistas.

De esta manera, tanto la empresa como el sindicato pusieron en práctica la nueva modalidad de control para los trabajadores, el charrismo (“podríamos señalar que ésta nueva modalidad de control sindical puede distinguirse por las siguientes características: a) empleo de las fuerzas armadas del poder público, para apoyar a una dirección sindical; b) Uso sistemático de la violencia; c) Violación permanente de los derechos sindicales de los trabajadores; d) Total abandono de los métodos democráticos; e) Malversación y robo de los fondos sindicales; f) Tráfico deshonesto de los intereses obreros; g) Convivencia de los líderes espurios con el gobierno y los capitalistas; h) Por la corrupción en todas sus formas: El charrismo es por definición ilegal, sus inicios de origen son la violencia y la arbitrariedad”.) inaugurada por el gobierno de Miguel Alemán y, que ya había alcanzado a la mayoría de las organizaciones sindicales, pues con la “elección” de Ayala Ramírez, no triunfaron los intereses de los trabajadores, sino los de la empresa y el gobierno juntos, iniciándose una relación al gusto de la empresa, cuya duración se prolongaría por siete largos años.

Durante el periodo de Ayala Ramírez, el sindicato no solo abandonó la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que actuó para servir a los interés de la empresa, suprimiendo los brotes de inconformidad y otras veces buscando engañar a los telefonistas con supuestas reivindicaciones, que no eran otra cosa que concesiones que otorgaba la empresa para aliviar la presión que se ejercía a la dirección sindical. Estas concesiones serían obtenidas por el sindicato, a través de las periódicas revisiones del contrato colectivo, mientras que la empresa con el abierto apoyo del gobierno, aumentaba sus ganancias, gracias a los aumentos de las tarifas y al apoyo financiero otorgado por éste.

El ascenso de Ruíz Cortines a la Presidencia de la República, marcó el principio de un nuevo clima político, ya que en éste periodo disminuyó la intervención del gobierno dentro de los sindicatos. El movimiento obrero comenzó a vivir una etapa de alivio, pero éste, desorganizado y atemorizado por sus amargas experiencias durante el gobierno de Miguel Alemán y con los líderes que habían contribuido a someterlo, no dio muestras de poder levantarse. Esta política a la vez paternalista y autoritaria, permitió la permanencia del charrismo dentro de las organizaciones obreras.

En marzo de 1954, el Sindicato de Telefonistas se preparó para revisar por segunda ocasión, el contrato colectivo de trabajo. El 15 de marzo el sindicato emplazó a huelga a la empresa telefónica, huelga que fue anunciada para el 5 de abril.

Entre las demandas más importantes que planteo el sindicato, estaba la aprobación del reglamento interior de trabajo, que era reclamado desde 1950 y que, “prácticamente es la base de la contratación”.88

El 21 de marzo, Teléfonos de México aceptó discutir el reglamento propuesto por el sindicato, de tal manera que los telefonistas obtuvieron “un positivo triunfo… en virtud que viene a ser el espíritu de la organización que no contaba antes con un ordenamiento para mantener la disciplina de los obreros”.89

El Secretario del Trabajo Adolfo López Mateos, informó el 2 de abril, que la huelga había sido conjurada. Señaló que la revisión del contrato de los telefonistas había sido una de las más largas, pues tan solo en 18 días, se habían modificado las 146 clausulas contenidas en el contrato, sin embargo “tenía satisfacción de que las partes habían quedado acordes en todo”.90

Los telefonistas a través de su secretario general, manifestaron su agradecimiento tanto al Presidente de la República como al Secretario del Trabajo por su intervención, así como a la empresa por “haber allanado el camino para llegar a un acuerdo”.91

El nuevo contrato estableció la limitación del personal de confianza, 15% de aumento en los salarios a partir del 16 de marzo, regularización del periodo de vacaciones, pues éstas empezarían a partir del día siguiente al descanso semanal correspondiente. Además, Teléfonos de México se COMPROMETIÓ A OTORGAR AL PERSONAL JUBILADO, UNA AYUDA ANUAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL A LA DE UN MES DE PENSIÓN, la que debería ser entregada antes del 20 de diciembre. Se comprometió también, a entregar al sindicato la cantidad de 25 000 pesos por los gastos provocados por la contratación.92

El punto más importante de la contratación era sin duda, el Reglamento Interior de Trabajo, pues con éste la empresa dejaría de aplicar sanciones en forma injustificada y sin una investigación previa a la falta que se le imputara al trabajador, ya que el nuevo reglamento establecía precisamente que “se llevará a cabo una investigación previa, cuando se haga una imputación de faltas a los trabajadores antes de imponerles sanciones”.93

Cabe señalar que éste Reglamento ha permanecido sin modificar durante 24 años, aún cuando el sindicato en repetidas ocasiones ha solicitado a la empresa su revisión, ésta se ha mostrado intransigente en este sentido.

Terminada la revisión entre la empresa y el sindicato, el gobierno de Ruíz Cortines otorgó a Teléfonos de México nuevas concesiones con el fin de “fomentar el desarrollo y mejorar el sistema telefónico”. De esta forma, la empresa telefónica logró del gobierno, el mayor respaldo financiero otorgado a cualquier otra empresa, a cambio de solo una promesa, aumentar los servicios.

Las nuevas obras de Teléfonos de México, requerían por lo menos una inversión de 500 millones de pesos para ser ejercida en los próximos 5 años. El gobierno se comprometió a auspiciar éste financiamiento por medio de la emisión de acciones y bonos de usuarios, además de ratificar y “asegurar a la compañía ingresos que produzcan una utilidad razonable (10 por ciento)”.94

El 17 de abril de 1954, el gobierno de Ruíz Cortines anunció la devaluación del peso mexicano. La semana santa de aquel año concluyó y la medida fue tomada precisamente en ésta fecha para evitar la acción de los especuladores, cuya demanda de dólares se había incrementado en forma considerable en los días anteriores.

Uno de los principales problemas con que se encontró el gobierno fue el control de los precios, pues éstos fueron aumentados en perjuicio de los sectores de más bajos salarios. Sin embargo, las autoridades del Distrito Federal y la Secretaría de Economía anunciaron que redoblarían sus esfuerzos, para evitar que los comerciantes continuaran aumentando los precios de los artículos de primera necesidad.

Esta medida tomó por sorpresa a todas las organizaciones obreras del país, pues ninguna organización se pronunció a favor o en contra de ésta medida. La primera en manifestarse fue la CTM, ya que el 22 de abril los periódicos publicaron una declaración en la que ésta central apoyaba al gobierno, puesto que “la medida tomada por el Gobierno de la República, [la] consideraba benéfica a los interese de la nación”,95 y advirtió que el gobierno tomaría medidas enérgicas para evitar los abusos de los especuladores.

La CGT, CROC y CROM consideraron acertada la medida, por lo que apoyaron al gobierno de Ruíz Cortines. El apoyo que las centrales obreras proporcionaron culminó con una reunión de los principales dirigentes obreros con el Presidente de la República, pues éstos “decidieron” que apoyar era lo más importante, aunque los trabajadores, abatidos por la devaluación continuaran sojuzgados.

A pesar de todas las medidas que tomó la Secretaría de Comercio, las amenazas de la Procuraduría General de la República y las declaraciones de los líderes obreros, la devaluación provocó la elevación de los precios d los productos de primera necesidad. En éstas condiciones y aún cuando parecía reinar un estado de cordialidad entre dirigentes y gobierno, empezaron a surgir las primeras demandas de aumento en los salarios.

La petición se produjo durante el desfile del 1º de mayo, los trabajadores solicitaron que el aumento en los salarios fuera proporcional al alza que se había producido en el costo de la vida, ya que el salario de los trabajadores resultaba cada vez más insuficiente para cubrir las necesidades más elementales.

Una de las primeras peticiones de aumento en los salarios vino del Sindicato de Telefonistas, argumentando que de no surtir efecto las medidas tomadas por el gobierno para controlar los precios “Los trabajadores tienen que exigir aumentos en sus salarios en la medida que hayan sido elevados los precios de los artículos de consumo indispensables”.96 Con éstas palabras, Ayala Ramírez hacía eco a las palabras de Fidel Velázquez pronunciadas días antes, tocando la puerta de la CTM, que más tarde lo premiaría con una curul de diputado.

Ante el incremento de las peticiones de aumento en los salarios, Ruíz Cortines se vio obligado a hacer declaraciones en forma pública a través de un “Mensaje a la Nación”, el cual incluía  producir más y exhortaba a los mexicanos a unirse en torno a la crisis. Anunció el aumento salarial a todos los burócratas civiles y militares, así como a los empleados de las empresas descentralizadas. El aumento ofrecido a los trabajadores fue de 10%, muy inferior a la pérdida del poder adquisitivo, aunque fue el primer paso que dio el gobierno para enfrentar el problema que los trabajadores resentían.97

Al mismo tiempo, solicitó la colaboración de los empresarios al demandarles que aumentaran los salarios de sus trabajadores en 10%, evitando de ésta manera, tomar medidas legislativas, por eso apeló al buen sentido de los empresarios para resolver éste problema.

Nuevamente Fidel Velázquez, señaló que el gobierno de Ruíz Cortines encontraría entre los trabajadores de México, el más franco apoyo para poder realizar el programa elaborado con motivo de la devaluación, palabras que respaldaron telefonistas y electricistas, trabajadores al servicio del Estado y el Bloque de Unidad Obrera, que quedaría constituido formalmente un año después.

A pesar de que gran número de organizaciones habían acordado con sus respectivas empresas aceptar el 10% de aumento “sugerido por el Presidente de la República”, la empresa Teléfonos de México se mostró intransigente, ya que era inminente un alza en las tarifas telefónicas, de lo cual quería culpar a los telefonistas, con motivo de la solicitud de aumento de salarios, debido a la devaluación de la moneda.

Durante la celebración del “Día del Telefonista”, el secretario general del sindicato Jorge Ayala Ramírez y en presencia del Secretario del Trabajo Adolfo López Mateos, manifestó su agradecimiento al Presidente de la República “por todos los beneficios que ha enfocado hacia los trabajadores”,98 por lo que solicitó a los telefonistas a hacer lo mismo, ya que “el Presidente con su esfuerzo está llevando a cabo una labor patriótica que será en beneficio de México”.99

Al  finalizar la celebración, Ayala Ramírez informó que él seguiría “laborando –en la secretaría general del STRM- con el mismo entusiasmo y cariño que le merecen los componentes de dicha organización, de la cual él va a tener que manejar sus destinos (sic)”.100 Pues durante la celebración de la Tercera Convención del sindicato y sin haber encontrado ninguna oposición, ésta acordó remover de sus puestos a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, con excepción de Ayala Ramírez que fue reelecto por dos años más.

Este hecho provocó el descontento de algunos grupos de telefonistas, de éstos surgió el “Bloque Pro-democracia Sindical”, encabezado por Ramón Morales, Roberto García, Manuel Mena y Jesús Aguirre. 101

Este grupo señalaba que la existencia de la clausula de exclusión dentro de la legislación obrera y la falta de una ley de responsabilidades para funcionarios sindicales, eran factores que permitían la existencia del continuismo en el poder, la corrupción y el soborno.102

De esta forma, acusaron a Ayala Ramírez de haber llevado al STRM a “la más absoluta podredumbre” , ya que había sido electo “valiéndose de todas las armas; entre ellas la persecución más despiadada en contra del grupo que trató de depurar el ambiente de la organización, encabezado por el señor Fernández Alatorre”.103

Con esto, Ayala Ramírez había destruido todo obstáculo para convertirse en dictador de la organización, reeligiéndose para un nuevo periodo. La vida del grupo “Pro-democracia sindical” encabezado por Ramón Morales, fue muy corta, ya que no contando con el apoyo de otros telefonistas, fue presa fácil de Ayala Ramírez, ya que precisamente lo que denunciaba éste conjunto, es decir, la existencia de la clausula de exclusión, les fue aplicada a los principales dirigentes de éste grupo.

La petición de aumento de salario que había quedado en suspenso por los sucesos arriba mencionados, fue reanudada cuando Ayala Ramírez informó que a pesar del tiempo transcurrido desde la solicitud, la empresa ofrecía un aumento muy pequeño, razón por la que fue necesario convocar a una Asamblea General del sindicato, para tomar las medidas pertinentes. Aún cuando la empresa había gestionado el aumento en las tarifas, lo hacía en secreto con el “fin de cargarle el muerto al Sindicato cuando obtenga el aumento que pide”.104

Por ésta razón, al hacer uso de la palabra Ayala Ramírez quiso dejar constancia de que “cualquier elevación de las tarifas quedará a responsabilidad de las autoridades, pero nunca del Sindicato”.105

El conflicto entre la empresa y el sindicato llegó su fin hasta el 31 de agosto, cuando Teléfonos de México aceptó aumentar los salarios diarios tabulados en 6%, dicho aumento operaría también en los salarios nominales de los telefonistas contratados por convenio especial, el aumento antes mencionado sería cubierto en forma retroactiva a partir del 1º de julio y, pagado en un termino no mayor a 4 semanas a la fecha de la firma del convenio.

Por otro lado, en un plazo de 8 días, empresa y sindicato se comprometieron a informar a la Secretaría del Trabajo el nombre de tres telefonistas, que formarían una comisión encargada de determinar cual debería ser el porcentaje de aumento al salario con todas sus repercusiones, que correspondería al 10% simple, ésta comisión sería presidida por los representantes de la Secretaría del Trabajo.

Las partes en pugna, acordaron que la firma del convenio no implicaba la revisión anticipada, ni prorroga de la vigencia del contrato, pues éste se revisaría hasta 1956, en consecuencia “ambas partes conservan íntegros sus derechos para solicitar la revisión del mismo”.106

Si el entreguismo y la negligencia de Ayala Ramírez habían provocado brotes de inconformidad entre los telefonistas que habían sido reprimidos de manera eficaz por él y por la empresa, éstos no impidieron que continuara con su carrera política. Ante la constante amenaza por parte de la dirección del sindicato de reprimir cualquier brote de inconformidad con la expulsión definitiva del sindicato y, como consecuencia la pérdida del trabajo, Ayala Ramírez creó el clima propicio para hacer ingresar al Sindicato de Telefonistas, a la poderosa central obrera del momento, la Confederación de Trabajadores de México.

El gobierno de Ruíz Cortines que se había caracterizado por el esfuerzo para lograr la unificación de la clase obrera, vio cristalizada su voluntad el 7 de marzo de 1955, cuando quedó oficialmente integrado el Bloque de Unidad Obrera (BUO), organización que fue apoyada por la CTM, CGT, CROM, telefonistas, electricistas, ferrocarrileros, mineros y tranviarios entre otros.

A primera vista, ésta nueva organización presentó dos alternativas, la primera; redefinir el rumbo del movimiento obrero para que obtuviera mayores logros reivindicativos. La segunda; articular a las centrales obreras más importantes con el gobierno.

Ninguna de éstas alternativas funcionó, ya que el BUO simplemente era una organización que había nacido para dar apoyo al gobierno en circunstancias determinadas. El Bloque era “un organismo inútil, sin banderas, sin ideales, sin doctrina y sin métodos de lucha y sin programas de acción y sin objetivos concretos, situación que la hace UN GIGANTE CIEGO, SIN LAZARILLO”.107 Con estas palabras Luis Araiza definió al BUO.

El BUO nació como una organización “gobiernista”, ya que apoyaba a la política obrera oficial y condenaba cualquier acto que castigara a ésta. Este organismo sería disuelto 11 años después, para dar paso al Congreso del Trabajo, que no es muy diferente de su antecesor.

El acercamiento que tuvo Ayala Ramírez con la CTM, le valió una “curul” de diputado. En efecto, la V Convención Nacional Ordinaria del STRM, avaló la propuesta de la CTM de nombrar candidatos a Jorge Ayala Ramírez como diputado propietario y a Aristeo Ponce, secretario general del sindicato de la U.S. Royal, como diputado suplente por el XV distrito a la XLIII Legislatura, calculando el sindicato de telefonistas que un 80% de los ciudadanos votarían a su favor.108

La V Convención acordó que el STRM “no escatimaría esfuerzos para la consecución de los fines de la campaña que son el llevar al alto cuerpo legislativo a un dirigente obrero que represente dignamente a nuestra clase”.109 Acordó también, iniciar entre los telefonistas una campaña a favor de Ayala Ramírez, así, el órgano oficial del STRM informó que “un numeroso grupo de trabajadores telefonistas (142), han aportado cantidades para el sostenimiento económico para la campaña que realiza nuestro secretario general para alcanzar la curul a que fue propuesto por el PRI”.110

Los simpatizantes de Ayala Ramírez, aportaron una cantidad de 6 442 pesos, estas aportaciones oscilaban entre los 100 y 2 pesos. Entre los simpatizantes de Ayala Ramírez, se encontraba Salustio Salgado Guzmán con una aportación de 20 pesos y, que más tarde seguiría los mismos pasos de Ayala Ramírez.111

Las elecciones celebradas el 5 de julio fueron un triunfo rotundo para el partido oficial. Sin embargo, éstas resultaron una advertencia para los dirigentes del PRI, sobre los problemas que podrían presentárseles en las elecciones de 1958, ya que solo el 69% de los ciudadanos empadronados votaron y el abstencionismo alcanzó poco más del 50% en algunas regiones del país. Además, muchos candidatos fueron escogidos por el Presidente de la República, haciendo a un lado la opinión de los delegados del PRI,  convocados a las convenciones estatales, creando la posibilidad de que la sucesión presidencial provocara una vez más, divisiones entre los integrantes del partido oficial.

De estas elecciones saldría electo Ayala Ramírez, comprometiendo con esto, aún más las relaciones del sindicato con la empresa y ahora con la CTM y el BUO, pues si al sindicato se le había limitado el control únicamente a la permanencia del “charro” Ayala Ramírez, ahora el control sería ejercido directamente por la CTM y el Bloque de Unidad, manipulando sus peticiones a favor de la política que había implantado el gobierno de Ruíz Cortines.

Electo diputado y en presencia del Secretario del Trabajo Adolfo López Mateos y del secretario general de la CTM, Ayala Ramírez informó que “los telefonistas sostienen relaciones amistosas con todo el movimiento obrero y que están con el régimen que preside don Adolfo Ruíz Cortines, porque representa los más sustanciales principios de progreso para los trabajadores, por los que se les ratifican el compromiso de trabajar por el progreso permanente de México”.112

La celebración del “día del telefonista” dio oportunidad para que Ayala Ramírez, utilizara el lenguaje que había caracterizado a la mayoría de los líderes obreros de la época, es decir, que demagógicamente señaló que a esta celebración concurría “la mayor unidad que existe en los trabajadores del ramo”, indicando que la fusión de los antiguos sindicatos había servido, “para vigorizar a todo el gremio y ponerlo en mejores condiciones, para su lucha permanente para obtener mejores condiciones económicas”,113 aún cuando la realidad era completamente otra.

Una vez más, la revisión del contrato colectivo de trabajo obligó a los telefonistas a movilizarse alrededor de sus peticiones de aumento de salarios y regularizar sus relaciones con la empresa.

Los telefonistas solicitaron aumento de 40% en sus salarios, además de otras prestaciones económicas y sociales. Este hecho permitió a los dirigentes del Bloque de Unidad Obrera, entrevistarse con el Secretario del Trabajo, con el propósito de hacer patente el apoyo que esa organización otorgaba al STRM.

Por su parte, el Sindicato de Telefonistas como miembro de la CTM, solicitó al VI Congreso de esta organización, el apoyo de todos los delegados asistentes, para un acto de solidaridad con el emplazamiento a huelga, que había sido presentado por ellos.114

Sin embargo, Teléfonos de México como siempre, se mostró intransigente con sus trabajadores, los telefonistas informaron al público que la empresa telefónica se empeñaba “en eludir el trato serio, responsable y oportuno de la revisión”, por lo que el sindicato “consecuente con el patriotismo que ha sido norma invariable de sus actos, es el primero en lamentar que hasta la fecha no se haya llegado a un entendimiento que desvanezca la posibilidad de la huelga, en esta rama de las comunicaciones”.115

En un desplegado periodístico, la CTM analizó los puntos expuestos a y través del desarrollo de las negociaciones que habían llevado a cabo el sindicato y la empresa, por lo que acordó solidarizarse totalmente con el problema de los telefonistas, además de que intervendría ante las autoridades para que respetaran completamente los derechos de los telefonistas y, anunció respaldar la huelga de los telefonistas con la huelga misma.116

Ante la inminencia de la huelga, los dirigentes del Sindicato de Telefonistas, informaron al Bloque de Unidad Obrera, del desarrollo de las negociaciones con la empresa, terminada ésta reunión, se dirigieron a su local sindical para informar a los telefonistas. En la Asamblea que se celebró en ese lugar, se designó al personal que se encargaría de las primeras guardias, al mismo tiempo se acordó ratificar ante la Junta Federal el pliego de peticiones.

Los electricistas, a través del secretario general des SME Agustín Sánchez Delint y del secretario del interior Manuel Tapia Gómez, se solidarizaron con el Sindicato de Telefonistas ya que “con motivo del conflicto que afronta ese sindicato y entre la intransigencia de la empresa por satisfacer sus necesidades económicas y sociales, el SME les hace patente su más amplia solidaridad. Las reivindicaciones de ustedes, por su contenido y por su carácter, son las demandas por las que luchamos todos los trabajadores”.117

Por su parte, Ayala Ramírez ante la total intransigencia de Teléfonos de México señaló que “si la huelga estalla será porque la empresa no se ha puesto en un plan de comprensión y será la única responsable de los perjuicios que se deriven, ante la opinión pública y ante el propio Estado”.118 Además, advirtió que si no se llegaba a ningún acuerdo la huelga estallaría, por lo que solicitarían al gobierno que ésta fuera respetada, pues “el Señor Presidente de la República ha dicho, ´Mantendré intangible el derecho de huelga´. En ello nos apoyamos, no tratamos de perjudicar al pueblo de México, ni a los clientes de la empresa y menos aún al Estado”119 Al mismo tiempo, el BUO anuncio al Secretario del Trabajo, su adhesión a las peticiones de los telefonistas, solicitándole rectitud ante la posible huelga.

Las principales demandas de los telefonistas fueron; jubilaciones anticipadas a los trabajadores que sufrieran riesgos profesionales o estuvieran incapacitados, clasificación de los empleados de confianza, los que fueran designados por la empresa de primera, y de segunda los nombrados por el sindicato, ampliación de las obras de la empresa, en la reparación de aparatos, etc., sin que interviniera la Constructora S.A., respeto al escalafón, dándose preferencia al trabajador más antiguo, excepto cuando éste demostrara incompetencia.

Respecto al problema económico, los telefonistas solicitaron 40% de aumento en sus salarios, participación en las utilidades, aumento en el fondo de ahorro de 145% a 200%, que la empresa otorgara 3 millones de pesos para la colonia de los telefonistas, 300 mil pesos para la tienda de consumo, ampliación de los servicios médicos en las secciones foráneas donde no existía el seguro social y aumento en el pago de las vacaciones del 50 al 100%.120

El sindicato señaló que la empresa había multiplicado su capital en los últimos 6 años, de 68  a 350 millones de pesos, por lo que consideró que las demandas de los telefonistas eran justas.

Teléfonos de México por su parte, manifestó que en el año de 1955, había obtenido 26 millones de pesos en utilidades por lo que el actual proyecto de revisión implicaba a la empresa un desembolso de, precisamente 26 millones de pesos, o sea “que la empresa va a trabajar para el sindicato”.121

Al no llegar a ningún acuerdo entre la empresa y el sindicato, la huelga estalló el 16 de abril, terminando la noche del mismo día, gracias a un convenio por medio del cual Teléfonos de México concedió  a sus trabajadores un aumento del 18%  (17% en salarios y 1% ene el fondo de ahorro).

De acuerdo con el convenio, la empresa otorgaría un aumento de 25% en la prima de vacaciones, la que pasaría a ser del 75%, 50% de aumento en los viáticos, 3 millones de pesos para la construcción y ampliación de la Colonia SINATEL, 300 mil pesos para la cooperativa de los telefonistas, con el fin de construir la sección de consumo, aumento en el pago de marcha de 500 a 750 pesos, para fines sociales y deportivos 50 pesos por trabajador (7000 en total), en lugar de los 300 pesos que se otorgaban con anterioridad, elevación del 10% en el fondo de ahorro, equivalente al 1% de los salarios, permiso con goce de sueldo por 10 días hábiles para 52 delegados a la Convención, 120 mil pesos para gastos de contratación, aumento de 50% para los telefonistas que manejaran vehículos de motor, aumentos a los sobre salarios en 5, 10 y 15 porciento, para los lugares de vida cara como Acapulco, una población de Sonora llamada Block 34, Cananea, Caborca, Empalme, Ciudad Obregón, Ciudad Mante, Córdoba, Huatabampo, Novoloato, Papantla, Puerto Peñasco y Santa Ana.122

Además, se consideraron en el nuevo contrato como poblaciones de vida cara a Chihuahua, Mérida e Iguala, en donde fueron aumentados los sobre salarios en 10%.

En lo que se refiere a las prestaciones de carácter social y administrativo, se modificaron los convenios de los Departamentos de Centrales Mantenimiento, Conmutadores y otros departamentos que no tenían escalafón, beneficiando a poco más de 600 telefonistas.

El nuevo contrato dejó establecido que la empresa se obligaba a pagar los gastos por los accidentes que sufrieran sus trabajadores (antes no existía ésta prestación en el contrato), se logró además, un aumento de 20 minutos en el descanso de 3000 operadoras, que sumados a los 30 que se les daba con anterioridad, se convirtieron en 50.

En opinión del secretario general del sindicato de telefonistas, “la empresa había obtenido una sola ventaja por parte del sindicato, y en cambio sí los trabajadores, que resultaron beneficiados con muchas prestaciones y otros convenios”.122 Al dar su informe ante la Asamblea, grupos de telefonistas silbaron la decisión y mostraron su inconformidad, gritando ¡huelga… huelga! Los dirigentes sindicales señalaron que los inconformes, eran porros infiltrados del Politécnico.124

Restablecida la calma, Ayala Ramírez exhortó a los telefonistas a que desempeñaran sus cargos con el mayor entusiasmo en beneficio de la empresa, a fin de que ésta pudiera proporcionar un mejor servicio a los usuarios.

La realización de la VI Convención Ordinaria del STRM celebrada en junio de 1956, se caracterizó por la adulación que hizo Ayala Ramírez al Presidente de la República y al Secretario del Trabajo, pues en su discurso inaugural manifestó que “estamos en un momento de gran responsabilidad. Demostraremos nuestro reconocimiento al Secretario del Trabajo y nuestra gratitud al Presidente de la República Adolfo Ruíz Cortines, porque ha hecho posible lograr beneficios tangibles a favor de los trabajadores”.125 En cuanto a la postura que tomaría el sindicato respecto al desarrollo de la industria telefónica era el de fomentarla y señaló que “seguiremos siendo leales a nuestra organización y a la empresa, pero sin confundir nuestra posición para defender y hacer que se cumplan las peticiones sindicales”.126

Respecto al Secretario del Trabajo, declaró que “ha sido el mejor interprete de los trabajadores. Es un gran amigo de los obreros y los trabajadores, y se ha ajustado a una política de sano equilibrio”.127

NOTAS:

1.- Nicolau D´Olwer, Luis. et. alt. “La vida económica en México”. En. Daniel Cosío Villegas; “Historia Moderna de México, el Porfiriato”. Edit. Hermes, Vol. VII, Tomo II, p. 1086, México, 1970.

2.-“Teléfonos de México a poder de la Nación, no más un botín de contratistas y especuladores”. Cuadernos Políticos, núm. 3. Edit. Solidaridad, México s/f.

3.-Sánchez Casas, Jorge. “Evolución de la Telefonía en México”. Comunicaciones y Transportes, III época, núm.21, marzo-abril de 1976, p. 9.

4.- “Teléfonos de México…”, op. cit. p. 4.

5.- Buchanan, Walter C. “Análisis de los servicios telefónicos en México”, Comunicaciones y Transportes, I época, núm., julio-agosto de 1959.

6.- “Teléfonos de México… “.  op. cit. p. 4

7.- Voces de Teléfonos de México. Año XVII, II época, núm. 195, marzo de 1978, p. 16.

8.- Carr, Barry. “El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929”. Edit. Sepsetentas, núm. 256, México 1976, Tomo I, p. 86-87.

9.- Salazar, Rosendo. “Las pugnas de la gleba”. Comisión Nacional Editorial (PRI), México, 1972, p. 74

10.- La Prensa, 7 de febrero de 1915.

11.- Salazar, Rosendo. Op. cit. p. 75.

12.- Salazar, Rosendo. “La Casa del Obrero Mundial”. Comisión Nacional Editorial (PRI), México, 1972, p. 111.

13.- Ibid.

14.- Ibid.

15.- Voces de Teléfonos de México. Op. Cit. p. i6.

16.- Excélsior, 6 de junio de 1926.

17.- Ibid.

18.- “Teléfonos de México…”, op cit. p. 4

19.- Calderón de la Barca Galindo, Manuel. “El servicio telefónico en México”. Tesis, Facultad de Derecho, UNAM, 1963.

20.- Ibid.

21.- Hernández, Salvador. “Un ensayo sobre el imperialismo norteamericano en México”. En: Las clases dirigentes en México, México, FCPyS. UNAM, 1973, p. 50 y ss.

22.-Bruno Bologna, Alfredo. “Empresas multinacionales; Doctrina Calvo”. Comercio Exterior, vol. 26, núm. 2, febrero, 1976, p. 209.

23.- Excélsior, 3 de junio de 1935.

24.- Ibid.

25.- Campell, G. Hugh. “La derecha radical en México, 1929-1949”. Edit. Sepsetentas, núm. 276, México, 1976, p. 49.

26.- Excélsior, 16 de junio de 1935.

27.- Bandera Cañal, Araceli. “Cronografía de Teléfonos de México”. En: México a través de los informes presidenciales. Tomo 8, Las Comunicaciones, SCT. SP. México, 1976, p. 482.

28.- Cabrera, Luis. “La Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A. en los incidentes de suspensión relativos a los juicios de Amparo que tienen promovidos contra el acuerdo dictado por la SCOP, el 12 de agosto de 1936”. México, 1937, s/e.

29.- Valadés, J. Carlos. “Origen y desarrollo del servicio telefónico en México”. Comunicaciones y Transportes, III época, núm. 21, marzo-abril de 1976, p. 12.

30.- “Teléfonos de México…”. Op. cit. p. 4

31.- Semeionov, S. I. “México durante el periodo de Ávila Camacho”. En: Ensayos de Historia de México. Ediciones de Cultura Popular, México, 1976, p.119.

32.- Alcazar, Marco Antonio. “Las agrupaciones patronales en México”. Edit. El Colegio de México, México, 1977, p.117.

33.- Trejo Delarbre, Raúl. “Reseña del movimiento obrero mexicano (1900-1975). CELA, FCPyS. UNAM, serie: Estudios, núm. 19, p. 25.

34.- Schmidt, Samuel. “La política de industrialización de Miguel Alemán”. CELA. FCPyS. UNAM, serie: Avances de investigación, núm. 27, México, 1977. P. 9 y ss.

35.- Alonso, Antonio. “El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-1959”. Edit. ERA, México, 1975, p. 92-93.

36.-Ibarra, José. “Apuntes para la Historia del STRM”. Edit. Solidaridad, núms. 36, 40 y 45 de 1975.

37.- Excélsior, 1º de marzo de 1950.

38.- Excélsior, 6 de marzo de 1950.

39.- Ibarra, José. Op. cit.

40.- Excélsior, 11 de marzo de 1950.

41.- Excélsior, 17 de marzo de 1950.

42.- “Teléfonos de México…”. Op. cit.

43.- Ovaciones, 29 de junio de 1950.

44.- Ibid.

45.- Ibid.

46.- La Prensa, 9 de julio de 1950.

47.- Ibid. De acuerdo con los estatutos del STRM, el periodo terminaría el 24 de julio de 1950.

48.- Excélsior, 9 de julio de 1950.

49.- Ibid.

50.- Ibid.

51.- Ibid.

52.- Excélsior, 13 de julio de 1950.

53.- Ibid.

54.- Excélsior, 27 de julio de 1950.

55.- Excélsior, 31 de julio de 1950.

56.- Excélsior, 1º de agosto de 1950.

57.- Ibid.

58.- Ibid.

59.- Ibid.

60.- Ibid.

61.- Excélsior, 3 de agosto de 1950.

62.- Excélsior, 4 de agosto de 1950.

63.- Ibid.

64.- Excélsior, 19 de noviembre de 1950.

65.- Excélsior, 22 de noviembre de 1950.

66.- Fernández Alatorre, José. “La inconstitucionalidad de la intervención estatal, en las huelgas telefónica y eléctrica”. Tesis, Facultad de Derecho, UNAM, 1958.

67.- El Popular, 22 de noviembre de 1950.

68.- El Popular, 30 de noviembre de 1950.

69.- Ibid.

70.- El Popular, 22 de noviembre de 1950.

71.- El Popular, 30 de noviembre de 1950.

72.- El Popular, 1º de diciembre de 1950.

73.- Araiza, Luis. “Historia del movimiento obrero mexicano”. Tomo IV, Ediciones de la Casa del Obrero Mundial, México, 1975, p.293-294.

74.- Excélsior, 18 de marzo de 1952.

75.- Ibid.

76.- Excélsior, 26 de marzo de 1952.

77.- Excélsior, 2 de abril de 1952.

78.- Ibarra, José. Op. cit.

79.- “Teléfonos de México…”. Op. cit. p. 4.

80.- Excélsior, 10 de abril de 1952.

81.- Ibarra, José. Op. cit.

82. Ibid.

83.- Ibid.

84.- Ibid.

85.- Ibid.

86.- El Popular, 20 de julio de 1952.

87.- Ibid.

88.- Excélsior, 16 de marzo de 1954.

89.- Excélsior, 22 de marzo de 1954.

90.- Excélsior, 3 de abril de 1954.

91.- Ibid.

92.- Excélsior, 4 de abril de 1954.

93.- Ibid.

94.- “Teléfonos de México…”. Op. cit.

95.- El Nacional, 22 de abril de 1954.

96.- El Popular, 9 de mayo de 1954.

97.- Reyna, José Luis y Pellicer de Brody, Olga. “Historia de la Revolución Mexicana”. El Colegio de México, Tomo 22, México, 1978, p. 91.

98.- Excélsior, 1º de agosto de 1954.

99.- Ibid.

100.- Ibid.

101.- El Universal, 23 de agosto de 1954.

102.- Ibid.

103.- Ibid.

104.- Excélsior, 21 de agosto de 1954.

105.- Ibid.

106.- Excélsior, 1º de septiembre de 1954.

107.- Araiza, Luis. Op. cit. p. 281.

108.- “UNIDAD”, Órgano oficial del STRM, Época V, junio de 1955, núm. 23.

109.- Ibid.

110.- Ibid.

111.- Ibid.

112.- El Universal, 2 de agosto de 1955.

113.- Ibid.

114.- Excélsior, 9 de abril de 1956.

115.- Excélsior, 10 de abril de 1956.

116.- Excélsior, 12 de abril de 1956.

117.- Excélsior, 14 de abril de 1956.

118.- Excélsior, 15 de abril de 1956.

119.- Ibid.

120.- Excélsior, 16 de abril de 1956.

121.- Ibid.

122.- Excélsior, 17 de abril de 1956.

123.-  Ibid.

124.- Excélsior, 18 de abril de 1956.

125.- Excélsior, 21 de abril de 1956.

126.- Ibid.

127.- Ibid.