Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (1960).

Con el triunfo del Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical, la nueva dirección sindical se propuso consolidar a la organización como verdadera representante de los intereses de los trabajadores. En estas condiciones, la primera tarea que se propuso la dirección del sindicato de telefonistas fue exigir a la empresa Teléfonos de México que el contrato colectivo de trabajo fuera respetado.

Como consecuencia de la postura asumida por los nuevos líderes sindicales, los conflictos con la empresa se multiplicaron. La aproximación de la revisión del contrato colectivo obligó al sindicato a consolidar su unidad, así como ampliar un frente solidario promoviendo alianzas con otras organizaciones sindicales.

En efecto, al recuperar los telefonistas el control de su sindicato, de inmediato rompieron con la CTM, surgiendo la necesidad de buscar nuevas alianzas para reforzar la solidaridad, ya que ningún tipo de trabajadores puede luchar con éxito en forma aislada. Los telefonistas habían manifestado su interés por reestructurar la unidad del movimiento obrero y para lograrlo se basaban en los postulados de la democracia sindical y la unidad combativa.1

El primer contacto se dio con el Sindicato Mexicano de Electricistas que se preparaba también para llevar a cabo la revisión de su contrato colectivo de trabajo celebrado con la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Los viejos antecedentes de amistad de los telefonistas con los electricistas (los primeros habían formado parte del SME en 1914), facilitaron la posibilidad de establecer una alianza concreta.

Así, después de varios cambios de impresiones, los sindicatos de telefonistas y de electricistas acordaron establecer un pacto de solidaridad y ayuda mutua, que fue considerado por las dos organizaciones sindicales “como un pacto de gran significación en el cambio de la reestructuración democrática del movimiento obrero mexicano”.2

En el pacto de solidaridad y ayuda mutua, los telefonistas y los electricistas se comprometieron a cumplir fielmente los siguientes puntos “1) respeto absoluto al derecho de asociación profesional y derecho de huelga; 2) libertad de nuestras organizaciones para elegir a sus dirigentes por la implantación de los métodos democráticos en su vida interna; 3) respeto y mejoramiento general de los contratos colectivos; 4) por un aumento general salarios y un salario mínimo que responda la finalidad que establece el artículo 123 de nuestra Constitución; 5) por la no injerencia de las empresas y autoridades en la vida interna de los sindicatos; 6) por la aplicación de la fracción XVII del artículo 123 y por la desaparición de la fracción XXI; 7) por la disminución de la jornada de trabajo hasta contrarrestar completamente la desocupación forzosa; 8) desarrollar la más amplia solidaridad entre los trabajadores electricistas y telefonistas en sus luchas reivindicadoras. Además, los sindicatos se comprometen a prestarse la máxima solidaridad y ayuda en las próximas contrataciones”.3

Al mismo tiempo, el último Congreso celebrado por la Confederación Mexicana de Electricistas, discutió la reestructuración del movimiento obrero, él cual consideró necesario crear un Congreso Nacional Permanente de la Clase Obrera, que se encargaría de discutir los problemas que aquejaban al movimiento sindical, así como prestar ayuda solidaria a todas las organizaciones representadas en el Congreso para reforzar sus luchas. Los telefonistas por su parte, declararon sentirse “orgullosos de poder participar en el cumplimiento de una verdadera misión histórica de los trabajadores mexicanos”.4

Conjuntamente, los dos sindicatos presentaron el 4 de enero de 1960 a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y empresas subsidiarias y a la empresa Teléfonos de México S. A., respectivamente, los proyectos de contrato colectivo de trabajo para su revisión, cuya vigencia en los dos casos finalizaría hasta el 16 de marzo. El contenido del proyecto presentado a la Compañía de Luz por el SME, contenía peticiones de carácter económico y social, básicamente los electricistas solicitaron 30% de aumento en los salarios, aumento de la aportación que hacía la Compañía al servicio médico para la atención de los trabajadores y sus familias, reducción de la jornada de trabajo, jubilación a los 30 años sin limite de edad, establecimiento de una cantidad para el pago de renta de casa de los trabajadores y aumento en los gastos para vacaciones.5

Igual que los electricistas, los telefonistas solicitaron a Teléfonos de México la jubilación a los 30 años sin límite de edad, además pidieron aumento en el fondo de ahorro, aumento en los días de vacaciones anuales, guarderías infantiles para los hijos de los trabajadores, retabulación general de salarios para todas las operadoras del sistema y reducción de la jornada de trabajo para las mismas “dado que en la actualidad es muy agotador el trabajo de éstas”, reglamentación de las cuadrillas foráneas ambulantes, ya que estos trabajadores no estaban protegidos por el contrato colectivo de trabajo, pago para gastos de transportación de los trabajadores, de su domicilio a su centro de trabajo y viceversa, ayuda para el pago de renta de casas para los telefonistas y aval para la construcción de casas. Respecto al aumento general de salarios, el Sindicato de Telefonistas no fijó el monto, la petición la haría como había sido su costumbre “durante el proceso de las discusiones y ya cuando casi esté por terminarse dicha revisión”.6

Los telefonistas consideraron que la empresa estaba en condiciones de conceder el aumento y las otras prestaciones sin incurrir al aumento de tarifas, como ya en otras ocasiones lo había hecho, ya que de lograrse éstas peticiones “no deben gravitar sobre los usuarios del sistema telefónico, ya que estaban en condiciones de demostrar que la empresa si puede conceder los aumentos de salarios y otras prestaciones sin gravar la economía del pueblo”.7

El pacto de ayuda mutua se dio a conocer oficialmente en un mitin que celebraron conjuntamente los dos sindicatos el 7 de enero de 1960 en la Arena Coliseo, comprometiéndose no solo a prestarse ayuda mutua sino a reforzar la lucha para que en forma simultánea obtener la victoria sobre las dos empresas. Además, iniciarían “una campaña permanente por la democratización del movimiento obrero y su liberación del control de líderes al servicio de los patrones”.8

Sin embargo, la escasa experiencia en el planteamiento y la conducción de la lucha contra la empresa telefónica, se vería limitada aún más por el apoyo que le proporcionaba el gobierno a ésta última. Las empresas telefónica y eléctrica fueron respaldadas por un amplio frente patronal y estimuladas por el apoyo gubernamental, aplicando tácticas dilatorias para debilitar la posición de los dos sindicatos.

Las autoridades del trabajo a través del Secretario Salomón González Blanco, confiaron que los conflictos planteados por los dos sindicatos se resolverían a favor de los trabajadores, de las empresas y para el bien del progreso del país. En cuanto a las peticiones de los telefonistas, señaló que “los trabajadores estaban pugnando por una revisión integral de su contrato colectivo de trabajo, en vista de las contradicciones que él mismo contiene y que son perjudiciales para los trabajadores telefonistas”.9

Ante la intransigencia mostrada por las dos empresas para resolver los conflictos, electricistas y telefonistas informaron al pueblo en un desplegado periodístico la actitud indiferente de las dos empresas emplazadas a huelga, pues tan solo a seis días de terminarse el plazo, éstas se habían dignado a responder y eso presionadas por las autoridades del Trabajo.

En su “Primer Informe al Pueblo”, los dos sindicatos señalaron que con 72 días de anticipación habían solicitado a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y a Teléfonos de México, la revisión de los contratos colectivos de trabajo, dejando éstas transcurrir deliberadamente el tiempo, con el fin de esperar arreglos de última hora y cuando las condiciones fueran propicias para soluciones precipitadas, pues en estas condiciones “una y otra vez se pospone el necesario estudio de los contratos colectivos, dejándose de producir los consiguientes ajustes y modificaciones que son indispensables para sustentar relaciones laborales equilibradas”.10

El SME y el STRM denunciaron que la política de altas ganancias y bajos salarios eran contrarios al progreso del país y señalaban a la Compañía de Luz y a Teléfonos de México, como ejemplos sustentadores de semejante política “que enriquece cada vez más a los ricos que forman una minoría y empobrece cada vez más a los pobres que constituyen las mayorías nacionales”,11 para fundamentar su denuncia, señalaron que a partir de 1940, el ingreso nacional se había elevado aproximadamente tres veces, lo cual indicaba un considerable desarrollo de la producción, pero el progreso de los mexicanos no podía  medirse por la simple elevación del ingreso real del país, ya que en 1940 la participación correspondiente a los sueldos, salarios y prestaciones correspondía al 30% del propio ingreso nacional, éste había descendido aproximadamente a menos del 25%, mientras las utilidades, dividendos y percepciones en general de capital, se había elevado del 26% en 1940, a más del 45% que se registró en 1960.12

Por ésta razón, electricistas y telefonistas luchaban por mejores condiciones generales de vida y de trabajo, además, se pronunciaron por una política económica que transformara a México en un país social y económicamente más justo, mediante el reparto equitativo del ingreso nacional.

Los dos sindicatos, reiteraron su mejor disposición para buscar las soluciones conciliatorias a los conflictos suscitados como consecuencia de la revisión de los contratos colectivos y, advirtieron que si las empresas no modificaban su actitud intransigente, tendrían que responder a las consecuencias que provocarían los movimientos de huelga, que en forma unánime habían sido aprobados por los trabajadores.

Como la empresa telefónica no respondió a las demandas de sus trabajadores, éstos instalados en Asamblea General Extraordinaria, decidieron cambiar el emplazamiento de huelga para el 6 de abril, para que, dada la premura del tiempo, fuera posible revisar con calma las clausulas administrativas que se referían al personal de confianza y a la contratación con “terceros”, las que consideraban como más importantes que las clausulas económicas. Y para demostrar a las autoridades su disposición de resolver el conflicto sin llegar a la huelga, señalaron que con la prorroga se evitaría que el pacto de solidaridad firmado con los electricistas del SME entrara en operación, ya que la Compañía de Luz daba muestras de querer terminar con el conflicto.

Al mismo tiempo que el sindicato de telefonistas luchaba por revisar su contrato colectivo, en las ciudades de Torreón y Saltillo se iniciaron movimientos de protesta contra Teléfonos de México por parte de los usuarios del servicio, ya que se había implantado el sistema de limitar el número de llamadas, cobrando el excedente. A instancias de la Cámara de Comercio de Torreón, se efectuó un “paro” de una hora.13 En Saltillo se llevó a cabo una huelga de pagos contra la empresa telefónica, que ganarían los usuarios el 16 de abril, logrando de Teléfonos de México, la reanudación del servicio, derogación de la tarifa del servicio medido, reconexión de los aparatos de los suscriptores en huelga y el estudio de una tarifa adecuada a la economía de Saltillo.14

Por su parte, Teléfonos de México haciendo alarde de su poder económico, anunció que invertiría más de 577 millones de pesos, de los cuales más de 409 millones se destinarían a, salarios y otras prestaciones 151 millones; a compras de productos mexicanos 105 millones; para gastos de operación y mantenimiento y parte de la construcción 52 millones; para el pago de impuestos y cuotas del seguro social 63 millones, las utilidades se repartirían a  razón del 10% sobre el capital social de la empresa, es decir, 42 millones de pesos.15 Por ésta razón la empresa consideraba que las demandas de los telefonistas eran exageradas, ya que según ésta, las prestaciones económicas de sus trabajadores se elevaban a más de 400 millones de pesos, hecho que provocaría un total desajuste y desarticulación de la empresa, además, la modificación de 130 clausulas administrativas, en opinión de la empresa, desvirtuaban por completo la revisión del contrato.16

Ante la inminencia de la huelga, la representación del sindicato de telefonistas, se quejaba de que la empresa se negaba a aceptar las peticiones de los trabajadores, lo mismo sucedía con los electricistas, lo que provocó la publicación del “Segundo Informe al Pueblo”, en el que informaron que las dos empresas trataban de presentar a los trabajadores como obstáculos para proporcionar eficientes y baratos servicios eléctricos y telefónicos, acción que iba dirigida contra las organizaciones sindicales, para atemorizar a los trabajadores y evitar se defendieran de las injusticias patronales.

Además, señalaron que tanto la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y Teléfonos de México habían logrado obtener singulares privilegios tales como el reconocimiento de capitales inflados, cuya ampliación de los mismos era originado principalmente, por el encarecimiento de los servicios que explotaban. Así mismo, los créditos obtenidos por las empresas, eran otorgados con grandes facilidades legales y financieras para su segura y rápida amortización. De esta manera, los consumidores de luz y usuarios de teléfono, pagaban casi íntegramente el importe de las nuevas inversiones sin obtener por ello ningún beneficio.17

Como una medida para resolver los conflictos, la Compañía de Luz llegó a un acuerdo con el SME, quien aceptó un aumento del 15% en los salarios, semana de 40 horas distribuidas en 5 días laborables, el premio del ahorro se fijó en 180% para los provisionales y 80% para los jubilados, además, aumento en el pago para el transporte de los trabajadores de 50 centavos a 2 pesos con 50 centavos. Por otro lado, el STRM y Teléfonos de México  no llegaron a ningún acuerdo, estallando la huelga el mismo 6 de abril.18

De inmediato, el gobierno de Adolfo López Mateos, decretó la requisa de la empresa telefónica, acción que fue recibida con elogios por parte de la dirección sindical. Durante el desarrollo de la Asamblea General Permanente, el trabajador Roberto García, solicitó a la dirección del sindicato se avocara a la tarea de que los empleados de confianza fueran suprimidos de la empresa por considerarlos como “capataces” de los trabajadores, así como dar toda clase de ayuda al gobierno federal, además, solicitara que las ganancias que se obtuvieran durante el tiempo que durara la requisa, pasara íntegramente a la beneficencia pública.19

La misma Asamblea, previo discurso de Pedro García Cendejas, decidió aceptar la “exhortación” que hizo el gobierno federal a los telefonistas, de que regresaran al trabajo. Así, por 56 votos a favor, 1 en contra y 20 ausencias, se acordó regresar al trabajo el 7 de abril a las 12 horas. Por su parte, Luis Aguilar Palomino, secretario general del SME, señaló que la intransigencia de la empresa telefónica había sido la causa de la huelga, por lo que los trabajadores electricistas y telefonistas pusieron de manifiesto que “sus propósitos de no suscitar conflictos si no buscar resoluciones mediante la satisfacción de sus justas demandas”.20

Tanto el SME como la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones Eléctricas (FNTICE), se solidarizaron con los telefonistas en huelga al aprobar la Asamblea del SME, emplazar nuevamente a huelga a la Compañía de Luz, pero el emplazamiento tenía que ser presentado solo cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje, emitiera el fallo de existencia de la huelga, fallo que procuró tardar el mayor tiempo posible, para no dar oportunidad a los electricistas de proporcionar el apoyo efectivo a los telefonistas.

Otras organizaciones que se declararon a favor de los telefonistas en huelga, fueron el Partido Nacional de México, que solicitó la nacionalización de Teléfonos de México, ya que por tratarse de una empresa de servicios públicos, no debería estar en manos de la iniciativa privada, de la misma manera propuso la nacionalización de la industria eléctrica por parte del gobierno federal, proposición que no tardó mucho en hacerse realidad. La CROC por su parte, anunció que realizaría “paros” en toda la República en apoyo de los huelguistas.21

El STRM y Teléfonos de México no llegaban a ningún acuerdo, nuevamente las pláticas conciliatorias fueron suspendidas cuando se realizaba la revisión de la clausula novena. Dicha clausula se refería a la contratación con “terceros”, para obras determinadas y de ampliación de la ya existentes. El sindicato deseaba que la empresa al contratar con “terceros”, éstos tuvieran contrato con la organización sindical, la empresa se opuso terminantemente argumentando que esto provocaría un doble gasto y el costo de las obras se elevaría considerablemente.22

La requisa dio oportunidad a la empresa para que hiciera oídos sordos a las peticiones del sindicato, por lo que hasta el 2 de mayo, las pláticas fueron reanudadas y cuando el sindicato había reducido sus demandas al mínimo, como medida para resolver el problema económico en la revisión del contrato. Los líderes de los telefonistas redujeron su petición de 60 millones de pesos que inicialmente habían solicitado, a solo 42 millones de pesos, además, de las 62 clausulas presentadas, se redujo la petición revisar solo 20, de las cuales 5 que se consideraban básicas, quedaron pendientes.23

El secretario general del STRM Agustín Avecia Escobedo, señaló que la empresa a pesar de haber anunciado que ocuparía 151 millones de pesos de su presupuesto para salarios y otras prestaciones, solo había ofrecido 29 millones de pesos “entre los que pretendía incluir los aumentos de salarios del personal de confianza, pues aún cuando su número era reducido (651 empleados), sus salarios representaban el 50% de los del personal sindicalizado que eran más de 9 000”.24

En vista de que el conflicto no encontraba ninguna solución, el SME propuso al gerente de la Compañía de Luz influyera y convenciera a la empresa Teléfonos de México, para que aceptara las demandas hechas por sus trabajadores “porque la obstinada oposición de Hugo Beckman, puede determinar un verdadero desequilibrio en la economía del país”.25

Teléfonos de México tratando de influir en la opinión pública y culpar al sindicato de que no se resolviera el conflicto, argumentó que las peticiones de los telefonistas a pesar de que habían sido disminuidas, continuaban siendo exageradas, ahora, la empresa aseguraba que las pretensiones de los trabajadores rebasaban los 71 millones de pesos, cantidad que no estaban dispuestos a conceder. Esta actitud obligó al sindicato a solicitar que la revisión de las clausulas se realizara una por una, para que la empresa misma, se convenciera de que estaba faltando a la verdad, ésta condición provocó que las autoridades del Trabajo decidieran intervenir para apoyar a la empresa y evitar que el conflicto continuara prolongándose.

Por otro lado, tanto el SME como la FNTICE preparaban activamente la huelga por solidaridad en apoyo de los telefonistas, las direcciones sindicales de los electricistas decidieron aplazar la huelga hasta el 9 de mayo.

Como el conflicto planteado por el sindicato de telefonistas no encontraba solución, las autoridades laborales solicitaron la intervención de las Secretarías de Comunicaciones y Hacienda, para que éstas, realizaran un estudio para conocer a fondo sí la empresa estaba en condiciones económicas para conceder el aumento de salario solicitado por el sindicato, así como las demás prestaciones.

Terminado el estudio, las autoridades del Trabajo a través del Secretario Salomón González Blanco, asumieron su papel de patrones de empresa capitalista, ofreciendo a los telefonistas un aumento de 25 millones de pesos. Señalando que en las pláticas anteriores el sindicato había logrado la clausula 110, que se refería a la forma en que se integraría el salario, se había modificado, en virtud de esto, la empresa se comprometía a pagar anualmente la cantidad de 2 millones 170 mil pesos, independientemente de que en dicha clausula se aseguraba la amplitud y estabilidad de la fuente de trabajo, la Secretaría del Trabajo consideró “que esta proposición era la máxima que podía ofrecerse”.26

Estos 25 millones de pesos se distribuirían de la siguiente manera; 15% de aumento en los salarios, que equivalían a 11 millones 500 mil pesos; un peso de aumento diario por trabajador por concepto de ayuda de renta, que equivalían a la cantidad de 2 millones 840 184 pesos; por concepto de ayuda para transporte, un peso diario por trabajador,  equivalente a 8 millones 788 mil, pesos con 50 centavos, los que sumaban un total de 23 604 502 pesos, quedando un remanente de 1 395 498 pesos, que serían destinados a re tabular los salarios de las operadoras, principalmente para las que percibían menos sueldo en razón del lugar en donde laboraban y el volumen de trabajo realizado.27 De esta manera, el primer ofrecimiento que había hecho Teléfonos de México, fue reducido en 4 millones de pesos por las autoridades laborales.

Tanto la CTM como la CROC, opinaron que si bien era cierto que el aumento propuesto por las autoridades no satisfacían las necesidades de los trabajadores, éste sumado a las demás prestaciones, era decoroso, ya que favorecía considerablemente a los telefonistas.

Finalmente, el 8 de mayo los telefonistas acordaron aceptar las propuestas de las autoridades. El secretario general del STRM Agustín Avecia, anunció a sus compañeros que de acuerdo con las propuestas hechas por el Secretario del Trabajo, los telefonistas recibirían un aumento de 4 pesos con 37 centavos diarios, que sumados a los dos obtenidos por renta y pasaje, hacían 6.37 pesos diarios en total.

Por su parte, las operadoras del interior del país con salarios más bajos, obtuvieron un peso más diario como consecuencia de la retabulación, sumando para ellas 7.37 pesos diarios. Avecia explicó a los trabajadores que con las clausulas 9 y 110 administrativas, el contrato colectivo representó para los telefonistas un total de 37 millones de pesos.

Otro triunfo de consideración, en opinión del secretario general del STRM, fue la modificación de la clausula 24 administrativa, que se refería a que la empresa telefónica se obligaba a garantizar a todos aquellos trabajadores en función sindical o en periodo de candidatura, su permanencia en el trabajo, limitándose la empresa el uso de la fracción XXII del artículo 123, que se refiere al despido de los trabajadores con solo liquidarlos conforme a la ley, es decir, con el pago de 3 meses de salario y 20 días por año trabajado, por lo que se hizo necesario recurrir a la fracción XX del mismo artículo, para que cuando el sindicato y la empresa no se pusieran de acuerdo al ocurrir la separación de un trabajador que se considerara injusta, acatarían la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que la empresa había venido dictando la separación de trabajadores en forma arbitraria.28

Los telefonistas aprobaron por unanimidad el informe que presentó la dirección del sindicato, en medio de vivas y aplausos para Avecia y demás integrantes del Comité Ejecutivo, así como para la Comisión a la contratación. El Secretario del Trabajo Salomón González Blanco se mostró satisfecho “porque después de un estudio minucioso que duró muchos días al fin se encontró la formula justa y conveniente que permitió la solución del conflicto”.29

Haciendo un acto de justicia, Agustín Avecia indicó que el triunfo obtenido había sido logrado en gran parte, al apoyo que los telefonistas dieron a la dirección sindical, ya que “con su posición y exigencia al cumplimiento del deber sindical…, cristalizó el triunfo de los trabajadores”.30

Sin embargo, las revisiones salariales planteadas tanto por el SME como el STRM, se resolvieron en forma aislada, lo cual hizo inoperante el pacto de solidaridad y ayuda mutua firmado por las dos organizaciones sindicales para tal fin, ya que con la actitud asumida por el SME de proporcionar apoyo solo en forma verbal, obligó a la dirección del STRM a reducir sus demandas, acción que produjo gran resentimiento en un importante número de telefonistas, quienes se habían propuesto ajustar cuentas con Teléfonos de México, que por muchos años los había sometido.

Elecciones y derrota del Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical.

La represión del movimiento obrero en general y la eliminación de grupos sindicales activos, permitieron regresar a un clima de tranquilidad, donde las demandas y protestas obreras se caracterizaron precisamente por su ausencia. Entre los movimientos más importantes que se realizaron a fines de 1960, destaca el que realizó el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que defendió la elección de líderes democráticos en la sección IX del SNTE. En septiembre del mismo año, la nacionalización de la industria eléctrica provocó la movilización de los trabajadores electricistas, en apoyo al gobierno de López Mateos.

Con el fin de garantizar el clima de tranquilidad, López Mateos consideró la creación de una nueva central obrera que reuniera a los sindicatos disidentes, para mantener la paz social que el país necesitaba. La nueva Central Nacional de Trabajadores (CNT), se fundó el 4 de diciembre de 1960, estando integrados en ella, importantes organizaciones sindicales, entre las que se encontraban el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CROC, la FROC, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, la Federación de Obreros Revolucionarios y la Unión Linotipográfica de la República Mexicana. Su principio fundamental fue la independencia del movimiento obrero, pero ésta “independencia” fue sólo respecto de los patrones y no del gobierno.

Los telefonistas, que habían participado desde el principio de formar la CNT, que agruparía a las organizaciones sindicales que no pertenecían al BUO, quedaron al margen. Los representantes del grupo “Unidad”, hicieron causa común con los grupos “ayalistas” y patronales para que el sindicato de telefonistas no formara parte de la CNT, argumentando que lo único que se pretendía era que el secretario general del STRM Agustín Avecia o cualquier otro miembro del Movimiento Restaurador, alcanzara puestos de representación popular.31

En abril de 1961, al iniciarse el proceso electoral en el STRM, el grupo “Unidad” rechazó la propuesta de formar una planilla de coalición con el Movimiento Restaurador de la Democracia Sindical, prefiriendo lanzar su propia planilla.

La razón principal para que el grupo “Unidad” decidiera participar en las elecciones con candidatos propios, fue la de considerar que ésta era la única alternativa para defender los principios y la práctica de la democracia dentro del sindicato de telefonistas. Señalaron que aún cuando lo lógico hubiese sido que las corrientes democráticas se unificaran para oponerse a un eventual regreso del “charrismo” a la dirección del sindicato, no fue posible porque un pequeño grupo de telefonistas se había apropiado la denominación del Movimiento Restaurador, el cual arbitrariamente había tratado de imponer sus puntos de vista y a sus candidatos, sin tomar en cuenta la opinión de las otras corrientes democráticas.

El grupo “Unidad” protestó porque el Movimiento Restaurador trataba de imponer la candidatura de Pedro García Cendejas como secretario general, candidatura que era inconveniente en su opinión, por las siguientes razones “1) porque de hecho ha ejercido la dirección de nuestro sindicato sin éxito, pues es sabido que el compañero Avecia simple y sencillamente recibe ordenes del compañero García Cendejas; 2) porque bajo su dirección no se ha hecho nada por reforzar democráticamente al sindicato, ni se ha seguido un plan de lucha definido frente a la empresa y consecuentemente no se ha logrado el estricto cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo; 3) porque ha promovido prácticas perniciosas en nuestro sindicato, que dejan ver propósitos reprobables que podrían realizarse si tuviera la dirección efectiva en sus manos; 4) porque ha confiado la responsabilidad de la organización en manos de abogados desligados del movimiento obrero y practicantes de un aventurerismo que puede llevarnos a fracasos lamentables y 5) porque legalmente esta imposibilitado para ser representante sindical dada su situación de no ser un trabajador activo”.32 A pesar de las razones expuestas, el Movimiento Restaurador sostuvo la candidatura de García Cendejas, que más tarde provocaría su propia derrota.

En la Asamblea Extraordinaria de sección matriz celebrada el 13 de abril de 1961, fue electa la Comisión Nacional Electoral, dicha Comisión sería la encargada de lanzar la convocatoria para elegir a los integrantes de los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, que deberían fungir entre el 1º de agosto de 1961 y el 31 de julio de 1963.

Así, de acuerdo con el artículo 96 de los estatutos, la convocatoria fue lanzada el 29 de abril y cinco días después se abrió el periodo para la presentación de las planillas, periodo que se inició el 6 de mayo y finalizó el 25 del mismo mes, el día siguiente se abrió un periodo de 10 días para el registro de las planillas, mismo que terminó el 5 de junio.

De la Asamblea resultaron electos 5 integrantes del Movimiento Restaurador y 4 del grupo “Unidad”, el 25 de mayo fueron presentadas con solicitud de registro cuatro planillas en el orden siguiente; “Verde”, encabezada por Pedro García Cendejas; “Negro y Rojo”, representada por Gustavo Alcázar Reyes; “Guinda y Gris”, dirigida por Manuel Guzmán Reveles y “Rojo”, por Amado Basilio Romero.

El 3 de junio, la Comisión Nacional Electoral dio su registro a la planilla “verde”, sin embargo, la candidatura fue objetada por 4 integrantes de la Comisión Electoral, basándose en un oficio de la Secretaría del Trabajo, donde se señalaba que García Cendejas no reunía los requisitos para ser candidato, ya que la empresa Teléfonos de México, había dado por terminado su contrato de trabajo, además, éste tenía pendiente un proceso judicial donde se le acusaba de ataques a las vías generales de comunicación y resistencia de particulares, lo cual según las autoridades laborales, era un impedimento a la candidatura de García Cendejas y advirtió que no tomaría nota de la planilla en que figurara éste.

Por su parte, la Comisión Nacional Electoral, señaló que los candidatos de la planilla “Verde” si reunían los requisitos señalados en los estatutos para ocupar puestos en los Comités Ejecutivo y de Vigilancia, además, afirmaron que si bien era cierto que García Cendejas había dejado de trabajar en Teléfonos de México, era porque se le había despedido injustificadamente, como consecuencia de la utilización de la clausula de exclusión, que le había sido aplicada, por lo que al triunfo del Movimiento Restaurador, sus derechos sindicales habían sido restituidos, por otro lado, la VII Convención le había conferido una comisión consistente en colaborar con la organización.

Sin embargo, la Comisión Electoral acordó negar el registro de García Cendejas como candidato de la planilla “Verde” para que de esta manera, en caso de triunfar, evitar un serio conflicto al interior del STRM, en perjuicio directo de los trabajadores. La decisión de la Comisión no implicaba “conformidad con la resolución de la Secretaría del Trabajo… por lo que quedan a salvo los derechos del compañero mencionado y de este STRM, para combatir tal resolución, por las vías legales conducentes”.34 Declaración que fue recibida con beneplácito por parte del grupo “Unidad”.

Debido a que esto era un caso no previsto por los estatutos, la Comisión Electoral acordó un plazo de 12 horas para que la planilla “Verde” propusiera otro candidato, ya que de no hacerlo “resultaría atentatorio dejar sin candidato a secretario general a los simpatizantes de la planilla “Verde”, este hecho no inhabilitó a los demás integrantes de la planilla, aprobando esta decisión sólo 5 miembros de de la Comisión Electoral.

Así, el 4 de junio y ya para finalizar el registro de las planillas, la “Verde” solicitó el registro de Arturo Velasco Valerdi –ex presidente de la Comisión Autónoma de Justicia-, registro que el grupo “Unidad” protestó una vez más por considerar que éste junto con la Comisión Electoral habían violado los estatutos, ya que su candidatura había sido extemporánea.35

La elección dio principio el 20 de junio y, el día 5 de julio concluyó. La Comisión Electoral procedió a recabar la documentación en todas las secciones del STRM y el día 20 del mismo mes se inició el escrutinio final, dando los siguientes resultados, Arturo Velasco Valerdi, 2943 votos; Gustavo Alcázar Reyes, 1190 votos; Manuel Guzmán Reveles, 1678 votos y Amado Basilio Romero, 20 votos, proceso en el que no se registró ninguna pprotesta.36

Manuel Guzmán Reveles objetó el triunfo de Arturo Velasco Valerdi ante las autoridades del Trabajo, pues señaló que el registro de éste, había sido fuera del periodo de presentación de planillas, además, la Comisión Electoral había dado a conocer los nombres de los integrantes de las planillas registradas con posterioridad al plazo señalado por el artículo 96 de los estatutos.

Las autoridades laborales, basándose en el artículo 92 de los estatutos, informaron a Guzmán Reveles que la Comisión Electoral era quién debería resolver las protestas que se hubieran presentado en el transcurso del proceso electoral y sólo hasta que éstas fueran resueltas, la Comisión Electoral podría realizar el escrutinio final, además, el artículo 88 establecía a la Comisión Electoral como el órgano supremo del proceso electoral, por lo que “la Secretaría del Trabajo puede estudiar las objeciones formuladas por el c. c. Manuel Guzmán Reveles y Guillermo Bolaños, porque al hacerlo sustituiría en funciones que expresamente le están encomendadas, a la Comisión Nacional Electoral”.37

Inconformes con la contestación de las autoridades del Trabajo, Guzmán Reveles apoyado por Teléfonos de México, recurrió el 29 de julio de 1961 ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, en demanda de Amparo contra las autoridades que habían reconocido a la planilla “Verde” como triunfadora en las elecciones del STRM, señalando que Velasco Valerdi, había quedado inhabilitado, por haber sido registrado fuera del tiempo estipulado por los estatutos.

Entre los hechos narrados por Guzmán Reveles figuraron los siguientes: La Comisión Nacional Electoral había rechazado algunos de los candidatos propuestos por las diversas planillas, en lo que se refería a su planilla “Guinda y Gris”, se eliminó a dos candidatos. Ante tal resolución, el representante de la planilla “Guinda y Gris”, propuso otros candidatos, quienes fueron rechazados por la Comisión Electoral, argumentando que la propuesta había sido formulada fuera del periodo para la presentación de planillas.38

En estas condiciones, terminaba el segundo proceso electoral que se había realizado en la historia del sindicato de telefonistas, lleno de irregularidades y con una solicitud de Amparo. El 1º de agosto, la IX Convención Nacional Ordinaria del STRM dio posesión formalmente a los Comités Ejecutivo Nacional y de Vigilancia, con el fallo de solo cinco integrantes de la Comisión Nacional Electoral.

El Amparo solicitado por Guzmán Reveles siguió su curso sin que se resolviera. La actitud del gobierno no cambió para nada en relación con las organizaciones sindicales que hacían esfuerzos por liberarse del tutelaje del Estado.

La policía había dado fin a la huelga planteada por los telegrafistas, los mineros de Cananea consiguieron un aumento de 50% en sus salarios y como consecuencia de una feroz campaña anticomunista promovida por la burguesía, el Estado encontró el mejor pretexto para perseguir a varios movimientos sindicales. En agosto de 1961, Fidel Velázquez anunció que no se reeligiría.39

Nuevamente, en enero de 1962 el sindicato de telefonistas se preparaba para llevar a cabo la revisión del contrato colectivo de trabajo, aunque no se plantearon las demandas de los telefonistas, la revisión se baso  principalmente en obtener 30% de aumento en los salarios y eliminar definitivamente del contrato la clausula 9ª, lo cual creó serias dificultades con la empresa, pues ésta utilizaría todos los recursos para evitar que el sindicato triunfara.

Por su parte, los electricistas que junto con los telefonistas habían presentado su ante proyecto de revisión a las autoridades laborales, solicitaron 25% de aumento en sus salarios, cuatro pesos diarios para gastos de transporte, diez pesos diarios como ayuda para el pago de la renta de casa-habitación, aumento en el fondo de ahorro, mejoría en prestaciones médicas, prestaciones a jubilación y otras.40

En febrero de 1962, Luis Gómez Z. ahora como aliado de la burocracia sindical, fue impuesto como secretario general del sindicato ferrocarrilero, ante el repudio de la mayoría de los trabajadores, que temerosos de la represión, no pudieron hacer mucho para manifestar su descontento.41

El 16 de marzo finalizó el emplazamiento a huelga contra Teléfonos de México, a quien los telefonistas acusaban de violar la Ley Federal del Trabajo, por no entregar las cuotas a la tesorería del sindicato, quedando como consecuencia rotas las pláticas conciliatorias ante las autoridades del Trabajo.

Sin embargo, la huelga fue aplazada para el 4 de abril, debido a que el sindicato atravesaba por momentos difíciles, ya que las autoridades administrativas amenazaban con otorgar el Amparo solicitado por Guzmán Reveles, para de ésta manera imponerlo en la dirección del sindicato.

Instalados en Asamblea General Permanente, los telefonistas acordaron convertirse en Asamblea Nacional Judicial, para de una vez por todas acabar con las presiones tanto de la empresa como de las autoridades. Así, los telefonistas acordaron el 27 de marzo, expulsar definitivamente del sindicato a Guzmán Reveles y su grupo, pero la amenaza de otorgar él Amparo a éstos, quedó latente.42

Aún cuando se informó que las pláticas con la empresa se habían reanudado, se avanzaba poco en la solución del conflicto. Hugo Beckman a nombre de la empresa, en un intento por evitar la huelga, ofreció al sindicato un aumento global de 25 millones de pesos, pues sostenía que las demandas de los telefonistas como siempre, eran exageradas.

Un día antes de que terminara el plazo para empezar la huelga, los telefonistas se lamentaron de la lentitud con que se realizaban las pláticas, pues solo habían sido revisadas dos clausulas administrativas y la empresa se negaba a discutir el punto sobre la clausula novena, que los telefonistas consideraban fundamental, en defensa de su materia de trabajo

La poderosa empresa telefónica declaró que había hecho su último y definitivo ofrecimiento, pues los 25 millones de pesos ofrecidos, representaban a  24% de aumento en los salarios, señalando que no era posible otorgar un mayor aumento a sus trabajadores, ya que éstos a decir de Beckman “han exprimido a la empresa como a un limón, hasta la última gota”.43

En relación a la clausula novena, Teléfonos de México señaló que desde la revisión del contrato colectivo en 1960, las modificaciones habían causado grandes trastornos al desarrollo de la industria telefónica en México, ya que el índice mundial respecto al incremento de la industria telefónica había sido de 6.5% , y la empresa telefónica hasta ese momento, había logrado elevar su índice de crecimiento a poco más del 8%, pero con las dificultades que le generaban los telefonistas, sería muy difícil continuar con el progreso.

Beckman informó que los 300 mil aparatos instalados en 1950, a la fecha, casi se había duplicado el número con 545 mil aparatos. Ciudades como Monterrey, Mérida, Veracruz, Guadalajara y Puebla reclamaban un aumento en sus redes, sin embargo, la demandas no podrían atenderse “porque los trabajadores tienden a impedir toda expansión a causa de la clausula novena”, además, consideró que la propuesta de modificar dicha clausula era antimexicana y antieconómica porque restringía las actividades y desarrollo de la industria telefónica, así como el desarrollo del país.44 No hay que olvidar que se avecinaba un cambio tecnológico, al introducirse nuevas centrales telefónicas automáticas.

En vista de que no se llegó a ningún acuerdo, el 4 de abril a las 12 horas dio inicio la huelga planteada por los telefonistas, pero una hora y media más tarde, el Subsecretario de Industria y Comercio Hugo B. Margaín, tomó posesión del cargo como administrador de la empresa, que le confirió el acuerdo, presidencial de requisa.

Desistiendo del derecho de ejercer la huelga con la huelga misma, los telefonistas aceptaron de buena gana caer en la trampa que les impuso el gobierno, ya que con la empresa requisada y deseando no crearle más problemas a éste, aceptaron regresar al trabajo.

La dirección sindical citó de inmediato a una Asamblea General de la sección matriz, para dar a conocer el acuerdo de requisa, a quien solo bastaron cuatro oradores, para convencer a los telefonistas, quienes apoyaron el regreso al trabajo, los trabajadores intimidados con la suspensión de sus contratos de trabajo, decidieron aceptar la invitación del gobierno “porque eso en nada lesiona los intereses de nuestra lucha”.45

Velasco Valerdi declaró que junto con la requisa, no se fijó ningún plazo para llegar a algún acuerdo con la empresa, ya que las pláticas habían sido rotas como consecuencia de una campaña publicitaria en donde la empresa acusaba al sindicato de intransigente, hecho que los telefonistas no iban a permitir que continuara. Teléfonos de México acusó al sindicato de “formar un triunvirato con el SME y los miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, para causarle problemas al gobierno. Esta era solo una maniobra de la empresa, para desprestigiar al STRM, por lo que se hizo necesario “demostrar una vez más…, que estamos dispuestos a cooperar con el sector oficial en la solución de los problemas de México”.46

Es decir, que el sindicato de telefonistas, renunció al derecho de huelga, para no hacerle el juego a la campaña de calumnias promovidas por la empresa. Nunca imaginaron los patrones que el arma de la calumnia pudiera rendirles tan magníficos resultados.

Pronto apareció la división dentro del sindicato, pues mientras la empresa acusaba a los telefonistas de conspirar contra el gobierno, la Sección 1 de Monterrey declaró que individuos ajenos a la organización, como eran los asesores jurídicos, José y Manuel Villafuerte Mijangoz y Pedro García Cendejas, no debían intervenir en el problema laboral. La Sección 1 opinó, que estas personas eran la causa principal de que no se resolviera el conflicto, por lo que aprobó ocho puntos resolutivos que fueron apoyados por otras secciones del STRM.

Los ocho puntos fueron los siguientes: “Se exige al comité ejecutivo que asuma toda la representación que le confieren los estatutos y que ha venido declinando en personas ajenas a la organización en el conflicto de la revisión del contrato; Se exige al comité ejecutivo la más amplia intervención de los delegados a la contratación de las diferentes zonas del sistema sindical en las pláticas que se efectúan en la Secretaría del Trabajo; se exige del comité ejecutivo que comunique a los asesores jurídicos cesen en la intervención que han desempeñado en el trato del conflicto de contratación, igualmente, se demanda la no intervención de Pedro García Cendejas, en los problemas que atañen a la organización, hasta que sea reinstalado por la empresa como trabajador, dado el ambiente de desorientación y de justificada impaciencia que prevalece, se pide que el comité ejecutivo rinda un informe concreto en circular escrita a todos los miembros del sindicato”.47, Además, la sección acordó dirigir oficios al Presidente de la República y al Secretario del Trabajo, para que el problema fuera resuelto lo más pronto posible. La maniobra fracasó, pues no había nada ilícito en el recurso sindical que consiste en asesorarse jurídicamente por abogados competentes.

Mientras la huelga continuaba, la empresa decidió hacer una contrapropuesta a las demandas de los telefonistas. Para poner fin al conflicto, Teléfonos de México ofreció generosamente un aumento efectivo de 29 millones 792 mil pesos a condición de que la clausula novena no fuera revisada. Esta oferta significaba un aumento de 4 millones 792 mil pesos al ofrecimiento anterior.48 Con dicho aumento, los salarios se elevarían 15%. Además, se concedía cuatro pesos diarios para ayuda de renta y tres pesos diarios para transporte. De aprobar éste ofrecimiento, los telefonistas permitirían que la empresa continuara enriqueciéndose, pues la contratación con “terceros”, era simplemente una maniobra para que Teléfonos de México otorgara concesiones de trabajo a otras empresas que pertenecían (y pertenecen actualmente) a altos funcionarios de la empresa.

Ante la negativa del sindicato de aceptar el ofrecimiento de la empresa, las pláticas quedaron rotas una vez más, el Secretario del Trabajo Salomón González Blanco, exhortó a los telefonistas “a que depongan cualquier interés personal para encontrar el camino más breve hacia una resolución del problema”, exhortación que no llegó a Hugo Beckman y Carlos Trouyet, González Blanco insistía que los telefonistas reflexionaran y tomaran en cuenta la propuesta de la empresa, ya que ésta mejoraba en buena medida las condiciones de trabajo.49

Tímidamente, la dirección del sindicato de telefonistas planteó la necesidad de que la empresa fuera nacionalizada. La empresa, por su parte, informó que esto no era necesario, toda vez que Teléfonos de México estaba “nacionalizada en un ciento por ciento y…, la mayoría de las acciones estaban en poder de pequeños accionistas mexicanos y no descuida el interés de sus trabajadores ni del público tampoco”. Además, la empresa no deseaba “que sea el público quién en última instancia ´pague los trastos rotos´ por la necedad y capricho de los dirigentes telefonistas… y no puede ofrecer más de lo que no (sic) se tiene porque sus tarifas son fijas”.50

Con la implantación de un “capitalismo popular”, la empresa obligaba a sus suscriptores a adquirir acciones y pagar la instalación del servicio telefónico, sin decir que estas acciones eran recuperadas por la empresa a un precio más bajo, a través de “coyotes”, y sin mencionar que sí el “accionista” usuario, cambiaba de domicilio, perdía el derecho al teléfono y a la instalación que era vendida otra vez, política que en la actualidad continúa teniendo buenos resultados para la empresa.

El sindicato de telefonistas aclaró que “no es cierto que los dirigentes hayan rechazado la proposición (de la empresa)… sino que ésta se haría del conocimiento de la asamblea permanente”,51 para que fuera aprobada o rechazada. El sindicato no aceptó la propuesta de la empresa, aclarando que el ofrecimiento era de aproximadamente 18 millones de pesos y no de los casi 30 millones que anunciaba.

Teléfonos de México continuaba maniobrando para dividir al sindicato, encontró ante la mirada complaciente del Secretario del Trabajo a sus mejores aliados, entre las secciones del Estado de Nuevo León, a quienes les proporcionó toda la ayuda necesaria para que crearan una comisión que mediara en el conflicto. Dicha comisión estuvo formada por Domingo Martínez Landín, Francisco Moyar Quintanilla, Alfonso Fabían Tapia y José Cortés representantes nacionales, quienes informaron que el sindicato había estado de acuerdo con la creación de ésta comisión, por lo que de inmediato se entrevistaron con el Presidente de la República, ante quién expusieron que los telefonistas del país deseaban terminar con el conflicto.52

Nuevas sorpresas eran preparadas para el sindicato de telefonistas, para empezar, el Lic. Aginaco Alemán, falló como Juez Segundo en materia administrativa en el D. F. en él Amparo presentado por Manuel Guzmán Reveles contra las autoridades que habían reconocido el triunfo de la planilla “Verde”. De esta manera, se intentaba dar la puntilla a la prolongada huelga de los telefonistas, desconociendo al Comité Ejecutivo Nacional y darle la secretaría general a Guzmán Reveles.

La tesis del juez Aguinaco Alemán, sentó los precedentes jurídicos necesarios para un gobierno “totalitario” ya que “la autonomía que a los sindicatos otorga la ley, es para que estos se desenvuelvan con libertad dentro de los causes legales, en completa armonía. Pero no es para actuar con taxativa alguna y cuando no exista alguna actividad exorbitante a las normas legales, el Estado no solo puede, sino que debe intervenir para reprobar actos ilegítimos de los transgresores de las normas sindicales”.53

La maniobra que era de claro origen patronal, fue denunciada por los propios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del STRM. El Comité después de señalar la ilegalidad del recurso de impedimento presentado por Guzmán Reveles y luego de exhibir pruebas de las irregularidades que hacían imposible un fallo como el que se dio, señalando que de ésta manera, el objetivo fundamental era anular la independencia sindical con el fallo del juez Aguinaco Alemán.

En un “Informe al Pueblo” que algunos diarios de la ciudad de México publicaron, el Comité Ejecutivo encabezado por Arturo Velasco Valerdi explicó “que es de lamentarse que se pretenda sentar un funesto precedente de que un juez de Distrito, en vía de amparo, puedan revisar y resolver los procedimientos electorales internos de los sindicatos, pues ya no serán los trabajadores los que en única instancia elijan a sus dirigentes, sino que, por encima de su voluntad estarán los de un juez de Distrito, no obstante que tales actos electorales son actos de particulares, y por lo mismo, de acuerdo con la ley, no es procedente el juicio de amparo, el precedente se agrava sí se toma en cuenta que el Sindicato de Telefonistas se encuentra en estado de huelga por revisión del contrato colectivo de trabajo, y con claridad meridiana se percibe, como lo percibieron los que informaron a la prensa, para que fin pretenden utilizar esa sentencia que se dice existe, los enemigos de los sindicatos y de la clase trabajadora”.54

El Comité Ejecutivo del STRM, se quedaba corto. En su temor por caer en la trampa preparada por la empresa y, decidido a alejar cualquier sospecha de que deseaban una huelga de verdad, únicamente se concretó a señalar la incompetencia de un Juez Administrativo sin ir al fondo del problema, es decir, no señalaron la ilegalidad del recurso de desconocimiento, por parte de la Secretaría del Trabajo, quién solo debía tomar nota y registrar a los Comités elegidos por los trabajadores.

Los dirigentes de los telefonistas no deseaban crearse más problemas, nuevamente se declararon a favor de “no causar perjuicios ni molestias al público, reiterando “su decisión inquebrantable de actuar dentro de la legalidad”, ya que “su lucha, a pesar de los ataques calumniosos (sic), es la lucha de los trabajadores por asegurar la materia de trabajo, por mejorar sus condiciones de vida. Pide Justicia Social. ¿Sus armas? La Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo”.55

Mientras tanto, la huelga continuaba y la empresa reforzada por la paciencia de la dirección sindical y de las autoridades requisadoras, no daba señales de querer resolver el conflicto.

El 5 de junio se reanudaron nuevamente las pláticas pero nada ocurrió, las prestaciones y aumentos que solicitaron los telefonistas eran retrasados por la maniobra de la requisa. La empresa ganaba tiempo y debilitaba la posición del sindicato, ya que al insistir los dirigentes telefonistas en discutir la clausula novena, las pláticas fueron rotas una vez más.

La propaganda pagada por Teléfonos de México, estaba dirigida para hacer ver que la dirección del sindicato estaba dispuesta ha hacer concesiones a la empresa porque los trabajadores estaban impacientes y divididos. Para hacer real esta división, Teléfonos de México informó que los dirigentes de los telefonistas estabas dispuestos a aceptar incluso, que se rebajaran los salarios de los trabajadores, con tal de obtener el triunfo en la clausula novena. La Prensa comentó “más claro no canta un gallo. El interés personal de los líderes está por encima de lo que más interesa a los trabajadores”.56

El 11 de junio, y una vez reanudadas las pláticas, la empresa mantuvo su actitud intransigente respecto a la modificación de las clausulas administrativas y, las pláticas quedaron una vez más rotas. Hábilmente, en medio de una gran campaña de prensa, el Consejo de Administración de Teléfonos de México, retiró la oferta del aumento de 7 millones de pesos, a fin de dar la impresión, entre los telefonistas, de que la insistencia en la clausula novena, perjudicaba los intereses económicos de los trabajadores.

Mientras tanto, integrantes del sindicato, al servicio de la empresa, hacían eco a sus maniobras con volantes como éste ”¿En que parte de los estatutos del Sindicato de Telefonistas se indica que el secretario general está facultado para mercantilizar nuestras prestaciones económicas, mayormente los salarios, único medio de subsistencia de los trabajadores”.57

Así, entre pláticas que se rompían y se reanudaban, el STRM luchaba de espaldas contra la pared. El Comité Ejecutivo hacia frente a una campaña de calumnias promovidas por la empresa, con la clara intención de desviar el problema que verdaderamente les importaba a los trabajadores, es decir, la subsistencia misma del sindicato, su capacidad de sobrevivir y de que los telefonistas tuvieran que estar afiliados a él, porque al contratar con trabajadores “libres”, simple y sencillamente implicaba la liquidación del STRM.

Las presiones en contra del sindicato venían de todas partes. El 9 de julio, González Blanco convertido en vocero de Teléfonos de México, ofreció a los telefonistas “Un aumento de 4 millones de pesos -2 por año-, prorrogar el vencimiento del contrato del 16 de marzo al 25 de abril”.58

La respuesta de los telefonistas fue inmediata, señalando que la propuesta no contenía un mejoramiento perceptible a la propuesta hecha por la empresa el 9 de mayo, además, la propuesta de cambiar la fecha del vencimiento del contrato colectivo, sentaría un funesto antecedente, ya que Teléfonos de México, obtendría una conquista sin haberla solicitado.59

Asumiendo una actitud enérgica, el Secretario del Trabajo dijo a los telefonistas que “a su juicio la proposición de la empresa era justa y ellos unos intransigentes”. Además, “era conveniente cambiar la fecha de la revisión del contrato de los electricistas y no le era posible atender debidamente los dos conflictos.”60

Las conveniencias burocráticas del “Secretario del Ramo”, estaban por encima de la ley, pues ésta establecía precisamente un plazo de dos años –ni un día más ni un día menos-, para la revisión del contrato colectivo de trabajo. De esta manera, el gobierno se declaró abiertamente al margen dela ley, con el claro propósito de poner en tal situación al STRM y decretar la invalidez de sus peticiones de revisión, por estar fuera de tiempo.

Las presiones del Secretario del Trabajo habían ido demasiado lejos, por lo que el siguiente golpe fue preparado por la empresa, que con el apoyo oficial, solicitó que la huelga fuera anulada, argumentando que el sindicato había violado varios artículos de sus estatutos al emplazar a huelga, hecho que puso de manifiesto la intromisión de la poderosa empresa telefónica, en los asuntos que solo al sindicato correspondía resolver.

El sindicato contesto que no había violado los estatutos, además, estos no contenían requisitos especiales que debieran llenarse previamente para declarar la huelga, por lo que la argumentación de la empresa carecía de bases.  El gobierno oficialmente había reconocido la huelga al requisar las instalaciones de Teléfonos de México, pues tal requisa no tendría objeto de ser, si la huelga no existiera.

Los telefonistas señalaron que la huelga es un derecho constitucional reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, el sindicato había cumplido con todo los requisitos establecidos por la ley y, nadie ni la misma empresa había intentado demostrar lo contrario, pues seria absurdo que los estatutos de un sindicato estuvieran por encima de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, porque ello significaba de hecho la anulación del derecho de huelga. 61

Además, los telefonistas solicitaron a las autoridades laborales que realizara un recuento para que la mayoría de los trabajadores se manifestara a favor o en contra de la huelga, requisito marcado por el Código Laboral en el artículo 264 Fracción II.  Las autoridades se negaron a la solicitud de los telefonistas y la empresa vio destruidos todos sus argumentos.

Sin embargo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 5 al emitir su laudo, que declaro inexistente la huelga, que desde el 4 de abril mantenía el STRM contra Teléfonos de México, fundamento su decisión en estas razones: los estatutos constituyen la voluntad soberana de los trabajadores y por ello merecen el absoluto respeto que nos obliga a mantenerlos en continua vigencia, los dirigentes del sindicato están obligados a ajustar su actividad a los propios estatutos, ya que si obran fuera de ellos, o en su contra, se colocarían en contra o al margen de la voluntad de los trabajadores, con lo que se desvirtuaría su calidad de representantes legítimos para degenerar en dictadura o la anarquía, además, se había actuado con desacato a la voluntad de los trabajadores telefonistas, ya que se había recurrido a actividades dictatoriales que implicaban desprecio a la voluntad soberana de los trabajadores contenida en los estatutos.

Después de defender la democracia y el respeto a la voluntad soberana de los trabajadores, la Junta especial No. 5 se negó a realizar el recuento solicitado por los telefonistas, es decir, se aplastaba la huelga en nombre de la democracia y declaro “Lo que se refiere a la mayoría de los trabajadores, no esta a discusión, por que lo que se discute es si se actuó con desacato a la voluntad de la mayoría de los trabajadores, manifestada en los estatutos”. 62

Señalaron también, que se había violado el artículo 77 de los estatutos, porque los secretarios generales de las secciones foráneas, en las Asamblea del 7 de febrero, no hicieron por aclamación la elección de la mesa de debates.

El gerente de la empresa Hugo Beckman lamentó “que la revisión del contrato colectivo se haya llevado en esta ocasión por caminos de intransigencia que no permitieron llegar a un acuerdo que armonizara los intereses de las partes”. 63

La CTM, por su parte, considero que el resultado de la huelga había sido consecuencia lógica de la actitud irresponsable asumida por los dirigentes de los telefonistas.  Esta medida, le dio a la CTM la oportunidad de manifestarse en defensa de los trabajadores, para quienes reclamaron justicia plena y consideró “que la proposición que hiciera el Secretario del Trabajo con anterioridad a la lamentable solución que se dio había sido la correcta”.

El SME, obligado a proporcionar toda clase de ayuda al sindicato de telefonistas, se limito a calificar el fallo de inexistencia de huelga como un atentado contra los trabajadores, ayuda que como se ve fue totalmente literaria, obligando a sus compañeros telefonistas a depender exclusivamente de la decisión del gobierno.

En efecto, los telefonistas depositaron su confianza en el Presidente de la República esperando que “con el espíritu de justicia social que lo anima y la política obrerista que caracteriza su régimen, resolverá favorablemente el conflicto con Teléfonos de México” y, agregaron que “los auténticos telefonistas no permitiremos que elementos con ideas extrañas al ideario de la Revolución Mexicana se incrusten en la dirección del sindicato de telefonistas para utilizarlo como instrumento en contra del gobierno de la República, desvirtuando la naturaleza de aquel y los fines que persigue”. 64

Las autoridades dieron la puntilla al Movimiento Restaurador al desconocer a Velasco Valerdi como Secretario General de STRM, e imponer ante la sorpresa de los trabajadores a Guzmán Reveles ya que la decisión era a todas luces arbitraria, pues para ocupar un puesto de representación sindical, es necesario según los estatutos, ser miembro activo del Sindicato, y Guzmán Reveles no lo era, puesto que meses antes había sido expulsado de la organización. De esta manera, las autoridades que se habían convertido en vigilantes del respeto a los estatutos, ahora los violaban.

Guzmán Reveles tomo posesión de la Secretaria General del STRM, el 26 de julio de 1962, encontrando graves dificultades para realizar su gestión a favor de la empresa. Los restantes integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia se encargarían de obstaculizar su labor, ya que para que pudiera realizar alguna gestión, era necesaria la participación de todos los integrantes del Comité Ejecutivo, quienes en su totalidad pertenecían a la planilla que encabezaba Velasco Valerdi, por tal razón la oposición a Guzmán Reveles por parte del CEN fue total. Además, quienes también se opusieron al impuesto  secretario general fueron los delegados a la Convención.

La primera medida que tomo Guzmán Reveles, con el apoyo de la empresa, fue suspender la X Convención Nacional Ordinaria cancelando todos los permisos de los delegados a la Convención, así como los permisos de los delegados a la Asamblea Nacional Permanente, canceló también todos los permisos de los integrantes de las Comisiones Nacionales y de todos aquellos que se encontraban desempeñando una comisión sindical y levanto todas las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Autónoma de Justicia y por las Asambleas Judiciales Nacionales  y Locales. 65

Todas estas medidas eran ilegales, pues no podía tomarlas el secretario general por su cuenta, sino que tenia que contar con la aprobación de los demás integrantes del Comité Ejecutivo. Pero a pesar de la oposición del Comité de Vigilancia, así se hizo, por que la empresa apoyo a Guzmán Reveles cancelando los permisos de todos los delegados, ya que si no regresaban al trabajo, la empresa rescindiría sus contratos.

Para el 1º de agosto, era ya evidente la rebelión de la representación nacional. En otro desplegado dirigido “Al Pueblo de México” y, firmado por todos los integrantes de los Comités y la Asamblea Nacional, calificaron de ilegal y dictatorial la actitud de Guzmán Reveles. Las operadoras de larga distancia nacional por su parte, denunciaron que los 12 integrantes del Comité Ejecutivo, se negaban a cooperar con el nuevo secretario general.

Mientras tanto, el resto de la representación nacional solicitó un amparo en contra del Laudo de inexistencia de la huelga, Guzmán Reveles se negó a firmarlo, y como la firma del secretario general era indispensable, el Juez que conocía el caso le dio un plazo para que firmara, una vez más Guzmán Reveles se negó a firmar, haciendo evidente que deseaba pagarle el favor a Teléfonos de México.

Al mismo tiempo, RAMSA se declaró en huelga y el Presidente de la República emitió un decreto requisando la empresa para que el público no sufriera las suspensiones del servicio aéreo. La requisa era esperada, pues la huelga en los servicios públicos era anulada por encima de la Constitución y la Ley de Vías generales de Comunicación. Para evitar una situación similar a la de los telefonistas, no pidió sino que ordenó a los trabajadores de RAMSA que continuaran trabajando.

Las autoridades laborales  a través del Subsecretario Lic. Santos Coy, informaron que a causa del conflicto intergremial surgido en el STRM, el problema de la revisión del contrato se había estancado, sin embargo, la Secretaría del Trabajo trataría de “proteger los intereses de la clase obrera”, y de ser posible buscarían que la empresa mejorara su última propuesta. En cuanto a la suspensión de la Convención, consideró que fue una medida prudente “para evitar mayores problemas al sindicato”.67

Ángel Olivo Solís representante de la CTM, señaló que por ningún motivo intervendría en el problema que afrontaba el STRM. Por su parte, los electricistas del SME se pronunciaron contra la actitud de las autoridades, pero señalando que no defenderían a Velasco Valerdi.

En un mensaje que envió Guzmán Reveles a todos los integrantes del STRM, dijo que “la unidad ha de ser la base para la realización de los más caros anhelos”, hizo notar que nunca se había llegado a un primero de agosto “en condiciones tan desfavorables al movimiento y proyección de los propósitos de lucha más esenciales”, por lo que solicitó la ayuda del Secretario del Trabajo “para posibilitar la modificación de las condiciones equitativas y salarios más remunerativos”.68

Las secciones que habían sido apoyadas por Teléfonos de México para dividir al sindicato, solicitaron al Comité Ejecutivo realizara una Convención Extraordinaria. Petición que fue dada a conocer a los integrantes del Comité Ejecutivo por Guzmán Reveles, para que firmaran la convocatoria. Tanto el Comité Ejecutivo como el de Vigilancia se negaron a firmar dicha convocatoria, pues consideraron que los estatutos habían sido violados y solicitaron a las autoridades que convocaran a una Asamblea General de la sección matriz, para que aprobara la demanda de las secciones norteñas.

Con el apoyo de la empresa y de la Secretaría del Trabajo, puesta al servicio de aquella, Guzmán Reveles convocó con violaciones a los estatutos del sindicato, a una Convención Nacional Extraordinaria, pues había que allanar el camino a la  empresa, para que demostrara su generosidad y su disposición patriótica y desinteresada.

La III Convención Extraordinaria fue meteórica, entre las 11 horas y las 13.45 del 14 de agosto, hubo el tiempo suficiente para que Guzmán Reveles hiciera aprobar el desconocimiento de los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia. El orden del día de la Convención fue muy significativo; “I) Modificación de los estatutos; II) Destitución de los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia; III) Designación de los nuevos dirigentes y IV) Designación de la comisión que a las 18.30 horas se entrevistara con el Secretario del Trabajo”.69

Raúl Monroy Presidente del Comité de Vigilancia depuesto, clamó en vano, se habían cometido muchas violaciones a los estatutos del sindicato. La convocatoria no fue firmada por el Comité Ejecutivo, sino por Guzmán Reveles; no se registraron credenciales y no se consultó al Secretario de Organización y Propaganda.

El resultado de dicha Convención fue la; modificación del artículo 56 de los estatutos, que establecía que el tiempo de duración en funciones de los Comités sería de dos años a partir de la elección. Los nuevos estatutos establecieron 3 años de duración en  funciones. El capitulo XIX referente a las elecciones, también fue modificado, no habría más elecciones por medio del voto secreto y directo de los telefonistas, aunque la elección de los Comités se realizaría “invariablemente en forma democrática” en las Convenciones, cuyos fallos eran inapelables. Estas y otras reformas fueron aprobadas durante la III Convención Nacional Ordinaria del STRM celebrada entre los días 14 y 18 de agosto de 1962, encabezada por Manuel Guzmán Reveles.

Los nuevos Comités estarían formados por quienes en 1959 se habían opuesto al Movimiento Restaurador y por quienes durante la huelga, apoyados por la empresa, iniciaron la división dentro del sindicato.

Los nuevos Comités estarían integrados por: Manuel Guzmán Reveles, secretario general; Velia U. de López, secretaria del interior; Salustio Salgado Guzmán, secretario de trabajo; Carlos Sánchez Laborín, secretario de conflictos foráneos; Manuel Rabilela Cabrera, secretario de ajustes y nivelaciones; Apolinar Basilio Marbán, secretario tesorero, Anastasio Hernández, secretario de organización y propaganda; Ángel Z. Guerra, secretario de previsión social; Juan Lira Cervantes, secretario de instrucción y deportes; Domingo Martínez Landín, secretario de relaciones y actas.

El Comité Nacional de Vigilancia quedó integrado por: Clemente Castillo Mejía, presidente; Ernesto Martínez y Alfonso Fabían, como primero y segundo secretarios respectivamente.

De inmediato, los nuevos Comités se entrevistaron con el Secretario del Trabajo, para solicitarle que las negociaciones con la empresa fueran reanudadas. El Secretario Salomón González Blanco dijo, citando al Presidente de la República, que ser “dirigente obrero entraña una gran responsabilidad ante los trabajadores, ante la sociedad, ante México y ante la historia.”.70

Sin morderse la lengua, el Secretario del Trabajo añadió “Estoy seguro que los trabajadores telefonistas, al designarlos a ustedes como dirigentes, tuvieron la consideración, la rectitud, la honestidad, ética y sentido de responsabilidad de todos y cada uno de ustedes, que sabrán cumplir con esa responsabilidad, actuando en forma tal que todos sus actos redunden en beneficio de los trabajadores; teniendo… presente que laboran en una empresa de servicio público y que los actos que realicen al margen de la ley y del contrato colectivo y que, consecuentemente traen trastornos a la empresa, dañan a los intereses de México”.71

El 18 de agosto se dio por terminado el conflicto, cuando se anunció que la empresa y el sindicato habían llegado a un “arreglo”, los telefonistas obtuvieron 10% de aumento en sus salarios retroactivo al 16 de marzo, el premio en el fondo de ahorro se aumentó a 177%, haciéndose extensivo junto con el reparto de utilidades a los trabajadores jubilados, asistencia médica y hospitalización cuando fuera necesario, pago de dos meses de salario en caso de muerte de los telefonistas jubilados; 14 pesos semanales de ayuda para pago de renta de casa; 80% del salario para el pago de vacaciones; aumento de cinco minutos en el descanso de las operadoras; 300 mil pesos para el seguro mutualista y un aval de 10 millones de pesos para la construcción de casas para los trabajadores.72

A cambio, el sindicato otorgó a la empresa la clausula novena, así como el cambio de la fecha para la terminación del contrato colectivo de trabajo del 16 de marzo al 25 de abril y se dejó abierta la libre contratación por parte de la empresa del personal de confianza. El conflicto terminó con mutuos agradecimientos por parte de las autoridades, la empresa y el sindicato.

La empresa fortalecida por la victoria que le otorgaron el gobierno y la dirección sindical impuesta por las autoridades, empezó a cesar a los integrantes del antiguo Comité dirigido por Agustín Avecia y para culminar su triunfo, dio por terminado el contrato de trabajo de Arturo Velasco Valerdi, violando en forma descarada la clausula 23 del contrato colectivo de trabajo.

Se coronó así, toda una serie de agresiones a los telefonistas, cuyos dirigentes empeñados en no causarle problemas al gobierno e incapaces de actuar contra sus instrucciones, aceptaron seguir trabajando, convirtiendo la huelga en un acto puramente simbólico. Obstinados los líderes en mantenerse a la sombra del gobierno, de quién esperaron confiados la solución del conflicto a su favor, haciendo caso omiso a la presión de los trabajadores para que tomaran caminos más radicales, esto unido a la provocación de individuos a sueldo de la empresa y a la indiferencia de las demás organizaciones sindicales, facilitaron su derrota.

El 21 de noviembre de 1962 fue reformado el Artículo 123 constitucional que reglamentó el reparto de utilidades. Esta medida pretendió convertir a los trabajadores en consumidores de sus propias industrias y otorgar a los patrones una nueva arma mediatizadora. La reforma determinó también que los salarios mínimos fueran fijados por Juntas Fedérales y no locales. Con éstas medidas, el gobierno de Adolfo López Mateos salió fortalecido.

Ya casi al finalizar el gobierno de López Mateos, en agosto de 1964 la XII Convención Nacional Ordinaria del STRM, celebrada de acuerdo a lo estipulado en el capitulo XI de los estatutos, se organizaría con un delegado por cada uno de los departamentos y secciones de departamento de la sección matriz y por un delegado de cada una de las secciones foráneas, con excepción de la secciones 1 de Monterrey, 2 de Guadalajara, 3 de Puebla y 4 de San Luis Potosí, que designarían a dos delegados cada una.

Por la sección matriz asistieron 91 delegados y por las secciones foráneas, cabe señalar que entre los delegados asistentes a la XII Convención se encontraban principalmente quienes venían apoyando las maniobras del Comité Ejecutivo Nacional (Moyar Quintanilla, Ruiz Trejo, Clemente Castro, García Jaramillo, Rosina Salinas, etc.) quienes mas tarde ocuparían importantes puestos en los Comités encabezados por Antonio Sánchez Torres y Salustio Salgado Guzmán. Por otro lado gran número de participantes en esta Convención, fueron convertidos por la empresa en “empleados de confianza”.

Esta Convención acordó una vez más reformar los estatutos del STRM. Esta reforma permitió que en el artículo 4º inciso e) que el sindicato pudiera intervenir como organismo en las luchas electorales para designar funcionarios de elección popular, por lo que se facultó a los Comités Ejecutivo Nacional y Nacional de Vigilancia, realizaran los trámites respectivos para que el sindicato de telefonistas pudiera intervenir “como organismo en las luchas electorales para designar funcionarios de elección popular del poder público… en la inteligencia que ello no implica que se usen los fondos sindicales en actividades político electorales”.73 Esta labor se realizaría a través del Partido Revolucionario Institucional.

Además, se aumentó un año al periodo de duración en funciones de los dos Comités, por lo que el nuevo periodo quedó establecido en 4 años, se aclaró que los integrantes de dichos Comités no podían volver a fungir como candidatos, ni desempeñar el mismo puesto sino hasta después de cuatro años, es decir, que los integrantes de los Comités podían seguir ocupando los puestos de la dirección sindical, teniendo como único impedimento no ocupar el mismo que antes habían ocupado ya.74

Con las reformas aprobadas por la XII Convención Nacional, quedaron derogadas todas aquellas disposiciones a que se referían expresamente, por lo que el periodo de 4 años abarcaría del 15 de agosto de 1962 al 31 de julio de 1966, siendo ejercido este primer periodo por los Comités electos en la III Convención Nacional Extraordinaria.

El movimiento telefonista de 1967.

Al iniciarse el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), surgió el movimiento médicos residentes. A fines de noviembre de 1964, los médicos residentes del Hospital “20 de Noviembre”, reclamaron el pago de sus aguinaldos y cuando la solicitud fue rechazada, decidieron realizar paros parciales de labores.

El Subdirector del ISSSTE, Dr.  Javier de la Riva, rechazó la presión de los médicos con el cese de los paristas. Las suspensiones ocurrieron en el curso de 27 días hasta que el Presidente se entrevistó con los médicos descontentos el 10 de diciembre, prometiendo atender sus demandas.

A raíz de los despidos, nació la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI), que creó en torno suyo una importante corriente de solidaridad, los integrantes de las sociedades médicas de los Hospitales General y Juárez, amenazaron con renunciar a sus puestos, si sus compañeros eran agredidos o encarcelados, el personal de 66 instituciones de salud de la capital del país, tanto públicas como privadas, se pronunciaron  a favor del movimiento, y los estudiantes de la UNAM y del IPN expresaron su apoyo moral.75

Como resultado de ésta acción se formó la Alianza de Médicos Mexicanos (AMMAC), que logró unificar a casi todos los médicos del país, a cuyos dirigentes aseguró Díaz Ordaz que mejoraría la situación de los médicos hasta el límite de las posibilidades del gobierno. Al no cumplirse la promesa, el 13 de enero de 1965 la AMMRIAC reanudó los paros en todos los hospitales y centros del ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salubridad, algunas veces secundados por otros nosocomios.

El Procurador General de la República Lic. Antonio Rocha, advirtió que “la suspensión de labores sin los requisitos que establecen las leyes de trabajo y las que regulan las relaciones entre el Estado y sus servidores, origina la cancelación de los contratos de trabajo y autoriza la sustitución del trabajador”.76

La amenaza fue cumplida, par el 17 de enero el 60% de los médicos residentes e internos de los hospitales oficiales estaban cesados. El 26 sin embargo, La AMMRIAC brindó su apoyo a la AMMAC y suspendió los paros para lograr la unidad. A su vez los ceses fueron levantados por el gobierno y el Presidente ordenó a todas las instituciones (18 de febrero) que las demandas planteadas por los médicos fueran satisfechas.

En marzo, mientras los establecimientos hospitalarios oficiales, anunciaron estar dispuestos a negociar los contratos colectivos con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la AMMRIAC proclamó su independencia de esa central y se atribuyó en exclusiva la representación de los médicos, en materia de trabajo. En apoyo a esta tesis, la asamblea constitutiva de la AMMAC, reunida el 12 de abril para nombrar la directiva y aprobar los estatutos, sostuvo que la afiliación sindical era un derecho y no un deber y que por lo tanto, los servidores públicos podían separarse de la FSTSE. Pero como el 20 de abril las instrucciones presidenciales no habían sido cumplidas, 4 500 integrantes de la AMMRIAC, acordaron suspender sus labores por tiempo indefinido.77

El 1º de mayo, al conmemorarse el Día del Trabajo, las grandes centrales obreras que apoyaban al gobierno, se manifestaron en contra de la huelga promovida por los médicos de la AMMRIAC, el gobierno ordenó entonces que los médicos regresaran al trabajo, cuando ya el ISSSTE y el IMSS habían empezado a contratar clínicas y sanatorios particulares para atender a los enfermos. Al vencer el plazo, se empezaron a levantar actas por abandono de trabajo en contra de los huelguistas.

Sin embargo, nuevas demandas fueron planteadas por los médicos y como éstas no fueron cumplidas, acordaron suspender sus labores el 14 de agosto, contando con el apoyo solidario de sus compañeros de los Hospitales Colonia y 20 de Noviembre. Por su parte, los médicos de la Alianza convocaron a un paro total de labore sí para el 23 del mismo mes, no se habían cumplido sus demandas.

En su primer informe de gobierno, Díaz Ordaz ordenó a los médicos a volver al trabajo amenazándolos con procesarlos “hasta por homicidio por omisión, asociación delictuosa, abandono de empleo, resistencia de particulares, falta de prestación del servicio e incitación al delito”, si no levantaban la huelga.

Ante la actitud combativa de los médicos, el secretario general de la FSTSE, solicitó a las autoridades la suspensión de los paristas. El 26 de octubre los centros hospitalarios fueron tomados por el cuerpo de granaderos, quienes se avocaron a vigilar a los demás hospitales. A la intervención policiaca siguieron los ceses, aprehensiones por responsabilidad profesional y se elaboraron “listas negras”, con los nombres de los principales dirigentes del movimiento.

Con la firma de los contratos con la FSTSE, se dio por concluido el movimiento que había inaugurado el gobierno de Díaz Ordaz, al cual solo pudo vencer la represión, medida que sería la característica de éste gobierno.

De esta manera, si bien de Díaz Ordaz otorgó aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo para los médicos, su movimiento sería utilizado por éste gobierno como ejemplo para aquellas organizaciones que no acataran las reglas impuestas e intentaran enfrentarse directamente con él.

El trato que el gobierno dio al movimiento de los médicos, preparó el terreno para que en 1966, un movimiento obrero disciplinado, que a cambio de la revisión bianual de los contratos colectivos de trabajo, concedería su apoyo irrestricto al PRI y sobre todo al Presidente de la República en turno, decidió cerrar sus filas un poco más. En febrero el gobierno organizó la “asamblea Nacional del Proletariado”, que formalizó la unidad entre el Estado i los líderes obreros.

Con la desaparición del Bloque de Unidad Obrera y la Confederación Nacional de Trabajadores, que poco habían contribuido a la unificación del movimiento obrero, los integrantes de las confederaciones y de los grandes sindicatos de industria, se unieron en el Congreso del Trabajo, cuya principal tarea fue unificar a las diferentes corrientes sindicales.

El 1º de mayo de 1966, Díaz Ordaz dijo “empieza a ser una promisoria realidad la unificación de los trabajadores no en una central propiamente dicha, sino en ideales, principios, en metas y en ayuda recíproca para poder alcanzarlos”.78 De esta manera, el Congreso del Trabajo se convirtió en el mecanismo apropiado para neutralizar, mediatizar y controlar las demandas de los trabajadores.

A partir de éste año, no surgió ningún conflicto de importancia, ni hubo una modificación significativa en la estructura del movimiento obrero organizado. Los telefonistas que habían sido sometidos en 1962, intentaron un nuevo levantamiento en 1967 contra la dirección de su sindicato, ya que a pesar de que los estatutos señalaban que el nombramiento de los órganos directivos deberían llevarse a cabo “invariablemente en forma democrática”, el Comité que inició su periodo el 1º de agosto de 1966, fue nombrado en la XIV Convención Nacional –costumbre que perduró hasta 1978- y sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, quedando reconocido el Comité encabezado por Antonio Sánchez Torres por las autoridades del trabajo.

En efecto, las reformas estatutarias permitían que los dirigentes se reeligieran, ampliando a su conveniencia el tiempo de su gestión y además, tratar de obtener puestos políticos, ignorando la opinión de la mayoría de los trabajadores.

La nueva práctica de la dirección sindical estaría basada principalmente en su negativa para realizar asambleas. Además, de que junto con las Convenciones estaban sujetas a un férreo control en donde la mayoría de, los delegados no eran electos por los trabajadores.

Sin embargo, pequeños grupos de telefonistas daban muestras de inconformidad a través de publicaciones independientes como “El Telefonista” y “El Guajolote”, en oposición al órgano oficial del sindicato (1º de Agosto), en donde solo podían exponer sus ideas los telefonistas simpatizantes a la dirección del sindicato de telefonistas.

El acuerdo tomado por la Asamblea General Nacional el 3 de mayo de 1967, integrada por los secretarios generales locales de las secciones foráneas y por los delegados departamentales y seccionales de la sección matriz, acordaron “1) Que se proceda a la construcción de un nuevo edificio sindical en la sección matriz del D.F.; 2) Que el edificio sindical mencionado y otros de las secciones foráneas, se construyan mediante la creación  de un ´Fondo de Bienes y Servicios Sociales de los Trabajadores Telefonistas´, integrado con el descuento de la cantidad de 5 pesos semanarios que deberán cubrir los trabajadores miembros del sindicato; 3) Queda constituido un patronato o comisión sindical pro-construcción de edificios, formado por los compañeros Porfirio Estrada Lagagne, Emilio Reyes Amaro, José Luis Ugarte, Gregorio Salinas Macedo y Xochitl Aviña González, para la aplicación del citado fondo sindical” 79.

El acuerdo tomado por la Asamblea Nacional, terminó con la paciencia de los telefonistas, que espontáneamente y en forma desorganizada, decidieron hacer frente al Comité Ejecutivo Nacional del STRM.

De inmediato, los telefonistas descontentos contra el Comité Ejecutivo tomaron el edificio sindical para realizar una asamblea y protestar contra el acuerdo tomado por la Asamblea Nacional “Por considerar que hay una merma en la participación de las utilidades”. Ante la total oposición de los telefonistas, el secretario general del sindicato Antonio Sánchez Torres se vio en la obligación de declarar que su organización no deseaba “provocar ningún problema que altere la tranquilidad que se respira en el país y que ha resuelto dejar en suspenso el acuerdo que provocó el descontento de un grupo de trabajadores”.80

El dirigente sindical señaló como instigadores del conflicto, a trabajadores de los departamentos de Centrales Mantenimiento, Conmutadores y Oficinistas de Parque Vía, que siempre se habían caracterizado por su oposición a los dirigentes “charros”, mencionó principalmente a Carlos Arrieta, Carlos Sevilla, Esperanza Rojo y Aurora Gutiérrez Escoto como los principales opositores al proyecto de construir el nuevo edificio sindical.

En una circular dirigida a toda la organización, que incluyó a los trabajadores jubilados, temporeros y a las organizaciones que integraban el Congreso del Trabajo, del que habían participado en su fundación, les informó que el acuerdo tomado por la Asamblea Nacional había sido suspendido y sería hasta la próxima Convención, cuando se disidiría sobre el acuerdo que había dado origen a la inconformidad de los telefonistas.

Esta medida iba dirigida a evitar que “la unidad y la paz no desaparezcan de la organización”, además, de impedir la participación de “personas o grupos extraños en los problemas que solo a los trabajadores telefonistas corresponde plantear y resolver”.81

La circular terminó con un llamado a la “familia telefonista”, para que no prestara atención a grupos extraños que “pudieran poner en peligro las sagradas conquistas con el esfuerzo y sacrificio de muchos años de lucha de los auténticos telefonistas de México, así como el respeto al derecho de asociación de la clase obrera consagrada en la Constitución celosamente respetada por el gobierno de la República, dignamente presidido por el ciudadano Gustavo Díaz Ordaz”.82

Por su parte, los opositores al Comité Ejecutivo, informaron que el movimiento que habían iniciado contra la dirección sindical continuaría “para demostrar que constituían un grupo numeroso”. Los principales dirigentes del grupo opositor señalaron que inclusive estaban dispuestos a realizar paros parciales, ya que “con los paros [iban] a demostrar su fuerza”. Anunciaron también, que realizarían reuniones en “lugares secretos” para tomar acuerdos encaminados “a derrocar al actual Comité Ejecutivo”.83

Sin embargo, los paros anunciados por las operadoras no se realizaron, en cambio decidieron continuar la Asamblea Permanente iniciada el 4 de mayo, para organizarse y tomar nuevos acuerdos en relación con el movimiento que habían iniciado. El primer acuerdo fue crear un “Comité de Orden”, integrado por Carlos Arrieta, Antonio Sánchez Trejo y Armando Covarrubias, quienes declararon que su principal objetivo era “la desaparición del Comité Ejecutivo de la organización, por ser lesivo a los intereses de los trabajadores”, y para contrarrestar las declaraciones de Sánchez Torres, respecto a que estaban siendo dirigidos por agitadores profesionales, señalaron que eran los  trabajadores quienes por iniciativa propia, se habían lanzado a la lucha, por lo que “el problema es sindical, que nada tiene que ver ni contra el gobierno ni contra la empresa”, porque solo deseaban el cambio de la dirección sindical.84

Sánchez Torres por su parte, advirtió que de continuar con el movimiento, se ponían en peligro las conquistas que habían alcanzado con grandes esfuerzos, por lo que hizo nuevamente un llamado a todos los telefonistas para que mantuvieran la unidad y no hicieran caso a los agitadores.

Anunció que el acuerdo de descontar los 5 pesos semanalmente había sido suspendido, por lo que no existía motivo para que el grupo descontento continuara con su movimiento. Para debilitarlo, solicitó a Teléfonos de México, que el pago correspondiente al reparto de las utilidades se hiciera lo más pronto posible, para que los telefonistas se dieran cuenta de la buena disposición, tanto de la empresa como del sindicato. Prometió además, que no ejercería ninguna represalia en contra de los opositores al Comité Ejecutivo.

Por otro lado, una comisión de telefonistas del grupo descontento, en un intento porque su movimiento fuera reconocido por las autoridades del trabajo, se entrevistó con el Lic. Tristán Canales Valverde, Subsecretario del Trabajo, para informarle que habían iniciado un movimiento cuya meta era el desconocimiento de los dirigentes de los telefonistas, ya que “éstos habían sido electos en una Convención amañada, donde los estatutos fueron reformados”, por lo que aclararon que su lucha no iba dirigida en contra del gobierno ni de la empresa “es un problema puramente sindical llevado por los trabajadores que desean que la democracia vuelva a imperar en nuestra organización”.85

Los telefonistas disidentes podían considerarse afortunados, pues la enfermedad que padecía el Secretario del Trabajo Salomón González Blanco, le impidió su participación directa en el conflicto, pues éste les tenía ya tomada la medida a los telefonistas rebeldes. El Subsecretario les informó que lo único que podía hacer para ayudarlos era tomar nota del problema, ya que las autoridades no podían intervenir en el régimen interno de los sindicatos, por lo que los exhortó a “no apartarse de la legalidad ni de la cordura y a dirimir sus problemas con serenidad”.86

Los telefonistas disidentes, pronto conocerían lo que significaba el apoyo que le proporcionaba el Congreso del Trabajo a la dirección del sindicato. Antonio Sánchez Torres informó, a ésta organización que un grupo de telefonistas había pretendido romper la unidad dentro del sindicato, con el objeto de crear un clima de agitación para desviar los objetivos que se había planteado el gobierno federal.

En el informe que presentó el Comité Ejecutivo del STRM al presidente del Congreso del Trabajo, senador Luis Gómez Z. el dirigente de los telefonistas señaló que muchos telefonistas le habían solicitado una acción enérgica contra el grupo opositor, por lo que advirtió que estaban dispuestos a restaurar el orden y la tranquilidad en el  sindicato, aún con las medidas disciplinarias más severas y, para lograrlo iniciarían una labor de orientación y convencimiento entre los telefonistas, que de buena fe habían sido engañados por los agitadores.

El documento añadía que “los principales alborotadores que criminalmente lapidaron el edificio del sindicato y que se ostentan como cabezas del movimiento divisionista, han sido ya consignados ante los órganos competentes de nuestra organización que se encargaran de juzgarlos y aplicarles las sanciones que prevén los estatutos”.87

Ahora, respetuosos de los estatutos, la dirección del sindicato convocó a la XV Convención Nacional Ordinaria, organizada con delegados que en su mayoría fueron impuestos por el Comité Ejecutivo, para que aprobaran previa Asamblea Judicial, la expulsión de 20 telefonistas. Los dirigentes sindicales justificaron la expulsión señalando que “movidos por intereses bastardos e inconfesables”, habían tratado de “sorprender la buena fe y la alta conciencia sindicalista de los telefonistas”.88

El Presidente de la Comisión Autónoma de Justicia Guillermo Zamudio Navarrete, informó que 38 telefonistas más, de distintas secciones foráneas, habían sido suspendidos en sus derechos sindicales por el lapso de un año, la causa “haber secundado en cierta forma el movimiento divisionista que surgió el 3 de mayo en la capital de la República”. Salustio Salgado secretario del interior, al hacer uso de la palabra que “el sindicato será inflexible con los trabajadores que pongan en peligro la tranquilidad del sindicato”.89

Los telefonistas rebeldes, por su parte, informaron que a pesar de las sanciones decretadas por el Comité Ejecutivo, realizarían elecciones en los primeros días de agosto, con el fin de renovar el Comité presidido por Antonio Sánchez Torres, por lo que se registraron dos planillas, una encabezada por Domingo Guerra Santos y la otra por Alfredo Ferrat Solá.

Pero la indiferencia y el temor del resto de los telefonistas, permitieron que las expulsiones se hicieran efectivas, en perjuicio de quienes habían intentado recuperar el sindicato para los trabajadores. La represión obligó a los telefonistas a refugiarse en luchas Departamentales, que aunque aisladas, lograban reivindicaciones importantes, cuyo merito principal era la comprensión de la importancia de luchar unidos contra la empresa y contra la dirección del sindicato.

Estos intentos de lucha, permitieron que la participación de los trabajadores fuera decisiva para que en 1969, el departamento de Centrales Construcción, conquistara la planta para  un gran número de sus integrantes, ya que el sindicato coludido con la empresa, se daba el lujo de violar la Ley Federal del Trabajo, al mantener trabajadores con más de 10 años de antigüedad como eventuales. La decisión y combatividad de este departamento, aún cuando solo logró la conquista de 428 plantas, obligó al “charrismo” a replegarse, quedando como ejemplo para otros departamentos. Sin embargo, pasarían algunos años para que los telefonistas decidieran lanzarse a la lucha y recuperar nuevamente la dirección de su sindicato.

Así, el periodo de Antonio Sánchez Torres se caracterizó principalmente, por su actitud entreguista tanto con la empresa como con el gobierno. Con la empresa, porque ésta financiaba la Cooperativa del STRM, convertida por Sánchez Torres en una simple agencia de ventas de los productos que ahí se expedían, pues por cada artículo que se vendía (principalmente eléctrico), las compañías otorgaban una comisión al dueño de la cooperativa. Además, se empezaron a crear conflictos con los terrenos de la colonia SINATEL, pues éstos eran entregados solo a los simpatizantes del Comité Ejecutivo, así como el ocultamiento del Fondo de Resistencia y el mal manejo de las cuotas sindicales.

Entre las muchas concesiones que Sánchez Torres hizo a la empresa, destaca la apertura para la contratación del personal de confianza, pues a partir de 1968 la empresa podría aumentar libremente su número, sin tomar en consideración el porcentaje (10%) sobre el conjunto de los trabajadores sindicalizados, esta autorización serviría para limitar los futuros movimientos de los telefonistas.

NOTAS:

1.- El Restaurador, órgano oficial del STRM, núm. 4, 30 de diciembre de 1959.

2.- Ibid.

3.-Ibid.

4.- Ibid.

5.- El Popular, 5 de mayo de 1960

6.- Ibid.

7.- Ibid.

8.- Ibarra, José. “Los telefonistas y sus luchas; apuntes para la historia del STRM”, Solidaridad, núms. 36, 40 y 45 de 1970.

9.- El Popular, 18 de febrero de 1960.

10.- El Restaurador, órgano oficial del STRM, 15 de marzo de 1960.

11.- Ibid.

12.- Ibid.

13.- Excélsior, 13 de marzo de 1960.

14.- Excélsior, 14 de marzo de 1960.

15.- Excélsior, 17 de marzo de 1960.

16.- Excélsior, 20 de marzo de 1960.

17.- El Restaurador, órgano oficial del STRM, 5 de abril de 1960.

18.- Excélsior, 7 de abril de 1960.

19.- Ibid.

20.- Ibid.

21.- Ibid.

22.-Excélsior, 15 de abril de 1960.

23.- El Popular, 3 de mayo de 1960.

24.- Ibid.

25.- Ibid.

26.- El Popular, 7 de mayo de 1960.

27.- Ibid.

28.- El Popular, 8 de mayo de 1960.

29.- Ibid.

30.- Ibid.

31.- “Ecos de la base”, Año I, núm. 1, abril 30, 1976.

32.- El Restaurador, órgano oficial del STRM, 14 de junio de 1960.

33.- “Lucha por la libertad sindical”, Edit. STRM, México, 1962, p. 30.

34.- Ibid.

35.- El Restaurador, op. cit.

36.- “Lucha…”, op. cit. p. 41.

37.- Ibid. p. 43.

38.- Ibid. p. 45.

39.- Trejo Delarbre, Raúl.  “Reseña del movimiento obrero mexicano (1900-1975)”.

Centro de Estudios Latinoamericanos. SERIE: Estudios, núm.19, FCPyS, UNAM, p. 29.

40.- Excélsior, 9 de marzo de 1962.

41.- Trejo Delarbre, Raúl, op.cit. p. 29.

42.-  Excélsior, 28 de marzo de 1962.

43.- Excélsior, 4 de abril de 1962.

44.- Ibid.

45.- Excélsior, 5 de abril de 1962.

46.- Ibid.

47.- Excélsior, 28 de abril de 1962.

48.- Excélsior 8 de mayo de 1962.

49.- Excélsior, 10 de mayo de 1962.

50.- Ibid.

51.- Novedades, 12 de mayo de 1962.

52.-  Excélsior, 12 de mayo de 1962.

53.- Excélsior, 22 de mayo de 1962.

54.- “Lucha…”. op. cit. p. 101.

55.- Ibid.

56.- La Prensa, 9 de junio de 1962.

57.- El Universal, 16 de junio de 1962.

58.- Excélsior, 10 de julio de 1962.

59.- Novedades, 11 de julio de 1962.

60.- Novedades, 12 de julio de 1962.

61.-  Excélsior, 11 de julio de 1962.

62.- Ibid.

63.- Ibid.

64.- Excélsior, 18 de julio de 1962.

65.- El Universal, 1 de agosto de 1962.

66.- Ibid.

67.- ibid.

68.- El Universal, 2 de agosto de 1962.

69.-  El Universal, 15 de agosto de 1962.

70.- Ibid.

71.- Ibid.

72.- El Universal, 19 de agosto de 1962.

73.- Estatutos, STRM, 1964, p. 8

74.- Ibid. p. 39.

75.- Pozas Horcacitas, Ricardo. “El movimiento médico en México: 1964-1965”. Cuadernos     Políticos, núm. 11, Edit. ERA, enero-marzo de 1977, pp. 57-69.

76.-  Excélsior, 16 de enero de 1965.

77.- Pozas Horcacitas, Ricardo. op. cit.

78.- Trejo Delarbre, Raúl. op. cit. p. 31

79.- El Día, 7 de mayo de 1967.

80.-  El Día, 6 de mayo de 1967.

81.- El Día, 7 de mayo de 1967.

82.- Ibid.

83.- Ibid.

84.- El Día, 8 de mayo de 1967.

85.- El Día, 14 de mayo de 1967.

86.- Ibid.

87.- El Día, 24 de junio de 1967.

88.- El Día, 26 de julio de i967.

89.- El Día, 29 de julio de 1967.