José Luis Gutiérrez.

Economía Informa, núm. 75, septiembre de 1980-

La política de beneficio al sector privado, la dependencia tecnológica, el contratismo, el despojo de materia de trabajo al sindicato y el burocratismo. Teléfonos de México, nos dice el autor, comparte todas las deformaciones de otras empresas paraestatales, por lo que urge reorientar su operación para que en realidad sea un servicio público de interés nacional. Y esta tarea, puntualiza, habrá de recaer fundamentalmente en los trabajadores del país.

Creada a instancias del gobierno federal, que entre 1947 y 1951 propició la unificación casi total de las empresas en el ramo, Teléfonos de México ha operado desde entonces con criterios fundamentalmente privados. La importancia de este hecho no es menor sise toma en cuenta que se trata de un servicio público de interés nacional (cuyo suministro corresponde originalmente al Estado, que tiene facultades para concesionar el servicio a particulares) y que a partir de 1972 se convierte en empresa de participación estatal mayoritaria.
En efecto, desde 1951 a esa fecha, el Estado había invertido en Telmex el producto del impuesto sobre los ingresos por servicios telefónicos, hasta sumar el 48% del capital social en acciones preferentes de voto limitado. Bastó, pues, que el Estado adquiriera 3% de acciones más para que tuviera la mayoría y se modificara la estructura financiera y de propiedad de la empresa.
Mo obstante este cambio objetivo, la política de la empresa no se altero sustancialmente, como era de esperar. Los propios funcionarios gubernamentales se encargaron de cancelar toda expectativa al respecto al señalar que simplemente se trataba de una conversión de Telmex a una empresa de participación estatal mayoritaria, lo que no implicaba en modo alguno la mexicanización o la nacionalización de la misma. Se dijo también –para tranquilizar las exaltadas conciencias empresariales,
Que el gobierno no pretendía necesariamente adquirir el 49% de las acciones restantes en manos de los particulares, dado que la combinación de recursos del Estado y la iniciativa privada “parecía la mejor fórmula para satisfacer adecuadamente las crecientes necesidades de capital en este tipo de servicios”. Incluso se llegó al extremo de tomar el acuerdo de que continuara la misma administración, luego de reconocer “su acertada labor”, de tal manera que sólo se dio curso a reformas estatutarias menores.
De ahí entonces que la parte empresarial pudiera plantear abiertamente que “las concesiones en virtud de la cuales opera la empresa están por vencer, lo que representa un obstáculo para proyectar a largo plazo las inversiones necesarias para la ampliación del servicio”,
Dada la actitud complaciente del Estado, la revalidación de las concesiones era un hecho, por lo que se iba más allá: “La realización de nuestro plan quinquenal (1972.1976 depende de que sean preservadas las fuentes de financiamiento de las que actualmente disfruta la empresa y en las que el gobierno federal desempeña un papel preponderante”.
Lo que se pedía llanamente, era la continuación de una política de apoyo estatal casi irrestricto, al que la empresa debe su acelerada expansión más que “a la buena administración” privada. Los términos en que se ha dado ese apoyo merecen comentario aparte, Por el momento cabe destacar que en ese año de 1972, el financiamiento de la expansión de Telmex dependía en 37% directamente de decisiones del gobierno federal.
Decisiones pareciera, que estuviera obligado a tomar, según se desprende de lo planteado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el 31 de octubre de 1972: “… el gobierno federal, haciendo uso de las facultades discrecionales que le otorga la Ley de Impuestos sobre ingresos por servicio telefónico, habrá de continuar invirtiendo 50% del producto de dicho impuesto (2 mil millones de pesos durante el quinquenio 72-76), y por otra parte, habrá de mantener en vigor las Reglas para el otorgamiento de prioridades en el suministro de servicios telefónicos, que posibilitan la participación del público en el financiamiento de la expansión de la empresa”,
La preservación de estas formas y niveles de financiamiento sin haber reorientado las directrices de Telmex, habría de resultar no sólo en la expansión de la empresa, sino sobre todo en la de las ganancias de los inversionistas privados.
Optimismo empresarial.
Aunque los informes de la administración de Telmex rebosen de optimismo y se presente su operación como la conjugación perfecta de los intereses público y privado, lo cierto es que resulta difícil, por decir lo menos, conciliar ambos. Y en perspectiva, esto se percibe con mayor claridad. En el informe sobre la empresa, que presentar el vicepresidente del Consejo de Administración, Manuel Senderos, a principios de 1973, se afirma que los programas de la empresa “están orientados principalmente a la provincia y dentro de ella, a la prestación de servicios a las pequeñas comunidades”. Pero por otra parte, se dice que la planeación de los proyectos se realiza preservando la “productividad” de la empresa, reafirmando de alguna manera que las acciones de Telmex, como lo expresara el semanario de Nacional Financiera, son valores atractivos por su rentabilidad y estabilidad.
Sin embargo, donde se advierte nítidamente que la empresa ha marchado en sentido contrario a lo que decía proponerse es en lo relativo al avance y participación de la tecnología nacional en la expansión del servicio, para lo cual debía coordinarse con el Centro de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones. De igual modo, técnicos mexicanos debían realizar los programas y la ingeniería del sistema,
No obstante, la tecnología de la red telefónica es extranjera, básicamente de la International Telephone and Telegraph (ITT) y Ericsson, trasnacionales estadounidense y sueca respectivamente. La instalación de las centrales telefónicas corre a cargo de empresas como Indetel, filial de la ITT. Prolifera también, pues, el contratismo.
Todo esto, aparte de las implicaciones de la dependencia tecnológica y eventuales presiones políticas, impide la efectiva integración de la industria, la completa reorganización laboral del sistema y la participación del sindicato en materia de trabajo que legítimamente le corresponde pero que ahora queda fuera de su jurisdicción. Obstaculiza, en suma, el funcionamiento del sistema telefónico como un servicio público de interés nacional. Ha habido incluso quienes, a últimas fechas, plantean la hipótesis –porque el grado de desinformación, presumiblemente alentado, no permite otra cosa- de que se ha privatizado la empresa. Lo cierto es que más allá de los porcentajes de acciones, la empresa ha sido un centro de especulación y maniobras bursátiles y ha mantenido incólume una política de beneficio al sector privado.
Y esto con la complacencia estatal, pero también –y hay que decirlo- en un marco en el que han faltado proposiciones concretas respecto a los términos en que debe reorientarse Telmex. Se carece aún de lo más elemental: los datos, la información sistematizada, el análisis ya no se diga político, sino académico. Ësta es una tarea que involucra a muchos, pero señaladamente a los trabajadores telefonistas, quienes han dado luchas importantes por la democracia en su sindicato, pero se han mostrado reacios a expresar opinión alguna sobre la industria y el servicio telefónico, sobre lo que deberían ser las directrices políticas administrativas de un servicio puesto en efecto al servicio del interés nacional como de los trabajadores.
Indecisión estatal.
Se ha querido presentar la operación de Telmex como ejemplar, en todos sentidos. La red telefónica de Telmex cubre prácticamente todo el territorio mexicano y su administración y proceso productivo es uno de los más dinámicos del sector público, cierto,. Pero aquí las estadísticas y las proyecciones suelen oscurecer, de una parte, el modo en que ha llegado a ese “destacado” lugar y, de otra, insistimos, la identidad de los beneficiarios principales de esa situación. Cabría entonces una breve recapitulación.
Telmex se constituye en 1947 y toma a su cargo las instalaciones de la Compañía de Teléfonos Ericsson. En 1950, atendiendo a la sugerencia de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, aquella adquiere los bienes de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, de tal modo que fuese una sola entidad y se evitaran así la duplicidad en redes e inversiones. El Estado intervino desde un principio en Telmex pero nunca, al parecer, con otra intención que la de proporcionar recursos adicionales que permitieran una rápida expansión del servicio.
En 1952 se promulgó la ley de impuestos sobre ingresos telefónicos, estipulándose que los recursos derivados de este impuesto se destinarían otorgar créditos a la empresa concesionaria, a fin de sumados a los recursos de la propia compañía, a la venta de acciones y obligaciones a los usuarios, así como a los créditos de los proveedores, se agilizara la expansión. En cumplimiento de esa ley, y a través de Nafinsa, el gobierno federal otorgó los préstamos correspondientes, a 6% anual, con vencimiento al 1º de junio de 1976.
Pero apenas en 1963, el gobierno federal celebró un convenio en virtud del cual aceptaba suscribir una serie de acciones preferentes de voto limitado por 500 millones de pesos, aportando para su pago los pagarés que hasta esa fecha representaban el préstamo al impuesto telefónico. Al retirarse esa cantidad del pasivo de la empresa, ésta tuvo a su alcance fuentes de crédito que le permitieron una expansión significativa, tanto en números de aparatos como en la magnitud de los circuitos. En septiembre de ese mismo año, y acaso como gesto de reciprocidad al altruismo demostrado, la asamblea de accionistas modifica los estatutos a fin de incorporar al Consejo de Administración a los Secretarios de Hacienda y de Comunicaciones, así como al director general de Nafinsa. Pudo ser esto, también, el resultado de una negociación, pero de cualquier forma no se concretó en un cambio de política en Telmex.
Al suscribir integra la serie “AA” de acciones preferentes, el gobierno continuó otorgando préstamos. En octubre de 1967, empresa y gobierno federal celebraron un convenio por el cual este último suscribía una segunda serie de acciones preferentes, también de voto limitado, por 500 millones de pesos- Ello permitió elevar el capital social de la empresa a 2 290 millones de pesos, que entre otras cosas posibilitó tener en diciembre de 1972, el 80% más de aparatos en servicio sobre el mismo mes de 1967. Si se toma una década, de 1963 a 1972, el sistema de la empresa aumentó 202% y tan sólo en ese último año el incremento de aparatos fue de 14.3%, todo lo cual colocaba a México, en esa fechas, en el segundo lugar mundial en desarrollo porcentual entre las naciones con más de un millón de Teléfonos.
Lo que importa destacar es que el Estado pudo nacionalizar el servicio en varias ocasiones y no lo hizo. Faltaron voluntad y vocación política, faltó presumiblemente presión y movimiento de los trabajadores, porque hubo coyunturas en que bastaba capitalizar los enormes adeudos de la empresa por concepto de empréstitos e impuesto, y sin embargo prefirió hacerlo de tal forma que se limitó a adquirir acciones de rendimiento fijo y voto limitado. Tampoco hizo nada cuando expiraron las concesiones, renovadas sin mayores condiciones. Seguramente es difícil imponérselas a los poderosos grupos financieros que tienen acciones en Telmex, sin embargo lo primero que habría que preguntarse es si existe realmente esa disposición de imponerles condiciones. Parece que no. La disposición para enfrentar los problemas cruciales del país y reorientar a la nación solo puede surgir, como ya se ha visto, de los trabajadores.