Golpe al derecho de huelga.

Imposición del tope del 29.7 o real aumento de salarios.

Seguridad a los trabajadores o más garantías al patrón.

El 25 de abril vence el emplazamiento a huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Los 25 mil trabajadores tienen como antecedente inmediato 4 huelgas en tres años consecutivos. Esta gran efervescencia sindical tiene raíces muy profundas, que nada tienen que ver con la propaganda satanizadora desplegada por el Estado y las organizaciones patronales en cada estallamiento.

Teléfonos de México, empresa de participación estatal mayoritaria, es puntal de los grandes monopolios, por tener de las más altas tasas de productividad y ganancias del país. Bonanza que tiene su origen en una cada vez mayor intensidad de explotación de la fuerza de trabajo y en uno de los regímenes salariales más bajos del sector paraestatal.

Este marco laboral obsoleto, junto con las profundas aspiraciones reivindicativas y democráticas arraigadas entre la base telefonista a raíz de la derrota del charrismo el 22 de abril de 1976, son el motor que ha mantenido vivo el movimiento de los telefonistas a pesar de los intentos mediatizadores de su dirección. El Estado y la empresa que no son lo mismo como opinan varios encumbrados funcionarios, pero tampoco son intereses opuestos, como infructuosamente han tratado de demostrar la dirección sindical y su promotora la organización Línea Proletaria, constituyen una de las expresiones más claras de la ensambladura del capital monopólico estatal y privado. Es este basamento el que fundamenta la brutal política gubernamental, violatoria del derecho de huelga de los telefonistas, que el año pasado llegó al grado de aplicar la requisa con métodos represivos y de promover y financiar el esquirolaje.